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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Revisión judicial de actos administrativos del Ministerio Público

19 julio, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 01071-2010    

DEMANDANTE: ERNESTO MENDOZA PADILLA

DEMANDADO: JOSE RODRIGUEZ ALCALDE

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 11 días del mes de abril de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Ernesto Mendoza Padilla contra la sentencia de fecha 22 de octubre de 2010 que DECLARA INFUNDADA la demanda de amparo interpuesta.

 

ANTECEDENTES 

La demanda interpuesta (p. 7-10) alega la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso, tutela procesal efectiva y acceso a la justicia por haber dispuesto el demandado- Fiscal Superior de la Oficina Desconcentrada del Control Interno del Ministerio Público del Distrito Judicial de Cajamarca-  el archivamiento de una denuncia. 

El Procurador Público del Ministerio Público contesta la demanda (p. 27-41) y solicita que la demanda sea declarada improcedente pues el pedido no se encuentra dentro del ámbito de protección del proceso constitucional de amparo. Acota que el actor pretende que el juez constitucional se convierta en suprainstancia de una denuncia penal. 

La sentencia impugnada (p. 75-76) considera que el emplazado se ha circunscrito a las normas reglamentarias del Ministerio Público y que no se ha vulnerado derecho constitucional alguno. 

La impugnación formulada (p. 80-81) señala que su denuncia fue archivada sin apercibimiento alguno y que por tanto,  no se calificó debidamente su denuncia.

 

FUNDAMENTOS 

§La revisión judicial de los actos administrativos del Ministerio Público 

1. Los actos administrativos del Ministerio Público, expedidos en el ejercicio regular de sus funciones, son susceptibles de revisión jurisdiccional, en aplicación del principio de zonas no exentas de control constitucional, solo si se producen afectaciones ostensibles, manifiestas y elevadas de un derecho fundamental.  

2. En el contexto de una interpretación extensiva del artículo 37 del Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo constituye un mecanismo procesal de tutela de urgencia[1] y satisfactiva, proceso de condena cuyos caracteres para su procedencia son dejar sin efecto el hecho, omisión o amenaza, inminente y directa contra el ejercicio de un derecho constitucional; esto es, siempre que se trate de lograr la reposición del derecho constitucional transgredido o amenazado de manera fáctica, evidente y sin duda alguna, pues éste no es declarativo de derechos, sino que, a través de él, se pueden resarcir aquellos derechos que, estando plena e indubitablemente acreditados, son objeto de trasgresión. 

3. En relación a lo señalado, debe determinarse que las acciones de garantía no proceden contra decisiones emanadas al interior de un procedimiento administrativo regular, como lo es una denuncia ante el órgano de Control Interno del Ministerio Público, constituyendo supuesto de excepción que exista una objetiva afectación de la tutela procesal efectiva o de otros derechos fundamentales, supuestos legitimadores que sí se configuran de presentarse los supuestos establecidos por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

4. Sin embargo, la afectación a sostener, a fin de ser atendida en sede de urgencia, no puede constituir una sola apreciación distinta respecto al modo, forma y fondo en que la denuncia fiscal ha sido resuelta. La exigencia es que se hubiere vulnerado manifiestamente un derecho fundamental. Si las vulneraciones son medias o leves, es decir, si existe convalidación, preclusión u otra forma de validación, ya no es exigible la tutela de urgencia pues habrá que asumir que el Ministerio Público ha resuelto dentro de sus atribuciones regulares.  

5. Entonces, constituye premisa esencial en la verificación de afectación de derechos constitucionales si se han trasgredido, al interior del procedimiento administrativo fiscal, los derechos invocados por el afectado y si se ha producido una sustancial afectación al debido proceso u otros derechos fundamentales en su dimensión sustantiva y adjetiva. 

 

§Análisis del caso concreto 

6. En el caso sub judice, verificados cuidadosamente los medios probatorios aportados y los argumentos expuestos por las partes, corroboramos la premisa de que el juez ha argumentado en modo suficiente su decisión desestimatoria. 

7. En efecto, si el actor no ha cumplido, como sucede en este caso, con ceñirse a las reglas del procedimiento administrativo interno en el curso de su denuncia, no se trata de que se le hubiere denegado justicia, como manifiesta, sino que en forma puntual la falta de cumplimiento de un requerimiento en el proceso propiamente dicho- falta de la firma de abogado-, genera una necesaria respuesta denegatoria de la petición. En rigor, constituye un requisito de procedimiento frente al cual el juez de derechos fundamentales no puede suplir las deficiencias propias de las partes. 

8. En adición a l expresado, no se trata de deslegitimar tampoco una denuncia de parte respecto a la cual sí hay, liminarmente, obligación de investigar. Sin embargo, para que en rigor se active la acción contralora del Ministerio Público, precisamente se exige acreditar el cumplimiento conjunto de requisitos formales y materiales, y entre los primeros existen pautas de procedimiento que observar. A su vez, entre las exigencias materiales, deberá existir un aporte probatorio cuando menos congruente de evidencias consistentes, coherentes y conducentes del accionar funcional del Fiscal denunciado. De lo contrario, se activa sin fundamento suficiente la potestad contralora y solo se congestiona el sistema de verificación administrativa de las obligaciones de los fiscales, en detrimento de casos que sí merecen realmente pronta atención y seguimiento.   

9. Por consiguiente, nos encontramos frente a un contexto que no permite al juez constitucional poder afirmar con certeza que hubo trasgresión manifiesta de los derechos fundamentales denunciados, en tanto para juzgar la legitimidad o ilegitimidad del acto denunciado como vulneratorio, el juez de la Constitución necesita premunirse de elementos de prueba coherentes que le permitan formarse convicción, lo cual no ocurre en la presente demanda. En el orden de ideas expresado, corresponde confirmar la decisión apelada.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia apelada en todos sus extremos; DISPUSO la publicación de esta decisión en el diario oficial El Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] El concepto de urgencia se basa en la propia esencia del amparo cuya sumariedad doctrinaria es manifiesta. Así lo expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sostenido: 

“(…) el artículo 25.1 de la Convención es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales. Establece este artículo, igualmente, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley.”( El subrayado es nuestro) VID. Opinión Consultiva OC-9/87, párrafo 23.

 

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