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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Pensión caduca

28 junio, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

EXPEDIENTE: 1207-2010

DEMANDANTE: YOVIN CABANILLAS MALCA

DEMANDADO: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 22 días del mes de marzo de 2011,la Sala Constitucionaldela Corte Superiorde Justicia de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Yovin Cabanillas Malca, en representación de José Hipólito Llanos Castillo, contra la sentencia de fecha 11 de octubre de 2010, que DECLARA INFUNDADA la demanda interpuesta por el demandante.

 

ANTECEDENTES 

La pretensión del demandante (p. 25 – 28) tiene por objeto se ordene la restitución de la pensión mensual a su poderdante, José Hipólito LLanos Castillo, la cual fuera obtenida mediante Resolución Nº 0000078070-2004-ONP/DC/DL19990 de fecha 22-OCT-2004, relativa a pensión de invalidez definitiva. Dicha pensión es declarada caduca mediantela ResoluciónNº 0000098509-2006-ONP/DC/DL/ 19990, de fecha 10 de Octubre de 2006. 

La contestación de demanda por parte dela ONPseñala que la demanda debió de ser rechazada liminarmente, al no estar referida la pretensión al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

La sentencia impugnada (p. 44-46) considera que en autos, mediante Dictamen de Comisión Médica, ha quedado acreditado que el actor presenta una enfermedad distinta a la que generó el derecho a la pensión otorgada. 

La impugnación formulada por el demandante (p. 49-50) indica que se ha incurrido en error al otorgarse plena validez a la resolución 0000098509-2006-ONP/DC/DL19990, sin tenerse a la vista el supuesto dictamen de la Comisión Medica. Además, que se ha incurrido en una motivación deficiente, y que la resolución impugnada pone en peligro la subsistencia de la persona humana, cuya protección es deber del Estado.

 

FUNDAMENTOS  

§ Interdicción de la prohibición arbitraria de pensión 

1. El goce de una pensión conlleva a que quede proscrita la arbitrariedad de su retiro, debiéndose circunscribir los casos de privación, a requisitos de orden formal y material. Las exigencias de orden formal implican la existencia de un debido proceso bajo las reglas del contradictorio, el derecho a ser oído y el derecho de defensa; en tanto que los requerimientos de naturaleza material, se ciñen a que exista un cumplimiento de fondo de una argumentación basada en derecho y prueba suficiente respecto a que la pensión puede ser retirada.

2. La jurisprudencia constitucional ha delimitado el cese administrativo de la pensión[1] en la previsión de que deben quedar delimitadas las potestades del Estado, a efectos de evitar la arbitrariedad en el ejercicio de sus facultades. En ese orden de ideas, solo procede el retiro de la pensión o bien su declaración de caducidad de conformidad con las reglas materiales prefijadas por el Decreto Ley 19990.

 

§Análisis del caso concreto 

3. Examinados en detalle los argumentos de la impugnación, se desprende que el criterio central del A-quo para desestimar la pretensión, consiste en que los procedimientos formales de la demandada para la verificación de la vigencia de la pensión del actor, han seguido un trámite regular de comprobación en la medida que la resolución cuestionada (p. 23), es expedida luego de un procedimiento administrativo cuya base de probanza ha sido el Dictamen de la Comisión Médica conformada al efecto de verificación de la persistencia de invalidez. 

4. Tal criterio es suscrito por este Ad-quem en la medida que la actuación de la Administración debe presumirse regular y a su vez, si se alega vulneración de un derecho fundamental, se exige objetivamente la probanza de tal afectación, lo que no verificamos en forma taxativa en estos actuados. 

5. De otro lado y en salvaguarda del derecho que al actor le pudiera corresponder, debemos argüir que la pretensión deviene compleja en la medida que el acceso a la pensión de jubilación, no puede deducirse prima facie a partir de una declaración de pensión caduca, una recurrencia al amparo como tutela de urgencia y una simple desestimación de la demanda. 

6. En efecto, deviene necesario que se discuta en sede más lata, en vía declarativa, si al actor le asiste el derecho a seguir percibiendo pensión, pues pudiera la justicia ordinaria eventualmente considerar que bien no resultan suficientes los dictámenes médicos insuficientes para el retiro de la pensión o que bien pudiera configurarse realmente que sigue resultando cierta la invalidez alegada por el actor, resultando ajenas, a esta vía, las actividades que exijan probanza, dado que en sede constitucional solo se juzga la legitimidad o ilegitimidad del acto vulneratorio, y se aprecian pruebas a su sola verificación, sin que exista etapa probatoria.  

7. En consecuencia, no resulta apropiada esta vía sumaria, excepcional y residual, por su condición netamente restitutiva, para declarar un derecho, sino sólo para restablecer su ejercicio, salvo excepciones comprobadas, evidentes y fehacientes de afectación al derecho a percibir pensión o mínimo pensionario, conforme esta Sala reiterativamente ha señalado en varias de sus ejecutorias[2]

8. Bajo estas pautas, la acción deviene improcedente y no infundada, a fin de que se defina en otra vía si procede el derecho del actor a la pensión.

 

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la facultad que le confiere la Constitución Políticadel Estado, REVOCA la sentencia que declara infundada la demanda de amparo; REFORMÁNDOLA, DECLARA IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA 


[1] STC 0285-2011-PA/TC Caso Enrique Peralta 

2. (…) de acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-PI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión constituye un elemento del contenido esencial del derecho a la pensión, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo de conformidad con los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA/TC. 

3. Que estando a que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones necesarias para su goce, debe concluirse que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio han de estar debidamente sustentadas a efectos de evitar arbitrariedades en la intervención de este derecho.

[2] Vid., entre otras, sentencias 2007-3842 y 2006-9291 Sala Constitucional de Lambayeque.

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