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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Principio pro homine

12 julio, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 02773-2010    

DEMANDANTE: ELIO CANARIO ZELADA

DEMANDADO: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 31 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Elio Canario Zelada contra el auto de fecha 18 de agosto de 2009, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos. 

 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo (p. 74-97) e invoca como fundamento la afectación constitucional de sus derechos fundamentales al trabajo, la igualdad, el debido proceso y la legalidad de la penalidad. Señala que ha sido despedido por cuanto se le acusa de haber faltado a la verdad respecto de la enfermedad de su señora madre, aspecto con lo cual logró un traslado laboral a la ciudad de Chiclayo. 

El auto apelado (p. 98) señala que no se ha acreditado en forma fehaciente que exista un despido fraudulento. 

La impugnación formulada (p. 101-105) señala que la resolución apelada carece de fundamentos previos y que se ha aplicado incorrectamente un juicio de subsunción respecto a que es de aplicación el precedente vinculante 206-2005-PA/TC.

 

FUNDAMENTOS 

§ La improcedencia liminar de un proceso constitucional y el principio pro homine 

1. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción. 

2. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales. 

3. Contrario sensu, cuando una pretensión demuestre visos de afectación, en aplicación del principio pro homine, deberá ser admitida a trámite, para el esclarecimiento de la controversia en sede constitucional.  

   

§Análisis del caso concreto 

4. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, es de aplicación el principio pro homine, previsto por el artículo 3[1] del Código Procesal Constitucional, en tanto surge razonablemente la duda de si los derechos del demandante fueron o no vulnerados, a raíz de que la causal por la cual la empleadora habría despedido al actor- cáncer de su señora madre- no está cuando menos totalmente descartada.   

5. Surge duda para este Colegiado respecto a si realmente la señora madre del demandante, realmente no estuvo enferma según se desprende de los recaudos 24-32 y 39-41, los cuales se refieren a distintos documentos médicos de tratamiento, uno de los cuales hace referencia al cáncer. Nótese que no se trata de cualquier enfermedad y por consiguiente, o el actor incurre en una manifiesta incongruencia al sustentar un hecho falso, o hubo grueso apresuramiento de la emplazada al despedir sin tener la certeza de la no existencia de una enfermedad de suyo tan grave como el cáncer de la madre del actor.   

6. En consecuencia, se produce una duda en este Superior Tribunal que debe asociarse al contenido tutelar del principio pro homine, y al mismo tiempo es exigible una necesidad de esclarecimiento a fin de determinarse si se produjo o no la afectación de los derechos del actor, y si el caso en mención siguió los estándares de un despido regular, supuesto que conduce a que en juicio de fondo de la acción, se estime o desestime la demanda.  

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA el auto apelado; REFORMÁNDOLO, DISPONE que el A-quo admita a trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Código Procesal Constitucional. Artículo III.- Principios Procesales 

(…) Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación.

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