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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Falta de apelación

30 junio, 2011

 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE 

 

EXPDIENTE: 2336-2010

DEMANDANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

DEMANDADO: NICOLÁS NIQUEN FLORES

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 23 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad Provincial de Chiclayo contra el auto de fecha 05 de agosto de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo (p. 5-12) y pide se deje sin efecto la resolución No. 43, de fecha 11 de junio de 2010, que en el proceso 058-2006, ante el Sexto Juzgado Civil de Chiclayo, ordena trabar embargo en forma de retención por la suma de S/ 145,000. 

El auto apelado (p. 22-24) señala que la demandante no ha cumplido con acreditar los recursos que hizo valer contra la resolución cuestionada. 

La impugnación formulada (p. 26-30) precisa que el embargo realizado se ha realizado sobre una cuenta de dominio público.

 

FUNDAMENTOS

§La improcedencia liminar de un proceso constitucional 

1. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción. 

2. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

 

§Análisis del caso concreto 

3. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la ausencia de acreditación de un recurso impugnativo contra la resolución 43 en el caso de autos, exime al juez constitucional del conocimiento de esta vía. En efecto, no podemos sustituir la omisión de la demandante de impugnar una resolución que le causa agravio y bajo la pauta de afectación de un derecho fundamental, conocer su pretensión si ésta no cumple los estándares de impugnación de una resolución judicial. 

4. En efecto, ¿cuál sería la validez de la jurisdicción constitucional si ésta se convirtiera en una especie de supra instancia, que pudiera eventualmente sustituir a los jueces de la justicia ordinaria? A criterio nuestro, ninguna o muy poca, pues los procesos constitucionales resultan, de conformidad con el actual modelo de jurisdicción constitucional, residuales, excepcionales y extraordinarios, los cuales se habilitan solo para vulneraciones ostensibles de derechos fundamentales. 

5. En el caso de autos, la demandante no ha impugnado la resolución que refiere le causa agravio. En consecuencia, no puede convertir su pretensión en constitucional si no cumple los requisitos de razonabilidad, suficiencia y coherencia que hoy exige la jurisprudencia constitucional[1], como canon para proceder al examen de resoluciones judiciales en sede constitucional, es decir, solo si se cumplen los estándares prefijados,  se justifica la actuación del juez constitucional.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 03179-2004-AA/TC Caso Apolonia Colcca

(a)    Examen de razonabilidad.– Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.  

(b)   Examen de coherencia.– El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio.  

(c)    Examen de suficiencia.– Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.

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