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Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento. Improcedencia liminar.

8 julio, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 02843-2010    

DEMANDANTE: OLGA MANRIQUEZ VDA DE CORNETERO       

DEMANDADO: GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

MATERIA: CUMPLIMIENTO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 29 días del mes de marzo de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Miguel Febres Tamayo contra el auto de fecha 25 de agosto de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine la demanda de cumplimiento de autos; con lo demás que contiene.

 

ANTECEDENTES  

La pretensión del demandante (p. 5-6) tiene por objeto el cumplimiento de la bonificación 088-01, la cual en su caso no se ha cumplido por un error de interpretación y/o desconocimiento de la Ley 28449, que deroga la nivelación progresiva de las pensiones de la Ley 20530. 

La resolución impugnada (p. 7-8) considera que la pretensión es compleja y que no se cumplen los supuestos del precedente vinculante 168-2005-PC/TC. 

La apelación del demandante (p. 10) señala que la sentencia referida por el A-quo corresponde a otros casos y no a la presente demanda, pues se trata de una afectación continua.

 

FUNDAMENTOS 

§ Procedencia del proceso de cumplimiento 

1. En la práctica jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha fijado los caracteres mínimos para que una pretensión sea exigible en la vía de cumplimiento[1] y ha consolidado, a juicio nuestro, que se considere el proceso de cumplimiento como un proceso en rigor constitucional y no simplemente constitucionalizado, en crítica, esta última posición, de su verdadera eficacia en sede constitucional.

 

§ Análisis del caso concreto

2. A juicio nuestro, la pretensión formulada no cumple el requisito “b” del Fundamento Jurídico 14 del precedente vinculante 168-2005-PC/TC, en tanto el cumplimiento de pago de la bonificación establecida por el Decreto de Urgencia 088-2001, obedece a exigencias de regularización y transferencias, conforme es de verse de los artículos 1 y 2 de la norma en referencia, que la actora adjunta a su demanda (p. 1 vuelta). 

3. En consecuencia, tales exigencias de regularización y transferencias no permiten la individualización concreta, directa y manifiesta del mandamus que se exige. A este efecto, es exigible al demandante la individualización del beneficio solicitado en forma directa, pudiéndose definir la norma cuyo cumplimiento se exige como heteroaplicativa, pues exige de herramientas operativas e instrumentos para su materialización. En su defecto, debe individualizarse el beneficio exigido en autos vía resolución administrativa con carácter de exigible.  

4. Por tanto, no se puede estimar los agravios del caso sub litis en el sentido de que exista una afectación continuada pues per se no puede alegarse una vulneración sine die, es decir, permanente y sin término en el tiempo, si a su vez no se cumplen simultáneamente los supuestos que hoy exige la jurisprudencia constitucional, vía precedente vinculante, respecto al proceso de cumplimiento. 

 

DECISIÓN:  

Por estos fundamentos, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 168-2005-PC/TC caso Villanueva Valverde 

14. Para que el cumplimiento de la norma legal o la ejecución de un acto administrativo sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:

a) ser un mandato vigente;

b) ser un mandato cierto y claro,

c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares,

d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento,

e) ser incondicional,

 f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante.(…) 

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