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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Improcedencia jubilación reducida.

4 julio, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 3343-2010

DEMANDANTE: CATALINO CORNETERO CHUMAN

DEMANDADO: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA 

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 28 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Catalina Cornetero Chuman contra el auto de fecha 13 de octubre de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine la demanda de amparo.

 

ANTECEDENTES 

La demanda del accionante (p. 8-9) solicita la aplicación de la Ley 23908 a su pensión de jubilación reducida. 

El auto apelado (p. 10) estima improcedente la demanda por cuanto en el caso del recurrente la petición se circunscribe a una pensión reducida, respecto a la cual no resulta de aplicación la Ley 23908. 

La impugnación formulada por la parte demandante (p. 12) precisa que el juez no ha tenido en cuenta el Decreto supremo 150-08-EF que para el acogimiento a la Ley 23908, solo basta acreditar haber dejado de trabajar antes del 18 de diciembre de 1992.

 

FUNDAMENTOS 

§El derecho a la pensión en  la Constitución 

1. El artículo 10[1] de la Constitución Política del Estado recoge la tesis del derecho a la pensión como un derecho fundamental en la perspectiva de una garantía de la seguridad social[2]. A través del mismo, se configura una exigencia de actuación positiva del Estado, en tanto el mismo tiene el deber de protección del acceso justo a la pensión en defensa del orden público constitucional.  

2. De igual forma, el Tribunal Constitucional ha asumido criterios procedimentales[3] respecto al derecho fundamental a la pensión, reconociendo sus efectos aplicativos en forma amplia en procesos que en teoría deberían ser solo restitutivos, como lo son los procesos constitucionales. Sin embargo, debe advertirse que el derecho fundamental a la pensión es un derecho que exige en su camino de tutela efectos declarativos, dadas las condiciones intrínsecas de respeto a la dignidad de la persona humana, lo cual se traduce en la prevalencia de la dimensión axiológica valorativa de un derecho fundamental. Por tanto, es propio de la sede constitucional, declarar derechos cuando lo exija la naturaleza del derecho fundamental incoado, más aún, si se trata del derecho a la pensión, cuyo universo de beneficiarios reside, sustantivamente, en personas de la tercera edad. 

 

§Análisis del caso concreto

3. La exclusión de las pensiones de jubilación reducidas respecto del ámbito de aplicación de la Ley 23908 es una posición que ya se ha consolidado en la jurisprudencia constitucional[4], revistiendo dicha posición, a juicio nuestro, doctrina constitucional de acuerdo al artículo VI[5] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

4. En consecuencia, siendo el caso de autos en concreto uno de jubilación reducida, debe confirmarse la desestimatoria de la pretensión interpuesta, en la medida que constituye una posición consolidada del supremo intérprete de la Carta Fundamental, en tanto que el contexto de las pensiones de jubilación reducidas significan la concesión del derecho a pensión en condiciones especiales, las cuales difieren del régimen general que satisface la aplicación de la Ley 23908. 

5. A esto debemos sumar que existe una exclusión expresa de la norma respecto a este tipo de pensiones, implicando ello un impedimento formal y material para esta Sala Superior de conocer la pretensión formulada.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA 


[1] Constitución 1993 Artículo 10.

El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. 

[2] STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 0009-2005-AI (acumulados) F.J. 54 

La seguridad social es la garantía institucional que expresa por excelencia la función social del Estado. Se concreta en un complejo normativo estructurado -por imperio del artículo 10 de la Constitución- al amparo de la ‘doctrina de la contingencia’ y la calidad de vida; por ello, requiere de la presencia de un supuesto fáctico al que acompaña una presunción de estado de necesidad (cese en el empleo, viudez, orfandad, invalidez, entre otras) que condiciona el otorgamiento de una prestación pecuniaria y/o asistencial, regida por los principios de progresividad, universalidad y solidaridad, y fundada en la exigencia no sólo del mantenimiento, sino en ‘la elevación de la calidad de vida. 

[3] STC 1417-2005F.J. 37 

“c) (…), forman parte de su contenido esencial aquellas pretensiones mediante las cuales se busque preservar el derecho concreto a un mínimo vital”. “En tal sentido, en los supuestos en los que se pretenda ventilar en sede constitucional pretensiones relacionadas no con el reconocimiento de la pensión que debe conceder el sistema provisional público o privado, sino con un específico monto, ello sólo será procedente cuando se encuentre comprometido el derecho al mínimo vital.  

[4] STC 03464-2010-PA/TC. Caso Evaristo Manco 

4. Conforme consta en la Resolución 42331-2008-ONP/DPR.SC/DL19990, de fecha 5 de noviembre de 2008, obrante a fojas 3, el demandante goza de pensión de jubilación reducida a partir del 26 de octubre de 1991, al habérsele reconocido 5 años de aportaciones, de conformidad con el artículo 42 del Decreto Ley 19990; consecuentemente, no cabe aplicar la Ley 23908 a la pensión del demandante. 

5. Al respecto, el artículo 3, inciso b), de la Ley 23908 señala expresamente que quedan excluidas de los alcances de la referida norma las pensiones reducidas de invalidez y jubilación que disponen los artículos 28 y 42 del Decreto Ley 19990; consecuentemente, no corresponde reajustar la pensión del recurrente conforme a los criterios establecidos en la Ley 23908.(…) 

HA RESUELTO: DeclararINFUNDADA la demanda al no haberse acreditado la vulneración del derecho a la pensión.

Vid también STC 02238-2010-AA/TC, 03815-2007-AA/TC, 08188-2006-AA/TC 

[5] Código Procesal Constitucional. Título Preliminar. Artículo VI. 

Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

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