Archive for 22/07/11

h1

Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus. Improcedencia liminar. Falta de pruebas

22 julio, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

 

EXPEDIENTE: 0322-20011

DEMANDANTE: DEMETRIO LINDO INGA

DEMANDADO: JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA

MATERIA: HABEAS CORPUS

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 14 días del abril de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza, y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Demetrio Lindo Inga contra el auto de fecha 24 de enero de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de habeas corpus; con lo demás que contiene.

 

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de habeas corpus (p.1-5) contra las señoras Juezas del Segundo Juzgado de Familia, Dra. Patricia Vallejos Medina, y del Tercer Juzgado de Familia, Dra. Haydee Larrea Serquen, señalando que las resoluciones emitidas por ambas magistradas, vulneran su derecho al debido proceso, dado que no ha recibido una respuesta justa y razonada sobre los medios de prueba aportados. Agrega que el pago de las liquidaciones señaladas en las resoluciones se torna difícil de cumplir, pues no se ha tenido en cuenta los pagos parciales efectuados por educación y refiere que ha producido un ejercicio abusivo del derecho por parte de la demandante.

El auto apelado (p.27-30) señala que las resoluciones cuestionadas han sido emitidas obedeciendo al resultado de un proceso regular, y por tanto no existe sustento fáctico ni jurídico en la demanda.

La apelación formulada (p. 35-36) indica que ninguna de las instancias judiciales ordinarias se ha pronunciado sobre su derecho a la defensa así como tampoco respecto al ejercicio abusivo que viene ejerciendo la demandante, quien pretende cobrar sumas adicionales de dinero por concepto de alimentos.

 

FUNDAMENTOS

§ Los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Exigencia de un canon de control

1. Una sentencia sin duda relevante para el trabajo judicial en sede constitucional en el rubro de procesos constitucionales contra resoluciones judiciales, es el caso Apolonia Collca[1], el cual presenta algunos lineamientos jurisprudenciales a destacar, entre ellos, la fijación de un canon para el control constitucional de resoluciones judiciales, a través de los estándares de razonabilidad, coherencia y suficiencia[2], a efectos de que solo después de estos exámenes, podamos advertir si corresponde dejar sin efecto una decisión jurisdiccional que goza de la calidad de cosa juzgada. Esto es sumamente importante pues advirtamos que una sentencia consentida o ejecutoriada,  en un proceso judicial concluido, denota el carácter de res iudicata, esto es, es definitiva

2. Por tanto, una sentencia estimatoria en un proceso constitucional contra resolución judicial firme, debe satisfacer tales exámenes respecto a la demanda, para que se deje sin efecto una decisión judicial ejecutable en todos sus términos. Por tanto, el juez constitucional debe ponderar si la sentencia materia de examen constitucional, deba quedar sin efecto solo después de merituar la razonabilidad, coherencia y suficiencia de la pretensión.

3. En suma, tales estándares resultan útiles para entender la dimensión ex novo de un proceso constitucional contra resoluciones judiciales,  en cuanto  una vez admitida la pretensión, importa fijar un canon de control vía razonabilidad, suficiencia y coherencia de la pretensión. De la misma forma, la tutela de derechos fundamentales no debería resultar restringida en su ámbito de protección, salvo la inconcurrencia de los elementos mínimos que permitan el tránsito del proceso.

 

§ La improcedencia liminar de un proceso constitucional

4. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.

5. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

 

§ Análisis del caso concreto

6. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, no apreciamos una vulneración manifiesta del derecho a la libertad personal en el caso de autos, pues el proceso respecto del cual se interpone el presente proceso, ni presenta graves afectaciones al debido proceso ni de otro lado, denota agravios manifiestos a la tutela procesal efectiva.

7. En efecto, la propia demanda omite aportar elementos de coherencia, razonabilidad y suficiencia, que permitan el tránsito del proceso a un examen de fondo. Entre los aspectos a señalar, es importante precisar que si bien el actor refiere que ha habido pagos de su parte para solventar los gastos de educación de su menor hija y que en vista de que los mismos no han sido tenidos en cuenta en el proceso de alimentos sub litis, lo que a su vez dio origen a que ahora ante la Fiscalía Provincial de Turno, corra una denuncia por la falta de pago de la liquidación por alimentos por S/ 11556.03, de otro lado no resulta convincente que refiera que solo hubiera un acuerdo “verbal” (p. 2) con al demandante para el pago de pensiones, y que al “regreso de (su) viaje”, se hubiere encontrado con la liquidación materia de exigencia.

8. En efecto, si bien existen estos pagos a los que el actor alude como argumento de justificación, la jurisdicción constitucional no puede asumir rol tutelar alguno pues no resulta materializable proteger un acuerdo “verbal” ni tampoco asumir certeza respecto a si hubo afectación al debido proceso en cuanto no sabemos, pues no hay prueba, de si el actor estuvo fuera o no del país, o si bien simplemente se ausentó de esta localidad.

9. En consecuencia, no es apropiado el habeas corpus para el esclarecimiento de esta controversia y liminarmente debe decidirse su improcedencia, sin perjuicio de que el actor haga valer en la vía civil o penal las acreencias que estima deben ser descontadas de sus obligaciones alimenticias, así como prevea que si abona una pensión alimenticia, ella debe constar en un medio de prueba en tanto, la tarea del juez constitucional no puede suplir las carencias manifiestas de las partes respecto a la observancia de los actos formales en el cumplimiento de sus obligaciones.

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 03179-2004-AA/TC

[2] F.J. 23

23. (…) el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias, está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia.

a) Examen de razonabilidad.– Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.

b. Examen de coherencia.– El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio.

c. Examen de suficiencia.– Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.

Anuncios
I·CONnect

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

La Mirada de Peitho

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

2018 Posts - IACL-IADC Blog

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

Argumentos en Derecho Laboral

Blog coordinado por Adrián Todolí

Justicia en las Américas

Blog de la Fundación para el Debido Proceso

Blog of the IACL, AIDC

a network of constitutionalists from countries throughout the world

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI