Archive for 15 agosto 2011

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Debido proceso administrativo

15 agosto, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NRO.: 973-2010    

DEMANDANTE: PAULA LLUEN VDA DE ELIAS

DEMANDADO: COMITÉ ACCIONISTAS JUBILADOS DE TUMAN  

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 20 días del mes de junio de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Pineda Ríos, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por José Asunción Reyes, abogado de Paula Lluen Vda. de Elías, contra la sentencia de fecha 21 de diciembre de 2010, que declara INFUNDADA la demanda de amparo interpuesta.

 

ANTECEDENTES  

La demanda interpuesta (p. 16-31) alega la vulneración de los derechos al debido proceso administrativo, a la defensa, al acceso a la información, a elegir y ser elegido, y a la igualdad ante la ley,  y pide la nulidad del acto eleccionario realizado el 21 de febrero de 2010, parta elegir ala junta directiva 20010-20102de la Asociación de Accionistas, Jubilados, Viudas y Herederos de Tumán y Anexos. Solicita que en vista de que se ha negado el derecho a sufragar de muchos de los asociados fuera de Tumán, se disponga la realización de nuevas elecciones.

La contestación de demanda (p. 47-64) señala que la recurrente no ha acreditado su condición de socia  así como que no se han probado los hechos denunciados. 

El juez de la causa declara infundada la demanda (p. 71-73) atendiendo fundamentalmente a que los Estatutos no impiden la realización de la elección en una sola localidad como Tumán. 

La impugnación de la demandante (p. 78-82) indica que el juez incurre en error al no haberse considerado los anexos de Tumán, así como consta el hecho de que las elecciones se realizaron en las afueras de la Asociación, situaciones que afectan al debido proceso administrativo.

 

FUNDAMENTOS 

§El debido proceso administrativo  

1. La recepción del debido proceso en nuestra jurisprudencia constitucional[1]se ha orientado no solo por extender su ámbito de derecho continente a los procesos judiciales sino también a los procedimientos administrativos, bajo la justificación de que dicho derecho iusfundamental goza de una vis expansiva que en rigor irradia todo el ordenamiento jurídico y muy en especial, el ámbito de los derechos fundamentales. En ese razonamiento, los procedimientos administrativos no pueden excluir la asimilación a su entorno del debido proceso como mecanismo regulador de los principios que informan la impartición de justicia administrativa.

2. Sin embargo, es importante poner de relieve que siguiendo la regla ad maiore ad minus, si en los procesos judiciales, que implican un ámbito extendido del derecho al debido proceso, los derechos fundamentales que conciernen a dichos procesos, no resultan absolutos y por tanto, no puede aplicarse una regla de uniformidad en el sentido de que cualquier afectación al debido proceso deba tener relevancia constitucional, mutatis mutandis resulta válido sostener que, de igual forma, en el ámbito menos expansivo de los procedimientos administrativos, de igual forma, no cualquier tipo de afectación al debido proceso administrativo, ha de tener contexto iusfundamental. En esa lógica, corresponderá al juez constitucional realizar un examen ad casum, y deberá valorar, en función a la prueba inmediata actuada, si el caso en examen corresponde a una vulneración, manifiesta, ostensible o elevada, situación solo en la cual será propio estimar la demanda.

 

§Análisis del caso concreto

3. Vertidos los argumentos que anteceden para reforzar nuestra decisión, es menester señalar que no nos sentimos persuadidos respecto a afectaciones graves, ostensibles y manifiestas de los derechos fundamentales invocados por la parte demandante. 

4. En efecto, a juicio de esta Sala de la Constitución, constatados los 49 artículos y 2 disposiciones transitorias de los Estatutos presentados (p. 41), no verificamos taxativamente que de lo establecido en tales Estatutos, se desprenda que comprenda una causal de nulidad y consiguiente afectación de derechos fundamentales, que los actos eleccionarios se hayan producido únicamente en Tumán y que al no haberse  producido necesariamente también en los anexos de Tumán, las elecciones sean nulas per se.  

5. Si bien es cierto se podría inferir que tales actos de elección también deban realizarse en los Anexos, propiamente tal premisa es solo eso: una inferencia y por tanto, no representa un criterio obligacional que acarree trascendencia constitucional y que habilite al juez constitucional para un pronunciamiento estimatorio. 

6. Igual argumento debemos seguir respecto a la constatación de que el acto eleccionario tuvo lugar fuera del recinto propio de la Asociación misma en Tumán. Tal hecho no revela una manifestación iusfundamental en tanto, de similar manera, no advertimos una situación ostensiblemente grave (verbigracia: que el acto se hubiere frustrado irrazonablemente). En tal sentido, no hay elementos de juicio, en nuestra valoración, que propicien un pronunciamiento de los jueces constitucionales y por el contrario, asumiendo que los hechos denunciados sí apuntan a revestir una afectación leve a los derechos denunciados, es pertinente que se deje a salvo el derecho de la parte actora y que la misma prevea hacer uso de las vías igualmente satisfactorias que el ordenamiento jurídico permite, excluyéndose la vía constitucional por involucrar ésta solo actos de manifiesta vulneración a un derecho fundamental. En ese orden de ideas, es pertinente revocar la decisión del A-quo.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, REVOCA la sentencia apelada; REFORMÁNDOLA,  DECLARA IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

FIGUEROA GUTARRA

PINEDA RÍOS


[1] STC 2678-2004-AA/TC Caso Rosa Luque

2.  El inciso 3), artículo 139°, de la Constitución Política establece, como principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, la cual no solo se limita a las formalidades propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.  

3. (…) el derecho al debido proceso comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo: el derecho al juez natural –jurisdicción predeterminada por la ley–, de defensa, a la pluralidad de instancias, a los medios de prueba y a un proceso sin dilaciones (…). 

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Valoración de medios probatorios. Aplicación precedente 206-2005-PA/TC

12 agosto, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 057-2011 

DEMANDANTE: ANDERSON MORE TESEN          

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA 

 

En Chiclayo, a los 13 días del mes de junio de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución: 

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Roberto Díaz Sánchez, abogado patrocinador del demandante, contra la sentencia de fecha 02 de marzo de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda.  

 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo (p. 9-22) e invoca como fundamento haber sido despedido ilegalmente, con afectación de sus derechos  constitucionales al trabajo, protección contra el despido arbitrario, a la dignidad de la persona y a la no discriminación. Solicita se deje sin efecto la extinción del vínculo laboral existente con la Municipalidad emplazada, respecto de sus labores como guardián. 

La contestación de la demanda (34-39) incide en la improcedencia de la demanda, toda vez que la constancia de trabajo otorgada al demandante es copia simple y carece de eficacia probatoria. Por tanto, no existe prueba que acredite la relación laboral con la institución demandada.

La sentencia apelada (p. 45-52) señala que los medios aportados por parte del demandante no son suficientes para amparar su acción, toda vez que dichas instrumentales son copias simples.  

La impugnación formulada (p. 56-60) señala que el Juez erradamente considera como elemento constitutivo de la relación laboral la remuneración, siendo lo correcto la subordinación, y que no ha tomado en cuenta la constancia de trabajo legalizada, menos aún los documentos que acreditan el pago de su remuneración.

 

FUNDAMENTOS 

§ La vinculatoriedad del precedente 206-2005-PA/TC

1. Un examen actualizado del precedente vinculante laboral 206-2005-PA/TC, caso Baylón Flores, exige un análisis de su utilidad y eficacia. En definitiva, ha sido útil en cuanto ha permitido una mejor delimitación del amparo laboral, circunscribiéndolo al ámbito fáctico de los despidos incausados, fraudulentos y nulos, derivando a la vía ordinaria laboral, otros tipos de despidos. Ha sido eficaz parcialmente, en cuanto descongestionó la carga laboral en amparo del Tribunal Constitucional pero a su vez derivó al Poder Judicial miles de procesos que debieron conocidos, de no ser por el precedente, por el supremo intérprete de la Ley Fundamental.

2. Dicho precedente fija los ámbitos del amparo en materia laboral[1], y tras algunos años de vigencia del precedente en mención, es importante poner de relieve que no obstante las reglas fijadas en el precedente en comento, algunas preocupaciones han subsistido en tanto la variación de la realidad ha sido mucho más dinámica que la regulación jurisprudencial. A modo de ejemplo, el régimen del Contrato Administrativo de Servicios CAS, previsto por el Decreto Legislativo 1057, una especie de tercer régimen en la actividad laboral pública junto a los regímenes de nombrados por el Decreto Legislativo 276 y un grupo regulado por el régimen laboral de la actividad privada en el propio ámbito del Estado, plantea una serie de interrogantes: ¿serán conocidas las afectaciones constitucionales por la jurisdicción constitucional, o la validación iusfundamental del régimen CAS ( vid STC 002-2010AI/TC cierra toda valoración constitucional del Poder Judicial en este tipo de contratos? Las posiciones son aún encontradas.

3. Es importante anotar que el precedente vinculante en comento fija ciertas reglas generales y la regla material “caso por caso” deja a los jueces en potestad de evaluar cada controversia a la luz del referente constitucional, y más aún, la jurisprudencia constitucional va construyendo las líneas de estándares según casos, en aras de una mejor predictibilidad. Sin embargo, los vacíos de colisiones y conflictos siempre han de persistir, a pesar de los precedentes, por la amplia indeterminación del Derecho como ciencia dinámica.

4. Esto refiere, de la misma forma, una exigencia de permanente necesidad de integración, una característica esencial del Derecho Constitucional, cuyas pautas de dirección, por excelencia, le corresponden al guardián final de la Constitución. En consecuencia, creemos que tales aparentes vacíos deben seguir siendo colmados con las decisiones de los jueces del Poder Judicial, solo a variar en caso que la línea de definición sea modificada por el Tribunal Constitucional.

 

§Análisis del caso concreto

5. Nuestra posición como Sala de Derechos Fundamentales es que la sentencia objeto de impugnación no ha procedido a un examen de exigencia de convicción sobre los medios probatorios aportados, en tanto no ha existido una debida valoración respecto de los medios de prueba aportados (p. 4-8), en tanto es propiamente de los mismos así como de la constancia de trabajo adjunta (p. 55), de donde puede construirse la decisión en el sentido de si corresponde o no merituar lo aportado. 

6. En efecto, aún cuando los medios probatorios presentados no son originales, verificados los folios 4 a 7, relativos a cartas dirigidas por el propio accionante a su empleador, tales instrumentos aportan un nivel muy primario de convicción y en tal sentido, se necesita recurrir a los demás medios aportados, en tanto los instrumentos de parte no necesariamente devienen suficientes. 

7. En cuanto a la constancia de asistencia de personal de folios 7, apreciamos que el actor habría prestado servicios el 08 de agosto de 2010, de  6 p.m. a 6 a.m., y de igual forma, el memorándum de folios 8 lleva la firma y visto bueno del jefe de personal señor Marco Carrasco Mendoza. El sello y firma del jefe de personal aparecen en tal folio sin señales evidentes de adulteración manifiesta. 

8. A lo ya expresado es importante sumar, en referencia  a estos folios examinados, que respecto de la constancia legalizada presentada con la apelación, no existe cuestionamiento activo  o enfático de la demandada respecto a la inautenticidad del documento presentado a esta instancia y que si bien la A-quo ya no ha podido valorar, es importante precisar que el examen de valoración que este Tribunal construye, se justifica válidamente en tanto se trata de analizar si los medios aportados producen o no convicción. A tal efecto, el instrumento presentado como constancia de servicios revela contenido de autenticidad y no podemos desestimar su contenido en tanto se trata de la certificación de una afirmación de parte sobre tiempo de servicios.   

9. En consecuencia, hechos los exámenes de valoración probatoria que en sede constitucional no pueden ser exhaustivos en cuanto a términos de estación probatoria, pues el proceso constitucional involucra una tutela de urgencia, llegamos a determinar que existe un grado de probanza suficiente como para estimar los instrumentos presentados, de tal forma que nos indiquen la existencia de una relación de trabajo entre el accionante y la demandada, vínculo que al haber concluido abruptamente, justifica que el juez constitucional pueda expresar que se ha persuadido, como manifestamos en este acto, respecto de la prueba aportada y por tanto, que corresponde estimar la pretensión. 

10. Importa determinar si esta causa debió derivarse a una vía más lata atendiendo a la posición de la A-quo así como de la demandada. Tal razonamiento es correcto solo prima facie, pues efectivamente, si no hay pruebas taxativamente ciertas, autenticadas o fedateadas, resulta muy difícil arribar a un juicio de valor. Esta Sala debe expresar al respecto 2 atingencias: de un lado, asume que es poco viable pueda el actor presentar medios de prueba ciertos, si no dispone de la facilidad de que tales instrumentos le sean otorgados por la emplazada, aún cuando el mismo los solicite. 

11. De otro lado, el propio precedente vinculante 206-2005-PA/TC autoriza la vía del proceso constitucional cuando el juez constitucional resulta persuadido de que ha habido una afectación constitucional y así fluye de las pruebas aportadas en esta litis. En ese razonamiento, se justifica que nuestro juicio axiológico respecto a la demanda incoada, sí resulte inserto dentro de los supuestos del precedente 206-20005-PA/TC, en tanto en razonamiento de exclusión, sí es determinante la remisión  de una causa a otra vía cuando en propiedad debe derivarse a la vía lata del proceso ordinario laboral la discusión de medios de prueba que de por sí involucran discusión, lo que a su vez exige una controversia de mayor contradicción. 

12. En el caso sub judice, valorados los medios de prueba aportados, y verificado con cuidado el rigor de que los mismos producen un nivel de convicción suficiente para ser estimados en la vía constitucional, nuestra conclusión de relevancia es que estimamos que sí se ha producido una vulneración constitucional respecto del derecho fundamental al trabajo del demandante y por consiguiente, importa estimemos probado el petitorio. En ese orden de ideas, corresponde declarar acreditados los extremos de la pretensión.  

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda; REFORMÁNDOLA, DECLARA FUNDADA la demanda y dispone la reincorporación del actor a sus labores habituales o a otro puesto de similar categoría. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 206-2005-PA/TC Caso Baylón Flores.

7. Los criterios jurisprudenciales establecidos en el caso Eusebio Llanos Huasco, Exp. N. º 976-2001-AA/ para los casos de despidos incausados (en los cuales no exista imputación de causa alguna), fraudulentos y nulos, se mantendrán en esencia. En efecto, si tal como hemos señalado, el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según corresponda, a elección del trabajador, entonces, en caso de que en la vía judicial ordinaria no sea posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, el amparo será la vía idónea para obtener la protección adecuada de los trabajadores del régimen laboral privado, incluida la reposición cuando el despido se funde en los supuestos mencionados.

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Razonamiento Jurídico. Cajamarca, agosto- setiembre 2011. Academia de la Magistratura

11 agosto, 2011

 

Estimados amigos:

 

La Academia de la Magistratura del Perú nos honra nuevamente con una cordial invitacíon para dictar el módulo de Razonamiento Jurídico en el marco del Décimo Quinto Curso del Programa de Formación de Aspirantes PROFA, el cual se ejecutará en su primera fase los días 12 y 13 de agosto de 2011 y en un segundo orden, el 03 de setiembre, en la ciudad de Cajamarca. 

Los cursos de Formación de Aspirantes de la Academia de la Magistratura tienen lugar con  con la participación de abogados candidatos a jueces y fiscales titulares.

Los temarios que abarcaremos en esta primera jornada de 3 sesiones de fin de semana, son:

Primera sesión: Aproximación a la argumentación jurídica, relación entre argumentación, interpretación y motivación. El método de la subsunción. Silogismo jurídico. Diferencia entre regla y principio. Conflicto de reglas y de principios. La ponderación. Teoría absoluta y relativa de los derechos fundamentales Casos de empate en la ponderación. Los casos fáciles y los casos difíciles.
 
Segunda sesión: El ordenamiento jurídico y sus características. Las antinomias. Las lagunas normativas. La integración, criterios de uso de integración.
 
Tercera sesión: La vaguedad y la ambigüedad. El lenguaje de textura abierta. Criterios de solución. Alcances y problemática de la interpretación jurídica. Motivación y justificación. La justificación interna. Justificación lógica formal. Silogismo judicial. Conclusiones deductivas. Casos fáciles. La justificación externa. Casos difíciles. Los problemas de relevancia los problemas de interpretación Problemas de los limites normativos y epistémicos de la valoración de la prueba.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra   

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Excepciones a la improcedencia liminar de un proceso constitucional

10 agosto, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 00533-2011    

DEMANDANTE: MARISOL CRUZ MENDOZA

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 08 días del mes de junio de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Marisol Cruz Mendoza, contra el auto de fecha 21 de febrero de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo (p. 49-55) e invoca como fundamento haber sido despedida incausadamente, con afectación de su derecho al debido proceso, derecho a la defensa y al trabajo. Solicita la reincorporación a su puesto de trabajo como servidora de la demandada.

El auto apelado (p. 56-57) señala que los hechos propuestos en la demanda deberán de ser analizados en la vía contencioso administrativa, conforme al artículo 5 inciso 2 del Código Procesal Constitucional.

La impugnación formulada (p. 59-61) señala que para determinar la vía adecuada para la resolución de su pretensión, se deberá de tener en cuenta el régimen laboral, las normas sustantivas y adjetivas aplicables a dicho régimen, tal como lo señala la sentencia recaída en el expediente N° 206-2005-PA/TC. En tal sentido, corresponde dirimir esta litis en la vía del amparo.

 

FUNDAMENTOS

§ Excepciones a la improcedencia liminar de un proceso constitucional

1. Por regla general, la figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción. 

2. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales. 

3. Sin embargo, en caso el acto denunciado como vulneratorio de un derecho fundamental, justifique la aplicación de los principios pro homine y favor processum, corresponderá que el juez constitucional admita a trámite la demanda, a fin de que, oída la parte emplazada, pueda efectivamente corroborar el juzgador si hubo legitimidad o ilegitimidad respecto del acto que afecta el núcleo duro de un derecho fundamental, o su contenido constitucionalmente protegido, o bien, como define la doctrina alemana[1], el contenido esencial del derecho constitucional cuya tutela se persigue. 

4.  En ese orden de ideas, se justifica como supuesto de excepción a la improcedencia de un proceso constitucional, la necesaria valoración de examen respecto a si se produjeron circunstancias vulneratorias de entidad respecto al derecho fundamental objeto de la pretensión, examen que no puede ser dilucidado en la etapa de postulación de la pretensión sino en un examen de fondo respecto del cual, oídas las partes, el juez constitucional se encuentra exigido para emitir una decisión estimatoria o de desestimación.    

 

§Análisis del caso concreto

5. Analizados los actuados, esta Sala de la Constitución considera, de acuerdo a los actuados aportados (p. 2-47), que existe una justificación de razonabilidad para que la presente litis sea definida en la vía del proceso constitucional de amparo, en tanto la demandante ha adjuntado diversos registros de guardianía respecto a los cuales existe, a criterio nuestro, la necesidad de un emplazamiento a la parte demandada, a efectos de que determine su posición al respecto. 

6. En efecto, la certificación de los documentos adjuntos confieren visos de autenticidad que justifican el esclarecimiento de la controversia en sede constitucional, en tanto debemos asumir, en oposición a lo que señala la A-quo, que no es propia la vía del proceso contencioso administrativo, en tanto no se trata de una servidora pública sujeta a los alcances del régimen laboral público del Estado, sino de una guardiana obrera, siendo su condición, en consecuencia y por excepción, la del régimen laboral de la actividad privada[2]. En consecuencia, se justifica la presente litis en la vía del amparo. 

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA el auto apelado, que declara improcedente la demanda; REFORMÁNDOLO, ORDENA admitir a trámite la demanda.  

Publíquese y notifíquese

  

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Ley Fundamental de Bonn 1949. Artículo 19 [Restricción de los derechos fundamentales]

(1) Cuando de acuerdo con la presente Ley Fundamental un derecho fundamental pueda ser restringido por ley o en virtud de una ley, ésta deberá tener carácter general y no estar limitada al caso individual. Además, la ley deberá mencionar el derecho fundamental indicando el artículo correspondiente.
(2) En ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su contenido esencial.

[2] Ley N. º 27469, modificatoria del artículo 52º de la Ley N. º 23853, en el sentido que los obreros que prestan servicios a las municipalidades, son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Cambio de posición jurisprudencial en Ley de Protección Patrimonial. Prevalencia efectividad de la cosa juzgada

9 agosto, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 5577-2009  

DEMANDANTE: EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A.    

DEMANDADO: JUECES SUPERIORES SALA LABORAL  

MATERIA: PROCESO DE AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 07 días del mes de junio de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recursos de apelación interpuestos por: 

  1. El Procurador Público del Poder Judicial  contra la sentencia de fecha 21 de octubre de 2010, que declara fundada la demanda sobre amparo interpuesta por Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. contra los señores Jueces Superiores de la Sala Laboral de Lambayeque, doctores Lucía Esther Deza Sánchez y Juan de la Cruz Ríos.
  2. Humberto Ramos Martínez, contra la misma sentencia, en su calidad de litisconsorte.

 

ANTECEDENTES 

La pretensión de la demandante (p. 37-51) tiene por objeto se declare inaplicable a la misma la resolución 03, de fecha 24 de julio de 2009, expedida en el proceso 254-1995, sobre reposición, decisión judicial que declara procedente el embargo sobre los bienes de la demandada hasta por la suma de S/ 20,000. 

La contestación de demanda por parte del Procurador (p. 89-94) sustenta la improcedencia de la demanda en tanto el proceso sub litis ha seguido un trámite regular. 

La sentencia impugnada (p. 184-192) considera que efectivamente existe un régimen de protección patrimonial a favor de la demandada y de otro lado, considera que el derecho del actor se hará efectivo una vez venza el plazo de la Ley d Protección Patrimonial. 

La impugnación formulada por el Procurador Público (p. 201-204) refiere que no se ha tenido en cuenta que la impugnada ha sido expedida por un órgano competente en el ámbito de sus facultades y que, de igual forma, no se puede retardar el cumplimiento de sentencias.

 

FUNDAMENTOS

§El cambio de posición jurisprudencial del Tribunal Constitucional y sus implicancias respecto a los jueces del Poder Judicial 

1. La construcción de la jurisprudencia constitucional, ceñida a los derechos fundamentales, representa una exigencia que denota caracteres especiales: de un lado, atiende a la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en cuanto tales, a través de los procesos constitucionales de la libertad; y de otro lado, aspira a consagrar el principio de supremacía normativa de la Constitución, a  través de los procesos de control normativo. En función a ambos parámetros, la jurisprudencia adquiere la connotación de un sistema material de valores que los jueces constitucionales van perfilando en la proyección del Estado constitucional. 

2. En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional representa un efecto de vinculatoriedad para los jueces, en la medida que si se trata de una decisión jurisdiccional del supremo intérprete de la Constitución, en un caso concreto, existen grados de vinculación: el precedente vinculante no permitirá un apartamiento de los jueces, dado su efecto erga omnes, conforme al artículo VII[1] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; la doctrina constitucional o jurisprudencial, sí implicará un grado constructivo de vinculación en tanto se infiere de ella la interpretación de los preceptos y principios que hace el Tribunal Constitucional a partir del artículo VI[2] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; y en tercer lugar, la jurisprudencia constitucional aplicada en las diversas ejecutorias del Tribunal, igualmente sostendrán , en sentido lato, un grado de vinculación, mas si existen posiciones diversas del Tribunal al respecto, entonces los jueces del Poder Judicial se verán exigidos por un ejercicio de argumentación para determinar cuál es el efecto vinculante de las decisiones del Tribunal respecto a un caso que presenta hasta 2 respuestas jurisprudenciales.

 

§ Variación de posición del Tribunal Constitucional en relación a la Ley de Protección Patrimonial en el Perú 

3 .Conforme al artículo 4.1. dela Ley28027, Ley dela Actividad Empresarialdela Industria Azucarera, a partir de la vigencia de referida Ley y por el lapso de doce (12) meses, quedan suspendidas la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y similares sobre los activos de las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tiene participación accionaria y que, a la fecha de entrada en vigencia de la referida Ley, no hayan transferido más del cincuenta por ciento (50%) del capital social ya sea mediante venta de acciones o emisión de nuevas acciones. Los embargos preventivos o definitivos en forma de inscripción sobre los bienes inmuebles o muebles registrables, así como las garantías reales continuarán inscritas pero no podrán ser materia de ejecución. Durante el referido período, los acreedores no podrán iniciar contra las empresas agrarias azucareras ninguno de los procedimientos concursales establecidos enla Ley Nº 27889. En adición a ello y de conformidad con el artículo primero dela Ley N° 28885, publicada el 23 de setiembre de 2006, se amplia hasta el 31 de diciembre de 2008, el plazo establecido en la norma referida.  Asimismo, se establece que las empresas azucareras procederán a presentar ante el Ministerio de Agricultura un Programa de Reflotamiento Empresarial que incluirá un Plan de Inversiones, asimismo un Programa de Reconocimiento y Cronograma de Pagos, según las obligaciones que tienen contraídas con el Estado y con terceros. Por último, quedan suspendidos en el estado en que se encuentren los procesos concursales iniciados después de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº 058- 98. 

4. El plazo de vigencia del régimen de protección patrimonial aludido ha sido prorrogado en varias oportunidades (Leyes N° 28288, 28448, 28662 y 28885) hasta que mediante el artículo 1º de la Ley N° 28885, dicho plazo es ampliado hasta el 31 de diciembre de 2008, plazo este último que a su vez ha sido de nueva prórroga hasta el año 2010. Finalmente, por Ley 29678, se ha producido una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2011. 

5. En la práctica jurisprudencial, la interpretación constitucional respecto a la Ley de Protección Patrimonial aplicada por el Tribunal Constitucional, ha seguido los criterios de la STC 579-2008-PA/TC caso Becerra Leyva[3], cuyos fundamentos jurídicos 33 y 34 desarrollan propiamente la ratio decidendi de esta decisión. Dicha decisión, por mayoría,  establece que no existe afectación constitucional al estimarse prevalente, vía aplicación del principio de proporcionalidad, la Ley de Protección Patrimonial, frente al derecho fundamental a la efectividad de las resoluciones judiciales. 

6. Sin embargo, con la STC 02204-2010-PA/TC, de fecha 03 de mayo de 2011, el Tribunal Constitucional ha manifestado, aunque por mayoría[4], en sendos votos[5], y sin hacer referencia a la Ley 29678, última modificatoria del régimen de Protección Patrimonial, cambiando su posición anterior, respecto a la prevalencia del derecho a la propiedad y al trabajo, por la ponderación del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales.

 

§ Análisis del caso concreto

7. Reviste suma importancia examinar si para el caso sub judice, la nueva posición del Tribunal Constitucional tiene efecto vinculante respecto a la pretensión formulada, siendo la posición de esta Sala afirmativa al respecto en tanto no podemos dejar de lado que se trata de una posición en mayoría por parte del propio Tribunal, interpretación que corrige la anterior posición de prevalencia de los derechos fundamentales contrapuestos, esto es, los derechos a la propiedad y al trabajo, de una parte, y de otra parte, a la efectividad de las resoluciones judiciales. 

8. La nueva posición del Tribunal alude a la necesidad de cumplir con honrar las obligaciones asumidas, confiriéndole jerarquía axiológica móvil al derecho a ejecutar una resolución judicial por sobre la situación patrimonial de las empresas obligadas. Y ciertamente aunque no se hace referencia al contexto de la nueva Ley de prórroga respecto al año 2011, resulta evidente que el argumento determinante de la nueva posición del Tribunal Constitucional, alude al exceso del tiempo en el cumplimiento de la obligación. En tal sentido, la omisión de referencia a la nueva norma, apreciamos, no incidiría de modo taxativo sobre el juicio de valor emitido sino como argumento complementario. 

9. Finalmente, si bien la nueva posición del Tribunal no constituye precedente vinculante ni doctrina jurisprudencial, pues no hay contextos referidos a ello, sí se trata de una relectura constitucional del ejercicio de ponderación de derechos fundamentales, expresados en una mayoría del Tribunal, circunstancia que esta Sala no puede obviar y que a pesar de nuestros fallos anteriores desestimatorios contra acciones tendientes a declarar la inaplicabilidad de las normas de protección patrimonial, ahora nos vemos precisados, dado el nuevo contexto, a reevaluar. 

10. En ese orden de ideas, no resulta atendible la demanda y corresponde declarar infundada la misma.              

 

DECISIÓN

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia apelada, que DECLARA FUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA,  DECLARA INFUNDADA la demanda.  

Publíquese y notifíquese.

 

Ss. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Artículo VII.- Precedente 

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. 

[2] Artículo Vl.- Control Difuso e interpretación constitucional   

(…) Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

[3] STC 579-2008-PA/TC 

“33. (…) tenemos que el grado de realización o satisfacción del objetivo propuesto por el legislador que en este caso, es lograr el desarrollo, reactivación y saneamiento económico y financiero de las empresas agrarias azucareras, así como la promoción del empleo y la disminución de la pobreza, disponiendo para ello la suspensión temporal de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y ejecución de sentencias resulta ser elevado, en la medida que sin dicha medida el objetivo constitucional no sería posible de realizar, en la medida que una empresa cuyos bienes se encuentran próximos a ser ejecutados difícilmente podría conseguir las alianzas económicas necesarias para su reactivación. Esto muestra que con una leve intervención en el ámbito del derecho a la ejecución de las sentencias, se logra por otro lado un grado de satisfacción elevado a favor de los derechos y fines constitucionales a los que busca proteger la medida de protección legal de la industria azucarera en el norte del país. 

34. Cuando es posible establecer de manera racional que una medida de restricción de baja o leve intensidad logra niveles de satisfacción altos o elevados, la conclusión que resulta es que el medio empleado (ley) ha pasado el test de proporcionalidad y debe considerarse que estamos ante una restricción legítima desde la perspectiva constitucional”. 

[4] STC .02204-2010-PA/TC. Caso José Quiroz Aguilar. Fundamento voto Vergara Gotelli y Urviola Hani 

4. (…) consideramos necesario reiterar la posición expresada (…)  respecto a que no puede ampararse el incumplimiento de obligaciones bajo leyes que prorrogan eternamente un plazo, deslegitimando la finalidad para la que inicialmente se adoptó dicha medida. Asimismo cabe mencionar que posteriormente, con fecha 17 de diciembre de 2008 (fecha posterior a la decisión del Tribunal Constitucional en el Exp. N° 00579-2008-PA) se ha emitido la Ley N° 29299, que vuelve a ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2010, lo que ya evidencia una burla con el aval de normatividad que promueve la mentira y el incumplimiento de obligaciones pecuniarias.

[5] STC .02204-2010-PA/TC. Caso José Quiroz Aguilar. Fundamento voto Calle Hayen 

8. (…) es especialmente relevante considerar que en el caso concreto la pretensión deriva de un derecho constitucional de carácter irrenunciable como es la remuneración, derecho que tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador conforme reza el artículo 24º de la Constitución “[e]l trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para el y su familia el bienestar material y espiritual”; además, la ejecución  proviene de una sentencia favorable al trabajador

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El derecho fundamental a la dignidad. Artículo

8 agosto, 2011

 

 

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD 

 

La premisa valorativa representada en el artículo 1[1] de nuestra Constitución, similar en contenido al artículo 1.1[2] de la Ley Fundamental de Bonn, bien puede ser considerada genérica desde el punto de vista argumentativo, y sin embargo, representa la piedra angular del edificio jurídico que hoy representa el Estado constitucional, el cual en términos de Peter Häberle[3], está conformado por elementos como “la dignidad humana como premisa, realizada a partir de la cultura de un pueblo y de los derechos universales de la humanidad, vividos desde la individualidad de ese pueblo, que encuentra su identidad y en tradiciones y experiencias históricas, y su esperanza en los deseos y la voluntad creadora hacia el futuro”.  

En efecto, es común que las controversias jurídicas, con mayor énfasis aún las constitucionales, bien puedan oponer conclusiones argumentativas de principios y la dignidad representa el valor axiológico por excelencia angular en la filosofía del Estado constitucional. Y sin embargo, ¿bastaría la mensura de la dignidad, considerada un Hauptgrundrecht, o derecho fundamental principal, para la prevalencia de este argumento? Notoriamente no, en tanto corresponderá, en un segundo plano de las controversias constitucionales, racionalizar la dimensión de afectación de una vulneración de la dignidad como principio en relación al caso concreto. En efecto, mientras la tarea del defensor apunta a elementos de valoración, elección y decisión, como sostiene Guastini, la tarea del juez apunta a racionalizar la pretensión, es decir, otorgarle una dimensión concreta respecto a la prueba aportada. Sí valora el juez, también, mas cognitivamente. A este efecto, la labor de los jueces constitucionales está representada por un primer margen de acción de racionalización de las pretensiones y en segundo plano, es exigible, si los márgenes de racionalidad no son suficientes, aplicar argumentos de razonabilidad. 

Y a propósito de estas ideas ¿cómo racionalizamos el principio de dignidad de la persona y cuándo aplicamos estándares de razonabilidad? A juicio nuestro, la racionalidad representa una vinculación del juez al sentido de mandato de la norma jurídica en su condición de elemento cuya prestación es “del todo o nada”, esto es, las normas no se cumplen en parte, sino en su totalidad o no se cumplen, de cara a la solución de un caso concreto y de allí que representen  mandatos definitivos. En ese orden ideas, la dignidad como valor será elemento de resolución de una controversia si existe una norma-regla aplicable a su defensa y por cierto, bien puede solucionarse el conflicto en sede ordinaria y de allí que podamos inferir que existe un contenido legal en la estructura de un derecho fundamental. Sin embargo, si el concurso de la norma- regla denota insuficiencia o se configuran vacíos que hay necesidad de colmar, en tal caso deviene necesaria la aplicación de una norma -principio, entendida ésta como un mandato de optimización, el cual se aplica en la medida de lo posible y de la mejor forma dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas, como sostiene Alexy, para solucionar el caso concreto objeto de controversia. 

En consecuencia, de esa forma los conflictos constitucionales, que tienen lugar de cara al principio de dignidad, exigirán la aplicación, cuando una controversia lo justifique, de la ponderación de intereses o en su caso, del principio de proporcionalidad, o bien podrá resolverse aplicando principios de interpretación constitucional, en la lógica de Hesse[4], a efectos de colmar los vacíos que se presenten en la interpretación constitucional, dentro de esa concepción que asimila la teoría de la Constitución como una teoría de la integración.              

Lo antes argüido ubica el principio a la dignidad dentro de la propuesta del principialismo como corriente interpretativa y en rigor, no obstante las críticas de Forsthoff, Habermas y García Amado[5], no hay forma, en nuestra modesta opinión, de ubicar la dignidad dentro de la corriente positivista en tanto la dignidad representa per se un valor axiológico, y no es previsible una identificación silogística de la misma, en el sentido del modus ponens, esto es, vía el uso de las premisas mayor y menor y la conclusión. En consecuencia, reviste suma relevancia identificar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la dignidad, tarea por cierto compleja si partimos de sus características polisémicas. No obstante ello, se trata de afianzar esta norma- principio como un principio fuente de otros derechos fundamentales, al cual estos otros derechos se reconducen finalmente. Y en esencia, sin la identificación del derecho a la dignidad como el ethos y el pathos del Estado constitucional, resulta una tarea inviable el reforzamiento de los demás derechos fundamentales.

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho 

Publicado en JURIDICA 365, El Peruano, 26 de julio de 2011


[1] Constitución 1993. Artículo 1°

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

[2] Ley Fundamental de Bonn. Artículo 1.1.

La dignidad del hombre es intangible. Respetarla y protegerla es la obligación de todo poder público.

[3] HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional. Universidad Nacional Autónoma de México y Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo Editorial. Perú. 2003. p. 1.

[4] HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. 2da. Ed. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales, 1992, pp. 45-47.

[5] GARCIA AMADO, Juan Antonio. El juicio de ponderación y sus partes. Crítica de su escasa relevancia.  Academia de la Magistratura, Décimo primer curso PROFA. Abril 2010.  p. 47-90

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¿Desvinculación del precedente? . Artículo

7 agosto, 2011

 

¿DESVINCULACIÓN DEL PRECEDENTE?

 

La institución del precedente vinculante ha generado una serie de supuestos respecto a su principal característica, es decir, su grado de vinculatoriedad. De un lado, una posición mayoritaria, asumida por el propio Tribunal, refuerza el necesario grado de sujeción del juez respecto al precedente, tendencia a la que se adscribe el Órgano de Control de la Magistratura en nuestro país. 

De otro lado, en la posición de un sector de los jueces, existe la idea de que se afecta la autonomía judicial pues el precedente vinculante representa una imposición de la interpretación del supremo intérprete. Una tercera posición más equilibrada, a la cual nos adscribimos, considera la necesidad de adaptar nuestra interpretación constitucional a la del precedente vinculante, pues finalmente representa la interpretación de la Constitución, y entre las múltiples interpretaciones a construir, es la del Tribunal Constitucional aquella que prevalece. En esta última vertiente, no debemos dejar de lado que se hace necesaria una construcción jurisprudencial de mejora de los contenidos de los derechos fundamentales respecto al precedente vinculante, tarea que es inherente al guardián final de la Constitución que es el propio Tribunal. En ese orden de ideas, creemos que deben tenderse puentes entre el Tribunal Constitucional y los jueces del Poder Judicial para una más efectiva tutela de los derechos fundamentales y si ello implica la progresividad de los derechos constitucionales, es propio fije el Tribunal dichas pautas. 

Sin perjuicio de ello, subsiste el debate en el sentido de si realmente el precedente vinculante de que dispone nuestro sistema jurídico, efectivamente trasgrede las bases histórico conceptuales y de marco teórico del precedente anglosajón, el cual solo por excepción permite el apartamiento, mas finalmente lo permite, a diferencia de nuestro precedente vinculante que excluye la figura de la excepcional justificación.  

Sin perjuicio de lo expuesto, la STC 2317-2010-PA/TC, caso Miguel Cadillo Palomino, presenta una lectura de aplicación de mejor contenido por parte de los jueces del Poder Judicial, lo que supone, dice el propio Tribunal, no el apartamiento del precedente, sino una mejora de sus contenidos. La decisión en comento señala al respecto: 

10. (…) Resulta válido concluir que una aplicación simplemente mecánica o automática de los precedentes vinculantes emitidos por este Tribunal, desprovista de la necesaria consideración de su ratio decidendi y de la interacción de ésta con las peculiaridades del caso concreto, difícilmente sería compatible con la eficacia y utilidad que aquellas decisiones deben ostentar en el Estado Constitucional, así como con la idea de una adecuada protección de los derechos fundamentales. Y es que, como parece evidente, la interpretación del llamado derecho jurisprudencial, lejos de valerse de los clásicos métodos lógico-deductivos propios del derecho legislado, exige incorporar al razonamiento práctico de los jueces aquellas consideraciones o argumentos que sirvieron de base al Tribunal para tomar la decisión finalmente adoptada; ello con el objeto, no de propiciar indebidos apartamientos de la doctrina sentada por este Alto Tribunal, sino de adecuar la aplicación de los mismos a la realidad de los casos concretos, siempre que con ello se favorezca una mayor y más efectiva protección de los derechos fundamentales. 

La idea expresada no deviene, en nuestra opinión, en un apartamiento del precedente vinculante sino en la mejora de los contenidos del caso por parte de los jueces. La interpretación de mejora apunta a que los jueces consideren la base de aplicación del precedente vinculante y no que la interpretación del juez se aparte de la del precedente. 

La diferencia de figuras es muy notoria. El primer caso representa un esfuerzo de progresividad respecto al contenido del precedente vinculante; la segunda, por cierto más riesgosa, tiende a apartarse del contenido y alcances del precedente, en la tesis de hacer prevalecer una interpretación del juez por sobre la del Tribunal Constitucional, situación que llevaría a la eventual inaplicación de las interpretaciones del Tribunal y a que existan distintas interpretaciones, unas de mejor tutela que otras. Al respecto es importante delimitar funciones, roles y competencias: los jueces constitucionales deberían ser autónomos en sus interpretaciones de la Constitución mas nuestro ordenamiento constitucional ha sido delimitado en base a que el Tribunal Constitucional es el órgano que en definitiva, interpreta la Constitución, no resultando el único intérprete pero sí el supremo. Al Tribunal Constitucional se le ha delegado las tareas de control normativo y por su ubicación en el ordenamiento constitucional, es a quien le compete la interpretación final de los derechos fundamentales.   

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho 

Publicado en JURIDICA 363, El Peruano, 12 de julio de 2011

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