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Procesos de tutela de derechos fundamentales. Montevideo, 26 de julio de 2011

26 julio, 2011

Estimados amigos:

Desde Montevideo, Uruguay, adjuntamos la segunda referencia de nuestro curso “Procesos de tutela de derechos fundamentales”, el cual se desarrolla en coordinación entre la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Tribunal Constitucional del Uruguay.

En esta segunda fecha abordamos los temas El recurso de amparo: la experiencia española”, a cargo del Dr. Miguel Ángel Montañés Pardo, Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional de España; y “La tutela de los derechos fundamentales en Francia”, a cargo de Pierre Subra de Bleusses, Catedrático Derecho Administrativo de la Universidad de París y Presidente del Tribunal Constitucional de Andorra.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

El recurso de amparo: la experiencia española

Miguel Ángel Montañés. Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional de España.

Consideraciones generales

No todos los derechos fundamentales en España tienen la tutela del amparo. El amparo constitucional solo está restringido a determinados dd.ff., contemplados en los artículos 14 a 29 de la Constitución española, es decir, libertades públicas y dd.hh., además de la protección de la objeción de conciencia.

La propiedad es derecho fundamental pero no está protegido por el amparo. Quedan fuera, también, la seguridad jurídica, los derechos sociales así como principios rectores de la política económica y social.

El recurso de amparo tiene una doble función: una función subjetiva (la preservación y restablecimiento de los dd.ff.) y una función objetiva (la defensa objetiva de la Constitución).

A través del amparo no puede articularse una pretensión impugnatoria directa contra la ley, lo que no excluye que instrumentalmente pueda discutirse su conformidad. Lo que puede  objetarse es el acto de aplicación de la ley.

Uno de los requisitos del amparo es la especificación de la trascendencia de la lesión, sin cuyo cumplimiento se desestima el amparo. El abogado está obligado a especificar el requisito de especial trascendencia constitucional y sin embargo, esto no llega a cumplirse por parte de los profesionales del Derecho en tanto se suele mezclar cuestiones de legalidad y de constitucionalidad. Frente a ello, el Tribunal constantemente realiza una labor de pedagogía, orientando que su competencia es solo respecto de la protección constitucional.

El amparo no puede tener carácter cautelar ni preventivo. Solo cabe cuando se ha producido una lesión. Es una vía de protección de los derechos, pero solo respecto de derechos vulnerados. No se debe confundir esto con la posibilidad de solicitarse medidas cautelares en el curso de un proceso. Por tanto, solo cabe contra lesiones concretas.

El amparo tiene carácter solo subsidiario. Ello impone que previamente a asumir conocimiento de una causa el Tribunal Constitucional, deben haberse agotado todos los pasos previos ceñidos a la vía ordinaria.

Tampoco se pueden plantear cuestiones de legalidad ordinaria, solo de constitucionalidad. Si esto se respetara escrupulosamente, evitaríamos las “guerras de las Cortes”.

Legitimación

El interés legítimo (art. 162.1.b. CE) exige haber sido parte en el proceso judicial. El Tribunal ha interpretado esto de manera sumamente amplia a efectos de que nadie se vea constreñido a demandar.

Existe la posibilidad excepcional de “sucesión procesal”. Están legitimadas, en general, las personas jurídicas. La legitimación está conectada con la titularidad del derecho fundamental en cuestión y con la existencia de interés legítimo. El razonamiento no es tanto si las personas jurídicas pueden recurrir al amparo sino cuál derecho fundamental sustentan como afectado y en qué medida.

En opinión del expositor, el acceso de las personas jurídicas debería ser restringido, siguiéndose la regla del Tribunal Europeo de DD.HH. respecto a que no pueden concurrir personas jurídicas de derecho público.

Se exige firma de abogado para recurrir al amparo.

¿Qué se puede recurrir en amparo constitucional? Prácticamente todo, entre actos administrativos y resoluciones judiciales. La exigencia respecto de actos administrativos es haber agotado previamente la vía judicial.

Por el amparo mixto, se denuncia una vulneración en la vía administrativa y una afectación judicial.

El amparo frente a particulares (Drittwirkung) exige la necesidad de que medie una resolución judicial.

Plazo

El art. 44.2. LOTC fija en 30 días el plazo para interponer el recurso de amparo contra resolución judicial. No se incluyen los días inhábiles.

Agotamiento de la vía judicial

Terminada la vía administrativa, es necesario agotar la vía judicial. Hay 2 excepciones: a) las dilaciones indebidas, causadas por omisiones respecto a lo cual es exigible acreditar se hubiere denunciado previamente; b) las medidas cautelares restrictivas de derechos, en tanto no tendría sentido esperar que acabe el proceso. Solo en estos casos se rompe la excepción a la subsidiariedad del amparo.

Se consideran “prematuros” los recursos planteados contra resoluciones interlocutorias y en general, cuando la vía judicial previa aún no está cerrada.

El incidente de nulidad de actuaciones es un recurso horizontal que es presentado siempre que no se haya podido denunciar antes la lesión. No ha cuajado en España y se le considera, en rigor, una pérdida de tiempo.

El carácter subsidiario del amparo exige: a) agotar la vía judicial; b) invocar la lesión del derecho en la vía judicial. La invocación del derecho es consustancial a la invocación de la vía judicial. Debe haber lealtad institucional en el sentido de que los órganos judiciales deben tener la posibilidad de restablecer por sí mismos el derecho vulnerado.

En España, antes, había que convocar a audiencia, mediante auto, para la denegatoria de un amparo. Desde 1988, el legislador cambió la ley y dispuso la inadmisión mediante providencia. En la práctica se desarrolló una providencia motivada. Incrementada ostensiblemente la carga del Tribunal, se opta hoy por providencias sin motivar y no puede entenderse ello como una vulneración a los derechos por parte del Tribunal Constitucional.

 

La tutela de los derechos fundamentales en Francia

Pierre Subra de Bleusses

Catedrático Derecho Administrativo de la Universidad de París

Presidente del Tribunal Constitucional de Andorra

En Andorra la influencia española ha sido más fuerte que la francesa. Andorra es un país muy pequeño, entre Francia y España, que data del siglo XIII. Tiene dos Jefes de Estado, en propiedad, dos copríncipes: un conde francés y un obispo español.

En Francia no existe el amparo. No ha habido una tradición de justicia constitucional.

“Cualquier sociedad en la cual no se garantizan los derechos, no tiene Constitución”, refiere la Declaración de los Derechos del Ciudadano del 26 de agosto de 1789.

Hasta 1958 no hubo jurisdicción constitucional en Francia. En materia de dd.ff., el papel de defensa de los mismos está a cargo de la jurisdicción ordinaria.

La ley es la expresión de la voluntad general refiere Rousseau. Los revolucionarios franceses eran contrarios a un control de constitucionalidad. En la Ley de 1790, sobre la organización judicial, se establecía que los tribunales no podían impedir ni suspender los derechos del Poder Legislativo.

El Consejo Constitucional de Francia es de 9 miembros: 3 nombrados por el Presidente de la República, 3 por la Asamblea Nacional y 3 por el Presidente de la Cámara del senado.

No se puede pronunciar el Consejo Constitucional sobre la constitucionalidad de las leyes sino sobre los proyectos de ley. Pueden plantear el recurso respectivo solo 4 personas: el Presidente de la República, los Presidentes de cada Asamblea Parlamentaria y el Jefe de Gobierno. Si ninguna de estas personalidades plantea el recurso, no hay acción. Publicada la ley, no se puede interponer acción alguna, salvo la excepción a señalar más adelante respecto a la cuestión prioritaria de constitucionalidad.

En Francia hay una Corte Suprema en lo contencioso- administrativo y una en lo judicial. Se pueden plantear entre ambas problemas de competencia, para lo cual existe un Tribunal.

Si existe una afectación constitucional respecto a un derecho fundamental, ello lo decide la jurisdicción ordinaria. Si la afectación se produce respecto de un acto administrativo, tiene competencia el juez contencioso- administrativo.

El sistema de Vichy se refiere a una ley que señalaba que las decisiones de la Administración no eran susceptibles de ningún recurso. Eso fue validado por el Consejo Constitucional, el cual a su vez estableció como excepción la interposición de un recurso de anulación.

Los referés son los procedimientos de urgencia. Su objeto no es juzgar el fondo del asunto sino evaluar las medidas cautelares. Por ejemplo, se puede recurrir en contra de una denegatoria de licencia  y  pedir la suspensión de una ejecución. Se pone en duda la legalidad de un acto determinado, por vulneración de un interés público. El referé de libertad se refiere a que interpuesta una demanda, el juez puede ordenar las medidas del caso para resguardar la libertad personal, debiendo el juez pronunciarse en el término de 48 horas.

Desde 1958 hasta 1970, el papel de la justicia constitucional en Francia fue nulo respecto a los derechos fundamentales. La IV República- 1946- desapareció con la Constitución de 1958, la cual dio inicio a la V República. Esta última Constitución reafirma los derechos y libertades del hombre, reconocidos por la República. Adquieren un valor superior, al ser calificados de esta forma por el Preámbulo de la Constitución.

La cuestión de si se podía ampliar el rol del juez constitucional, se planteó respecto al artículo 55[1] de la Constitución de Francia, relacionado con los tratados internacionales. El control de conformidad de las leyes respecto a los tratados se orientó a un control de convencionalidad.

Desde enero de 2010 se ha producido una importante modificación: la cuestión prioritaria de constitucionalidad, prevista por el artículo 61 de la Constitución francesa. Según el Consejo Constitucional de Francia, esta figura consiste en que se reconoce a cualquier persona, que sea parte en un proceso o en una instancia, el derecho de afirmar que una disposición legislativa vulnera los derechos y libertades garantizados por la Constitución.

Si se reúnen las condiciones para la admisibilidad de la cuestión, el Consejo Constitucional, a cuyo examen se someterá dicha cuestión mediante remisión del Consejo de Estado y el Tribunal Supremo, deberá pronunciarse y, en su caso, derogar la disposición legislativa.

La cuestión prioritaria de constitucionalidad fue instaurada por la reforma constitucional de 23 de julio de 2008. Antes de la reforma, no era posible impugnar la conformidad con la Constitución de una ley que ya había entrado en vigor.

El taller de la tarde presentó una dinámica de trabajo sobre los rasgos más representativos del amparo en los ordenamientos constitucionales de los países concurrentes.


[1]Constitución1958. Artículo 55

Los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento de su publicación, una autoridad superior a las leyes, a reserva, para cada acuerdo o tratado, de su aplicación por la otra parte.

 

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Procesos de tutela de derechos fundamentales. Montevideo, Uruguay, 25 de julio de 2011.

25 julio, 2011


Montevideo, Uruguay, 25 de julio de 2011. 

Inauguración del evento

Alma Belenguer. Coordinadora de Formación de la AECID.

En el corazón de Montevideo, en la Ciudad Vieja, en el Centro de Formación en Montevideo de la Embajada de España, con un sol radiante que saluda el campeonato de Uruguay en la Copa América, la representante española de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo AECID, Alma Belenguer, dio la bienvenida a los participantes del evento y señaló que la institución ha desarrollado alrededor de 300 actividades en sus 4 Centros de Formación, entre Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; Cartagena de Indias, Colombia; Montevideo, Uruguay y La Antigua, Guatemala, constituyendo estas actividades un aporte genuino en lo que respecta a otras áreas de desarrollo de la Cooperación Española.

Miguel Ángel Montañés. Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional de España.

Dio igualmente la bienvenida a los participantes de los 10 países iberoamericanos aquí reunidos, y aludió  a que el origen de estos seminarios se remonta a las Conferencias Iberoamericanas de Justicia Constitucional, las cuales se previeron cada 2 años. A ellas pertenecen la gran mayoría de los países iberoamericanos. La última fue en Managua, Nicaragua, en 2010, y la próxima será en Cádiz, 2012. En esa última reunión se acordó desarrollar seminarios de formación en distintos países, los cuales han tenido lugar ya en número de 6: Principio de igualdad, en Cartagena, libertad de información y medios de información, en Antigua; Guatemala, entre otros. Desde esta reunión en Uruguay se ha abierto la participación a abogados y profesionales del Derecho vinculados a estas áreas y no solo a representantes de la judicatura.

Con estos seminarios se pretende realizar un punto de encuentro, un intercambio de experiencias, a fin de resolver problemas propios, pues la jurisprudencia de nuestros países siempre guarda puntos en común. Estos seminarios ayudan en esa línea. Nuestro formato, esta vez, será muy particular, en tanto las conferencias solo fijarán líneas generales a fin de desarrollar una visión crítica.

1ra exposición

Modelos de justicia constitucional

Miguel Ángel Montañés Pardo. Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional de España.

Los modelos de justicia constitucional importan un análisis de los procesos de tutela de derechos fundamentales.

Son países con Tribunal Constitucional Andorra, Bolivia, Chile, Colombia, España, Guatemala, Perú y Portugal, y a su turno, son países que desconocen esa creación institucional del constitucionalismo europeo Argentina, Brasil, República Dominicana, México, Panamá, Puerto Rico y Uruguay.

Otros ordenamientos prevén en el seno de sus tribunales supremos una Sala en lo constitucional, entre ellos, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.

Existen modelos en los cuales el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Se trata de jurisdicciones distintas. En otros casos, hay Tribunales que forman parte del Poder Judicial. Los conflictos no se producirían, a juicio del expositor, si las competencias se encontraren mejor definidas.

En los casos de Colombia, Chile y Ecuador,la Corte Suprema participa en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. En todos los países hay control de constitucionalidad. En algunos países, se atribuye en forma exclusiva a la Corte o al Tribunal Supremo (Brasil, México y Uruguay).

En otros países se establece un control difuso, atribuyendo la última instancia ala Corte Suprema(Argentina y Puerto Rico).

En los países donde la Corte Suprema hace un control de constitucionalidad, hay 2 subgrupos: control difuso por los jueces ordinarios (Honduras y Venezuela); en otros, se dota los jueces ordinarios de la posibilidad de plantear cuestiones de inconstitucionalidad (Costa Rica y Nicaragua).

Jurisdicción constitucional y control de normas

En los países con control de constitucionalidad concentrado, el cuestionamiento a la validez de la norma, conlleva la expulsión de ésta  del ordenamiento jurídico y surte efectos erga omnes.

En Andorra y España, si la norma que incurre en vicio de constitucionalidad tiene un rango inferior al de la ley o es anterior ala Constitución, el juez ordinario puede dejar de aplicarla.

Más complejo es el sistema de control mixto. Al tiempo que existe un órgano que efectúa un órgano que efectúa un control abstracto con efectos erga omnes, existe un control difuso y disperso.

¿Existe control preventivo de constitucionalidad  y de normas derogadas? El control se reserva a las normas vigentes y así lo prevén los países. Respecto al control preventivo, la experiencia española ha sido muy negativa. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional preveía que si una norma previa era impugnada, se debía esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara. Esto significaba una presión tremenda para el Tribunal y a que debiera esperarse por períodos largos la entrada en vigencia de algunas leyes de suma importancia. Ello originó que se suspendiera en 1985 el control previo de constitucionalidad, al identificarse impugnaciones con motivaciones políticas. Sin embargo, respecto a las normas estatutarias, existen voces que sugieran se recupere nuevamente el control previo.

Respecto de los conflictos autonómicos en España, una norma regional puede ser suspendida por un número determinado de meses. En estos casos sí existe un margen de conveniencia para este tipo de control. Hay control previo en Chile, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Portugal y Venezuela, entre otros países. En otros casos, el control es excepcional para las reformas constitucionales.

Jurisdicción constitucional y control de resoluciones judiciales

No se prevé semejante función de control en países como Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Uruguay.

En la mayoría de países sí existe esta posibilidad: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico y Venezuela.

El recurso o acción de habeas corpus cumple, también, la función de impugnación de resoluciones judiciales (Bolivia, El Salvador, Honduras y Perú).

Los derechos fundamentales, que son en principio los derechos del ciudadano frente al Estado, también son también denominados “derechos sustantivos”, “garantías individuales” o “derechos legítimos”.

 

Legitimación para impugnar

Junto a las partes, se otorga esta legitimación al Ministerio Fiscal (como se denomina en España) y al Ministerio Público (Andorra, Bolivia, Brasil, Colombia, España y Portugal). En algunos casos también esta legitimado el Defensor del Pueblo (Colombia y España).

Un caso emblemático de legitimación ensanchada en España fue el caso de los presos de la GRAPO (Grupo de Apoyo al 1ro de octubre). El Ministerio Fiscal interpuso un proceso de amparo contra una decisión judicial que prohibía la alimentación forzosa de los huelguistas y el Tribunal Constitucional le dio la razón a los reclamantes, bajo el argumento de que el Estado no podía tolerar que un ser humano se quitara la vida.

 

Efectos de las sentencias constitucionales

Son, entre otros, los siguientes:

  1. La declaración de que se ha vulnerado un derecho;
  2. La anulación de una sentencia o decisión judicial que se recurre;
  3. La reposición al recurrente en la plenitud del derecho que se ha juzgado conculcado, mediante la adopción de medidas que sean necesarias para la conservación del derecho.

Estos efectos no son necesariamente concurrentes.

Es posible sin más la anulación de una resolución judicial. En algunas ocasiones, se ordena la retroacción para que el órgano judicial vuelva a dictar sentencia. Es excepcional que por el propio órgano constitucional se dicte una nueva decisión en el caso.

Reflexiones y conclusiones

Para evitar las “guerras entre las Cortes”, es necesario evitar la invasión de competencias y la mejor forma de realizar ello es la autorestricción por parte de los mismos Tribunales Constitucionales. Un Tribunal no puede sin más realizar la revisión constitucional de una resolución judicial si no es en casos extremos.

Intentar definir la autorestricción es un tema muy complicado. En España,la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional L.O.T.C. señala que al resolverse un amparo, el Tribunal debe respetar los hechos; en segundo lugar, se abstendrá de hacer comentarios.

Una referencia importante a tener en cuenta respecto a este tema es que hay diferencia entre legalidad ordinaria y la legalidad constitucional. Por ésta debemos entender que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución y no le compete efectuar un control de legalidad ordinaria. Esto último es un baremo importante pues el Tribunal debe abstenerse de sustituir a los jueces de la jurisdicción ordinaria en temas de su competencia, en tanto solo le compete efectuar control de legalidad constitucional.

En realidad no fallan en su aplicación los modelos constitucionales sino la aplicación de los modelos.

Taller de trabajo

La justicia constitucional en diversos países

Se invitó a los países a señalar algunos caracteres de la justicia constitucional  en sus sistemas.

Respecto de España, el ponente señaló que la jurisdicción constitucional es bastante joven. Tiene apenas 30 años de existencia. Los efectos han sido positivos, generando inclusive cambios hasta en el lenguaje. Antes se decía “No hay derecho”; hoy esa pauta ha cambiado por la expresión: “Eso es inconstitucional”. Se ha desarrollado una cultura de justicia constitucional, a pesar de las desavenencias entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

En materia de amparo, como aspecto en contra, el Tribunal ha invadido, varias veces, competencias de la jurisdicción ordinaria. Eso no ha sido positivo ni para la justicia ni para los ciudadanos. También lo negativo es la marcada demora en los controles previos de constitucionalidad.

De la misma forma, es más duro el Tribunal Constitucional español con el legislador pasado que con el legislador presente. Son problemáticos, de igual modo, los conflictos autonómicos, al igual que la politización de los conflictos.

Por Perú, los representantes de este país señalaron la relevancia de que exista un Código Procesal Constitucional así como órganos jurisdiccionales autónomos con competencias constitucionales. Es así que existen Salas Superiores y juzgados constitucionales, lo cual es positivo.

Argentina tiene un sistema particular: con jueces federales y estatales. No existe Tribunal Constitucional. No hay especialidad de los jueces en materia constitucional. El control constitucional se encuentra a cargo dela Corte Suprema.  En específico, el control concentrado no ha tenido una gran difusión.

Por Chile, el juez de garantía cumple una función de tutela de los  dd.ff. en materia penal. El amparo es denominado proceso de tutela. El Tribunal Constitucional de Chile, compuesto por 10 miembros, con nombramiento de sus magistrados por 8 años, con mandato renovable cada 4 años, imparte justicia constitucional en última instancia. Este órgano es bastante joven. Existe desde la Constitución de 1980. Críticamente, es necesario decir que se ha convertido en colegislador, pues ha llegado a derogar normas. Es un organismo aún lejano en Chile.

Costa Rica tiene un sistema concentrado. Una Sala Constitucional-la Sala Cuarta-existe desde 1989. Está conformada por 7 magistrados. No puede revisar resoluciones jurisdiccionales. El amparo se puede presentar por derecho propio o por tercera persona. El habeas data aún no está normado pero se comienza a hablar con insistencia de su importancia.

En relación a El Salvador, existe una Ley de Procedimientos Constitucionales. No hay Tribunal Constitucional. El control constitucional lo hace la Corte Suprema, a través de una Sala Constitucional integrada al Poder Judicial, es decir, jueces supremos pueden controlar a jueces supremos. Los conflictos que existen son entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, fundamentalmente. Se puede interponer amparos por violaciones a derechos fundamentales en el ámbito administrativo. Cualquier ciudadano lo puede presentar.

Por México, los amparistas representan una profesión. No hay Tribunal Constitucional. Del control constitucional se ocupa la Suprema Corte de Justicia, integrada por 15 ministros, cuyo cargo dura 10 años. El amparo se puede interponer contra el Estado como contra particulares. Se puede interponer contra cualquier situación.

En Paraguay rige un control concentrado de constitucionalidad desde la Constituciónde 1997.La Constitución de 1992 crea un órgano específico en lo constitucional en la Corte Suprema. Existe la acción de inconstitucionalidad contra leyes, tratados, reglamentos y contra resoluciones judiciales. También existe la consulta de constitucionalidad de los órganos inferiores a la Corte Suprema, así lo prevé la Ley609-95. El amparo existe como garantía de tutela de los dd.ff. Es resuelto por cualquier juez de primera instancia. No existe proceso constitucional contra resoluciones del Poder Judicial.

Respecto a Uruguay, el sistema es difuso. La declaración de inconstitucionalidad se realiza por acción o excepción; por acción, en forma restringida; por excepción, a cargo de cualquier persona. El tema de la independencia judicial es fuerte. Hay una carrera y una Escuela Judicial, desde los jueces de paz. La jurisprudencia no es obligatoria en este país.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus. Improcedencia liminar. Falta de pruebas

22 julio, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

 

EXPEDIENTE: 0322-20011

DEMANDANTE: DEMETRIO LINDO INGA

DEMANDADO: JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA

MATERIA: HABEAS CORPUS

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 14 días del abril de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza, y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Demetrio Lindo Inga contra el auto de fecha 24 de enero de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de habeas corpus; con lo demás que contiene.

 

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de habeas corpus (p.1-5) contra las señoras Juezas del Segundo Juzgado de Familia, Dra. Patricia Vallejos Medina, y del Tercer Juzgado de Familia, Dra. Haydee Larrea Serquen, señalando que las resoluciones emitidas por ambas magistradas, vulneran su derecho al debido proceso, dado que no ha recibido una respuesta justa y razonada sobre los medios de prueba aportados. Agrega que el pago de las liquidaciones señaladas en las resoluciones se torna difícil de cumplir, pues no se ha tenido en cuenta los pagos parciales efectuados por educación y refiere que ha producido un ejercicio abusivo del derecho por parte de la demandante.

El auto apelado (p.27-30) señala que las resoluciones cuestionadas han sido emitidas obedeciendo al resultado de un proceso regular, y por tanto no existe sustento fáctico ni jurídico en la demanda.

La apelación formulada (p. 35-36) indica que ninguna de las instancias judiciales ordinarias se ha pronunciado sobre su derecho a la defensa así como tampoco respecto al ejercicio abusivo que viene ejerciendo la demandante, quien pretende cobrar sumas adicionales de dinero por concepto de alimentos.

 

FUNDAMENTOS

§ Los procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Exigencia de un canon de control

1. Una sentencia sin duda relevante para el trabajo judicial en sede constitucional en el rubro de procesos constitucionales contra resoluciones judiciales, es el caso Apolonia Collca[1], el cual presenta algunos lineamientos jurisprudenciales a destacar, entre ellos, la fijación de un canon para el control constitucional de resoluciones judiciales, a través de los estándares de razonabilidad, coherencia y suficiencia[2], a efectos de que solo después de estos exámenes, podamos advertir si corresponde dejar sin efecto una decisión jurisdiccional que goza de la calidad de cosa juzgada. Esto es sumamente importante pues advirtamos que una sentencia consentida o ejecutoriada,  en un proceso judicial concluido, denota el carácter de res iudicata, esto es, es definitiva

2. Por tanto, una sentencia estimatoria en un proceso constitucional contra resolución judicial firme, debe satisfacer tales exámenes respecto a la demanda, para que se deje sin efecto una decisión judicial ejecutable en todos sus términos. Por tanto, el juez constitucional debe ponderar si la sentencia materia de examen constitucional, deba quedar sin efecto solo después de merituar la razonabilidad, coherencia y suficiencia de la pretensión.

3. En suma, tales estándares resultan útiles para entender la dimensión ex novo de un proceso constitucional contra resoluciones judiciales,  en cuanto  una vez admitida la pretensión, importa fijar un canon de control vía razonabilidad, suficiencia y coherencia de la pretensión. De la misma forma, la tutela de derechos fundamentales no debería resultar restringida en su ámbito de protección, salvo la inconcurrencia de los elementos mínimos que permitan el tránsito del proceso.

 

§ La improcedencia liminar de un proceso constitucional

4. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.

5. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

 

§ Análisis del caso concreto

6. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, no apreciamos una vulneración manifiesta del derecho a la libertad personal en el caso de autos, pues el proceso respecto del cual se interpone el presente proceso, ni presenta graves afectaciones al debido proceso ni de otro lado, denota agravios manifiestos a la tutela procesal efectiva.

7. En efecto, la propia demanda omite aportar elementos de coherencia, razonabilidad y suficiencia, que permitan el tránsito del proceso a un examen de fondo. Entre los aspectos a señalar, es importante precisar que si bien el actor refiere que ha habido pagos de su parte para solventar los gastos de educación de su menor hija y que en vista de que los mismos no han sido tenidos en cuenta en el proceso de alimentos sub litis, lo que a su vez dio origen a que ahora ante la Fiscalía Provincial de Turno, corra una denuncia por la falta de pago de la liquidación por alimentos por S/ 11556.03, de otro lado no resulta convincente que refiera que solo hubiera un acuerdo “verbal” (p. 2) con al demandante para el pago de pensiones, y que al “regreso de (su) viaje”, se hubiere encontrado con la liquidación materia de exigencia.

8. En efecto, si bien existen estos pagos a los que el actor alude como argumento de justificación, la jurisdicción constitucional no puede asumir rol tutelar alguno pues no resulta materializable proteger un acuerdo “verbal” ni tampoco asumir certeza respecto a si hubo afectación al debido proceso en cuanto no sabemos, pues no hay prueba, de si el actor estuvo fuera o no del país, o si bien simplemente se ausentó de esta localidad.

9. En consecuencia, no es apropiado el habeas corpus para el esclarecimiento de esta controversia y liminarmente debe decidirse su improcedencia, sin perjuicio de que el actor haga valer en la vía civil o penal las acreencias que estima deben ser descontadas de sus obligaciones alimenticias, así como prevea que si abona una pensión alimenticia, ella debe constar en un medio de prueba en tanto, la tarea del juez constitucional no puede suplir las carencias manifiestas de las partes respecto a la observancia de los actos formales en el cumplimiento de sus obligaciones.

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 03179-2004-AA/TC

[2] F.J. 23

23. (…) el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias, está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia.

a) Examen de razonabilidad.– Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.

b. Examen de coherencia.– El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio.

c. Examen de suficiencia.– Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Desnaturalización contrato servicio específico. Chofer

21 julio, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 6407-2010

DEMANDANTE: JAIME DELGADO TORRES

DEMANDADO: SUNAT

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 13 días del mes de abril de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Pública de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT contra la sentencia de fecha 18 de octubre de 2010 que DECLARA FUNDADA en parte la demanda de amparo interpuesta por Jaime Delgado Torres y ordena su reincorporación.

ANTECEDENTES

La demanda interpuesta (p. 73-84) alega la vulneración de su derecho fundamental al trabajo, al haberse producido la desnaturalización de sus contratos por servicio específico con la SUNAT, entidad para la cual venía laborando en calidad de chofer desde el 01 de agosto de 2006 hasta el 31 de octubre de 2009, fecha en la cual se extinguió su contrato de trabajo.

La emplazada contesta la demanda (p. 113-141), deduce excepción de incompetencia que es a su vez luego desestimada. Respecto al fondo, señala que la demanda debe ser declarada improcedente pues el vínculo laboral se ha extinguido válidamente.

La sentencia impugnada (p. 208-213) considera como fundamentos centrales que los contratos por servicio específico del actor, se han desnaturalizado  pues no se ha precisado la causa de contratación. En tal sentido, considera que el vínculo laboral del actor se ha convertido en permanente.

La impugnación formulada (p. 273-302) señala que el juez constitucional no debió conocer la presente controversia y que el contrato del actor concluyó sin que mediara renovación alguna. Invoca, igualmente, el criterio de unidad de criterios en los fallos del Poder Judicial, en tanto señala diversas ejecutorias que desestiman demandas similares a la presente controversia.

FUNDAMENTOS

§ La doctrina constitucional y su fuerza vinculante

1. Una cuestión relevante a definir es cuál es el contexto de la doctrina constitucional en la justificación de las decisiones judiciales. Marina Gascón Abellán[1] señala:”Los argumentos que sostienen la justificación externa de la premisa normativa pueden ser de tres tipos: el respeto a la ley (en particular las definiciones legislativas, las leyes interpretativas y los métodos de interpretación), los argumentos de la dogmática y el recurso a los precedentes.”

2. Redefiniendo esta glosa, el respeto a la ley implica el acatamiento de la norma como elemento de solución del conflicto, los argumentos de la dogmática son propiamente la doctrina sobre el conflicto jurídico y el recurso a los precedentes, es la aplicación de la jurisprudencia de los Tribunales y Cortes. Reconstruyendo la cita nuevamente, es posible reinterpretemos estas exigencias de la justificación como un trípode que abarca la inclusión de la justificación en tres niveles conexos: ley, doctrina y jurisprudencia. Podemos inferir, por tanto, que si bien la ausencia de invocación de la doctrina no acarrea la nulidad de una decisión, sí cumple ella un rol relevante en la justificación.

3. La doctrina constitucional, a su turno, representa una construcción que es deducida a partir del artículo VI[2] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, y representa por cierto un efecto de vinculatoriedad para todos los intérpretes constitucionales en la medida que transmite una lectura dinámica de la Constitución desde la óptica del supremo intérprete, quien en última instancia interpreta los postulados de la Carta Fundamental.  La doctrina constitucional, en ese sentido, asume un efecto vinculante que es necesario sea observado por los jueces constitucionales, salvo excepciones determinadas que justifiquen el apartamiento.

§ Análisis del caso concreto

4. En el caso sub judice, estimamos que se produce un efecto de vinculatoriedad de la doctrina constitucional del Tribunal Constitucional en la medida que en un caso similar al de estos actuados[3], se produce una decisión estimatoria del supremo intérprete de la Carta Fundamental.

5. En efecto, en sendos pronunciamientos previos, similares al caso sub judice, fundamentalmente el ponente de esta causa ha venido manteniendo que es necesario apreciar el contexto de los actuados respecto de los contratos de servicio específico, en objetiva referencia al principio de buena fe entre las partes respecto a la firma de un contrato de trabajo, ateniéndose a que debía respetarse los acuerdos de las partes, más aún si se producía la extinción de los contratos por vencimiento del plazo.

6. Sin embargo, si la evolución de la doctrina constitucional se orienta a asumir una tendencia tuitiva del derecho fundamental al trabajo y más aún, dicha posición se convierte en una posición reiterada del Tribunal Constitucional, entonces se configura el supuesto previsto por el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en tanto se producen pronunciamientos similares que no pueden dejar de ser tenidos en cuenta y que deben significar, motivadamente, un cambio de posición jurisprudencial, en regulación de nuestros propios autoprecedentes.

7. Merece nuestra especial atención la ejecutoria arriba señalada y a su vez, para que la doctrina constitucional observe fuerza, aplicabilidad y seguimiento, verificamos que sí se configuran, adicionalmente, pronunciamientos similares en el mismo sentido, cuestionando en rigor que los contratos de servicio específico no vienen siendo celebrados en propiedad por los empleadores con las formalidades que la ley exige[4].  En ese orden de ideas, no se trata de una estimación aislada ni de una posición única del Tribunal Constitucional, sino que la misma viene siendo reiterada, quedando las posiciones contrarias en minoría[5].

8. En consecuencia, en relación al caso concreto, los supuestos de un fallo similar se deben reproducir en la controversia que nos ocupa, pues las labores de chofer, como señala el Tribunal Constitucional, no son permanentes sino se trata de necesidades permanentes o indeterminadas de la entidad, razón por la cual la demanda debe ser estimada. De ello cabe inferir, en rigor, que la emplazada no contrató en la forma debida al actor y que el contrato del mismo, efectivamente de desnaturalizó, situación que conlleva a que vulnerado el derecho al trabajo en su contenido constitucionalmente protegido, procedamos a estimar la demanda, a pesar de nuestras iniciales objeciones, supuestos que deben considerarse superados por la doctrina jurisprudencial del supremo intérprete de la Constitución.

9. De otro lado, si bien la emplazada acompaña diversas ejecutorias a su impugnación, supuesto que estimamos comprensible, de igual forma, debemos atender a que se trata de pronunciamientos solo del Poder Judicial y no así del Tribunal Constitucional y aún cuando estimamos que los jueces constitucionales del Poder Judicial sí gozamos de autonomía e independencia en el ejercicio de nuestra función jurisdiccional, de igual forma debemos tener presente, conforme al artículo 22[6] del Código Procesal Constitucional, que las sentencias constitucionales del Tribunal, deben merecer prevalencia.

10. En el orden de ideas expresado, corresponde confirmar la decisión apelada, modificando el suscrito sus criterios anteriores respecto a las autoreglas respecto a la desestimación de demandas de amparo por vencimiento del plazo del contrato. Queda como regla, en adelante, observar la posición del Tribunal Constitucional respecto a estos tipos de contratos, criterio que se ha convertido en reiterativo.

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia apelada en todos sus extremos. DISPUSO su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] GASCON ABELLÁN, MARINA. Los argumentos de la interpretación. En Razonamiento Jurídico. XII Curso de Ascenso Academia de la Magistratura. p. 70

[2] Código Procesal Constitucional. Artículo Vl.- Control Difuso e Interpretación Constitucional

(…) Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

[3] STC 2101-2010-PA/TC Caso José Colque

4. A fojas 177 y siguientes obran los contratos de trabajo por servicio específico suscritos por las partes, en cuya cláusula primera se establece como causa objetiva de la contratación que “…las partes celebran el presente contrato con la finalidad que “EL CONTRATADO” preste servicios como Manual CHOFER DE CONTROL MOVIL en la OFICINA DE ADMINISTRACION Y ALMACEN /INTENDENCIA REGIONAL TACNA DE LA SUNAT, siendo causa objetiva determinante de su celebración, el aumento temporal de la referida labor”.

5. Al respecto el deber de consignar en el contrato las causas objetivas de la contratación determinante no puede considerarse cumplido en el presente caso, pues el actor no fue contratado para desarrollar un servicio específico de la entidad contratante. Estando a ello este Tribunal considera que en el caso de autos la entidad demandada no cumplió con especificar las causas objetivas determinantes de la contratación, pues de la lectura de las funciones asignadas al demandante se desprende que la actividad para la cual fue contratado no está relacionada con una actividad específica de la entidad, sino más bien con una necesidad permanente o indeterminada de la entidad, siendo que para el caso de necesidades temporales de personal para el desarrollo de una actividad ordinaria correspondía utilizar otra figura contractual como es el contrato de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividad.  En este sentido y teniendo en cuenta que en el caso de autos no se ha consignado el servicio específico que exige la ley para la validez del contrato sujeto a modalidad y además que nuestro sistema tiene preferencia por la contratación laboral a plazo indeterminado, corresponde estimar la demanda en el presente caso y disponer la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando.

[4] Cfr. STC 03384-2010-PA/TC, 00077-2010-PA/TC, 9980-2006–PA/TC, entre otros casos en los cuales se declaran fundadas demandas de amparo por haberse acreditado la vulneración de los derechos al trabajo, al debido proceso y a la adecuada protección contra el despido arbitrario, en relación a contratos de servicio específico, siempre en la idea reiterativa de no fundamentarse la causa objetiva de contratación, así como que la ocupación fijada por el empleador, corresponde a un giro usual de la empresa y no temporal.

[5] Vid STC 0295-2010-PA/TC Voto en minoría del magistrado Ernesto Álvarez Miranda

[6] Código Procesal Constitucional. Artículo 22.- Actuación de Sentencias

(…)Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad.

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Presidencia de Comisión de Capacitación de Magistrados

20 julio, 2011

 

Estimados amigos:

La Sala Plena de Jueces Superiores de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque acaba de concluir hace unos minutos y honroso encargo, a la vez que reto, se nos acaba de delegar con el nombramiento como Presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados.

Esta nueva tarea de gran responsabilidad se une a la Dirección de la Escuela de Formación de Auxiliares que manejamos desde inicios de este año y se nos plantea asumir entonces a cabalidad los temas de capacitación para esta zona del país.

Maduraremos ideas, proyectos y esquemas para el desarrollo de actividades óptimas de capacitación para este bienio 2011-2012. Finalmente el horizonte de nuestro trabajo es señalar puntos de partida para reflexiones, inquietud sobre temas de actualidad y fortalecer nuestra capacidad crítica, y en eso se traduce  nuestro esfuerzo por una institución sólida en preparación académica, lo cual debe redundar, sin más, en impartir de mejor forma y en modo más eficaz, competente y predecible la justicia en Lambayeque.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra   

 

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Revisión judicial de actos administrativos del Ministerio Público

19 julio, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 01071-2010    

DEMANDANTE: ERNESTO MENDOZA PADILLA

DEMANDADO: JOSE RODRIGUEZ ALCALDE

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 11 días del mes de abril de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Ernesto Mendoza Padilla contra la sentencia de fecha 22 de octubre de 2010 que DECLARA INFUNDADA la demanda de amparo interpuesta.

 

ANTECEDENTES 

La demanda interpuesta (p. 7-10) alega la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso, tutela procesal efectiva y acceso a la justicia por haber dispuesto el demandado- Fiscal Superior de la Oficina Desconcentrada del Control Interno del Ministerio Público del Distrito Judicial de Cajamarca-  el archivamiento de una denuncia. 

El Procurador Público del Ministerio Público contesta la demanda (p. 27-41) y solicita que la demanda sea declarada improcedente pues el pedido no se encuentra dentro del ámbito de protección del proceso constitucional de amparo. Acota que el actor pretende que el juez constitucional se convierta en suprainstancia de una denuncia penal. 

La sentencia impugnada (p. 75-76) considera que el emplazado se ha circunscrito a las normas reglamentarias del Ministerio Público y que no se ha vulnerado derecho constitucional alguno. 

La impugnación formulada (p. 80-81) señala que su denuncia fue archivada sin apercibimiento alguno y que por tanto,  no se calificó debidamente su denuncia.

 

FUNDAMENTOS 

§La revisión judicial de los actos administrativos del Ministerio Público 

1. Los actos administrativos del Ministerio Público, expedidos en el ejercicio regular de sus funciones, son susceptibles de revisión jurisdiccional, en aplicación del principio de zonas no exentas de control constitucional, solo si se producen afectaciones ostensibles, manifiestas y elevadas de un derecho fundamental.  

2. En el contexto de una interpretación extensiva del artículo 37 del Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo constituye un mecanismo procesal de tutela de urgencia[1] y satisfactiva, proceso de condena cuyos caracteres para su procedencia son dejar sin efecto el hecho, omisión o amenaza, inminente y directa contra el ejercicio de un derecho constitucional; esto es, siempre que se trate de lograr la reposición del derecho constitucional transgredido o amenazado de manera fáctica, evidente y sin duda alguna, pues éste no es declarativo de derechos, sino que, a través de él, se pueden resarcir aquellos derechos que, estando plena e indubitablemente acreditados, son objeto de trasgresión. 

3. En relación a lo señalado, debe determinarse que las acciones de garantía no proceden contra decisiones emanadas al interior de un procedimiento administrativo regular, como lo es una denuncia ante el órgano de Control Interno del Ministerio Público, constituyendo supuesto de excepción que exista una objetiva afectación de la tutela procesal efectiva o de otros derechos fundamentales, supuestos legitimadores que sí se configuran de presentarse los supuestos establecidos por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional. 

4. Sin embargo, la afectación a sostener, a fin de ser atendida en sede de urgencia, no puede constituir una sola apreciación distinta respecto al modo, forma y fondo en que la denuncia fiscal ha sido resuelta. La exigencia es que se hubiere vulnerado manifiestamente un derecho fundamental. Si las vulneraciones son medias o leves, es decir, si existe convalidación, preclusión u otra forma de validación, ya no es exigible la tutela de urgencia pues habrá que asumir que el Ministerio Público ha resuelto dentro de sus atribuciones regulares.  

5. Entonces, constituye premisa esencial en la verificación de afectación de derechos constitucionales si se han trasgredido, al interior del procedimiento administrativo fiscal, los derechos invocados por el afectado y si se ha producido una sustancial afectación al debido proceso u otros derechos fundamentales en su dimensión sustantiva y adjetiva. 

 

§Análisis del caso concreto 

6. En el caso sub judice, verificados cuidadosamente los medios probatorios aportados y los argumentos expuestos por las partes, corroboramos la premisa de que el juez ha argumentado en modo suficiente su decisión desestimatoria. 

7. En efecto, si el actor no ha cumplido, como sucede en este caso, con ceñirse a las reglas del procedimiento administrativo interno en el curso de su denuncia, no se trata de que se le hubiere denegado justicia, como manifiesta, sino que en forma puntual la falta de cumplimiento de un requerimiento en el proceso propiamente dicho- falta de la firma de abogado-, genera una necesaria respuesta denegatoria de la petición. En rigor, constituye un requisito de procedimiento frente al cual el juez de derechos fundamentales no puede suplir las deficiencias propias de las partes. 

8. En adición a l expresado, no se trata de deslegitimar tampoco una denuncia de parte respecto a la cual sí hay, liminarmente, obligación de investigar. Sin embargo, para que en rigor se active la acción contralora del Ministerio Público, precisamente se exige acreditar el cumplimiento conjunto de requisitos formales y materiales, y entre los primeros existen pautas de procedimiento que observar. A su vez, entre las exigencias materiales, deberá existir un aporte probatorio cuando menos congruente de evidencias consistentes, coherentes y conducentes del accionar funcional del Fiscal denunciado. De lo contrario, se activa sin fundamento suficiente la potestad contralora y solo se congestiona el sistema de verificación administrativa de las obligaciones de los fiscales, en detrimento de casos que sí merecen realmente pronta atención y seguimiento.   

9. Por consiguiente, nos encontramos frente a un contexto que no permite al juez constitucional poder afirmar con certeza que hubo trasgresión manifiesta de los derechos fundamentales denunciados, en tanto para juzgar la legitimidad o ilegitimidad del acto denunciado como vulneratorio, el juez de la Constitución necesita premunirse de elementos de prueba coherentes que le permitan formarse convicción, lo cual no ocurre en la presente demanda. En el orden de ideas expresado, corresponde confirmar la decisión apelada.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia apelada en todos sus extremos; DISPUSO la publicación de esta decisión en el diario oficial El Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] El concepto de urgencia se basa en la propia esencia del amparo cuya sumariedad doctrinaria es manifiesta. Así lo expresa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sostenido: 

“(…) el artículo 25.1 de la Convención es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, como procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos fundamentales. Establece este artículo, igualmente, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley.”( El subrayado es nuestro) VID. Opinión Consultiva OC-9/87, párrafo 23.

 

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Improcedencia liminar contra proceso regular

18 julio, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 01869    

DEMANDANTE: PEDRO BULNES DÍAZ

DEMANDADO: SEGUNDA SALA CIVIL DE LAMBAYEQUE

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

 

RESOLUCIÓN Nro.  

 

En Chiclayo, a los 06 días del mes de abril de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Pedro Bulnes Díaz contra el auto de fecha 19 de julio de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos. 

 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo (p. 18-19) e invoca como fundamento que se han vulnerado sus derechos a la defensa y al debido proceso, al haberse confirmado por parte de los demandados- señores jueces superiores de la Senda Sala Civil de Lambayeque- las resoluciones que ordenan formar el cuaderno de multas e improcedente una apelación interpuesta. 

El auto apelado (p. 18-19) señala que no se aprecia vulneración alguna al debido proceso y declara improcedente la demanda. 

La impugnación formulada (p. 23-25) precisa que el proceso deviene irregular al haberse revocado resoluciones apeladas. 

 

FUNDAMENTOS 

§La improcedencia liminar de un proceso constitucional 

1. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.

2. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales. 

   

§Análisis del caso concreto

3. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, las incidencias de nulidad y diversos actos procesales, con instancias de apelación, configuran espacios de actividad regular de los jueces de la justicia ordinaria respecto a los cuales se impide al juez constitucional volver a revisar los criterios marco adoptados, salvo excepción manifiesta de una vulneración elevada, ostensible y grave al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. 

4. En efecto, nuestra tarea como jueces constitucionales se circunscribe a evaluar la legitimidad o ilegitimidad de los actos denunciados como vulneratorios, debiendo fluir en forma clara el acto de afectación que se denuncia como trasgresor de un derecho fundamental. En esa línea, en un proceso constitucional la afectación o vulneración objeto de denuncia, debe manifestarse de modo directo, manifiesto y evidente, a fin de concederse la tutela de urgencia que los procesos de la libertad garantizan. A contrario, si los actos denunciados carecen de estas últimas condiciones, ya no resulta el proceso constitucional la ratio essendi de la defensa de un derecho fundamental.      

5. En el caso sub judice, no observamos con evidencia manifiesta que derecho fundamental alguno del actor hubiere sido afectado. En efecto, respecto de las resoluciones cuestionadas se aprecia un ejercicio de argumentación cuando menos suficiente, congruente y coherente que a su vez, no revela flanco alguno de viabilidad de un cuestionamiento en sede iusfundamental. 

6. Cierto es que la decisión del órgano cuestionado resulta contraria a los intereses del ahora demandante mas es importante poner de relieve que no cualquier pretensión puede ser objeto de un proceso constitucional de la libertad, sino una que revele que un derecho fundamental ha sido ostensiblemente afectado. En relación al caso que nos ocupa, la pretensión de nulidad del actor así como el cuestionamiento a la multa del caso, han sido desestimados bajo argumentos que cuando menos satisfacen una justificación externa válida de las resoluciones cuestionadas. Y si la respuesta del órgano jurisdiccional fue contraria, ello no amerita necesariamente contrariedad grave respecto a un derecho fundamental. 

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

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