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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Improcedencia de reasignaciones laborales

28 junio, 2011

 

   

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 2727-2010

DEMANDANTE: YVONE CAMACHO HERRERA

DEMANDADO: UGEL CHICLAYO

MATERIA: AMPARO

 PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 23 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por David Calonge Santander, abogado de Yvone Camacho Herrera, contra el auto de fecha 12 de agosto de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo interpuesto.

 

ANTECEDENTES  

El recurrente interpone proceso de amparo (p. 26-34) contra la Directora de la UGEL Chiclayo por vulneración de su derecho al trabajo, al haberse dispuesto su reasignación laboral después de 11 años de servicios consecutivos. 

El auto apelado (p. 35-36) precisa que la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación del precedente vinculante 206-2005. 

La apelación formulada (p.40-41) indica que en su caso ha habido un desplazamiento ilegal y que se ha contravenido las garantías al debido proceso.

 

FUNDAMENTOS 

§ Vías igualmente satisfactorias para la protección de los derechos laborales de servidores públicos 

1. El desarrollo jurisprudencial del concepto de otras vías satisfactorias[1] se vincula al concepto de residualidad del amparo, en la medida que de corresponder se dirima un proceso en otra vía, sea por contradicción manifiesta de los hechos materia de controversia, o bien porque no existe una vulneración taxativa ni amenaza real de un derecho fundamental, es en la vía igualmente satisfactoria donde se deberá producir el esclarecimiento de la litis con escrupuloso respeto de los derechos de defensa, a probar y al contradictorio. 

2. Las vías satisfactorias resultan aplicables, en el caso de pretensiones vinculadas a cuestiones laborales de servidores públicos[2], en casos en los cuales exista plena delimitación de competencias a ser conocidas por la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, existiendo delimitación del precedente vinculante 206-2005-PA/TC por razón de materias predeterminadas, los jueces constitucionales quedan impedidos de conocer tales procesos.   

 

§Análisis del caso concreto

3. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la decisión del A-quo resulta lo suficientemente congruente para ser confirmada y para ello, tomamos en cuenta el propio dicho del demandante. En efecto, la misma demanda reconoce (p. 21) que la litis se circunscribe a una reasignación laboral, aspecto que, en nuestra posición, no puede ser dilucidado en un proceso de amparo. 

4. En consecuencia, ni hay un nomen iuris distinto que pueda denominarse desplazamiento ilegal , en el sentido de que por ser tal quede excluido del precedente vinculante 206-2005, ni tampoco existe afectación al debido proceso en la vertiente procedimental. Versando la presente litis sobre una reasignación, corresponde que esta controversia sea conocida por el juez contencioso administrativo.

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 03792-2010-PA/TC caso Javier Alzágara 

7. (…) solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean  idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate. En consecuencia si el demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad tuitiva de protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y él es igualmente idóneo para tal fin, el demandante debe acudir a dicho proceso. 

[2] STC 206-2005-PA/TC Caso Baylón Flores 

21.  (…) El Tribunal Constitucional estima que la vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso contencioso administrativo, dado que permite la reposición del trabajador despedido y prevé la concesión de medidas cautelares. 

23.  Lo mismo sucederá con las pretensiones por conflictos jurídicos individuales respecto a las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública y que se derivan de derechos reconocidos por la ley, tales como nombramientos, impugnación de adjudicación de plazas, desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, cuestionamientos relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y gratificaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, impugnación de procesos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por límite de edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, compensación por tiempo de servicios y cuestionamiento de la actuación de la administración con motivo de la Ley N.º 27803, entre otros.

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