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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Amparo contra terceros y Drittwirkung

7 junio, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro. 06544-2009

DEMANDANTE: CÉSAR FIESTAS GUERRERO

DEMANDADO: COLEGIO DE INGENIEROS DE LAMBAYEQUE Y OTROS

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 21 días del mes de marzo de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y  Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por César Fiestas Guerrero contra la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2010, que declara INFUNDADA la demanda de amparo interpuesta por el recurrente.

 

ANTECEDENTES 

La demanda interpuesta (p. 27-40) alega la vulneración del derecho al debido proceso en vista de la indebida designación de los 5 integrantes de la Comisión Electoral Departamental por parte del Consejo Departamental Lambayeque del Colegio de Ingenieros del Perú. Señala que no se convocó a la Asamblea Departamental de Ingenieros. 

La contestación de demanda (p. 222-226) señala que existe una interpretación errónea de los Estatutos de la institución  y que en su momento no se entregó la información, pues estaba en consulta  la elección de la Comisión Electoral.

El juez de la causa declara infundada la demanda (p. 901-906) atendiendo fundamentalmente a que el Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú sí ha seguido el trámite previsto por el Estatuto y el Reglamento de la designación de miembros de la Comisión Electoral. Señala, de la misma forma, que el demandante no cuestionó oportunamente la designación de los miembros de la Comisión Electoral y por el contrario, inclusive integró una lista que participó en el proceso, la cual fue eliminada.

La impugnación del demandante (p. 952-973) indica que dada la irreparabilidad del agravio, debió declararse fundada la demanda de conformidad con el artículo 1 del Código Procesal Constitucional. Acota que se produjo una incorporación irregular de  terceros al proceso y que la convocatoria de plano ha sido indebida. Señala, finalmente, que es responsabilidad de los demandados la no convocatoria a la asamblea.

 

FUNDAMENTOS

§ El amparo contra terceros y la doctrina de la Drittwirkung

1. Una cuestión consolidada en el Derecho Constitucional contemporáneo está representada por la determinación argumentativa respecto a una discusión de raíces estatalistas en cuanto a si la observancia de los principios en el Estado Constitucional, que a su vez implica la no admisión de conductas meramente subjetivas de los órganos del Estado en todos sus niveles, debía trascender más allá de las conductas propias de los estamentos estatales y principalmente, si el control de esas conductas también alcanzaba a los particulares en cuantos éstos debían subordinar sus actuaciones al respeto de las directrices y valores dela Carta Fundamental.

2. Esta afirmación era de suyo relevante pues de aceptarse que no solo en el ámbito de las actuaciones estatales se producen afectaciones, y por consiguiente también se producen vulneraciones en las relaciones entre particulares, se superaba con creces el concepto de la mera eficacia vertical de los derechos fundamentales, en las relaciones Estado- ciudadanos. La controversia aludida ha sido superada en cuanto hoy el ámbito de protección de las cuestiones iusfundamentales trasciende al escenario de la horizontalidad de las relaciones entre particulares, lo que la doctrina alemana ha denominado Drittwirkung der Grundrechte[1], es decir, inclusive se acepta como parte de la teoría del control constitucional, el control de actos entre particulares.

3. La jurisprudencia del supremo intérprete ha consolidado la teoría de los efectos inter privatos de los derechos constitucionales[2] en el propósito de establecer que el efecto de irradiación de estos derechos, no puede quedar rezagado al ámbito de una cerrada concepción de afectaciones solo materializables por el Estado en sus actuaciones. Hoy la difusión de la Drittwirkung es amplia y la jurisdicción constitucional admite, con amplio sentido, que corresponde también evaluar la acción de los particulares en sus relaciones, en un ámbito de acción que ha venido a denominarse la eficacia horizontal de los derechos fundamentales entre privados[3]

 

§ Análisis del caso concreto

4. Vertidos los argumentos que anteceden para reforzar nuestra decisión, es menester señalar que no encontramos una afectación grave, ostensible y manifiesta del derecho fundamental al debido proceso, en la forma invocada por el demandante.

5. En efecto, a juicio nuestro, los argumentos de la demanda así como de la impugnación, no reflejan una real afectación en cuanto al extremo de una vulneración manifiesta al debido proceso. En efecto, referida esta decisión de segunda instancia al fondo del asunto, es menester determinar si la vulneración al contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso, ha sufrido un menoscabo ostensible del mismo, y al respecto cabe manifestar, conforme indica el A-quo en argumento que no desvirtúa la apelación, que la participación del demandante en la lista que después resulta eliminada, situación que en nuestra posición representa un efecto de convalidación del proceso electoral sub litis.

6. Propiamente es importante precisar que el demandante recién cuestiona la designación del Comité Electoral en los meses de octubre y noviembre de 2009, y sin embargo, el Comité ya se había instalado en agosto de ese mismo año, validando su inscripción en lista ante ese mismo Comité en la medida que se había admitido su participación. En consecuencia, no estamos en rigor frente a una decisión manifiestamente arbitraria y contraria al debido proceso, pues sí existiría un grado de menoscabo elevado en tanto se hubiera producido su exclusión del proceso con arbitrariedad o que bien pudiera eventualmente llevarse un proceso en secreto y sin la debida publicidad que corresponden a los órganos administrativos. Estos últimos aspectos no son constatados con veracidad.

7. De la misma forma, las vulneraciones que denuncia la impugnación respecto al fallo del juez, en cuanto a una incorporación irregular de terceros al proceso, que la convocatoria de plano ha sido indebida y que es responsabilidad de los demandados la no convocatoria a la asamblea, tampoco son alegaciones debidamente acreditadas y no fluye de lo actuado el requisito de ilegitimidad que deben revestir los actos imputados como vulneratorios, para una estimación de la demanda.

8. En rigor, la ilegitimidad debe ser ostensiblemente manifiesta, no sujeta a actos de omisión o de comisión que conduzcan a poner de relieve que los debates probatorios son insuficientes. En el caso de autos, la prueba aportada no logra acreditar con suficiencia que se hubiere vulnerado el núcleo duro del derecho al debido proceso y a partir de esta afirmación, podemos identificar actos de significado medio y leve- como el acto de su exclusión- que en rigor no traducen un nivel suficiente de valoración iusfundamental para declarar fundada la demanda. En consecuencia, corresponde confirmar la apelada.  

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA la sentencia apelada en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Una definición aproximada sería “ Eficacia ante terceros de los derechos fundamentales”

[2] STC 1124-2001-AA/TC Caso Telefónica del Perú

Los efectos inter privatos de los derechos constitucionales

6. La Constitución es la norma de máxima supremacía en el ordenamiento jurídico y, como tal, vincula al Estado y la sociedad en general. De conformidad con el artículo 38º de la Constitución, “Todos los peruanos tienen el deber (…) de respetar, cumplir (…) la Constitución (…)”. Esta norma establece que la vinculatoriedad de la Constitución se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las relaciones entre los particulares y el Estado, sino también a aquéllas establecidas entre particulares. Ello quiere decir que la fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva, así como su fuerza regulatoria de relaciones jurídicas se proyecta también a las establecidas entre particulares, aspecto denominado como la eficacia inter privatos o eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales. En consecuencia, cualquier acto proveniente de una persona natural o persona jurídica de derecho privado, que pretenda conculcar o desconocerlos, como el caso del acto cuestionado en el presente proceso, resulta inexorablemente inconstitucional.

[3] STC 976-2001-AA/TC Caso Llanos Huasco

A) Eficacia horizontal de los derechos fundamentales entre privados

5. Desde una perspectiva histórica, los derechos fundamentales surgieron como derechos de defensa oponibles al Estado. Es decir, como atributos subjetivos que protegían un ámbito de autonomía individual contra acciones u omisiones derivadas de cualquiera de los poderes públicos. De esta forma, los derechos y libertades fundamentales tenían al individuo por sujeto activo, y únicamente al Estado como sujeto pasivo, en la medida en que ellos tenían por objeto reconocer y proteger ámbitos de libertad o exigir prestaciones que los órganos públicos debían otorgar o facilitar.

Por su propia naturaleza de “derechos públicos subjetivos”, tales facultades no se extendían al ámbito de las relaciones privadas, pues se concebía que era inadmisible que entre privados se presentaran abusos o relaciones asimétricas, en razón a que dichas articulaciones, teóricamente, se realizaban en condiciones plenas de libertad e igualdad, que sólo el Estado podía poner en cuestión.

(…) Hoy, desde luego, los derechos fundamentales no son sólo derechos públicos subjetivos, esto es, libertades que garantizan sólo un status negativus, la preservación de un ámbito de autonomía personal oponible al Estado. A juicio del Tribunal Constitucional, al lado de la idea de los derechos fundamentales como derechos subjetivos, también hay que reconocer en ellos el establecimiento de verdaderos valores supremos, es decir, el componente estructural básico del orden constitucional, “en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores, que, por decisión del constituyente, ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política; (…) el fundamento del orden jurídico y de la paz social.” [STC de España 53/1985, Fund. Jur. N°. 4].

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