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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus. Libertad de locomoción

2 agosto, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 1272-2011

AGRAVIADO: ANTERO QUIROZ ALACHE

DENUNCIADO: GERENTE DE URBANISMO MUNICIPALIDAD CHICLAYO

MATERIA: HABEAS CORPUS

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 16 días del mes de mayo, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Antero Quiroz Alache contra la sentencia de fecha 19 de octubre de 2010, que declara infundada la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

El recurrente interpone denuncia verbal de habeas corpus (p. 3)  y señala que la Municipalidad Provincial de Chiclayo viene ejecutando obras de saneamiento y pavimentación que afectan el ingreso a su domicilio sito en Fundo La Esperanza, Prolongación Bolognesi, Chiclayo.

Realizadas las investigaciones y constataciones del caso, la A-quo expide sentencia  (p. 98-106) y declara infundada la demanda. Alega que las obras sub judice se vienen ejecutando en un área pública  y que no se han producido actos de afectación al derecho a la libertad de tránsito del actor y su familia, en tanto el domicilio del demandante está a unos 10 metros de la obra, según ha podido constatar.

La apelación formulada por el actor (p. 107-108), indica que no se ha consignado en el Acta que habían montículos de tierra  que impedían su ingreso y que lo consignado en el acta de constatación es falso.

 

FUNDAMENTOS

 § La libertad de locomoción y su desarrollo jurisprudencial

1. El desarrollo jurisprudencial de la libertad de locomoción por parte del Tribunal Constitucional[1] ha considerado, en forma simultánea, la posición de los juicios de restricción de forma explícita e implícita, en tanto no podemos partir de la premisa de que la libertad de locomoción pueda tener la fisonomía de un derecho fundamental absoluto.

2. De la misma forma, es exigible, en todos los casos, y como una tarea de quien formule denuncia por afectación de su derecho a la libertad de locomoción, demostrar, a través de pruebas congruentes, suficientes y pertinentes, que dicho derecho de ius movendi et ambulandi es afectado manifiestamente, es decir, de una manera tal que sea una acción inmediata la tutela urgente por parte de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, encargados de proteger los derechos fundamentales objeto de cuestionamiento.

 

§ Análisis del caso concreto 

3. A juicio de esta Sala de la Constitución y verificados prolijamente los actuados en este proceso, inferimos, a partir del acta de constatación de autos (p. 10), que el actor no ha logrado probar, con suficiencia razonable, la vulneración denunciada en el sentido de estar impedido de ingresar a su domicilio a partir de las obras que desarrolla, frente a su morada, la Gerencia de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

4. En efecto, es necesario determinar, recurriendo a la teoría de las restricciones del habeas corpus, antes acotada[2], que no nos encontramos ante una restricción explícita, por cuanto las obras de urbanismo en beneficio de la ciudadanía, per se no generan un impedimento de locomoción. 

5. De otro lado, tampoco constituye una restricción implícita la acción denunciada, pues no se ha logrado probar, por parte del actor, que efectivamente exista un impedimento de ingreso a su domicilio y en este sentido, el acta de constatación corrobora un inserto material[3] que no ha sido desvirtuado con rigor por el accionante, ni en el momento de la constatación ni en forma posterior, de tal manera que persuada a este Tribunal de que la afectación a su derecho de locomoción es realmente ostensible.

6. En consecuencia, resulta insuficiente el argumento de la apelación (p. 108), referido a que existían montículos de tierra que impedían el ingreso, pues el orden de prelación de la prueba, más aún en procesos constitucionales, es preferente respecto a la verificación inmediata del acto vulneratorio, y si existía realmente una restricción de locomoción, ella se debió plasmar en el acta de verificación, supuesto que no se materializa en el caso de autos. Por consiguiente, debe desestimarse, también, la restricción implícita acotada.   

 

DECISIÓN:  

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia que declara infundada la demanda; y DISPUSO su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 05994-2005-PHC/TC. Caso Centro de Orientación Familiar.   

§ Los alcances genéricos de la libertad de tránsito o derecho de locomoción y la existencia de límites sobre su ejercicio

6.    La libertad de tránsito o derecho de locomoción es, dentro del catálogo de atributos susceptibles de tutela por vía del hábeas corpus, de los más tradicionales. Con este derecho se busca reconocer que todo nacional o extranjero con residencia establecida, pueda circular libremente o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio, y que, en tanto sujetos con capacidad de autodeterminación, tienen la libre opción de disponer cómo o por dónde deciden desplazarse, sea que dicho desplazamiento suponga facultad de ingreso a nuestro Estado, circulación o tránsito dentro de él, o sea que suponga simplemente salida o egreso del país. Dicho atributo, por otra parte, se encuentra también reconocido en los artículos 12 ° y 13° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 22° de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituyéndose en uno de los derechos de mayor implicancia en el ámbito de la libertad personal perteneciente a cada individuo.

7.    Siendo el derecho de tránsito o de locomoción un atributo con amplios alcances, se encuentra, sin embargo, por mandato expreso de la propia Constitución y conforme a los criterios recogidos por los instrumentos internacionales antes referidos, sometido a una serie de límites o restricciones en su ejercicio. Dichas restricciones pueden ser de dos clases, explícitas o implícitas.

8.    Las restricciones calificadas como explícitas se encuentran reconocidas de modo expreso y pueden estar referidas tanto a supuestos de tipo ordinario, como los enunciados por el inciso 11) del artículo 2° de la Constitución (mandato judicial, aplicación de la ley de extranjería o razones de sanidad), como a supuestos de tipo extraordinario (los previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 137° de la Constitución, referidos a los estados de emergencia y de sitio, respectivamente. (…)

13.  Las restricciones implícitas, a diferencia de las explícitas, resultan mucho más complejas en cuanto a su delimitación, aunque no son por ello inexistentes o carentes de base constitucional. Se trata, en tales supuestos, de vincular el derecho reconocido (en este caso, la libertad de tránsito) con otros derechos o bienes constitucionalmente relevantes, a fin de poder determinar, dentro de una técnica de ponderación, cuál de todos ellos es el que, bajo determinadas circunstancias, debe prevalecer. Un caso específico de tales restricciones opera precisamente en los supuestos de preservación de la seguridad ciudadana, en los cuales se admite que, bajo determinados parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, es posible limitar el derecho aquí comentado.

[2] Vid F.J. 8 y 13 de la STC 05994-2005-PHC/TC 

[3]Se deja constancia que la señora juez ha ingresado y salido de la casa del demandante por un camino antes de iniciarse la zanja que colinda  con la Prolongación Bolognesi”

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