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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Libertad sindical. Carga probatoria

1 agosto, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 031-2011    

DEMANDANTE: SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 25 días del mes de abril de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recursos de apelación interpuestos por: 

  1. Marlyne Sime Balladares, por el Sindicato de Trabajadores de Lambayeque contra la sentencia de fecha 20 de enero de 2011, que DECLARA INFUNDADA la demanda de amparo interpuesta contra la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
  2. Tomás Meza Ponte, contra el auto de fecha 22 de octubre de 2010, que DECLARA INFUNDADA la excepción de incompetencia deducida por la Municipalidad demandada.

 

ANTECEDENTES 

La demanda de los accionantes (p. 76-93) alude a diversas vulneraciones a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la igualdad, en vista de que no se ha permitido el ingreso del Sindicato accionante para la conformación de la Comisión Paritaria del Municipio demandado, así como se le niega representación para fines de intervención en la negociación colectiva. De igual forma, señala que se excluye a sus agremiados en cursos de capacitación. 

La contestación de demanda (p. 119-122) señala que no hay discriminación alguna pues los beneficios de la negociación colectiva son para todos los trabajadores, sin exclusión alguna. De igual forma, señala que sobre los mismos hechos, existe en curso una denuncia penal por abuso de autoridad, al tiempo que se han efectuado idénticos reclamos ante la Zona de Trabajo del Ministerio de Trabajo. 

El Procurador Público de la emplazada deduce excepción de incompetencia (p. 189-192) y precisa que esta litis corresponde al proceso contencioso administrativo. El juez declara infundada la excepción y contra la impugnación, concede apelación con la calidad de diferida.

La sentencia apelada (p. 231-235) desestima la demanda por cuanto no se ha acreditado vulneraciones manifiestas a la libertad sindical, así como por cuanto la negociación colectiva se viene desarrollando con el Sindicato mayoritario. Igualmente refiere que los actos imputados como discriminatorios no han sido probados.

La impugnación formulada por la parte demandante (p. 247-257) precisa que la decisión expedida genera una desprotección al Sindicato reclamante y por otro lado, la demandada viene aplicándole normas públicas que no le corresponden al Sindicato, pues los trabajadores están inmersos en el régimen laboral de la actividad privada. 

 

FUNDAMENTOS 

§  La carga probatoria y los grados de vulneración

1. La vinculación entre la carga de la prueba y los niveles de vulneración de un derecho fundamental es de interrelación trascendente. Atendiendo a que en los procesos constitucionales de urgencia, dada su sumariedad y residualidad, no existe etapa probatoria[1], pues solo se admiten aquellos medios de prueba de inmediata actuación, el juez constitucional deberá evaluar in toto los medios de prueba adjuntos a la demanda, así como, cuando correspondiere, la carga probatoria que aporte la absolución de la pretensión.

2. La razón de no actuar medios de prueba obedece a que existe una pretensión urgente por resolver y de ordenarse la actuación de pruebas, como testimoniales o exhibiciones, el proceso constitucional pierde su sentido de eficacia inmediata y respuesta célere que emblematizan este tipo de pretensiones.

3. En atención a la razón expuesta, la carga probatoria adquiere eficacia directa en el proceso constitucional, en tanto la decisión del juez constitucional ha de basarse en las pruebas directamente aportadas, las cuales deben crear convicción a fin de estimar la pretensión. La convicción, en este caso, debe ser entendida como un juicio mínimo de suficiencia probatoria a efectos de persuadir al juzgador de que existen bases normativas y fácticas para conceder tutela de urgencia.

4. Las bases normativas se asocian en forma directa a la existencia de la vulneración de un derecho fundamental glosado por el ordenamiento jurídico, en tanto derecho explícito o implícito. Este requerimiento procedimental es de relevancia en la medida que suele ocurrir, en ciertas ocasiones, que las pretensiones no son lo suficientemente cautelosas, en definir en qué forma ha sido vulnerado el derecho fundamental cuya afectación se denuncia, resultando insuficiente que se impute la simple violación de un derecho.

5. En efecto, no se trata de satisfacer el requerimiento formal de enunciar simplemente un derecho vulnerado, sino de satisfacer la exigencia material de describir en qué forma se produjo la afectación de ese derecho para que, sobre esa base descriptiva, el juez constitucional pueda determinar, bajo estándares constitucionales, si existe una vulneración manifiesta o si la violación del derecho constitucional no es de entidad grave sino mediana o leve. 

6. Los estándares fácticos, a su vez, exigen la adecuada descripción de los hechos que han configurado, según la pretensión, la vulneración del derecho fundamental afectado. No debemos dejar de lado que en la teoría del acto reclamado, la exigencia de constatación parte de la acreditación de una condición vulneratoria de un derecho constitucional, en la modalidad de comisión u omisión, a fin de que se aplique en modo reparador o preventivo, la tutela de urgencia que es materia de demanda.

7. El acto reclamado denota, entonces, una vinculación estrecha a las circunstancias fácticas del problema a resolver y la exigencia de acreditación de la vulneración, constituye un requerimiento que no puede escapar a la acreditación probatoria. Los hechos del caso determinan, en ese orden de ideas, si la afectación producida es grave, media o leve, y en función a estos niveles el juez constitucional decide el destino de la demanda.     

        

§Análisis del caso concreto

8. Resulta concreto puntualizar que los agravios expresados por la apelante no superan suficientemente el razonamiento de la A-quo, en la medida que debemos coincidir con la juez de fallo en el sentido de que no existe una probanza idónea, adecuada y sólida de los hechos denunciados como vulneratorios de la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la igualdad.

9. En efecto, no identificamos un menoscabo manifiesto de la libertad sindical en cuanto respecto de la acotada denegatoria de representación en la Comisión Paritaria, pues existe normativa administrativa procedimental, a observar, a este respecto. En efecto, el derecho de conformación se sujeta a un íter administrativo al cual los demandantes deben ajustarse y solo una denegatoria de acceso manifiestamente arbitraria, sin razón de ningún orden, puede constituir una agresión ostensible al derecho a la libertad sindical o a la negociación colectiva.  

10. De otro lado, solicita la apelante que cese la vulneración a la negociación colectiva respecto de la resolución 422-2010 (p. 41 y 42), que declara inadmisible el pliego de reclamos 2010-2011. Sin embargo, no ha tenido en cuenta la apelante que precisamente la denegatoria obedece, y ello es justificado en dicha resolución, que la representación corresponde al Sindicato mayoritario, de donde no podemos inferir que se hubiere vulnerado el derecho a la negociación colectiva ni que la entidad demandada no hubiere respetado la actividad sindical de los accionantes. En el mismo sentido, no existe probanza idónea de actos manifiestos de vulneración o de elementos de prueba definitivos que permitan crear convicción sobre estos extremos de la pretensión. 

11. De la misma forma, entendemos que la capacitación laboral resulta ser un tema abierto y no corre en autos instrumento alguno que cuando menos sea referencial de una determinada denegatoria en el sentido de que alguno de los 76 agremiados que conforman el Sindicato demandante, ha resultado excluido de una convocatoria. 

12. En el orden de ideas expuesto, es importante reiteremos que pretensiones como las que discutimos en este proceso, exigen un nivel de probanza activo, suficiente y consistente pues aún cuando no existe etapa probatoria en el proceso constitucional de amparo, sí es exigible que la presentación de recaudos adjuntos a la demanda- léase medios probatorios de una vulneración constitucional- puedan persuadir al juez de la Constitución a efectos de tutelar los derechos cuya vulneración se denuncia. No habiéndose cumplido este requisito, la demanda deviene infundada pues no se ha cumplido la acreditación probatoria que exige la jurisprudencia constitucional. 

13. En relación al auto materia de apelación, corresponde confirmar el mismo, en tanto sí es potestad del juez constitucional verificar la vulneración de derechos vinculados a la libertad sindical, le negociación colectiva y el derecho a la igualdad laboral. 

14. En el caso sub judice, realizado el examen de fondo de las pruebas aportadas, no verificamos que se hubiere alcanzado una probanza suficiente. En tal sentido, es viable pronunciarse sobre el fondo en cuanto se declara infundada la demanda.     

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú,  CONFIRMA la sentencia y auto apelados en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Ley 28237. Código Procesal Constitucional. Artículo 9.- Ausencia de etapa probatoria

En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de las actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso. En este último caso no se requerirá notificación previa.

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