Archive for 25/07/11

h1

Procesos de tutela de derechos fundamentales. Montevideo, Uruguay, 25 de julio de 2011.

25 julio, 2011


Montevideo, Uruguay, 25 de julio de 2011. 

Inauguración del evento

Alma Belenguer. Coordinadora de Formación de la AECID.

En el corazón de Montevideo, en la Ciudad Vieja, en el Centro de Formación en Montevideo de la Embajada de España, con un sol radiante que saluda el campeonato de Uruguay en la Copa América, la representante española de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo AECID, Alma Belenguer, dio la bienvenida a los participantes del evento y señaló que la institución ha desarrollado alrededor de 300 actividades en sus 4 Centros de Formación, entre Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; Cartagena de Indias, Colombia; Montevideo, Uruguay y La Antigua, Guatemala, constituyendo estas actividades un aporte genuino en lo que respecta a otras áreas de desarrollo de la Cooperación Española.

Miguel Ángel Montañés. Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional de España.

Dio igualmente la bienvenida a los participantes de los 10 países iberoamericanos aquí reunidos, y aludió  a que el origen de estos seminarios se remonta a las Conferencias Iberoamericanas de Justicia Constitucional, las cuales se previeron cada 2 años. A ellas pertenecen la gran mayoría de los países iberoamericanos. La última fue en Managua, Nicaragua, en 2010, y la próxima será en Cádiz, 2012. En esa última reunión se acordó desarrollar seminarios de formación en distintos países, los cuales han tenido lugar ya en número de 6: Principio de igualdad, en Cartagena, libertad de información y medios de información, en Antigua; Guatemala, entre otros. Desde esta reunión en Uruguay se ha abierto la participación a abogados y profesionales del Derecho vinculados a estas áreas y no solo a representantes de la judicatura.

Con estos seminarios se pretende realizar un punto de encuentro, un intercambio de experiencias, a fin de resolver problemas propios, pues la jurisprudencia de nuestros países siempre guarda puntos en común. Estos seminarios ayudan en esa línea. Nuestro formato, esta vez, será muy particular, en tanto las conferencias solo fijarán líneas generales a fin de desarrollar una visión crítica.

1ra exposición

Modelos de justicia constitucional

Miguel Ángel Montañés Pardo. Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional de España.

Los modelos de justicia constitucional importan un análisis de los procesos de tutela de derechos fundamentales.

Son países con Tribunal Constitucional Andorra, Bolivia, Chile, Colombia, España, Guatemala, Perú y Portugal, y a su turno, son países que desconocen esa creación institucional del constitucionalismo europeo Argentina, Brasil, República Dominicana, México, Panamá, Puerto Rico y Uruguay.

Otros ordenamientos prevén en el seno de sus tribunales supremos una Sala en lo constitucional, entre ellos, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.

Existen modelos en los cuales el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Se trata de jurisdicciones distintas. En otros casos, hay Tribunales que forman parte del Poder Judicial. Los conflictos no se producirían, a juicio del expositor, si las competencias se encontraren mejor definidas.

En los casos de Colombia, Chile y Ecuador,la Corte Suprema participa en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. En todos los países hay control de constitucionalidad. En algunos países, se atribuye en forma exclusiva a la Corte o al Tribunal Supremo (Brasil, México y Uruguay).

En otros países se establece un control difuso, atribuyendo la última instancia ala Corte Suprema(Argentina y Puerto Rico).

En los países donde la Corte Suprema hace un control de constitucionalidad, hay 2 subgrupos: control difuso por los jueces ordinarios (Honduras y Venezuela); en otros, se dota los jueces ordinarios de la posibilidad de plantear cuestiones de inconstitucionalidad (Costa Rica y Nicaragua).

Jurisdicción constitucional y control de normas

En los países con control de constitucionalidad concentrado, el cuestionamiento a la validez de la norma, conlleva la expulsión de ésta  del ordenamiento jurídico y surte efectos erga omnes.

En Andorra y España, si la norma que incurre en vicio de constitucionalidad tiene un rango inferior al de la ley o es anterior ala Constitución, el juez ordinario puede dejar de aplicarla.

Más complejo es el sistema de control mixto. Al tiempo que existe un órgano que efectúa un órgano que efectúa un control abstracto con efectos erga omnes, existe un control difuso y disperso.

¿Existe control preventivo de constitucionalidad  y de normas derogadas? El control se reserva a las normas vigentes y así lo prevén los países. Respecto al control preventivo, la experiencia española ha sido muy negativa. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional preveía que si una norma previa era impugnada, se debía esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara. Esto significaba una presión tremenda para el Tribunal y a que debiera esperarse por períodos largos la entrada en vigencia de algunas leyes de suma importancia. Ello originó que se suspendiera en 1985 el control previo de constitucionalidad, al identificarse impugnaciones con motivaciones políticas. Sin embargo, respecto a las normas estatutarias, existen voces que sugieran se recupere nuevamente el control previo.

Respecto de los conflictos autonómicos en España, una norma regional puede ser suspendida por un número determinado de meses. En estos casos sí existe un margen de conveniencia para este tipo de control. Hay control previo en Chile, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Portugal y Venezuela, entre otros países. En otros casos, el control es excepcional para las reformas constitucionales.

Jurisdicción constitucional y control de resoluciones judiciales

No se prevé semejante función de control en países como Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Uruguay.

En la mayoría de países sí existe esta posibilidad: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico y Venezuela.

El recurso o acción de habeas corpus cumple, también, la función de impugnación de resoluciones judiciales (Bolivia, El Salvador, Honduras y Perú).

Los derechos fundamentales, que son en principio los derechos del ciudadano frente al Estado, también son también denominados “derechos sustantivos”, “garantías individuales” o “derechos legítimos”.

 

Legitimación para impugnar

Junto a las partes, se otorga esta legitimación al Ministerio Fiscal (como se denomina en España) y al Ministerio Público (Andorra, Bolivia, Brasil, Colombia, España y Portugal). En algunos casos también esta legitimado el Defensor del Pueblo (Colombia y España).

Un caso emblemático de legitimación ensanchada en España fue el caso de los presos de la GRAPO (Grupo de Apoyo al 1ro de octubre). El Ministerio Fiscal interpuso un proceso de amparo contra una decisión judicial que prohibía la alimentación forzosa de los huelguistas y el Tribunal Constitucional le dio la razón a los reclamantes, bajo el argumento de que el Estado no podía tolerar que un ser humano se quitara la vida.

 

Efectos de las sentencias constitucionales

Son, entre otros, los siguientes:

  1. La declaración de que se ha vulnerado un derecho;
  2. La anulación de una sentencia o decisión judicial que se recurre;
  3. La reposición al recurrente en la plenitud del derecho que se ha juzgado conculcado, mediante la adopción de medidas que sean necesarias para la conservación del derecho.

Estos efectos no son necesariamente concurrentes.

Es posible sin más la anulación de una resolución judicial. En algunas ocasiones, se ordena la retroacción para que el órgano judicial vuelva a dictar sentencia. Es excepcional que por el propio órgano constitucional se dicte una nueva decisión en el caso.

Reflexiones y conclusiones

Para evitar las “guerras entre las Cortes”, es necesario evitar la invasión de competencias y la mejor forma de realizar ello es la autorestricción por parte de los mismos Tribunales Constitucionales. Un Tribunal no puede sin más realizar la revisión constitucional de una resolución judicial si no es en casos extremos.

Intentar definir la autorestricción es un tema muy complicado. En España,la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional L.O.T.C. señala que al resolverse un amparo, el Tribunal debe respetar los hechos; en segundo lugar, se abstendrá de hacer comentarios.

Una referencia importante a tener en cuenta respecto a este tema es que hay diferencia entre legalidad ordinaria y la legalidad constitucional. Por ésta debemos entender que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución y no le compete efectuar un control de legalidad ordinaria. Esto último es un baremo importante pues el Tribunal debe abstenerse de sustituir a los jueces de la jurisdicción ordinaria en temas de su competencia, en tanto solo le compete efectuar control de legalidad constitucional.

En realidad no fallan en su aplicación los modelos constitucionales sino la aplicación de los modelos.

Taller de trabajo

La justicia constitucional en diversos países

Se invitó a los países a señalar algunos caracteres de la justicia constitucional  en sus sistemas.

Respecto de España, el ponente señaló que la jurisdicción constitucional es bastante joven. Tiene apenas 30 años de existencia. Los efectos han sido positivos, generando inclusive cambios hasta en el lenguaje. Antes se decía “No hay derecho”; hoy esa pauta ha cambiado por la expresión: “Eso es inconstitucional”. Se ha desarrollado una cultura de justicia constitucional, a pesar de las desavenencias entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

En materia de amparo, como aspecto en contra, el Tribunal ha invadido, varias veces, competencias de la jurisdicción ordinaria. Eso no ha sido positivo ni para la justicia ni para los ciudadanos. También lo negativo es la marcada demora en los controles previos de constitucionalidad.

De la misma forma, es más duro el Tribunal Constitucional español con el legislador pasado que con el legislador presente. Son problemáticos, de igual modo, los conflictos autonómicos, al igual que la politización de los conflictos.

Por Perú, los representantes de este país señalaron la relevancia de que exista un Código Procesal Constitucional así como órganos jurisdiccionales autónomos con competencias constitucionales. Es así que existen Salas Superiores y juzgados constitucionales, lo cual es positivo.

Argentina tiene un sistema particular: con jueces federales y estatales. No existe Tribunal Constitucional. No hay especialidad de los jueces en materia constitucional. El control constitucional se encuentra a cargo dela Corte Suprema.  En específico, el control concentrado no ha tenido una gran difusión.

Por Chile, el juez de garantía cumple una función de tutela de los  dd.ff. en materia penal. El amparo es denominado proceso de tutela. El Tribunal Constitucional de Chile, compuesto por 10 miembros, con nombramiento de sus magistrados por 8 años, con mandato renovable cada 4 años, imparte justicia constitucional en última instancia. Este órgano es bastante joven. Existe desde la Constitución de 1980. Críticamente, es necesario decir que se ha convertido en colegislador, pues ha llegado a derogar normas. Es un organismo aún lejano en Chile.

Costa Rica tiene un sistema concentrado. Una Sala Constitucional-la Sala Cuarta-existe desde 1989. Está conformada por 7 magistrados. No puede revisar resoluciones jurisdiccionales. El amparo se puede presentar por derecho propio o por tercera persona. El habeas data aún no está normado pero se comienza a hablar con insistencia de su importancia.

En relación a El Salvador, existe una Ley de Procedimientos Constitucionales. No hay Tribunal Constitucional. El control constitucional lo hace la Corte Suprema, a través de una Sala Constitucional integrada al Poder Judicial, es decir, jueces supremos pueden controlar a jueces supremos. Los conflictos que existen son entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, fundamentalmente. Se puede interponer amparos por violaciones a derechos fundamentales en el ámbito administrativo. Cualquier ciudadano lo puede presentar.

Por México, los amparistas representan una profesión. No hay Tribunal Constitucional. Del control constitucional se ocupa la Suprema Corte de Justicia, integrada por 15 ministros, cuyo cargo dura 10 años. El amparo se puede interponer contra el Estado como contra particulares. Se puede interponer contra cualquier situación.

En Paraguay rige un control concentrado de constitucionalidad desde la Constituciónde 1997.La Constitución de 1992 crea un órgano específico en lo constitucional en la Corte Suprema. Existe la acción de inconstitucionalidad contra leyes, tratados, reglamentos y contra resoluciones judiciales. También existe la consulta de constitucionalidad de los órganos inferiores a la Corte Suprema, así lo prevé la Ley609-95. El amparo existe como garantía de tutela de los dd.ff. Es resuelto por cualquier juez de primera instancia. No existe proceso constitucional contra resoluciones del Poder Judicial.

Respecto a Uruguay, el sistema es difuso. La declaración de inconstitucionalidad se realiza por acción o excepción; por acción, en forma restringida; por excepción, a cargo de cualquier persona. El tema de la independencia judicial es fuerte. Hay una carrera y una Escuela Judicial, desde los jueces de paz. La jurisprudencia no es obligatoria en este país.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Anuncios
I·CONnect

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

La Mirada de Peitho

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

2018 Posts - IACL-IADC Blog

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

Argumentos en Derecho Laboral

Blog coordinado por Adrián Todolí

Justicia en las Américas

Blog de la Fundación para el Debido Proceso

Blog of the IACL, AIDC

a network of constitutionalists from countries throughout the world

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI