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Procesos de tutela de derechos fundamentales. Montevideo, 28 de julio de 2011

28 julio, 2011

 

Estimados amigos:

Desde Montevideo, Uruguay, adjuntamos nuestra cuarta referencia del curso “Procesos de tutela de derechos fundamentales”, el cual se desarrolla en coordinación entre la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Tribunal Constitucional de España.

En esta cuarta fecha abordamos los temas “Sobrecarga de trabajo de los Tribunales Constitucionales”, a cargo de Miguel Ángel Montañés. Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional de España, y “El control constitucional de los procesos electorales en España”, a cargo de Juan Carlos Duque Villanueva. Letrado del Parlamento de Asturias y Letrado del Tribunal Constitucional de España.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

 

Sobrecarga de trabajo de los Tribunales Constitucionales

Miguel Ángel Montañés. Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional de España.

El número de amparos supera los 10,000 procesos el año en el Tribunal Constitucional. A eso se une la otra sobrecarga de trabajo que son las demás competencias del Tribunal: del control de constitucionalidad, cuestiones de constitucionalidad, conflictos de competencia, conflictos en defensa de la autonomía local, conflictos relativos a autonomía presupuestaria, algunas consultas previas, etc.

El número de amparos rechazados en España es de 95%.  Esta alta cifra se debe a que los abogados no han entendido completamente que los procesos de tutela de derechos fundamentales, no son una instancia más. Hasta que no se comprenda esto, difícilmente la situación va a cambiar.

Por la Reforma LO 6/2007, además de los requisitos formales, la demanda ha de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso. Cambia, de igual modo, el procedimiento de admisión. A su vez, las secciones podrán resolver los recursos de amparo deferidos por las Salas cuando exista “doctrina consolidada del Tribunal Constitucional” (art. 52.2. LOTC).

Antes el régimen era de causas de inadmisión, se fijaban los deméritos. Hoy las causas son “de admisión”, hay una referencia en positivo, es decir, se fija los casos en los cuales la demanda sí reúne los requisitos exigidos, esto es, solo se admite aquellas demandas que reúnen los requisitos en positivo.

Son contenidos de la demanda (art. 49.1 LOTC):

  1. Se expondrá con claridad y concisión los hechos que la fundamenten;
  2. Se citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos;
  3. Se fijará con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado;
  4. En todo caso se justificará la especial trascendencia constitucional del recurso.

El requisito de especial trascendencia es insubsanable. En el aspecto práctico, esta exigencia generó reducir la carga del Tribunal y poner al día a este órgano en el régimen de admisión, aunque no necesariamente en cuanto a las cuestiones de fondo. Podríamos entender, de alguna forma, que ha habido un daño colateral para las pretensiones y los abogados.

La especial trascendencia costó mucho en la interpretación pues no fue sino hasta el 2009-  STC 155/2009, de 25 de junio de 2009- que se fijaron los requisitos de dicho régimen, de manera orientativa, no bajo supuestos clausus. Se adoptaron algunos criterios del régimen norteamericano para la configuración de los requisitos.

Según el artículo 50.1.b) LOTC, la especial trascendencia constitucional del recurso se apreciará atendiendo a 3 criterios:

  1. Su importancia para la interpretación de la Constitución.
  2. Para su aplicación para su general eficacia.
  3. Para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.

Son varios aspectos planteados por la STC 155/2009, de 25 de junio de 2009, relativos a la trascendencia constitucional, los siguientes:

1. Cuestión nueva: Cuando el recurso plantee un problema de un derecho fundamental susceptible de amparo, sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional. Lo mismo cabe decir cuando plantee faceta nueva de problemas planteados y resueltos por la jurisprudencia constitucional.

2. Aclaración o cambio de la doctrina constitucional: a) Como consecuencia de un proceso de reflexión interna, b) Por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental; c) cambio en la doctrina de los órganos de garantía encargados de la interpretación de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 (TEDH; TJCE que puedan afectar derechos amparables, Comité de DD.HH. de Naciones Unidas, etc.)

3. Dudas de constitucionalidad de la ley o norma aplicada: Cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general. Implica cierta flexibilidad. En principio no hay amparo contra una ley en España pero sí contra los efectos de la ley.

4. Errónea interpretación judicial de los dd.ff.: Cuando la vulneración del derecho traiga causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la ley y el TC entienda lesión al derecho fundamental.

5. Incumplimiento de la jurisprudencia constitucional: a) Cuando la doctrina del TC sobre el derecho alegado, esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisprudencia ordinaria; b) O cuando resultan resoluciones contradictorias sobre el derecho fundamental, ya sea interpretando de manera distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola en unos casos y desconociéndola en otras.

Para que el requisito de trascendencia funcione de verdad y de modo relevante, debe haber un compromiso de los abogados y los ciudadanos en el sentido de una exigencia de estructurar idóneamente sus demandas.

6. Negativa a acatar la doctrina constitucional: esto podría ocurrir en el caso de que un  órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional.

7. Trascendencia general de los efectos del amparo: Cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en alguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque: a) plantee una cuestión jurídica de relevante general repercusión social o económica; b) o tenga consecuencias políticas generales; y c) en especial en los amparos electorales o parlamentarios.

Cuestiones pendientes:

¿Qué ocurre con las lesione s graves de los dd.ff? Una cuestión es razonar sobre la lesión y otra cosa es razonar la trascendencia.

La función subjetiva del recurso de amparo ¿podría excepcionalmente ser tenida en cuenta en el trámite de admisión?

Las experiencias alemana y norteamericana muestra que nunca ha dejado de ser tenida en cuenta la protección subjetiva de los dd.ff. para admitir un recurso de amparo. En estos casos, de la violación debe derivarse un perjuicio especialmente grave para el recurrente de amparo.

En conclusión, el amparo ha pasado de ser reparador a revisor de derechos, desde una perspectiva constitucional.  Se obliga hoy a cambiar las demandas, no sirve una demanda que diga: “qué injusto es”  sino “¿por qué el caso debe ser reparado?”.

 

El control constitucional de los procesos electorales en España

Juan Carlos Duque Villanueva. Letrado del Parlamento de Asturias y Letrado del Tribunal Constitucional de España.

Los recursos de amparo electorales están previstos en la legislación electoral, no en la L.O.T.C., en relación a: actos contra la proclamación de candidaturas y contra la proclamación de electos. Cada modalidad tiene su régimen jurídico propio.

Contra actos contra la proclamación de candidaturas

De esa forma, el TC interviene en momentos relevantes de los procesos electorales. La impugnación de los demás actos por vulneración de dd.ff. se efectúa por el recurso de amparo ordinario.

La legislación electoral data del año 1985, cuando se establece el control jurisdiccional de los actos de la Administración y se crea el recurso de amparo electoral.

Respecto a los amparos contra actos contra la proclamación de candidaturas, es importante precisar que el control constitucional se produce antes del inicio de la campaña electoral. Esto se aplica a fin de que si existen situaciones de relevancia constitucional, no debía esperarse a que se consumara el acto electoral, antes del día de la votación.

Los requisitos de legitimación del amparo electoral son muy puntuales. Resultan afectados los candidatos excluidos. No resultan legitimados los candidatos proclamados por cuanto este control se realiza en forma previa al acto de elección.

El cómputo de los plazos es por días naturales.

Las ventajas de este recurso han sido 2: a) dar estabilidad a la proclamación de candidaturas; b) permite dotar al recurso de amparo de efectividad, es decir, que el TC pueda ordenar la nulidad de actos vulneratorios de derechos fundamentales.

Aún cuando no está expresamente regulado en la L.O.T.C., este recurso goza de efectividad. No pierde la nota de la subsidiariedad, debe recurrirse previamente a la vía judicial, salvo la inconducencia de agotarse dicha vía.

Normalmente las resoluciones impugnadas son las decisiones de la justicia electoral. El derecho fundamental invocado es el derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad (art. 23 de la Constitución española). No es infrecuente invocar en los amparos electorales el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.

Son presupuestos y requisitos del proceso de amparo electoral: a) la vulneración de las garantías en el contencioso administrativo; y b) vulneración del derecho de sufragio pasivo.

En el año 2003 se produce una nueva causa de exclusión de las candidaturas: la prohibición de presentación de las candidaturas que pretendan continuar o suceder la actividad de un partido político ilegalizado. Ello se produjo para que no se continuara con las actividades de movimientos terroristas. Esta causa fue admitida en las elecciones autonómicas y locales de 2003 y así se pronunció la STC 85/2003.

El Tribunal entendió que la causa de exclusión era constitucional. No se asumió que hubiera afectación de derechos de los partidos, ni de sus dirigentes ni de sus afiliados. Aún así, el Tribunal hizo un llamado al legislador para poder tratar mejor las garantías electorales. El Tribunal Europeo de DD.HH. TEDH inadmitió el reclamo de los afectados respecto a esta sentencia del TC español.

Entre otros aspectos relevantes de la sentencia, el TC había cuestionado que hubiere un solo candidato de los partidos políticos ilegalizados, al asumirse que debía existir pluralidad.

Ha habido también casos de discrepancia interpretativa entre el Tribunal Constitucional y el Supremo Tribunal respecto a estos temas electorales.

 

Contra la proclamación de electos

El recurso de amparo electoral contra proclamación de electos se crea tras la reforma de la legislación electoral de 1991. Su objeto se produce respecto de la proclamación de electos y contra las proclamaciones de Presidentes de las Corporaciones locales.

Los plazos de interposición son de 3 y 15 días según Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 20 de enero de 2000. Están legitimados los candidatos, los representantes de las candidaturas y los partidos y formaciones políticas que hayan presentado candidaturas.

La cuestión central que se plantea es la validez de la elección.

El tema de debate para la tarde se planteó respecto a si el poder electoral es independiente del Poder Judicial.

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