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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Medida cautelar. Legalidad actos de la Administración

30 julio, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 011-2011

DEMANDANTE: VÍCTOR SOTO CÁCERES      

DEMANDADO: UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

MATERIA: AMPARO- MEDIDA CAUTELAR

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 14 días del mes de abril de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Víctor Soto Cáceres contra el auto de fecha 17 de noviembre de 2010, que RECHAZA la solicitud de medida cautelar de suspensión de actos violatorios.

 

ANTECEDENTES

El demandante formula pedido de medida cautelar (p. 36-45) e invoca que sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y al trabajo, han sido conculcados al haberse dejado sin efecto su nombramiento como Decano de la Facultad de Medicina Humana de la entidad demandada.

El auto apelado (p. 46-47) señala como fundamento de su denegatoria que el actor no ha acreditado la verosimilitud del derecho pues no ha desvirtuado el cargo imputado por la demandada en la resolución de cese, en el sentido de que no sea cierto que luego de su nombramiento como Decano en la demandada, el cual exigía dedicación a tiempo completo, hubiere dejado de ser docente de la Universidad de Chiclayo

La impugnación de autos (p. 49-54) indica como agravios que no ha sido notificado el actor en forma alguna respecto del cargo imputado, lo que significa una trasgresión a sus derechos constitucionales.

 

FUNDAMENTOS

§ Consideraciones sobre la medida cautelar

1. Toda medida cautelar exige como requisito base de su concesión la acreditación taxativa y fehaciente de  la inminencia de un perjuicio irreparable. En ese sentido, verificada la condición del peligro que amenaza, puede dictarse sólo medidas extraordinarias destinadas a reponer un estado de hecho o de derecho, cuya alteración vaya a  ser o es el sustento de la demanda. Reviste importancia, adicionalmente, que la concesión de esta medida sólo se conceda cuando no resulte aplicable otra prevista por la ley.

2. Una medida cautelar, igualmente, importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable; bajo ese supuesto, de acuerdo con Juan Monroy Gálvez, la instrumentalidad representa una ligazón o vocación de servicio entre el pronunciamiento cautelar y el proceso que está destinado a proteger, en la medida en que el resultado positivo y oportuno garantiza la posibilidad de la decisión final emitida en el segundo pueda desplegar plenamente sus efectos materiales y jurídicos y con ello asegurar la eficacia de la tutela procesal; la provisionalidad significa que mantiene su firmeza en tanto no varía la situación que se intente proteger, si la situación cambia, entonces esta medida podría cambiar ya sea por intermedio de una nueva medida cautelar o la revocatoria de la anterior…;  es variable …la variabilidad está referida al contenido de la medida cautelar a su relación con el objeto del proceso principal que intenta proteger. Es decir, a diferencia del carácter provisional que es propio de toda medida cautelar, la variabilidad es un evento que puede darse en dos supuestos, a.- cuando exista una alteración de las circunstancias en la relación material tornándose injusta la medida cautelar y b.- cuando exista una alteración de las circunstancias en la relación procesal, es decir, cuando del desarrollo de la discusión procesal desaparezcan o se alteren los presupuestos procesales que dieron lugar a la medida antes dictada…[1] No satisfechos dichos requisitos, el Ad quo deberá determina la improcedencia de la medida cautelar.

3. El despacho de la tutela preventiva exige, de otro lado, que el derecho cuya protección anticipada se pretende, sea verosímil, es decir, esté liminar y suficientemente previsto de idónea apariencia y no sea una mera expectativa sujeta a un procedimiento previo de valoración, análisis e interpretación. La verosimilitud resulta un requisito entonces predeterminante en el sentido de que el actor se ve obligado a demostrar cuál ha de ser de modo determinado el perjuicio que le va a causar la no concesión de la medida.

4. Conforme al artículo 15 del Código Procesal Constitucional, se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en el proceso de amparo, exigiéndose para su concesión apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado para garantizar la eficacia de la pretensión.

5. El examen de la medida cautelar en sede constitucional importa, entonces, un análisis preliminar de los derechos fundamentales denunciados en atención a los recaudos acompañados, verificando si se cumplen los supuestos exigidos, pues en ellos reside el debate esencial de la pretensión que, inaudita pars, persigue la materialización de un estado de cosas anterior a la vulneración del derecho.

 

§ Análisis del caso concreto

6. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, los jueces constitucionales no podemos desvirtuar prima facie la legalidad de los actos administrativos, los cuales gozan de una presunción de legalidad. En efecto, solo en el caso en que la Administración hubiere afectado ostensible, unilateral y arbitrariamente un derecho fundamental del administrado, recién en dicho caso se habilita la jurisdicción constitucional para la aplicación de medidas correctivas.

7. En el caso sub judice se presenta precisamente una actuación que primigeniamente, no puede ser cuestionada vía medida cautelar, pues conforme señala el A-quo, el demandante no aporta un elemento probatorio suficiente para premunir a la decisión constitucional de la fortaleza argumentativa necesaria para despachar tutela estimatoria.

8. En esa lógica, si bien la resolución cuestionada afecta su nombramiento previo como Decano, dado que se nombró a otro profesional en su lugar, efectivamente no se produce la presentación de instrumento alguno en esta vía que desvirtúe fehacientemente el cargo atribuido- su condición de docente de la Universidad de Chiclayo- con lo cual no habilita con rigor el propio actor la fuerza de esta vía cautelar para tutelar su derecho.

9. En ese orden de ideas, estimamos que la decisión administrativa, hasta donde han alcanzado estos actuados, goza de una suficiencia mínima que por cierto deberá ser dilucidada en el juicio de fondo, el cual habrá de determinar, oída la demandada, si efectivamente se produjo un accionar arbitrario de la emplazada o si la medida de separación del actor se adoptó dentro de las atribuciones de la Universidad. En tanto, deviene prudentemente razonable confirmar la apelada.

 

DECISIÓN:

POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto que RECHAZA la solicitud cautelar; y los devolvieron.

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

 

 

 

 

[1] MONROY PALACIOS, Juan. Bases para la formación de una Teoría Cautelar. Editorial Comunidad. Lima- Perú 2002. p. 151 y siguientes.

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