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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Derecho a pensión y teoría hechos cumplidos

11 julio, 2011

 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 01091-2010    

DEMANDANTE: VIOLETA GUERRERO VDA DE SIALER

DEMANDADO: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA 

 

RESOLUCIÓN Nro. 

 

En Chiclayo, a los 31 días del mes de marzo de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por José Asunción Reyes, abogado de la demandante contra la sentencia de fecha 17 de setiembre de 2010, que DECLARA INFUNDADA la demanda.

 

ANTECEDENTES 

La demanda de la accionante (p. 16-25) solicita la aplicación dela Ley23908 asu pensión de jubilación, así como el pago de sus pensiones devengadas e intereses legales.

La contestación de demanda (p. 40-45) señala que la demanda debe ser declarada infundada en razón de que la pensión fue otorgada fuera del plazo de vigencia de la Ley 23908. 

La sentencia apelada (p. 49-51) desestima la demanda por cuanto la pensión fue otorgada a partir del 07 de junio de 1994, es decir, se encuentra fuera de la fecha de contingencia prevista por la Ley 23908.

La impugnación formulada por la parte demandante (p. 54-58) precisa que no se ha tenido en cuenta que los derechos adquiridos no se pierden, independientemente de la derogación de las normas.

 

FUNDAMENTOS 

§ El derecho a la pensión en  la Constitución 

1. El artículo 10[1] de la Constitución Política del Estado recoge la tesis del derecho a la pensión como un derecho fundamental en la perspectiva de una garantía de la seguridad social[2]. A través del mismo, se configura una exigencia de actuación positiva del Estado, en tanto el mismo tiene el deber de protección del acceso justo a la pensión en defensa del orden público constitucional. 

2. De igual forma, el Tribunal Constitucional ha asumido criterios procedimentales[3] respecto al derecho fundamental a la pensión, reconociendo sus efectos aplicativos en forma amplia en procesos que en teoría deberían ser solo restitutivos, como lo son los procesos constitucionales. Sin embargo, debe advertirse que el derecho fundamental a la pensión es un derecho que exige en su camino de tutela efectos declarativos, dadas las condiciones intrínsecas de respeto a la dignidad de la persona humana, lo cual se traduce en la prevalencia de la dimensión axiológica valorativa de un derecho fundamental. Por tanto, es propio de la sede constitucional, declarar derechos cuando lo exija la naturaleza del derecho fundamental incoado, más aún, si se trata del derecho a la pensión, cuyo universo de beneficiarios reside, sustantivamente, en personas de la tercera edad.  

 

§ La pensión mínima en la jurisprudencia constitucional 

3. El Tribunal Constitucional en la STC198-2003 AC/TC señala con efecto vinculante respecto a la pensión mínima[4] la aplicación de las fechas de contingencia y los efectos de las mismas respecto a las litis pensionarias.[5] Se trata, en propiedad, de una determinación de escalas aplicativas del Sueldo Mínimo Vital de acuerdo a la fecha de la contingencia, esto es, de la pensión de jubilación. En consecuencia, advertimos criterios marco de procedimiento: si la fecha de contingencia se ha producido entre el 08 de setiembre de 1984 (fecha de entrada en vigencia dela Ley 23908) y el 18 de diciembre de 1992 (fecha de derogación tácita dela Ley 23908 por el Decreto Legislativo 25967), el pensionista adquiere el derecho a un reajuste, a lo cual debe sumarse, como exigencia adicional, que el monto percibido hubiera sido inferior a 3 Sueldos Mínimos Vitales. Solo producido este criterio tasado, procede el reajuste de pensión.     

 

§La teoría de los hechos cumplidos en la jurisprudencia constitucional 

4. Una colisión de normas- principio y en ciertos casos, de conflicto entre normas- regla, antes de presencia frecuente en el Derecho Constitucional, ha sido representada por la dicotomía de prevalencia entre la teoría de los derechos adquiridos y la posición de los hechos cumplidos, en la medida que la primera atiende a la vigencia irrestricta de derechos, cual fuere su naturaleza, en el tiempo, en tanto que la segunda apunta a los efectos de aplicación inmediata, extendiendo la nueva norma su ámbito de aplicación a todas las situaciones jurídicas existentes.

5. La controversia que señalamos ha sido delimitada por el artículo 103[6] de la Constitución así como por la jurisprudencia constitucional[7], en el sentido de la prevalencia de la teoría de los hechos cumplidos, reservándose solo casos de excepción solo al ámbito penal. El objetivo es puntual: la nueva norma debe regular las nuevas situaciones jurídicas  así como las existentes, en tanto la norma debe gozar de un efecto omnicomprensivo y admitir solo excepciones fijadas previamente. Solo así la norma puede brindar seguridad jurídica en sentido amplia, en cumplimiento de las premisas del Estado Constitucional.

 

§Análisis del caso concreto 

6. Resulta concreto puntualizar que los agravios expresados por la parte demandante no superan en modo alguno el razonamiento del A-quo, quien describe como ratio decidendi de su fallo que el otorgamiento de la pensión se encuentra fuera de la vigencia de la Ley 23908 y que en consecuencia, no hay vulneración del derecho fundamental a la pensión. 

7. No se trata de una incorrecta valoración de los derechos adquiridos sino en estricto que no podemos resolver en contra de los estándares jurisprudenciales fijados por el Tribunal Constitucional en forma reiterada respecto a que es exigible la observancia del punto de contingencia, esto es, la propia vigencia de la Ley 23908. En propiedad, estos criterios implican doctrina jurisprudencial de conformidad con el artículo VI[8] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, respecto al desarrollo de los fundamentos de la STC 1417-2005-PA/TC, la cual delimita el marco de estimación respecto de los procesos que realmente merecen tutela en sede de derechos iusfundamentales. En el caso sub judice, verificada la cuestión de que el punto de contingencia es posterior a la vigencia de la Ley 23908, procede la confirmatoria de la apelada. 

8. De otro lado, la referencia a derechos adquiridos merece un detalle de precisión. El artículo 103 de la Constitución resulta preciso en cuanto a que en nuestro sistema constitucional actual tiene vigencia la teoría de los hechos cumplidos y no la teoría de los derechos adquiridos, la cual solo se reserva a casos en materia penal. Inclusive la propia Ley 20530 fue en su momento cerrada por sentencia del Tribunal Constitucional[9], decisión que en su momento validó que los derechos previsionales no pudieran ser estimados como derechos adquiridos en todos los casos, habilitándose solo su prevalencia de procedibilidad de exigencia al cumplimiento de requisitos formales y materiales. En el caso sub judice, cerrada la Ley 23908 el 18 de diciembre de 1992, no hay aplicación de la misma para nuevos casos generados a partir de su cierre.

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú,  CONFIRMA la sentencia apelada en todos sus extremos. DISPUSO su publicación en el diario oficial El Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Constitución 1993 Artículo 10. 

El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. 

[2] STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 0009-2005-AI (acumulados) F.J. 54

La seguridad social es la garantía institucional que expresa por excelencia la función social del Estado. Se concreta en un complejo normativo estructurado -por imperio del artículo 10 de la Constitución-al amparo de la ‘doctrina de la contingencia’ y la calidad de vida; por ello, requiere de la presencia de un supuesto fáctico al que acompaña una presunción de estado de necesidad (cese en el empleo, viudez, orfandad, invalidez, entre otras) que condiciona el otorgamiento de una prestación pecuniaria y/o asistencial, regida por los principios de progresividad, universalidad y solidaridad, y fundada en la exigencia no sólo del mantenimiento, sino en ‘la elevación de la calidad de vida. 

[3] STC 1417-2005F.J. 37 

“c) (…), forman parte de su contenido esencial aquellas pretensiones mediante las cuales se busque preservar el derecho concreto a un mínimo vital”. “En tal sentido, en los supuestos en los que se pretenda ventilar en sede constitucional pretensiones relacionadas no con el reconocimiento de la pensión que debe conceder el sistema provisional público o privado, sino con un específico monto, ello sólo será procedente cuando se encuentre comprometido el derecho al mínimo vital.  

[4] STC 0198-2003-AC/TC Caso Carlos Briones F.J. 10 inciso b. 

b. La pensión mínima originalmente se estableció en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, pero, posteriormente, las modificaciones legales que regularon los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores, la transformaron en el ingreso mínimo legal, el mismo que, solo a estos efectos, debe entenderse vigente hasta el 18 de diciembre de 1992.  

[5] STC 0198-2003-AC/TC Caso Carlos Briones F.J. 10 inciso e. 

(…) la pensión mínima regulada por la Ley N.º23908 debe aplicarse a aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 18 de diciembre de 1992 (día anterior a la vigencia del Decreto Ley N.º 25967), con las limitaciones que estableció su artículo 3º, y solo hasta la fecha de su derogación tácita por el Decreto Ley N.º 25967.  

[6] Constitución 1993. Artículo 103°.   

Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 

[7] STC 008-2008-PI/TC Caso Ley del Profesorado 

72. (…) este Tribunal ha pronunciado en reiterada jurisprudencia que nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos, estableciendo que “(…) nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes’ (STC 0606-2004-AA/TC, FJ 2). Por tanto, para aplicar una norma (…) en el tiempo debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de las normas”. (subrayado agregado)

73.   Se colige de ello que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es de aplicación a las situaciones jurídicas existentes, y que la teoría de los derechos adquiridos tiene una aplicación excepcional y restringida en nuestro ordenamiento jurídico, pues únicamente se utiliza para los casos que de manera expresa señala la Constitución, tal como ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional cuando determinó que “(…) la aplicación ultractiva o retroactiva de una norma sólo es posible si el ordenamiento lo reconoce expresamente –a un grupo determinado de personas– que mantendrán los derechos nacidos al amparo de la ley anterior porque así lo dispuso el Constituyente –permitiendo que la norma bajo la cual nació el derecho surta efectos, aunque en el trayecto la norma sea derogada o sustituida-; no significando, en modo alguno, que se desconozca que por mandato constitucional las leyes son obligatorias desde el día siguiente de su publicación en el Diario oficial (…)”(subrayado agregado)

[8] Código Procesal Constitucional. Artículo Vl.- Control Difuso e Interpretación Constitucional 

(…) Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

[9] Vid sentencias acumuladas 0050-2004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005-PI/TC, 007-2005-PI/TC, 009-2005-PI/TC , las cuales declaran constitucional el cierre definitivo del régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530, la introducción de topes pensionarios y la eliminación de la nivelación pensionaria, establecidos en la Ley de Reforma Constitucional 28389.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Distorsión de la locación de servicios

11 julio, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro. : 5513-2009    

DEMANDANTE: FREDDY SUPO MONCAYO

DEMANDADO: EPSEL

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 30 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por EPSEL contra la sentencia de fecha 08 de julio de 2010, que DECLARA FUNDADA la demanda interpuesta por el accionante Freddy Supo Moncayo.

 

ANTECEDENTES 

La demanda interpuesta (p. 92-100) alega la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo al haberse producido en contra del accionante un despido de hecho e incausado. Pide su reincorporación a sus labores de gasfitero. 

La contestación de la demandada (p. 126-144) señala que la demanda es improcedente y que corresponde a otra vía el conocimiento de la presente causa. 

La sentencia impugnada (p. 176-178) precisa que el demandante ha seguido laborando pese a haber vencido el contrato del demandante y que ello se encuentra corroborado con el acta de infracción 160-2009.

 

FUNDAMENTOS 

§Sobre la previsión de contratación laboral  

1. Una de las principales preocupaciones del empleador al determinar la contratación del trabajador, en respuesta a un requerimiento de contratación, debe consistir en establecer la forma que debe adquirir el concurso de mano de obra en la organización empresarial. Por tanto, requiere prioridad determinar las características de la relación contractual: si la misma se va a distinguir por una prestación de labores mínimas de 4 horas diarias, va a existir subordinación del contratado ante el empleador y la labor a ejecutar será personal. En dicho caso, corresponde una contratación de orden laboral y la forma más usual en este sentido, a efectos de no generar plazo indeterminado, es la de una contratación a plazo fijo cuya característica esencial es la temporalidad. Otro carácter esencial es la potestad del empleador, al término de la contratación, de renovar o no el contrato hasta un plazo máximo de 5 años (modalidad temporal de necesidades de mercado). Corresponde aquí considerar la obligatoriedad de otorgar los beneficios sociales de ley: Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones, gratificaciones, aportes sociales, entre otros. Sin embargo, si la contratación presentara variantes con respecto a las premisas de relación contractual laboral, entonces el empleador deberá distinguir entre otras opciones de vinculación.

 

§Sobre la locación de servicios y los contratos no personales 

2. Esencialmente para labores de orden técnico y especialización se prevé la locación de servicios y los contratos no personales, pues ellos no suponen ningún tipo de sujeción del locador, quien por naturaleza inclusive presta su concurso especializado fuera de las instalaciones de la empresa o si lo hace en ella, existe una característica de alta especialización, no siendo aplicable para labores per se laborales.

3. En estas modalidades no hay sujeción a un horario, pues existe autonomía de quien presta el servicio y también la alternativa de no ser exigible prestar personalmente el servicio, es decir, delegar la prestación en terceros. Adicionalmente, no se generan obligaciones sociales de ningún tipo. 

4. En cuanto se refiere a la locación de servicios, esta modalidad de contratación se rige por los artículos 1764 al 1770 del Código civil, los cuales establecen las funciones contractuales de una comitente, locataria o empresa, es decir, quien solicita un servicio, y un locador, o servidor independiente, quien presta el servicio.

 

§ Distorsión de la locación de servicios  

5. La distorsión en relación con esta figura se presenta cuando el empleador pretende introducir, con el objetivo de reducir costos laborales, la aplicación de una contratación extralaboral para puestos que reúnen las características de una relación laboral. De esta forma, las labores administrativas y sujetas a subordinación reciben el tratamiento de una contratación vía locación de servicios o de servicios no personales y generan, muchas veces por falta de previsión legal de los propios empleadores, y en los casos de comprobaciones objetivas en los procedimientos de inspección de trabajo, que la Autoridad Administrativa de Trabajo disponga, con los elementos de análisis del principio de primacía de la realidad, la inclusión de los servidores afectados en el Libro de Planillas de la empresa. Evidentemente estamos, pues, frente a criterios defectuosos en la correcta contratación del personal. 

6. No obstante ello, ¿podemos solo calificar de defectuosos dichos criterios disímiles en una locación de servicios? A juicio nuestro, no, pues no obstante el impedimento formal de no contratar en locación de servicios y servicios no personales a servidores que se saben van a desempeñar tareas propiamente laborales, muchos empleadores optan, a sabiendas, por aplicar esta modalidad en el supuesto no sólido de que se mantenga un statu quo en el cual se prevea que el servidor no va a reclamar. 

7. Y es cuando se produce la reclamación, con elementos de prueba veraces, que son aplicables los efectos de las disposiciones constitucionales protectoras de la relación de trabajo[1]. Debemos advertir, en estos casos, que los procesos de amparo precisamente actúan como mecanismos restitutorios de los derechos constitucionales afectados y la posición del juzgador, en caso de existir el aporte de prueba suficiente, será de efectivamente conceder tutela de urgencia pues ésa es la naturaleza de los procesos de amparo laborales que denuncian la afectación de derechos fundamentales en materia laboral. 

8. En ese sentido, la labor del juzgador será la valoración razonada, suficiente y motivada de la prueba, para determinar, cuando corresponda, que se han producido supuestos materiales de desnaturalización de una locación de servicios, sea porque se estableció un horario de trabajo, sea porque existen instrumentos inequívocos que dan cuenta de la intención del empleador de contratar bajo los alcances de una relación de trabajo, o sea porque la Autoridad Administrativa de Trabajo constatar que efectivamente existe una relación laboral donde se pretende sustentar un contrato de servicios no personales( sic), entre otros supuestos.   

9. No se debe descartar, en relación a lo enunciado el eufemismo técnico –legal que a su vez implica un contrato de servicios no personales pues la naturaleza de la prestación de dicha opción contractual, supone que el locador no preste el servicio en forma directa y que lo pueda hacer a través de terceros. No obstante ello, es lugar común que siempre exija el empleador, sea en contratos de locación de servicios o en servicios no personales, en los hechos, que se exija la prestación personal del servicio.

 

§Análisis del caso concreto

10. Apreciada la carga probatoria adjunta a la demanda, tenemos que de folios 38 a 88, corren distintas acciones de cobranza, relaciones de cortes, constancias de rehabilitación, entre otros documentos, en las cuales figura reiterativamente el actor. Dichos instrumentos nos hacen concluir en una percepción objetiva respecto a la continuidad de las labores del actor a favor de la emplazada y nos persuaden que el actor desempeñaba tareas propias de un contrato de trabajo en función a la condición de la labor prestada.

11. La referencia antes efectuada, esto es, la acreditación de una tarea permanente a favor de la emplazada y bajo sujeción, resulta de plano incongruente con la previsión de una contratación en locación de servicios (vid. p.3.5), produciendo su desnaturalización, fundamentalmente porque no se niega el derecho de la emplazada a establecer el régimen legal que considere conveniente según sus necesidades, sino resulta desestimable aplicar erróneamente un régimen de contratación que no corresponde a tenor de la prueba aportada. 

12. En ese orden de ideas, los agravios expresados por la actora, en su conjunto, resultan de plano insuficientes para formar convicción en este Colegiado respecto a que se produjo una contratación de locación de servicios conforme a los estándares del artículo 1764 del Código Civil, supuesto, insistimos, que resultaría legítimo, si no se hubiera producido el desarrollo de tareas caracterizadas por una relación de subordinación, conforme a la carga probatoria aportada. Es de observarse que la demandada ha contratado al emplazante en un régimen civil cuya distorsión ha sido acreditada en este proceso conforme a la prueba verificada en autos.  

13. La distorsión acotada no solo es incompatible  con el artículo 27 de la Constitución, sino con el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos[2], cuyas líneas de tutela precisamente buscan evitar que se produzcan graves afectaciones a los derechos fundamentales de las personas en el ámbito de la prestación de trabajo, imponiendo al empleador obligaciones mínimas de protección para un empleo decente. En tal sentido, corresponde confirmar la tutela de urgencia dispuesta por el A-quo. 

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,  CONFIRMA la sentencia apelada en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1]Constitución 1993 

Artículo 22°. El trabajo es un deber y un derecho.  Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.

Artículo 23°. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.

(…) Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.(…)

Artículo 25°. La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. (…) 

Artículo 26°. En la relación laboral se respetan los siguientes principios:

  1. 1.       Igualdad de oportunidades sin discriminación.
  2. 2.       Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.
  3. 3.       Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.  

Artículo 27°. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.

[2] Artículo 7 del Protocolo Adicional  a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo (…), supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y  satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera  particular: (…)

d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional; (…)

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