Archive for 30/06/11

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Teoría de los hechos cumplidos.

30 junio, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

   

EXPEDIENTE 1989-2010

DEMANDANTE: WILTON CERVERA ATOCHE

DEMANDADO: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 24 días del mes de marzo de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de fecha 15 de octubre de 2010, que DECLARA INFUNDADA la demanda de amparo contra resolución judicial, interpuesta contra el Juez del Primer Juzgado Civil de Chiclayo, los Vocales dela Segunda Sala Civil de Lambayeque y la ONP.

 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo (p. 8-17) contra el Juez del Primer Juzgado Civil de Chiclayo, los Vocales dela Segunda SalaCivil de Chiclayo, y la Oficina de Normalización Previsional. Alega se ha lesionado su derecho a la cosa juzgada, a la pensión, al debido proceso y al derecho de defensa, mediante la interpretación errónea de una ejecutoria recaída en la STC 5189-2005-PA/TC.

La demanda es contestada por los emplazados Guerrero Hurtado, Zamora Pedemonte y Silva Muñoz (p. 36-41), quienes señalan haber resuelto en virtud de lo establecido por el Tribunal Constitucional en un precedente constitucional, el cual tiene fuerza vinculante.

La sentencia apelada (p. 90-92) precisa que la demanda debe ser declarada infundada ya que no se ha vulnerado la cosa juzgada, como afirma el actor. De la misma forma, los órganos jurisdiccionales emplazados se han circunscrito a la aplicación de un precedente vinculante. 

La impugnación formulada por el recurrente (p. 134-143) indica que el derecho reclamado constituye un derecho adquirido reconocido y ordenado a pagar mediante sentencia judicial, con autoridad de cosa juzgada

 

FUNDAMENTOS

§La teoría de los hechos cumplidos en la jurisprudencia constitucional 

1. Una colisión de normas- principio y en ciertos casos, de conflicto entre normas- regla, antes de presencia frecuente en el Derecho Constitucional, ha sido representada por la dicotomía de prevalencia entre la teoría de los derechos adquiridos y la posición de los hechos cumplidos, en la medida que la primera atiende a la vigencia irrestricta de derechos, cual fuere su naturaleza, en el tiempo, en tanto que la segunda apunta a los efectos de aplicación inmediata, extendiendo la nueva norma su ámbito de aplicación a todas las situaciones jurídicas existentes.

2. La controversia que señalamos ha sido delimitada por el artículo 103[1] de la Constitución así como por la jurisprudencia constitucional[2], en el sentido de la prevalencia de la teoría de los hechos cumplidos, reservándose solo casos de excepción solo al ámbito penal. El objetivo es puntual: la nueva norma debe regular las nuevas situaciones jurídicas  así como las existentes, en tanto la norma debe gozar de un efecto omnicomprensivo y admitir solo excepciones fijadas previamente. Solo así la norma puede brindar seguridad jurídica en sentido amplia, en cumplimiento de las premisas del Estado Constitucional.

 

§ La fuerza aplicativa del precedente vinculante y sus excepciones

3. El precedente vinculante constitucional se ciñe a un concepto normativo establecido por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional[3], y define, sustantivamente, un nivel de vinculatoriedad del cual el juez no se puede apartar, inclusive bajo responsabilidad funcional en tanto se debe entender como una expresión de fuente normativa que impone una solución al caso concreto. En este caso, salvo que las circunstancias fácticas del caso en discusión no sean similares a la previsión normativa del precedente vinculante, el juez no puede sino aplicar el precedente vinculante. En el mismo sentido, si las condiciones fácticas del precedente vinculante difieren del caso sometido a examen, tiene lugar la aplicación de la herramienta del distinguishing, atendiendo a la diferencia entre caso y precedente. 

 

§Análisis del caso concreto

4. La parte demandante basa los fundamentos de su apelación en que ha adquirido derechos a mérito de una sentencia a su favor. A su turno, los demandados señalan que han aplicado el precedente vinculante 5189-2005-PA/TC. 

5. Vista la litis en ese contexto, el problema de fondo se circunscribe a determinar si corresponde estimar la pretensión de derechos adquiridos, propuesta por el actor, o si corresponde la aplicación de la teoría de los hechos cumplidos, prevista por el artículo 103 de la Carta Fundamental. 

6. Visto el conflicto de esa forma y de conformidad con el fundamento 2 de esta decisión, no nos queda duda que en el caso de autos, la Sala Superior demandada se ha circunscrito a la aplicación del precedente vinculante 5189-2005-PA/TC, el cual tiene la naturaleza de categoría normativa, aplicable a todas las situaciones jurídicas pensionarias, nuevas y ya existentes, a la fecha de entrada en su vigencia, extensibles al modo como deben ejecutarse prestaciones pensionarias, como en el caso sub judice

7. En consecuencia, no se trata de desconocer beneficios que el actor hubiere ganado por conducto judicial o dejar sin efecto un derecho a su favor. Por el contrario, se trata de adecuar el efecto normativo del precedente vinculante a su caso concreto, como corresponda de acuerdo a los lineamientos del precedente. 

8. Finalmente, no apreciamos en la impugnación sino un solo argumento uniforme: la correcta aplicación de la Ley 23908 dentro del tiempo de vigencia de la norma. Debemos dejar constancia que ése no es el único requisito sino que es igualmente exigible que el monto abonado hubiere sido inferior a los 3 Sueldos Mínimos Vitales según la norma reglamentaria vigente a la fecha de la contingencia. En ese orden de ideas, ese es un extremo que no se ha probado en autos y que pudiera haber significado, de ser el caso, un desconocimiento del derecho fundamental a la pensión del actor. No probado este extremo, tampoco asumimos la probanza de afectaciones a los derechos al debido proceso y derecho de defensa.    

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA la sentencia apelada en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Constitución 1993. Artículo 103°. 

Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 

[2] STC 008-2008-PI/TC Caso Ley del Profesorado

72. (…) este Tribunal ha pronunciado en reiterada jurisprudencia que nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos, estableciendo que “(…) nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes’ (STC 0606-2004-AA/TC, FJ 2). Por tanto, para aplicar una norma (…) en el tiempo debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de las normas”. (subrayado agregado)

73.   Se colige de ello que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es de aplicación a las situaciones jurídicas existentes, y que la teoría de los derechos adquiridos tiene una aplicación excepcional y restringida en nuestro ordenamiento jurídico, pues únicamente se utiliza para los casos que de manera expresa señala la Constitución, tal como ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional cuando determinó que “(…) la aplicación ultractiva o retroactiva de una norma sólo es posible si el ordenamiento lo reconoce expresamente –a un grupo determinado de personas– que mantendrán los derechos nacidos al amparo de la ley anterior porque así lo dispuso el Constituyente –permitiendo que la norma bajo la cual nació el derecho surta efectos, aunque en el trayecto la norma sea derogada o sustituida-; no significando, en modo alguno, que se desconozca que por mandato constitucional las leyes son obligatorias desde el día siguiente de su publicación en el Diario oficial (…)”(subrayado agregado) 

[3] Código Procesal Constitucional. Artículo VII.- Precedente

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Falta de apelación

30 junio, 2011

 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE 

 

EXPDIENTE: 2336-2010

DEMANDANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

DEMANDADO: NICOLÁS NIQUEN FLORES

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 23 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad Provincial de Chiclayo contra el auto de fecha 05 de agosto de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo (p. 5-12) y pide se deje sin efecto la resolución No. 43, de fecha 11 de junio de 2010, que en el proceso 058-2006, ante el Sexto Juzgado Civil de Chiclayo, ordena trabar embargo en forma de retención por la suma de S/ 145,000. 

El auto apelado (p. 22-24) señala que la demandante no ha cumplido con acreditar los recursos que hizo valer contra la resolución cuestionada. 

La impugnación formulada (p. 26-30) precisa que el embargo realizado se ha realizado sobre una cuenta de dominio público.

 

FUNDAMENTOS

§La improcedencia liminar de un proceso constitucional 

1. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción. 

2. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

 

§Análisis del caso concreto 

3. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la ausencia de acreditación de un recurso impugnativo contra la resolución 43 en el caso de autos, exime al juez constitucional del conocimiento de esta vía. En efecto, no podemos sustituir la omisión de la demandante de impugnar una resolución que le causa agravio y bajo la pauta de afectación de un derecho fundamental, conocer su pretensión si ésta no cumple los estándares de impugnación de una resolución judicial. 

4. En efecto, ¿cuál sería la validez de la jurisdicción constitucional si ésta se convirtiera en una especie de supra instancia, que pudiera eventualmente sustituir a los jueces de la justicia ordinaria? A criterio nuestro, ninguna o muy poca, pues los procesos constitucionales resultan, de conformidad con el actual modelo de jurisdicción constitucional, residuales, excepcionales y extraordinarios, los cuales se habilitan solo para vulneraciones ostensibles de derechos fundamentales. 

5. En el caso de autos, la demandante no ha impugnado la resolución que refiere le causa agravio. En consecuencia, no puede convertir su pretensión en constitucional si no cumple los requisitos de razonabilidad, suficiencia y coherencia que hoy exige la jurisprudencia constitucional[1], como canon para proceder al examen de resoluciones judiciales en sede constitucional, es decir, solo si se cumplen los estándares prefijados,  se justifica la actuación del juez constitucional.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 03179-2004-AA/TC Caso Apolonia Colcca

(a)    Examen de razonabilidad.– Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.  

(b)   Examen de coherencia.– El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio.  

(c)    Examen de suficiencia.– Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.

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