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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Procedencia contratos inicio de actividad

3 agosto, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 779-2008

DEMANDANTE: LUCAS GUERRERO CABRERA

DEMANDADO: TELEATENTO DEL PERU Y OTRA

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 25 días del mes de mayo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recursos de apelación interpuestos por: 

  1. Teleatento del Perú S.A.C. contra la sentencia de fecha 11 de enero de 2010, que DECLARA FUNDADA la demanda interpuesta por Lucas Jesús Guerrero Cabrera contra la demandada, ordena la reincorporación del demandante y dispone el pago de las remuneraciones dejadas de percibir.
  2. Telefónica del Perú S.A.A., contra la misma sentencia.

 

ANTECEDENTES 

La demanda interpuesta (p. 67-74) alega la vulneración de los derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso, así como a los principios de causalidad y primacía de la realidad, al haber sido despedido en forma incausada el demandante con fecha 30 de setiembre de 2008, luego de prestar servicios a la demandada desde el año 2004, como Ejecutivo Comercial. Alega que los contratos modales suscritos desde diciembre de 2006 se han desnaturalizado. 

La contestación formulada por la emplazada Teleatento del Perú S.A.C. (p. 97-102) señala que la pretensión debe ser declarada improcedente y que no se ha producido despido incausado alguno. Acota que ella ha cumplido con la normatividad sobre los contratos modales. 

La sentencia impugnada (p. 180-182) declara fundada la demanda y considera como fundamentos centrales que se ha producido una figura de grupos de empresas a efectos de desconocer los beneficios de la parte demandante. Considera, de igual forma, que se ha desnaturalizado la modalidad contractual del actor. 

La apelación formulada por Teleatento del Perú S.A.C (p. 215-224) precisa que no ha existido despido arbitrario y que los contratos modales sucritos, han sido cumplidos, en tanto el cese del actor se produjo por vencimiento de contrato. Acota que la renovación de contrato ha tenido lugar por la rebaja en las ventas de la empresa. 

La impugnación de Telefónica del Perú S.A.A. (p. 247-253) indica que no es parte en el proceso por no haber sido demandada. Manifiesta que es una empresa distinta de la empresa Teleatento del Perú S.A.C. y por tanto, no le asiste responsabilidad de ningún tipo. 

 

FUNDAMENTOS 

§La existencia de un contrato de trabajo  

1. La doctrina laboral ha logrado consenso respecto al reconocimiento de que para la existencia de un contrato de trabajo, se exige la concurrencia de 3 elementos sustantivos: la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración (prestación subordinada de servicios a cambio de una remuneración). La prestación personal involucra una prestación intuito personae, sin categorías de delegación. La subordinación destaca como aspecto esencial el acatamiento de las órdenes del empleador y la remuneración debe tener la naturaleza de una contraprestación por las tareas realizadas.

 

§La existencia de un contrato de trabajo y las restricciones modales 

2. La ley ha asumido que la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado[1] admite las excepciones propias de los contratos modales, esto es, debemos categorizar que la prueba en contrario de un contrato modal, desvirtúa la presunción de una relación laboral indeterminada. 

3. Ahora bien, deviene exigible que los contratos suscritos guarden un mínimo de racionalidad y razonabilidad para su validez o compatibilidad constitucional: racionalidad, en cuanto al cumplimiento de requisitos formales como son la presentación del contrato ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, la observancia de los plazos de contratación, la fijación de una modalidad contractual que regule el ámbito de contratación, entre otros requerimientos de orden procedimental; y de razonabilidad, en lo relacionado al cumplimiento de exigencias materiales, como sucede con la observancia de buena fe entre las partes respecto a la modalidad contractual fijada, el respeto de los derechos del trabajador tanto de entidad legal como constitucional, la interdicción de la arbitrariedad por parte del empleador, entre diversas exigencias de orden material. 

4. Producidas infracciones de dichos requisitos respecto a los contratos y siempre que las mismas sean de naturaleza manifiesta, ostensible y grave, es viable y procedente estimar una demanda en el ámbito de la justicia ordinaria si la afectación concierne a un derecho de naturaleza legal o en el seno de los procesos constitucionales, si la vulneración se circunscribe al contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo o si bien se produce una afectación al núcleo duro de este derecho iusfundamental.     

 

§Análisis del caso concreto 

5. Valorados los medios probatorios aportados en esta litis, estimamos que es necesario someter a análisis la contratación del actor y si en el curso de ella, se ha producido una desnaturalización determinante de la misma en 2 ámbitos relevantes: plazo y cumplimiento de regulaciones administrativas Si en uno de estos niveles hay desnaturalización, podemos asumir con certeza que hay vulneración constitucional del derecho al trabajo. 

6. En efecto, de los contratos a plazo fijo que adjunta el actor, la variante plazo se ha cumplido, atendiendo a que desde el 01 de diciembre de 2006, fecha en que se le contrata por “inicio de actividad” (p. 38), al 30 de setiembre de 2008, fecha en que se extingue la relación de trabajo, no se han cumplido más de 3 años que es el límite de contratación que fija el artículo 57[2] de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral LPCL para esta modalidad de contratación. 

7. Ahora bien, no resulta propio agregar el tiempo de servicios a favor de Telefónica del Perú S.A.A., en la medida que existió con aquella una relación de locación de servicios, la cual se puede verificar de las instrumentales aportadas ( p. 17-37). Para este efecto, extinguida la relación por muto disenso con Telefónica del Perú S.A.A, se produce una relación formal de trabajo con la emplazada Teleatento del Perú S.A.C., la cual es en rigor el plazo que debe ser materia de examen, en la medida que el plazo de locación de servicios se regularizó a una relación contractual modal.  

8. Verificadas las condiciones de plazo, el examen de las regulaciones administrativas, a juicio nuestro, debe considerarse cumplido. En efecto, según se desprende del “contrato de inicio de actividades” inicial (p. 38), corroboramos una causal de contratación que aparece cuando menos suficientemente justificada[3], la cual a su vez cumple el requisito que exige la normatividad administrativa en el sentido de que todo contrato modal debe exponer las razones de la contratación. En el caso de autos, al actor se le contrata como Ejecutivo Comercial para labores en un área en la empresa y tal actividad sí califica con propiedad en la modalidad contractual de incremento de actividad, rubro al que se remite el artículo 57 de la LPCL.   

9. En consecuencia, no podemos calificar que ha habido desnaturalización en tanto no apreciamos una distorsión manifiesta del contrato adjunto para la actividad descrita.

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia apelada, que declara FUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA, DECLARA INFUNDADA la demanda. DISPUSO su publicación en el diario oficial El Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 728 LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL. Artículo 4. 

En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado.

El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley establece. 

[2] Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Artículo 57

El contrato temporal por inicio de una nueva actividad es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador originados por el inicio de una nueva actividad empresarial. Su duración máxima es de tres años. 

Se entiende como nueva actividad, tanto el inicio de la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa.

[3] Primera cláusula: La empresa ha iniciado recientemente nuevas actividades, entre otras, a prestar servicios presenciales de captación y mantenimiento de clientes, y ventas presenciales (no telefónicas) en centros de atención, ya sea para clientes propios o de terceros.

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