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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Excepciones a la improcedencia liminar de un proceso constitucional

10 agosto, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 00533-2011    

DEMANDANTE: MARISOL CRUZ MENDOZA

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 08 días del mes de junio de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Marisol Cruz Mendoza, contra el auto de fecha 21 de febrero de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo (p. 49-55) e invoca como fundamento haber sido despedida incausadamente, con afectación de su derecho al debido proceso, derecho a la defensa y al trabajo. Solicita la reincorporación a su puesto de trabajo como servidora de la demandada.

El auto apelado (p. 56-57) señala que los hechos propuestos en la demanda deberán de ser analizados en la vía contencioso administrativa, conforme al artículo 5 inciso 2 del Código Procesal Constitucional.

La impugnación formulada (p. 59-61) señala que para determinar la vía adecuada para la resolución de su pretensión, se deberá de tener en cuenta el régimen laboral, las normas sustantivas y adjetivas aplicables a dicho régimen, tal como lo señala la sentencia recaída en el expediente N° 206-2005-PA/TC. En tal sentido, corresponde dirimir esta litis en la vía del amparo.

 

FUNDAMENTOS

§ Excepciones a la improcedencia liminar de un proceso constitucional

1. Por regla general, la figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción. 

2. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales. 

3. Sin embargo, en caso el acto denunciado como vulneratorio de un derecho fundamental, justifique la aplicación de los principios pro homine y favor processum, corresponderá que el juez constitucional admita a trámite la demanda, a fin de que, oída la parte emplazada, pueda efectivamente corroborar el juzgador si hubo legitimidad o ilegitimidad respecto del acto que afecta el núcleo duro de un derecho fundamental, o su contenido constitucionalmente protegido, o bien, como define la doctrina alemana[1], el contenido esencial del derecho constitucional cuya tutela se persigue. 

4.  En ese orden de ideas, se justifica como supuesto de excepción a la improcedencia de un proceso constitucional, la necesaria valoración de examen respecto a si se produjeron circunstancias vulneratorias de entidad respecto al derecho fundamental objeto de la pretensión, examen que no puede ser dilucidado en la etapa de postulación de la pretensión sino en un examen de fondo respecto del cual, oídas las partes, el juez constitucional se encuentra exigido para emitir una decisión estimatoria o de desestimación.    

 

§Análisis del caso concreto

5. Analizados los actuados, esta Sala de la Constitución considera, de acuerdo a los actuados aportados (p. 2-47), que existe una justificación de razonabilidad para que la presente litis sea definida en la vía del proceso constitucional de amparo, en tanto la demandante ha adjuntado diversos registros de guardianía respecto a los cuales existe, a criterio nuestro, la necesidad de un emplazamiento a la parte demandada, a efectos de que determine su posición al respecto. 

6. En efecto, la certificación de los documentos adjuntos confieren visos de autenticidad que justifican el esclarecimiento de la controversia en sede constitucional, en tanto debemos asumir, en oposición a lo que señala la A-quo, que no es propia la vía del proceso contencioso administrativo, en tanto no se trata de una servidora pública sujeta a los alcances del régimen laboral público del Estado, sino de una guardiana obrera, siendo su condición, en consecuencia y por excepción, la del régimen laboral de la actividad privada[2]. En consecuencia, se justifica la presente litis en la vía del amparo. 

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA el auto apelado, que declara improcedente la demanda; REFORMÁNDOLO, ORDENA admitir a trámite la demanda.  

Publíquese y notifíquese

  

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Ley Fundamental de Bonn 1949. Artículo 19 [Restricción de los derechos fundamentales]

(1) Cuando de acuerdo con la presente Ley Fundamental un derecho fundamental pueda ser restringido por ley o en virtud de una ley, ésta deberá tener carácter general y no estar limitada al caso individual. Además, la ley deberá mencionar el derecho fundamental indicando el artículo correspondiente.
(2) En ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su contenido esencial.

[2] Ley N. º 27469, modificatoria del artículo 52º de la Ley N. º 23853, en el sentido que los obreros que prestan servicios a las municipalidades, son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

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