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X Congreso de Derecho Constitucional y III Congreso de Derecho Procesal Constitucional. Huancayo, 30 de setiembre de 2011

30 septiembre, 2011

 

 

 

 

X Congreso de Derecho Constitucional y III Congreso de Derecho Procesal Constitucional. Huancayo, 30 de setiembre de 2011


Local: Facultad de Derecho de la UPLA. Ciudad Universitaria. Urb. Chorrillos s/n. Huancayo.

 

Mesa de Trabajo

Constitucionalismo o neoconstitucionalismo e interculturalidad. Reforma constitucional o Asamblea Constituyente.

 

Presidente de Mesa: Pedro Buck (Brasil)

César Landa Arroyo (Perú). Ex presidente del Tribunal Constitucional

Percy La Torre (Perú). Docente UPLA.

 

Primera ponencia

Jhonny Tupayachi Sotomayor. Docente Universidad Católica Santa María de Arequipa, UPSMP y Tecnológica del Perú

Urgente y necesario. Tentativas académicas de reforma constitucional

Los italianos y franceses usan la palabra “revisión” y no “reforma”, este último propio de los países latinoamericanos.“Enmienda” se da en aspectos cuantitativamente pequeños, se busca perfeccionar algunos aspectos de la Constitución. El término “reforma” alude a un contexto mayor.

Las Constituciones, como dice García Belaunde, son “hijas de su tiempo”. Intervienen factores como la coyuntura y la necesidad, esta última propia de factores que explican un no estatismo de los principios de la Carta Fundamental.

Las reformas deben ser parciales. Una reforma integral lleva a desconocer íntegramente la Constitución. Necesariamente debe contemplarse en el texto constitucional el alcance de la reforma. No puede haber límites irrazonables. Uno de los principales límites es el respeto por el marco internacional. La exigencia es observar las obligaciones internacionales del Estado.

De igual forma, es importante el entorno social y cultural. No se puede modificar aquellos elementos parte tradicionales de la cultura constitucional. Las cláusulas pétreas son propias del orden constitucional y resultan inmodificables.

¿Quiénes pueden hacer la reforma? En primer lugar, según Jorge Carpizo, el propio Poder Constituyente. Los controles originarios de la Constitución los encontramos en el modelo americano. En segundo orden, las Cartas prevén sus propios mecanismos de legitimidad para esta iniciativa.

Ahora bien ¿conviene retornar, en ese espíritu de reforma, a la bicameralidad?  Quienes objetan este esquema, alegan la cuestión económica. Sin embargo, debemos apreciar que en un sistema bicameral existe una ronda de reflexión en el debate. Se va a evitar normas con un trasfondo incompatible con la Constitución, como por ejemplo, en el caso Wolfenson. Parlamentariamente, advirtamos, somos un país insuficientemente representado. El número de congresistas responde al número de habitantes. Perú no cumple con un suficiente estándar de representación. En consecuencia, se impone una modificación.

El amparo electoral se da respecto a la defensa de derechos políticos. En nuestro país aún no se puede aplicar pues no está suficientemente regulado como tema. En nuestro caso, existe un mecanismo de doble instancia y sin embargo, su competencia tiene lugar solo respecto a la justicia electoral.  El amparo electoral, importante es precisarlo, no puede modificar el calendario electoral. Así lo señala el caso Lizana Puelles, emblemático de la jurisprudencia constitucional.

 

Segunda ponencia

Pedro Grández Castro. Docente UNMSM.

Neoconstitucionalismo y tópica jurídica.

Tengo un trabajo de la profesora Susana Pozzolo, quien es autora del término neoconstitucionalismo. Llamó a su estudio:“Neoconstitucionalismo y positivismo jurídico”, y su libro data de 2001, Torino. Otra referencia conocida es de Andrea Mateucci, denominada “Constitucionalismo y positivismo jurídico”. Otro que aborda el tema es: “Constitucionalismo vs. positivismo jurídico” de Prieto Sanchís.

Se acercan todas estas ideas a las labores de los Tribunales Constitucionales, en razón de que no llegan a calzar los alcances del constitucionalismo para una explicación del fenómeno de la justicia constitucional. Luigi Ferrajoli cuestiona este término, según él, por su falta de rigurosidad.

Son manifestaciones del neoconstitucionalismo identificarlo:

–         Como modelo de organización y limitación de todo poder;

–         Como una práctica del Derecho de los sistemas constitucionalizados

–         Como una teoría descriptiva de esa práctica.

En el esquema de Montesquieu, es el juez quien resulta anulado, pues le debe su sujeción a la ley. En “El Federalista” hay importantes referencias a Montesquieu. Se juntan 2 tipos de constitucionalismo: de alguna forma, el parlamentarismo según el cual la ley es la ley. El artículo 16 de la Declaración francesa ya señala que si una sociedad no protege libertades, carece de Constitución. Los franceses creían que el legislador era quien garantizaba los derechos.

Hamilton consideraba que la legislación era obra del pueblo. Pará el, si hay contradicción entre lo que decía el mandante y el mandatario, era lógico que se impusiera lo que dijera la Constitución. En el paper 78 de “El Federalista”, según Hamilton, el trabajo de decisión final le corresponde al juez pues si había contradicciones del legislador, era el juez quien debía establecer lo constitucionalmente viable.

Hörst Dippel recoge varios principios: gobierno controlado, elección popular, supremacía constitucional, rigidez constitucional, derechos inalienables anteriores al gobierno y control judicial de los actos de gobierno. Estos principios resumen la tendencia política del neoconstitucionalismo.

Hay un artículo muy bueno de Cappelletti, el gran comparatista italiano: “Renegar de Montesquieu…”, y refiere que Europa opta, tras la Segunda Guerra mundial, por impulsar los Tribunales Constitucionales. Para Europa tenía sentido este término “neo”, el cual trastoca totalmente la idea de cómo se crean las normas.

De un debate entre Dworkin y Hart,  debe extraerse que el derecho válido es aquel instaurado por la autoridad competente, siguiendo un procedimiento pre establecido. Dworkin refiere que hay derechos a través de otros procedimientos, a través de un procedimiento discursivo racional, no en la forma de la regla del reconocimiento que prevé Hart. Dworkin señala que hay procedimientos que provienen de la razón. “Autorictas non veritas, facit legem”, es decir,  es la autoridad y no la verdad, quien hace el derecho. Hoy el neoconstitucionalismo es una reacción a las prácticas formalistas. El juez se ha vuelto una especie de tamiz que racionaliza los procedimientos normativos. Algunos creen que el neoconstitucionalismo representa una forma de crisis para la racionalidad legislativa.

La pregunta crucial de los opositores hacia el neoconstitucionalismo es por qué los jueces invalidan lo que la mayoría ha decidido, validada por la decisión del legislador.

Hoy el positivismo ya no describe los derechos fundamentales. Hoy el derecho es argumentación y no procedimientos formales normativos. Hoy hay procedimientos dialógicos.

La pluralidad es una ventana de ingreso al Derecho. Hoy planteamos una concepción nueva de qué es el Derecho. Ya Häberle, al plantear una idea de intérpretes abiertos de la Constitución, refiere una idea de pluralidad.

 

Alcides Chamorro Balvín. Docente UPLA

Fundamentos del neoconstitucionalismo

Commanducci considera 3 tipos de neoconstitucionalismo: teórico, el cual explica los alcances de un texto constitucional.; ideológico, el cual recusa  y cuestiona el positivismo ideológico; y metodológico, que sostiene la tesis de la vinculación necesaria entre el Derecho y la Moral.

Sosa Saavedra considera que el neoconstitucionalismo entrega la defensa jurídica al juez. De otro lado, lo identifica como un constitucionalismo contemporáneo. Finalmente, hay un neoconstitucionalismo ideologizado.

El neoconstitucionalismo se caracteriza por la incorporación de los elementos materiales en la Constitución, adquiriendo ésta fuerza normativa. Ya no es solo un documento normativo.

Se habla de un control constitucional de la ley así como que el viejo Estado de Derecho y de racionalidad jurídica, ha dejado de ser un paradigma para dar paso al Estado constitucional.

El eje central del neoconstitucionalismo lo constituyen los derechos fundamentales. Un ejemplo de ello es la Constitución de la Cuarta República Francesa, la cual desarrolla el concepto de estos derechos. Igualmente, hay una internacionalización de los derechos

Otro carácter es la prevalencia de los principios sobre las reglas, al tiempo que el empleo de la técnica de la ponderación en desmedro de la subsunción.

 

Gustavo Gutiérrez Ticse. Docente Universidad San Martín de Porres.

¿Reforma constitucional o Asamblea Constituyente? El paradójico caso de la Constitución de 1993.

Lowenstein nos plantea una tipología de Constituciones que nos trae a un debate muy actual: ¿cuál tipo de Constitución es la que hoy nos regula, la Carta de 1993? La cuestión es propicia pues hoy hay un debate centrado en si se regresa a la Constitución de 1993.

Según Valentín Paniagua es una Constitución semántica. La Carta del 93 trae instituciones importantes. Por ejemplo, regula la reelección presidencial en posición contraria a nuestra tradición constitucional. Adicionalmente, trae instituciones novísimas como el habeas data para una mejor protección del derecho fundamental a la información pública. Se instauró un modelo parlamentario único, lo que identifica un esquema ciertamente autoritario.

Señala el ponente que no concuerda con la idea de que la Carta del 93 sea semántica. En segundo lugar plantea ¿es normativa? Señala que sí pues regula la vida de la Nación. No obstante ello, todas las Constituciones peruanas han sido ilegítimas en su origen.

 

El Presidente de la Mesa de Honor invitó al Dr. César Landa Arroyo a desarrollar algunos comentarios. Señaló el Dr. Landa que estas 3 últimas décadas han sido importantes en transformaciones constitucionales, pues se ha dejado de lado la concepción de un Estado de Derecho tradicional, y hoy existen matices atados a un principio jurídico democrático que ha irradiado a todos los ámbitos del Estado constitucional.

Hoy el Parlamento se ha redimensionado, ya no solo tenemos en cuenta solo lo que dice la ley. Ya no solo hay fuerza política de la Constitución sino hay una fuerza normativa de la Carta Fundamental. Muchas áreas terminan revisándose y en ellas la justicia constitucional asigna otro ámbito de interpretación.  Por ejemplo, la sevicia como causal de divorcio hoy debe ser examinada de acuerdo a valores culturales, con lo cual se modifica la norma.

Se ha generado un proceso de “sobreconstitucionalización” pues todo hay que definirlo desde un ámbito constitucional. Se trata de un proceso de reafirmación de la Constitución. Y es cierto, de igual forma, que hay que mantener la reserva de jurisdicción, de reserva legislativa, a efectos de no generar un constitucionalismo que no otorgue predictibilidad. Se hace exigible la certeza para que la delimitación jurídica se haga con justicia.

Son 2 los procesos que han ayudado para la consolidación de esta reafirmación: el proceso de inconstitucionalidad y el de amparo. De alguna forma, se debe examinar la idea de Hart, de entender como una pesadilla el rol activo de los jueces constitucionales así como un noble sueño de que el juez solo se limite a lo que establece la aplicación de la norma.

En un sistema de fuentes del derecho, reconstitucionalizado, lo que señale un Tribunal ha de implicar una forma de regulación de la norma, pero no en la forma como lo hace el legislador sino a través de la interpretación de la Constitución. Las sentencias constitucionales adquieren una fuerza de punta de lanza pues exigen que las leyes sean conformes con la Constitución. Por ejemplo, el TC aplicó una vacatio sententiae en la STC 010-2002-AI/TC, respecto a la legislación antiterrorista, pues por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se estableció la necesidad de derogar dicha legislación. Prudentemente, no se dejó en libertad a los presos por terrorismo, quienes podían en teoría salir libres si no había ley que los sancionara. El Tribunal fue prudente en cuanto a señalar un plazo durante el cual la sentencia no se podía ejecutar, a fin de salvaguardar los valores del Estado constitucional y permitir que la justicia ordinaria pudiera llevar adelante dichos juzgamientos, esta vez bajo reglas democráticas.

Los órganos constitucionales, entonces, deben adecuar sus actuaciones de acuerdo a la Carta Fundamental, a fin no incurrir en excesos. De esa forma, el Tribunal no se deslegitima.

“Cuando hay demasiados derechos, hay demasiado injusticia” decía Cicerón. Entonces el Tribunal no puede sobredimensionarse en los valores que trata de proteger. “Hágase la justicia y que caiga el mundo” dice otro brocardo que no es propio para el caso del Tribunal. Es importante señalar que un Tribunal se valida por la legitimidad de sus resoluciones. En forma contraria varios habeas corpus en los últimos años han sido contrarios a lo que planteamos. Por ejemplo, el caso El Frontón significó una argumentación en contrario respecto a 2 sentencias importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Son otras sentencias cuestionables, por ejemplo, el no cobro de las tasas por servicios de agua, al igual que el caso de los aranceles del cemento.

“El juez debe ser un caballero y en todo caso, si sabe un poco de Derecho, mejor” decía el Lord justice Lyndhurst. El neoconstitucionalismo plantea entonces el cambio de una Constitución, le imprime una dinámica a sus fundamentos.

 

Felipe Ochoa Díaz. Docente UPLA

El neoconstitucionalismo y su vigencia.

El “global law” hoy impone obligaciones de entidad mayor.  El Derecho Constitucional tiene una eficacia hoy exigible en la protección de los derechos humanos. Nos genera un nuevo elemento esencial para solidarizarnos con estas nuevas connotaciones de los derechos. Por ejemplo, el terremoto en Japón y su amenaza nuclear ya no implica solo un riesgo para Japón sino para la humanidad toda.

La preocupación del mundo hoy se traslada a los nuevos derechos, aunque no se logra estándares de solidaridad  idóneos. Si no hay derechos sin libertad ni libertad sin derechos, entonces las exigencias del “global law” son mayores en tanto las poblaciones viven en situaciones de dicotomías: sus derechos son exigidos pero no siempre respetados.

Si vemos, por ejemplo, a África con tantos problemas, la cuestión es en qué medida el Derecho se aplica con justicia y cuánto aporta el neoconstitucionalismo para una verdadera protección de los derechos fundamentales. Nos plantea qué está pasando en la realidad en que nos movemos.

 

El Presidente de Mesa, Pedro Buck, hizo referencia a que en Brasil se suele distinguir entre conceptólogos y pragmáticos, y que él se incluye en este segundo grupo.  Acota que considera que el neoconstitucionalismo tiene un valor metodológico. La Constitución de EE.UU., de 1776, en su criterio, se podría hasta llamar una Constitución terrorista, pues rompió con el orden constitucional de entonces. Sin embargo, hay que atender a los valores de otros derechos para asumir que no fue así. La Constitución de 1787 tampoco respetó los parámetros constitucionales de entonces. ¿Fue por ello, consecuentemente, producto de un golpe de Estado? Estima que no se puede llegar a esa conclusión.

 

Otras mesas conformadas en forma simultánea:

–         Régimen político. Responsabilidad del Presidente de la República. Unicameralismo o bicameralismo parlamentario.

–         Retos de la enseñanza del Derecho Constitucional y del Derecho Procesal constitucional.

–         Mesa de ponencias estudiantiles.

–         Mesa de egresados.

 

Tarde

 

Enrique Pestana Uribe. Docente Academia de la Magistratura.

Constitucionalidad de las restricciones a las libertades personales en las instituciones y locales abiertos al público.

Hoy el uso de las tecnologías ha facilitado la vida de todos los ciudadanos, lo cual implica una forma de libertad. Sin embargo, esa libertad se restringe cuando, por ejemplo, ingresamos a una entidad bancaria, en donde queda restringida ese tipo de comunicación. Igualmente la restricción se extiende al uso de gorros. En entidades como SUNARP o SUNAD, en la misma línea, tampoco se permite el uso de celular a pesar de que allí no se hace transacciones de dinero.

En consecuencia, hay una protección constitucional de los derechos fundamentales, con una doble dimensión: subjetiva, pues se pueden hacer valer en determinadas circunstancias específicas por parte de los ciudadanos; y objetiva, en razón de que existen principios y valores en juego protegidos por la Constitución.

Entonces, los derechos fundamentales protegen una serie de libertades públicas y entre ellas, tenemos la libertad de expresión, de comunicación y el libre desarrollo de la personalidad. Por ello, tiene interés determinar en qué formas se pueden producir esas restricciones, debiéndose distinguir entre el derecho fundamental per se y el ejercicio de ese derecho fundamental.

La limitación, sin embargo, tiene igualmente límites pues no se pueden restringir determinados derechos como, por ejemplo, la libertad de conciencia. Hay límites directos e indirectos, es decir, se admiten limitaciones pero se remiten a la ley para su determinación.

Los límites explícitos constan en forma indubitable en el texto constitucional, y los implícitos, tienen lugar cuando se tienen que deducir del derecho o la libertad en juego, cuando se tiene que ponderar entre los derechos, pues debe permitirse que otros derechos subsistan. Es muy complejo, por cierto, determinar cuándo se producen los límites a un derecho fundamental.

Los tratados de derechos humanos remiten a otros catálogos de valor pues hoy es imposible leer la Constitución sin el concurso de los instrumentos internacionales.

¿Qué es lo que está en juego al restringirse determinadas libertades? Se exige un concurso de ponderación para esta determinación. Tendríamos, en determinados casos, que recurrir a la jurisprudencia, aplicándose, de ser el caso, el principio de proporcionalidad. Le compete asumir la mayor carga en cuanto a la protección, por ejemplo, ¿a los clientes o a la institución, en una entidad bancaria? En la misma línea de análisis, ¿debe restringirse el derecho a fumar o es una medida restrictiva? Entran en juego, entonces, los exámenes de idoneidad, es decir, la consecución de un fin legítimo; de necesidad, es decir, toda medida debe ser la más benigna en relación con el derecho constitucional en juego; y de ponderación.

 

Fabián Luis Riquert (Argentina) Universidad Nacional de Mar del Plata.

Habeas corpus colectivo y sentencias exhortativas

El tema de  mi trabajo tiene que ver con la realidad argentina, la cual remite a un Estado Federal. Podemos referir 3 fuentes de la superficie del Derecho Procesal Constitucional: restringida (Sagües), intermedia (García  Belaunde, y amplia (Gozaini).

Las decisiones constitucionales antes eran un tanto más sencillas: la solución frente a la controversia constitucional era de orden blanco o negro, por denominarlo de una forma sencilla. Hoy, sin embargo, las sentencias exhortativas constituyen un tipo de sentencias atípicas, que rompen los esquemas anteriores.

En Argentina hay relaciones de orden clásico entre el Estado y las Provincias. Téngase en cuenta que hay un sistema federal que proporciona determinados criterios especiales. Hay una cláusula federal que parte de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, muy criticada, por cierto, por Fix Zamudio.

Tienen lugar, en este examen, igualmente algunas asimetrías, como, por ejemplo, las dificultades que presenta aún el control constitucional difuso así como la violación del derecho a la igualdad. De la misma forma, la legislación procesal que corresponde a las provincias no presenta uniformidad. A su vez, el control de convencionalidad aún está en proceso de implementación pues los criterios de las Cortes no coinciden aún plenamente con las decisiones de la Corte IDH.

El habeas corpus colectivo responde a una situación de evitar que se deba interponer habeas corpus individuales. Se trata de imponer una mayor protección del derecho a la libertad individual. Se procura seguir estándares de mayor celeridad.

 

Mary Elena Vilcapoma Salas. Docente UPLA.

Perspectivas del recurso de agravio constitucional.

En estos últimos años el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecto al recurso de agravio constitucional, ha sido de interés en la medida que se ha habilitado el conocimiento de sentencias estimatorias.

Constitucionalmente, el conocimiento del recurso de agravio constitucional solo tiene lugar respecto de sentencias denegatorias. Infraconstitucionalmente, el Código Procesal Constitucional ha seguido la misma línea interpretativa. Sin embargo, a través de la jurisprudencia constitucional se ha habilitado el conocimiento de sentencias estimatorias. Así lo expresa la STC 04853-2004-AA/TC, caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad, la cual crea el conocimiento del recurso de agravio constitucional por parte del Tribunal respecto a sentencias de segundo grado que desconocieran precedentes vinculantes del supremo intérprete de la Constitución.

A criterio de la ponente, se forzó la interpretación mas ello era necesario a fin de tutelar la supremacía normativa de la Constitución.

En el caso El Frontón, el Tribunal se aparta de este precedente con la salvedad del voto del magistrado Landa Arroyo. Posteriormente, la STC 3908-2007, caso PROVIAS, logra derogar el precedente vinculante 4853-2004-AA/TC. Nuevamente Landa Arroyo expresa una opinión en contrario.

 

Edwin Figueroa Gutarra. Juez Superior Sala Constitucional de Lambayeque y docente UPSMP

Estado y Derechos Humanos.

La relación entre Estado y Derechos Humanos ha generado, a inicios del siglo XXI, una simbiosis indisoluble que a su vez nos lleva a diversos planos de reflexiones. Un primer escenario se refiere a qué tipo de Estado es aquel en el cual los derechos humanos logran un tipo de realización tangible; y un segundo esquema de reflexión, de suyo relevante, se vincula a cuál es el nivel de realización de los derechos humanos en el plano interamericano, qué se ha alcanzado y cuál es su nivel de trascendencia con relación a los derechos fundamentales de las personas, en directa relación con los estándares que deben manejar los Estados por una defensa permanente de los derechos humanos en un contexto en el cual la progresividad de estos derechos significa que no son viables restricciones ni retrocesos respecto a los mismos.

La presente ponencia aspira a desarrollar ítems de vinculación en la perspectiva de que los derechos humanos pueden lograr un desarrollo sustantivo sobre la base de un Estado de Derecho en el cual la observancia por los derechos humanos no solo se constituya en una legítima aspiración de los ciudadanos, sino en el cual, en la perspectiva de los valores axiológicos, morales y éticos que caracterizan a los derechos humanos, podamos formarnos una visión de lo tangible que resulta estandarizar las pautas de defensa de estos derechos.

Una idea previa a establecer es la diferencia de orden no taxativo entre derechos humanos y derechos fundamentales, la misma que para Fabian Novak, no es absoluta y por el contrario, ambos conceptos se acercan a las ideas de “derechos naturales”, “derechos morales”, “derechos innatos”, “derechos individuales”, “derechos del hombre, del ciudadano y del trabajador”, “derechos públicos subjetivos”, libertades fundamentales”, “libertades públicas”, entre otros. No se trata, como observamos, de categorías excluyentes sino por el contrario, de suyo complementarias. El derecho a la vida, por ejemplo, es considerado un derecho fundamental en el escenario de la justicia constitucional de los Estados. Sin embargo, la denominación del derecho a la vida como derecho fundamental, en caso la pretensión de una persona natural trascienda al plano del sistema interamericano de justicia, recibe la categorización de derecho humano, lo cual no es sino una relación de correspondencia con la cláusula de derechos humanos que enuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, sistema ante el cual solo pueden ser llevadas causas que involucren la responsabilidad de los Estados y no así la de las personas naturales. Esta diferencia en términos de legitimidad pasiva para obrar es determinante, pues una controversia entre particulares no podrá ser conocida contenciosamente por el sistema interamericano de justicia, a menos que exista taxativa responsabilidad de un Estado en un conflicto determinado.

En relación al concepto de Estado, creemos conveniente, de igual forma, fijar reflexiones de concepto respecto al tipo de Estado que hoy debería servir de barómetro para una defensa plena de los derechos fundamentales y a efectos de establecer esa medición, conviene fijar qué entendemos por el concepto matriz y sustantivo de Estado de Derecho.

El Estado de Derecho representa una forja indudable en el escenario contemporáneo, sea el nombre que se le hubiere asignado: Rechtstaat para la visión germana del derecho, Etat de Loi para la concepción gala, y Rule of Law para el derecho anglosajón.

El Estado de Derecho representa una visión construida a partir del término de las revoluciones europeas, hacia mediados del siglo XIX, cuando los Estados europeos, tras guerras sucesivas, van inclinando su situación política hacia un statu quode relativa mayor estabilidad fundamentalmente política. El simple Estado de Derecho deviene en un Estado social a partir del mensaje de las revoluciones europeas por los derechos de los ciudadanos. El poder omnímodo del monarca ya había quedado rezagado desde bastante atrás, cuando Juan sin Tierra en 1215 se ve instado, sin retroceso, a aceptar una carta mínima de derechos a favor de los ciudadanos anglosajones frente al poder de los normandos, consagrándose, por primera vez, el derecho al debido proceso. A su vez, Jacobo I retrocede, aunque provisionalmente y nada convencido, cuando Sir Edward Coke, en el conocido caso Bonham vs. Henry Atkins, George Turner, Thomas Mounford y otros, en el año 1610, determina con claridad que los derechos de los ciudadanos deben ser regulados por los valores supremos que representa el Common Law.

De la misma forma, 1802 es un año emblemático para la jurisdicción constitucional cuando el Juez Marshall otorga prevalencia a la cláusula de supremacía de la Constitución, frente a la falta de constitucionalidad de la norma de entrega de títulos judiciales, en el emplazamiento que sufría el secretario de Estado James Madison frente a la exigencia de William Marbury, quien no obstante haber sido nombrado por el saliente Presidente John Adams, no podía ejercer sus funciones de juez, por disposición expresa del entrante mandatario Thomas Jefferson, quien dispuso se detuviera la remisión de las resoluciones de nombramiento pendientes de entrega, mientras el nuevo congreso con mayoría demócrata- republicana disponía la derogación de la ley objeto de cuestión.

Los hechos antes descritos de alguna forma van perfilando el concepto de jurisdicción constitucional,  en tanto inducen ya los primeros rasgos no solo de un conjunto de potestades de los jueces, sino en razón de que estructuran, de igual forma, un plano de postulación de los derechos fundamentales ante el Estado, derechos que inicialmente, si concordamos este haz de facultades con la vinculación histórica de los derechos humanos, representan los derechos de primera generación, esto es, una imposición de prestaciones de no hacer o de actuación negativa del Estado. La razón es puntual: si se trata de derechos a la vida, a elegir a nuestros gobernantes, etc., nos referimos a derechos básicos y de ahí su categorización como derechos en los cuales el Estado, en perspectiva, no debería interferir. Tal posición dista de los derechos humanos de segunda generación, identificados por los derechos económicos, sociales y culturales DESC, en tanto éstos representan, esencialmente, prestaciones de hacer para el Estado, es decir, imponen obligaciones al Estado.

La fisonomía del Estado de Derecho en el siglo XX, luego de la evolución de los conceptos de Estado Social y Estado Social de Derecho, se ve sustantivamente reforzada con los principios de tutela social que refuerzan la Constitución mexicana de Querétaro( 1917), instrumento de grata recordación para los derechos laborales en el ámbito latinoamericano por tratarse de la primera Constitución en incluir derechos sociales, y la Constitución de Weimar(1919), la cual no obstante sus problemas de realización, perfila un sentido social a la existencia del Estado, al establecer los conceptos de Estado de bienestar y de reconocimiento de los derechos de los trabajadores.

Los progresos materiales logrados, sin embargo, sufren un embate de raigambre militar: las guerras mundiales, de las cuales en especial la segunda, con su abominable cifra de muertes, rompe la base de derechos fundamentales hasta entonces cimentada progresivamente por los Estados europeos y las incipientes democracias latinoamericanas. En efecto, transcurridos varios decenios desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, aún no encontramos respuesta satisfactoria a qué sucedió con la humanidad toda para que los derechos de la persona humana, fueran rebajados, mutilados y reducidos a su mínima expresión. La lógica de los combatientes, en ambos bandos, fue la de orientar y privilegiar los medios antes que los resultados, subordinando los fines a los procedimientos contrarios al valor de la vida humana.

Si de alguna manera Kant representó esa conciliación entre el Derecho y la moral para fijar un horizonte a la vida de las personas, las guerras mundiales terminaron por destruir todo vestigio de civilidad y por extinguir en los bombardeos y los asesinatos masivos, más de 20 siglos de historia orientados a cimentar las bases de la civilización. Poblaciones y ciudades enteras fueron arrasadas en nombre de la proposición de una forma de pensar distinta a la de los agredidos y desde la pavorosa cifra de muertes de la Segunda Guerra mundial, cabe preguntarnos: ¿existían acaso vestigios de un Estado de Derecho? ¿Era válido acaso pensar que existieron los derechos de la persona humana en el fragor interminable de las pérdidas diarias de vidas humanas? En definitiva, no podemos sino lamentar que el ser humano pensante, que el hombre que fue conquistando palmo a palmo la civilización, pudiera, en el decurso de los enfrentamientos bélicos, verse reducido a su más mínima expresión y exponer el lado de barbarie que hoy reprobamos enérgicamente.

Concluidos los enfrentamientos bélicos, un signo ostensible de recuperación es exhibido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual adoptada en París en 1948, aprobado, entonces por los 58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, llega a representar un consenso inicial de los Estados para precisamente evitar catástrofes globales como la que acababa de suceder con la guerra mundial que concluía. Pero un detalle debe llamar de igual modo nuestra atención: la Ley Fundamental de Bonn, de 1949, con la cual Alemania se levanta de sus cenizas, precisamente fija la orientación inicial de una nueva concepción de los derechos fundamentales, al fijar en un primer momento, el rasgo de un Estado democrático y social, así como por fijar un contenido esencial respecto de los derechos fundamentales. La trascendencia es de suyo relevante en tanto la propuesta de organización de un nuevo modelo de Estado- aquel que privilegia la democracia como forma de gobierno y además fija un contenido social en el marco de la organización de la nación políticamente organizada- traduce un reposicionamiento de ese tipo de Estado que prácticamente fue reducido a cenizas a raíz de la conflagración mundial.

El valor es igualmente trascendente para los derechos fundamentales pues desde la fijación de un contenido esencial, aquellos ya no representan una expresión semántica en las posteriores Constituciones de los Estados, sino una aspiración por hacer tangible los derechos de las personas en el plano de la justicia constitucional. En efecto, no resulta sino valiosísimo que la propuesta regulatoria de los derechos fundamentales, fije de suyo un contenido esencial, en la vía y premisa de fijar un núcleo duro o un contenido constitucionalmente protegido, totalmente inatacable por parte del legislador, a excepción del contenido no esencial o el contenido adicional del derecho fundamental.

 

Susana Castañeda Otsu. Juez Superior Presidente Sala Penal Apelaciones.

Aplicación del Código Procesal Penal 2004 y decisiones del Tribunal Constitucional.

¿Establece la Constitución un modelo procesal penal? A juicio de la expositora, no.

La STC 5228-2006-PHC/TC, caso Samuel Gleiser, presenta un importante análisis del habeas corpus al cual es importante remitirnos.

La acción de tutela, según la Corte Suprema vía acuerdo Plenario, se ha reducido en su ámbito de protección respecto a los derechos del imputado. Habría que preguntarnos si esto es compatible con la Constitución pues una reducción sustantiva de la protección puede crear una situación de indefensión.

Una discusión de importancia hoy es también oralidad versus escrituralidad. ¿Debe prevalecer irrestrictamente la oralidad? Es una cuestión que debe ser objeto de examen. El Código Procesal Penal apuesta por la oralidad.

Ha aplicado el Tribunal Constitucional, de igual forma, el test de proporcionalidad respecto a instituciones penales, en distintos casos, lo que merece un juicio positivo.

Críticamente, sin embargo, se puede observar que el Tribunal Constitucional no utiliza terminología penal adecuada. Se otorga denominación distinta a los términos propios del área penal.

 

Percy Chipana Loayza. Docente UPLA.

La prueba ilícita en las decisiones del Tribunal Constitucional

Es exigible, en los casos constitucionales, una ponderación de bienes constitucionales en tanto los derechos fundamentales tienen límites. Casos como los de Magaly Medina representan un ejemplo de ponderación de intereses, en el cual tiene lugar el examen de la prueba ilícita.

La prueba ilegal, en países como Colombia, no se puede incorporar al proceso, en tanto se agravian derechos constitucionales.

Carpizo hace referencia a un derecho preferente, omitiendo la ponderación, es decir, tiene lugar la aplicación de una preferencia.

La prueba ilícita implica la prohibición de incorporación de una prueba ilegal.

 

Christian Donayre Montesinos. Docente PUCP, Universidad del Pacífico y UPC.

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

La persecución de la cual es objeto una persona no puede rebasar los límites de la razonabilidad. Hay elementos adicionales que deben ser tenidos en cuenta. Hablamos del concepto de justicia oportuna, que en rigor no es justicia abstracta. Se debe aludir pues a un plazo razonable, que no es propiamente un plazo legal.

El mejor Tratado que aborda este tema es la Convención de San José de Costa Rica. No solo lo establece respecto del ámbito penal sino lo extiende respecto a toda otra área que involucre los derechos humanos.

Nuestra jurisprudencia nacional ha seguido los estándares interamericanos: complejidad del asunto, actividad procesal de los interesados, conducta de las autoridades y consecuencia del daño sufrido por el imputado.

Es importante diferenciar ejercicio regular de un derecho de defensa obstruccionista. Esta última es, por ejemplo, faltar a la verdad, o interponer recursos manifiestamente improcedentes para demorar el proceso.

¿Desde qué momento se puede contar el plazo? En materia penal, hay consenso respecto a que el plazo corre desde la detención del procesado. ¿Y en materia civil o laboral? ¿Cuándo comienza y más aún, cuándo termina?

Adicionalmente, si se pide a un juez constitucional revisar el plazo razonable, ¿cuál es el alcance del examen que debe realizar? ¿Cuáles son sus atribuciones?

El Tribunal Constitucional no ha sido uniforme en sus criterios como, por ejemplo, en el caso Chacón Málaga. En el caso Salazar Monroe, se pretende enmendar las observaciones al caso Chacón. No hay consenso al respecto. Se trata pues de cuestiones que quedan abiertas para el debate.

 

Mesa simultánea:

Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y su relación con las decisiones de los tribunales ordinarios. Reforma del Código Procesal Constitucional.

 

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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X Congreso de Derecho Constitucional y III Congreso de Derecho Procesal Constitucional. Huancayo, 30 de setiembre de 2011

30 septiembre, 2011

X Congreso de Derecho Constitucional y III Congreso de Derecho Procesal Constitucional. Huancayo, 30 de setiembre de 2011

Local: Facultad de Derecho de la UPLA. Ciudad Universitaria. Urb. Chorrillos s/n. Huancayo.

 

Mesa de Trabajo

Constitucionalismo o neoconstitucionalismo e interculturalidad. Reforma constitucional o Asamblea Constituyente.

 

Presidente de Mesa: Pedro Buck (Brasil)

César Landa Arroyo (Perú). Ex presidente del Tribunal Constitucional

Percy La Torre (Perú). Docente UPLA.

 

Primera ponencia

Jhonny Tupayachi Sotomayor. Docente Universidad Católica Santa María de Arequipa, UPSMP y Tecnológica del Perú

Urgente y necesario. Tentativas académicas de reforma constitucional

Los italianos y franceses usan la palabra “revisión” y no “reforma”, este último propio de los países latinoamericanos.“Enmienda” se da en aspectos cuantitativamente pequeños, se busca perfeccionar algunos aspectos de la Constitución. El término “reforma” alude a un contexto mayor.

Las Constituciones, como dice García Belaunde, son “hijas de su tiempo”. Intervienen factores como la coyuntura y la necesidad, esta última propia de factores que explican un no estatismo de los principios de la Carta Fundamental.

Las reformas deben ser parciales. Una reforma integral lleva a desconocer íntegramente la Constitución. Necesariamente debe contemplarse en el texto constitucional el alcance de la reforma. No puede haber límites irrazonables. Uno de los principales límites es el respeto por el marco internacional. La exigencia es observar las obligaciones internacionales del Estado.

De igual forma, es importante el entorno social y cultural. No se puede modificar aquellos elementos parte tradicionales de la cultura constitucional. Las cláusulas pétreas son propias del orden constitucional y resultan inmodificables.

¿Quiénes pueden hacer la reforma? En primer lugar, según Jorge Carpizo, el propio Poder Constituyente. Los controles originarios de la Constitución los encontramos en el modelo americano. En segundo orden, las Cartas prevén sus propios mecanismos de legitimidad para esta iniciativa.

Ahora bien ¿conviene retornar, en ese espíritu de reforma, a la bicameralidad?  Quienes objetan este esquema, alegan la cuestión económica. Sin embargo, debemos apreciar que en un sistema bicameral existe una ronda de reflexión en el debate. Se va a evitar normas con un trasfondo incompatible con la Constitución, como por ejemplo, en el caso Wolfenson. Parlamentariamente, advirtamos, somos un país insuficientemente representado. El número de congresistas responde al número de habitantes. Perú no cumple con un suficiente estándar de representación. En consecuencia, se impone una modificación.

El amparo electoral se da respecto a la defensa de derechos políticos. En nuestro país aún no se puede aplicar pues no está suficientemente regulado como tema. En nuestro caso, existe un mecanismo de doble instancia y sin embargo, su competencia tiene lugar solo respecto a la justicia electoral.  El amparo electoral, importante es precisarlo, no puede modificar el calendario electoral. Así lo señala el caso Lizana Puelles, emblemático de la jurisprudencia constitucional.

 

Segunda ponencia

Pedro Grández Castro. Docente UNMSM.

Neoconstitucionalismo y tópica jurídica.

Tengo un trabajo de la profesora Susana Pozzolo, quien es autora del término neoconstitucionalismo. Llamó a su estudio:“Neoconstitucionalismo y positivismo jurídico”, y su libro data de 2001, Torino. Otra referencia conocida es de Andrea Mateucci, denominada “Constitucionalismo y positivismo jurídico”. Otro que aborda el tema es: “Constitucionalismo vs. positivismo jurídico” de Prieto Sanchís.

Se acercan todas estas ideas a las labores de los Tribunales Constitucionales, en razón de que no llegan a calzar los alcances del constitucionalismo para una explicación del fenómeno de la justicia constitucional. Luigi Ferrajoli cuestiona este término, según él, por su falta de rigurosidad.

Son manifestaciones del neoconstitucionalismo identificarlo:

–         Como modelo de organización y limitación de todo poder;

–         Como una práctica del Derecho de los sistemas constitucionalizados

–         Como una teoría descriptiva de esa práctica.

En el esquema de Montesquieu, es el juez quien resulta anulado, pues le debe su sujeción a la ley. En “El Federalista” hay importantes referencias a Montesquieu. Se juntan 2 tipos de constitucionalismo: de alguna forma, el parlamentarismo según el cual la ley es la ley. El artículo 16 de la Declaración francesa ya señala que si una sociedad no protege libertades, carece de Constitución. Los franceses creían que el legislador era quien garantizaba los derechos.

Hamilton consideraba que la legislación era obra del pueblo. Pará el, si hay contradicción entre lo que decía el mandante y el mandatario, era lógico que se impusiera lo que dijera la Constitución. En el paper 78 de “El Federalista”, según Hamilton, el trabajo de decisión final le corresponde al juez pues si había contradicciones del legislador, era el juez quien debía establecer lo constitucionalmente viable.

Hörst Dippel recoge varios principios: gobierno controlado, elección popular, supremacía constitucional, rigidez constitucional, derechos inalienables anteriores al gobierno y control judicial de los actos de gobierno. Estos principios resumen la tendencia política del neoconstitucionalismo.

Hay un artículo muy bueno de Cappelletti, el gran comparatista italiano: “Renegar de Montesquieu…”, y refiere que Europa opta, tras la Segunda Guerra mundial, por impulsar los Tribunales Constitucionales. Para Europa tenía sentido este término “neo”, el cual trastoca totalmente la idea de cómo se crean las normas.

De un debate entre Dworkin y Hart,  debe extraerse que el derecho válido es aquel instaurado por la autoridad competente, siguiendo un procedimiento pre establecido. Dworkin refiere que hay derechos a través de otros procedimientos, a través de un procedimiento discursivo racional, no en la forma de la regla del reconocimiento que prevé Hart. Dworkin señala que hay procedimientos que provienen de la razón. “Autorictas non veritas, facit legem”, es decir,  es la autoridad y no la verdad, quien hace el derecho. Hoy el neoconstitucionalismo es una reacción a las prácticas formalistas. El juez se ha vuelto una especie de tamiz que racionaliza los procedimientos normativos. Algunos creen que el neoconstitucionalismo representa una forma de crisis para la racionalidad legislativa.

La pregunta crucial de los opositores hacia el neoconstitucionalismo es por qué los jueces invalidan lo que la mayoría ha decidido, validada por la decisión del legislador.

Hoy el positivismo ya no describe los derechos fundamentales. Hoy el derecho es argumentación y no procedimientos formales normativos. Hoy hay procedimientos dialógicos.

La pluralidad es una ventana de ingreso al Derecho. Hoy planteamos una concepción nueva de qué es el Derecho. Ya Häberle, al plantear una idea de intérpretes abiertos de la Constitución, refiere una idea de pluralidad.

 

Alcides Chamorro Balvín. Docente UPLA

Fundamentos del neoconstitucionalismo

Commanducci considera 3 tipos de neoconstitucionalismo: teórico, el cual explica los alcances de un texto constitucional.; ideológico, el cual recusa  y cuestiona el positivismo ideológico; y metodológico, que sostiene la tesis de la vinculación necesaria entre el Derecho y la Moral.

Sosa Saavedra considera que el neoconstitucionalismo entrega la defensa jurídica al juez. De otro lado, lo identifica como un constitucionalismo contemporáneo. Finalmente, hay un neoconstitucionalismo ideologizado.

El neoconstitucionalismo se caracteriza por la incorporación de los elementos materiales en la Constitución, adquiriendo ésta fuerza normativa. Ya no es solo un documento normativo.

Se habla de un control constitucional de la ley así como que el viejo Estado de Derecho y de racionalidad jurídica, ha dejado de ser un paradigma para dar paso al Estado constitucional.

El eje central del neoconstitucionalismo lo constituyen los derechos fundamentales. Un ejemplo de ello es la Constitución de la Cuarta República Francesa, la cual desarrolla el concepto de estos derechos. Igualmente, hay una internacionalización de los derechos

Otro carácter es la prevalencia de los principios sobre las reglas, al tiempo que el empleo de la técnica de la ponderación en desmedro de la subsunción.

 

Gustavo Gutiérrez Ticse. Docente Universidad San Martín de Porres.

¿Reforma constitucional o Asamblea Constituyente? El paradójico caso de la Constitución de 1993.

Lowenstein nos plantea una tipología de Constituciones que nos trae a un debate muy actual: ¿cuál tipo de Constitución es la que hoy nos regula, la Carta de 1993? La cuestión es propicia pues hoy hay un debate centrado en si se regresa a la Constitución de 1993.

Según Valentín Paniagua es una Constitución semántica. La Carta del 93 trae instituciones importantes. Por ejemplo, regula la reelección presidencial en posición contraria a nuestra tradición constitucional. Adicionalmente, trae instituciones novísimas como el habeas data para una mejor protección del derecho fundamental a la información pública. Se instauró un modelo parlamentario único, lo que identifica un esquema ciertamente autoritario.

Señala el ponente que no concuerda con la idea de que la Carta del 93 sea semántica. En segundo lugar plantea ¿es normativa? Señala que sí pues regula la vida de la Nación. No obstante ello, todas las Constituciones peruanas han sido ilegítimas en su origen.

 

El Presidente de la Mesa de Honor invitó al Dr. César Landa Arroyo a desarrollar algunos comentarios. Señaló el Dr. Landa que estas 3 últimas décadas han sido importantes en transformaciones constitucionales, pues se ha dejado de lado la concepción de un Estado de Derecho tradicional, y hoy existen matices atados a un principio jurídico democrático que ha irradiado a todos los ámbitos del Estado constitucional.

Hoy el Parlamento se ha redimensionado, ya no solo tenemos en cuenta solo lo que dice la ley. Ya no solo hay fuerza política de la Constitución sino hay una fuerza normativa de la Carta Fundamental. Muchas áreas terminan revisándose y en ellas la justicia constitucional asigna otro ámbito de interpretación.  Por ejemplo, la sevicia como causal de divorcio hoy debe ser examinada de acuerdo a valores culturales, con lo cual se modifica la norma.

Se ha generado un proceso de “sobreconstitucionalización” pues todo hay que definirlo desde un ámbito constitucional. Se trata de un proceso de reafirmación de la Constitución. Y es cierto, de igual forma, que hay que mantener la reserva de jurisdicción, de reserva legislativa, a efectos de no generar un constitucionalismo que no otorgue predictibilidad. Se hace exigible la certeza para que la delimitación jurídica se haga con justicia.

Son 2 los procesos que han ayudado para la consolidación de esta reafirmación: el proceso de inconstitucionalidad y el de amparo. De alguna forma, se debe examinar la idea de Hart, de entender como una pesadilla el rol activo de los jueces constitucionales así como un noble sueño de que el juez solo se limite a lo que establece la aplicación de la norma.

En un sistema de fuentes del derecho, reconstitucionalizado, lo que señale un Tribunal ha de implicar una forma de regulación de la norma, pero no en la forma como lo hace el legislador sino a través de la interpretación de la Constitución. Las sentencias constitucionales adquieren una fuerza de punta de lanza pues exigen que las leyes sean conformes con la Constitución. Por ejemplo, el TC aplicó una vacatio sententiae en la STC 010-2002-AI/TC, respecto a la legislación antiterrorista, pues por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se estableció la necesidad de derogar dicha legislación. Prudentemente, no se dejó en libertad a los presos por terrorismo, quienes podían en teoría salir libres si no había ley que los sancionara. El Tribunal fue prudente en cuanto a señalar un plazo durante el cual la sentencia no se podía ejecutar, a fin de salvaguardar los valores del Estado constitucional y permitir que la justicia ordinaria pudiera llevar adelante dichos juzgamientos, esta vez bajo reglas democráticas.

Los órganos constitucionales, entonces, deben adecuar sus actuaciones de acuerdo a la Carta Fundamental, a fin no incurrir en excesos. De esa forma, el Tribunal no se deslegitima.

“Cuando hay demasiados derechos, hay demasiado injusticia” decía Cicerón. Entonces el Tribunal no puede sobredimensionarse en los valores que trata de proteger. “Hágase la justicia y que caiga el mundo” dice otro brocardo que no es propio para el caso del Tribunal. Es importante señalar que un Tribunal se valida por la legitimidad de sus resoluciones. En forma contraria varios habeas corpus en los últimos años han sido contrarios a lo que planteamos. Por ejemplo, el caso El Frontón significó una argumentación en contrario respecto a 2 sentencias importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Son otras sentencias cuestionables, por ejemplo, el no cobro de las tasas por servicios de agua, al igual que el caso de los aranceles del cemento.

“El juez debe ser un caballero y en todo caso, si sabe un poco de Derecho, mejor” decía el Lord justice Lyndhurst. El neoconstitucionalismo plantea entonces el cambio de una Constitución, le imprime una dinámica a sus fundamentos.

 

Felipe Ochoa Díaz. Docente UPLA

El neoconstitucionalismo y su vigencia.

El “global law” hoy impone obligaciones de entidad mayor.  El Derecho Constitucional tiene una eficacia hoy exigible en la protección de los derechos humanos. Nos genera un nuevo elemento esencial para solidarizarnos con estas nuevas connotaciones de los derechos. Por ejemplo, el terremoto en Japón y su amenaza nuclear ya no implica solo un riesgo para Japón sino para la humanidad toda.

La preocupación del mundo hoy se traslada a los nuevos derechos, aunque no se logra estándares de solidaridad  idóneos. Si no hay derechos sin libertad ni libertad sin derechos, entonces las exigencias del “global law” son mayores en tanto las poblaciones viven en situaciones de dicotomías: sus derechos son exigidos pero no siempre respetados.

Si vemos, por ejemplo, a África con tantos problemas, la cuestión es en qué medida el Derecho se aplica con justicia y cuánto aporta el neoconstitucionalismo para una verdadera protección de los derechos fundamentales. Nos plantea qué está pasando en la realidad en que nos movemos.

 

El Presidente de Mesa, Pedro Buck, hizo referencia a que en Brasil se suele distinguir entre conceptólogos y pragmáticos, y que él se incluye en este segundo grupo.  Acota que considera que el neoconstitucionalismo tiene un valor metodológico. La Constitución de EE.UU., de 1776, en su criterio, se podría hasta llamar una Constitución terrorista, pues rompió con el orden constitucional de entonces. Sin embargo, hay que atender a los valores de otros derechos para asumir que no fue así. La Constitución de 1787 tampoco respetó los parámetros constitucionales de entonces. ¿Fue por ello, consecuentemente, producto de un golpe de Estado? Estima que no se puede llegar a esa conclusión.

 

Otras mesas conformadas en forma simultánea:

–         Régimen político. Responsabilidad del Presidente de la República. Unicameralismo o bicameralismo parlamentario.

–         Retos de la enseñanza del Derecho Constitucional y del Derecho Procesal constitucional.

–         Mesa de ponencias estudiantiles.

–         Mesa de egresados.

 

Tarde

 

Enrique Pestana Uribe. Docente Academia de la Magistratura.

Constitucionalidad de las restricciones a las libertades personales en las instituciones y locales abiertos al público.

Hoy el uso de las tecnologías ha facilitado la vida de todos los ciudadanos, lo cual implica una forma de libertad. Sin embargo, esa libertad se restringe cuando, por ejemplo, ingresamos a una entidad bancaria, en donde queda restringida ese tipo de comunicación. Igualmente la restricción se extiende al uso de gorros. En entidades como SUNARP o SUNAD, en la misma línea, tampoco se permite el uso de celular a pesar de que allí no se hace transacciones de dinero.

En consecuencia, hay una protección constitucional de los derechos fundamentales, con una doble dimensión: subjetiva, pues se pueden hacer valer en determinadas circunstancias específicas por parte de los ciudadanos; y objetiva, en razón de que existen principios y valores en juego protegidos por la Constitución.

Entonces, los derechos fundamentales protegen una serie de libertades públicas y entre ellas, tenemos la libertad de expresión, de comunicación y el libre desarrollo de la personalidad. Por ello, tiene interés determinar en qué formas se pueden producir esas restricciones, debiéndose distinguir entre el derecho fundamental per se y el ejercicio de ese derecho fundamental.

La limitación, sin embargo, tiene igualmente límites pues no se pueden restringir determinados derechos como, por ejemplo, la libertad de conciencia. Hay límites directos e indirectos, es decir, se admiten limitaciones pero se remiten a la ley para su determinación.

Los límites explícitos constan en forma indubitable en el texto constitucional, y los implícitos, tienen lugar cuando se tienen que deducir del derecho o la libertad en juego, cuando se tiene que ponderar entre los derechos, pues debe permitirse que otros derechos subsistan. Es muy complejo, por cierto, determinar cuándo se producen los límites a un derecho fundamental.

Los tratados de derechos humanos remiten a otros catálogos de valor pues hoy es imposible leer la Constitución sin el concurso de los instrumentos internacionales.

¿Qué es lo que está en juego al restringirse determinadas libertades? Se exige un concurso de ponderación para esta determinación. Tendríamos, en determinados casos, que recurrir a la jurisprudencia, aplicándose, de ser el caso, el principio de proporcionalidad. Le compete asumir la mayor carga en cuanto a la protección, por ejemplo, ¿a los clientes o a la institución, en una entidad bancaria? En la misma línea de análisis, ¿debe restringirse el derecho a fumar o es una medida restrictiva? Entran en juego, entonces, los exámenes de idoneidad, es decir, la consecución de un fin legítimo; de necesidad, es decir, toda medida debe ser la más benigna en relación con el derecho constitucional en juego; y de ponderación.

 

Fabián Luis Riquert (Argentina) Universidad Nacional de Mar del Plata.

Habeas corpus colectivo y sentencias exhortativas

El tema de  mi trabajo tiene que ver con la realidad argentina, la cual remite a un Estado Federal. Podemos referir 3 fuentes de la superficie del Derecho Procesal Constitucional: restringida (Sagües), intermedia (García  Belaunde, y amplia (Gozaini).

Las decisiones constitucionales antes eran un tanto más sencillas: la solución frente a la controversia constitucional era de orden blanco o negro, por denominarlo de una forma sencilla. Hoy, sin embargo, las sentencias exhortativas constituyen un tipo de sentencias atípicas, que rompen los esquemas anteriores.

En Argentina hay relaciones de orden clásico entre el Estado y las Provincias. Téngase en cuenta que hay un sistema federal que proporciona determinados criterios especiales. Hay una cláusula federal que parte de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, muy criticada, por cierto, por Fix Zamudio.

Tienen lugar, en este examen, igualmente algunas asimetrías, como, por ejemplo, las dificultades que presenta aún el control constitucional difuso así como la violación del derecho a la igualdad. De la misma forma, la legislación procesal que corresponde a las provincias no presenta uniformidad. A su vez, el control de convencionalidad aún está en proceso de implementación pues los criterios de las Cortes no coinciden aún plenamente con las decisiones de la Corte IDH.

El habeas corpus colectivo responde a una situación de evitar que se deba interponer habeas corpus individuales. Se trata de imponer una mayor protección del derecho a la libertad individual. Se procura seguir estándares de mayor celeridad.

 

Mary Elena Vilcapoma Salas. Docente UPLA.

Perspectivas del recurso de agravio constitucional.

En estos últimos años el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecto al recurso de agravio constitucional, ha sido de interés en la medida que se ha habilitado el conocimiento de sentencias estimatorias.

Constitucionalmente, el conocimiento del recurso de agravio constitucional solo tiene lugar respecto de sentencias denegatorias. Infraconstitucionalmente, el Código Procesal Constitucional ha seguido la misma línea interpretativa. Sin embargo, a través de la jurisprudencia constitucional se ha habilitado el conocimiento de sentencias estimatorias. Así lo expresa la STC 04853-2004-AA/TC, caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad, la cual crea el conocimiento del recurso de agravio constitucional por parte del Tribunal respecto a sentencias de segundo grado que desconocieran precedentes vinculantes del supremo intérprete de la Constitución.

A criterio de la ponente, se forzó la interpretación mas ello era necesario a fin de tutelar la supremacía normativa de la Constitución.

En el caso El Frontón, el Tribunal se aparta de este precedente con la salvedad del voto del magistrado Landa Arroyo. Posteriormente, la STC 3908-2007, caso PROVIAS, logra derogar el precedente vinculante 4853-2004-AA/TC. Nuevamente Landa Arroyo expresa una opinión en contrario.

 

Edwin Figueroa Gutarra. Juez Superior Sala Constitucional de Lambayeque y docente UPSMP

Estado y Derechos Humanos.

La relación entre Estado y Derechos Humanos ha generado, a inicios del siglo XXI, una simbiosis indisoluble que a su vez nos lleva a diversos planos de reflexiones. Un primer escenario se refiere a qué tipo de Estado es aquel en el cual los derechos humanos logran un tipo de realización tangible; y un segundo esquema de reflexión, de suyo relevante, se vincula a cuál es el nivel de realización de los derechos humanos en el plano interamericano, qué se ha alcanzado y cuál es su nivel de trascendencia con relación a los derechos fundamentales de las personas, en directa relación con los estándares que deben manejar los Estados por una defensa permanente de los derechos humanos en un contexto en el cual la progresividad de estos derechos significa que no son viables restricciones ni retrocesos respecto a los mismos.

La presente ponencia aspira a desarrollar ítems de vinculación en la perspectiva de que los derechos humanos pueden lograr un desarrollo sustantivo sobre la base de un Estado de Derecho en el cual la observancia por los derechos humanos no solo se constituya en una legítima aspiración de los ciudadanos, sino en el cual, en la perspectiva de los valores axiológicos, morales y éticos que caracterizan a los derechos humanos, podamos formarnos una visión de lo tangible que resulta estandarizar las pautas de defensa de estos derechos.

Una idea previa a establecer es la diferencia de orden no taxativo entre derechos humanos y derechos fundamentales, la misma que para Fabian Novak, no es absoluta y por el contrario, ambos conceptos se acercan a las ideas de “derechos naturales”, “derechos morales”, “derechos innatos”, “derechos individuales”, “derechos del hombre, del ciudadano y del trabajador”, “derechos públicos subjetivos”, libertades fundamentales”, “libertades públicas”, entre otros. No se trata, como observamos, de categorías excluyentes sino por el contrario, de suyo complementarias. El derecho a la vida, por ejemplo, es considerado un derecho fundamental en el escenario de la justicia constitucional de los Estados. Sin embargo, la denominación del derecho a la vida como derecho fundamental, en caso la pretensión de una persona natural trascienda al plano del sistema interamericano de justicia, recibe la categorización de derecho humano, lo cual no es sino una relación de correspondencia con la cláusula de derechos humanos que enuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, sistema ante el cual solo pueden ser llevadas causas que involucren la responsabilidad de los Estados y no así la de las personas naturales. Esta diferencia en términos de legitimidad pasiva para obrar es determinante, pues una controversia entre particulares no podrá ser conocida contenciosamente por el sistema interamericano de justicia, a menos que exista taxativa responsabilidad de un Estado en un conflicto determinado.

En relación al concepto de Estado, creemos conveniente, de igual forma, fijar reflexiones de concepto respecto al tipo de Estado que hoy debería servir de barómetro para una defensa plena de los derechos fundamentales y a efectos de establecer esa medición, conviene fijar qué entendemos por el concepto matriz y sustantivo de Estado de Derecho.

El Estado de Derecho representa una forja indudable en el escenario contemporáneo, sea el nombre que se le hubiere asignado: Rechtstaat para la visión germana del derecho, Etat de Loi para la concepción gala, y Rule of Law para el derecho anglosajón.

El Estado de Derecho representa una visión construida a partir del término de las revoluciones europeas, hacia mediados del siglo XIX, cuando los Estados europeos, tras guerras sucesivas, van inclinando su situación política hacia un statu quode relativa mayor estabilidad fundamentalmente política. El simple Estado de Derecho deviene en un Estado social a partir del mensaje de las revoluciones europeas por los derechos de los ciudadanos. El poder omnímodo del monarca ya había quedado rezagado desde bastante atrás, cuando Juan sin Tierra en 1215 se ve instado, sin retroceso, a aceptar una carta mínima de derechos a favor de los ciudadanos anglosajones frente al poder de los normandos, consagrándose, por primera vez, el derecho al debido proceso. A su vez, Jacobo I retrocede, aunque provisionalmente y nada convencido, cuando Sir Edward Coke, en el conocido caso Bonham vs. Henry Atkins, George Turner, Thomas Mounford y otros, en el año 1610, determina con claridad que los derechos de los ciudadanos deben ser regulados por los valores supremos que representa el Common Law.

De la misma forma, 1802 es un año emblemático para la jurisdicción constitucional cuando el Juez Marshall otorga prevalencia a la cláusula de supremacía de la Constitución, frente a la falta de constitucionalidad de la norma de entrega de títulos judiciales, en el emplazamiento que sufría el secretario de Estado James Madison frente a la exigencia de William Marbury, quien no obstante haber sido nombrado por el saliente Presidente John Adams, no podía ejercer sus funciones de juez, por disposición expresa del entrante mandatario Thomas Jefferson, quien dispuso se detuviera la remisión de las resoluciones de nombramiento pendientes de entrega, mientras el nuevo congreso con mayoría demócrata- republicana disponía la derogación de la ley objeto de cuestión.

Los hechos antes descritos de alguna forma van perfilando el concepto de jurisdicción constitucional,  en tanto inducen ya los primeros rasgos no solo de un conjunto de potestades de los jueces, sino en razón de que estructuran, de igual forma, un plano de postulación de los derechos fundamentales ante el Estado, derechos que inicialmente, si concordamos este haz de facultades con la vinculación histórica de los derechos humanos, representan los derechos de primera generación, esto es, una imposición de prestaciones de no hacer o de actuación negativa del Estado. La razón es puntual: si se trata de derechos a la vida, a elegir a nuestros gobernantes, etc., nos referimos a derechos básicos y de ahí su categorización como derechos en los cuales el Estado, en perspectiva, no debería interferir. Tal posición dista de los derechos humanos de segunda generación, identificados por los derechos económicos, sociales y culturales DESC, en tanto éstos representan, esencialmente, prestaciones de hacer para el Estado, es decir, imponen obligaciones al Estado.

La fisonomía del Estado de Derecho en el siglo XX, luego de la evolución de los conceptos de Estado Social y Estado Social de Derecho, se ve sustantivamente reforzada con los principios de tutela social que refuerzan la Constitución mexicana de Querétaro( 1917), instrumento de grata recordación para los derechos laborales en el ámbito latinoamericano por tratarse de la primera Constitución en incluir derechos sociales, y la Constitución de Weimar(1919), la cual no obstante sus problemas de realización, perfila un sentido social a la existencia del Estado, al establecer los conceptos de Estado de bienestar y de reconocimiento de los derechos de los trabajadores.

Los progresos materiales logrados, sin embargo, sufren un embate de raigambre militar: las guerras mundiales, de las cuales en especial la segunda, con su abominable cifra de muertes, rompe la base de derechos fundamentales hasta entonces cimentada progresivamente por los Estados europeos y las incipientes democracias latinoamericanas. En efecto, transcurridos varios decenios desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, aún no encontramos respuesta satisfactoria a qué sucedió con la humanidad toda para que los derechos de la persona humana, fueran rebajados, mutilados y reducidos a su mínima expresión. La lógica de los combatientes, en ambos bandos, fue la de orientar y privilegiar los medios antes que los resultados, subordinando los fines a los procedimientos contrarios al valor de la vida humana.

Si de alguna manera Kant representó esa conciliación entre el Derecho y la moral para fijar un horizonte a la vida de las personas, las guerras mundiales terminaron por destruir todo vestigio de civilidad y por extinguir en los bombardeos y los asesinatos masivos, más de 20 siglos de historia orientados a cimentar las bases de la civilización. Poblaciones y ciudades enteras fueron arrasadas en nombre de la proposición de una forma de pensar distinta a la de los agredidos y desde la pavorosa cifra de muertes de la Segunda Guerra mundial, cabe preguntarnos: ¿existían acaso vestigios de un Estado de Derecho? ¿Era válido acaso pensar que existieron los derechos de la persona humana en el fragor interminable de las pérdidas diarias de vidas humanas? En definitiva, no podemos sino lamentar que el ser humano pensante, que el hombre que fue conquistando palmo a palmo la civilización, pudiera, en el decurso de los enfrentamientos bélicos, verse reducido a su más mínima expresión y exponer el lado de barbarie que hoy reprobamos enérgicamente.

Concluidos los enfrentamientos bélicos, un signo ostensible de recuperación es exhibido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual adoptada en París en 1948, aprobado, entonces por los 58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, llega a representar un consenso inicial de los Estados para precisamente evitar catástrofes globales como la que acababa de suceder con la guerra mundial que concluía. Pero un detalle debe llamar de igual modo nuestra atención: la Ley Fundamental de Bonn, de 1949, con la cual Alemania se levanta de sus cenizas, precisamente fija la orientación inicial de una nueva concepción de los derechos fundamentales, al fijar en un primer momento, el rasgo de un Estado democrático y social, así como por fijar un contenido esencial respecto de los derechos fundamentales. La trascendencia es de suyo relevante en tanto la propuesta de organización de un nuevo modelo de Estado- aquel que privilegia la democracia como forma de gobierno y además fija un contenido social en el marco de la organización de la nación políticamente organizada- traduce un reposicionamiento de ese tipo de Estado que prácticamente fue reducido a cenizas a raíz de la conflagración mundial.

El valor es igualmente trascendente para los derechos fundamentales pues desde la fijación de un contenido esencial, aquellos ya no representan una expresión semántica en las posteriores Constituciones de los Estados, sino una aspiración por hacer tangible los derechos de las personas en el plano de la justicia constitucional. En efecto, no resulta sino valiosísimo que la propuesta regulatoria de los derechos fundamentales, fije de suyo un contenido esencial, en la vía y premisa de fijar un núcleo duro o un contenido constitucionalmente protegido, totalmente inatacable por parte del legislador, a excepción del contenido no esencial o el contenido adicional del derecho fundamental.

 

Susana Castañeda Otsu. Juez Superior Presidente Sala Penal Apelaciones.

Aplicación del Código Procesal Penal 2004 y decisiones del Tribunal Constitucional.

¿Establece la Constitución un modelo procesal penal? A juicio de la expositora, no.

La STC 5228-2006-PHC/TC, caso Samuel Gleiser, presenta un importante análisis del habeas corpus al cual es importante remitirnos.

La acción de tutela, según la Corte Suprema vía acuerdo Plenario, se ha reducido en su ámbito de protección respecto a los derechos del imputado. Habría que preguntarnos si esto es compatible con la Constitución pues una reducción sustantiva de la protección puede crear una situación de indefensión.

Una discusión de importancia hoy es también oralidad versus escrituralidad. ¿Debe prevalecer irrestrictamente la oralidad? Es una cuestión que debe ser objeto de examen. El Código Procesal Penal apuesta por la oralidad.

Ha aplicado el Tribunal Constitucional, de igual forma, el test de proporcionalidad respecto a instituciones penales, en distintos casos, lo que merece un juicio positivo.

Críticamente, sin embargo, se puede observar que el Tribunal Constitucional no utiliza terminología penal adecuada. Se otorga denominación distinta a los términos propios del área penal.

 

Percy Chipana Loayza. Docente UPLA.

La prueba ilícita en las decisiones del Tribunal Constitucional

Es exigible, en los casos constitucionales, una ponderación de bienes constitucionales en tanto los derechos fundamentales tienen límites. Casos como los de Magaly Medina representan un ejemplo de ponderación de intereses, en el cual tiene lugar el examen de la prueba ilícita.

La prueba ilegal, en países como Colombia, no se puede incorporar al proceso, en tanto se agravian derechos constitucionales.

Carpizo hace referencia a un derecho preferente, omitiendo la ponderación, es decir, tiene lugar la aplicación de una preferencia.

La prueba ilícita implica la prohibición de incorporación de una prueba ilegal.

 

Christian Donayre Montesinos. Docente PUCP, Universidad del Pacífico y UPC.

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

La persecución de la cual es objeto una persona no puede rebasar los límites de la razonabilidad. Hay elementos adicionales que deben ser tenidos en cuenta. Hablamos del concepto de justicia oportuna, que en rigor no es justicia abstracta. Se debe aludir pues a un plazo razonable, que no es propiamente un plazo legal.

El mejor Tratado que aborda este tema es la Convención de San José de Costa Rica. No solo lo establece respecto del ámbito penal sino lo extiende respecto a toda otra área que involucre los derechos humanos.

Nuestra jurisprudencia nacional ha seguido los estándares interamericanos: complejidad del asunto, actividad procesal de los interesados, conducta de las autoridades y consecuencia del daño sufrido por el imputado.

Es importante diferenciar ejercicio regular de un derecho de defensa obstruccionista. Esta última es, por ejemplo, faltar a la verdad, o interponer recursos manifiestamente improcedentes para demorar el proceso.

¿Desde qué momento se puede contar el plazo? En materia penal, hay consenso respecto a que el plazo corre desde la detención del procesado. ¿Y en materia civil o laboral? ¿Cuándo comienza y más aún, cuándo termina?

Adicionalmente, si se pide a un juez constitucional revisar el plazo razonable, ¿cuál es el alcance del examen que debe realizar? ¿Cuáles son sus atribuciones?

El Tribunal Constitucional no ha sido uniforme en sus criterios como, por ejemplo, en el caso Chacón Málaga. En el caso Salazar Monroe, se pretende enmendar las observaciones al caso Chacón. No hay consenso al respecto. Se trata pues de cuestiones que quedan abiertas para el debate.

 

Mesa simultánea:

Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y su relación con las decisiones de los tribunales ordinarios. Reforma del Código Procesal Constitucional.

 

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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X Congreso de Derecho Constitucional y III Congreso de Derecho Procesal Constitucional. Huancayo, 29 de setiembre de 2011.

30 septiembre, 2011

 

X Congreso de Derecho Constitucional y III Congreso de Derecho Procesal Constitucional. 29 de setiembre de 2011

 

Mañana

A las 10.30 horas del día 20 de setiembre de 2011 en la incontrastable ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín, Perú, se dio inicio al X Congreso de Derecho Constitucional y III Congreso de Derecho Procesal Constitucional.auspiciado por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional APDC y la Universidad Peruana Los Andes UPLA, en el Centro Cultural de la UPLA. 

Participaron en la Mesa de Honor las siguientes autoridades:

Francisco Eguiguren Praelli, Ministro de Justicia y Presidente de la Asociación  Peruana de Derecho Constitucional APDC

Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Secretario de la APDC.

Jesús Cavero Carrasco, Vicerrector UPLA

Domingo García Belaunde, Presidente Honorario de la APDC

Miguel Vilcapoma Ignacio, Vicepresidente de la APDC

José Quintanilla Huamán, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana Los Andes, UPLA

Gerardo Eto Cruz, Magistrado del Tribunal Constitucional

Víctor García Toma, ex ministro de Justicia 

Luego de entonarse los Himnos Nacional y de Huancayo, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. José Quintanilla Huamán, Decano de la Facultad de Derecho de la UPLA. A continuación, hizo uso de la palabra el Presidente de la APDC y actual Ministro de Justicia Dr. Francisco Eguiguren Praelli. Dijo que es inevitable mirar la vista atrás y constatar que este es el X Congreso de la APDC., en el cual ha existido apoyo incondicional de Miguel Vilcapoma, Vicepresidente de la institución. 3 congresos han tenido lugar en esta ciudad y en el curso de 20 años, se han realizado 10 Congresos, respecto a los cuales profesores y estudiantes manifiestan un alto grado de identificación con esta disciplina científica.

El último Congreso Iberoamericano reunión a 120 ponentes extranjeros, lo cual revela un poder de convocatoria extraordinario. Es importante reflexionar, de igual forma, respecto a que nos hemos ocupado de las Constituciones de 1979 y 1993, abriéndose un curso de examen y exigencia respecto a si bajo la última Constitución se puede producir una reconceptualización de los derechos humanos. Ello ha de ser decisivo para determinar si esa Carta, nacida bajo circunstancias excepcionales, ha de responder a las actuales exigencias. Eso va a estar en debate muy pronto porque las grandes necesidades sociales, en el marco de derechos que plantea una Constitución por una mayor democracia formal, exige a los constitucionalistas tener que vincular el desarrollo de la sociedad política a que la Constitución sea un efectivo instrumento político para construir esas exigencias.  Señaló que el clima de diálogo académico hace vivenciales estos certámenes, debiendo marcar historia en nuestra institución. 

El Dr. Eloy Espinosa-Saldaña Barrera señaló que históricamente se hacía Congresos separados. Acotó: “Hoy lo hacemos juntos. Y hemos decidido llamarlo Néstor Pedro Sagües por cuanto sabemos de alguien que hace las cosas bien. Tiene los méritos suficientes para este reconocimiento. Es profesor de las Universidades más importantes de su país y solo en el Perú tiene 5 Doctorados Honoris Causa y 12 profesorados honorarios. ¿Por qué  viene este reconocimiento? Por su importante labor en sus textos y porque desarrolla su conocida relación entre el Derecho y la política y la teoría de la Constitución. Y donde nos interesa hacer énfasis es en sus enfoques a la disciplina del Derecho Procesal Constitucional.

En su obra escrita hace una primera configuración de las instituciones procesales y luego un análisis procesal de conceptos básicos procesales. Nos ha permitido proyectar conceptos sobre cómo manejar la razonabilidad en los estados de excepción. Ese es el primer momento que es cómo debemos ver el Derecho Procesal Constitucional. Mas ésta es una disciplina cambiante. Hoy nos preocupan más las sentencias del Tribunal Constitucional. Un segundo momento es el análisis de por qué crece esta disciplina y cuáles son los retos respecto a la codificación de la misma. Plantea Sagües la democratización de las sociedades americanas. Hay una constante, mejor que la de hace algunos años. Comienzan a tomar más fuerza normativa las Constituciones,  sean especializadas o dentro del contexto ordinario. En ese mismo contexto se da una reducción progresiva de las cuestiones políticas, y lleva ello también a nuevas disciplinas: Sagües está por una posición mínima: se refiere a magistraturas constitucionales, proporcionándonos elementos de juicio que hace importante escucharlos. El escenario tridimensional implica no solo las normas como tales sino lo fáctico y lo valorativo. De ahí la preocupación por jueces idóneos y por la importancia de la elección de los magistrados constitucionales.  

Debemos tener un mejor amparo, un mejor habeas corpus. Tenemos que desarrollar un buen habeas data. Eso significa mejorar el tratamiento de los procesos que tenemos, los cuales deben ser más garantistas. Se debe evitar el abuso de los procesos constitucionales para que ellos no pierdan credibilidad.

Sagües ha sido un gran promotor de cursos y maestrías en toda Iberoamérica. Pocas personas son tan claras y rigurosas para plantear conceptos. Una disgresión personal: he sido uno de los beneficiarios de sus enseñanzas. Sagües merece un reconocimiento como el que esta vez efectuamos. Enhorabuena por ello. “

El Dr. Domingo García Belaunde, Presidente Honorario de la APDC, señaló que se permitía un excursus sobre el por qué hacer este Congreso en Huancayo. En primer lugar, Jauja fue la primera capital del Perú, en 1534, pero por la lejanía del mar, Pizarro desistió. Jauja fue primera capital por su riqueza, por su identidad para el tratamiento de enfermedades. Valdelomar tiene un lindo ensayo sobre los tísicos. Manuel Pardo en el siglo XIX se curó en Jauja. En segundo lugar, el juramento de la Constitución de Cádiz- respecto de una Constitución luego malograda por Fernando VII- estuvo a cargo de 15 peruanos en Huancayo, en 1813, entre ellos Vicente Morales Duárez. En 1839 se reunió la Constituyente de ese año en Huancayo. También en Huancayo tuvo lugar la derogación de la esclavitud en 1854 por Castilla,

El primer encuentro de Derecho Constitucional tuvo lugar en agosto de 1975. Allí estuvieron Ricardo Haro y José Orbegoso. En México, en 1987 tuvo lugar en Lima el 1er Congreso de Derecho Constitucional. El 2do fue en Lima en 1990; el 3ro, en Arequipa en 1991; el 4to en Ica en 1993 con apoyo de la Universidad San Luis Gonzaga; el 5to Lima, en la PUCP; el  6to en Huancayo; el 7mo en Piura, en 2002; el 8vo en Arequipa, en 2005; el 9no en Arequipa en 2009; y 10mo. en Huancayo.

Los Congresos de Derecho Procesal Constitucional surgen sobre la base de que en Perú se aprueba en 2004 un Código Procesal Constitucional. Sergio Díaz Ricci fue promotor del Código Procesal Constitucional de Tucumán y esa tarea nos ayudó mucho. La divulgación fue muy activa con Palestra. El 1er Congreso fue en homenaje a Germán Bidart Campos. El 2007 fue el 2do en homenaje a Héctor Fix Zamudio; el 3ro es esta vez.

Lo importante de estos Congresos es la participación de extranjeros. Esta vez son 12 extranjeros, lo cual ha propiciado un diálogo fructífero.

El Dr. Miguel Vilcapoma Ignacio, Vicepresidente de la APDC, manifestó su agradecimiento a los asistentes. Explicó la forma de desarrollo del evento

El docente Jesús Cavero Carrasco, Vicerrector UPLA, en representación del rector de la entidad anfitriona, igualmente expresó su agradecimiento a los asistentes.

 

Primera Conferencia Magistral 

Fernando Rey Martínez, Catedrático de la Universidad de Valladolid, España.

El problema constitucional de los símbolos religiosos en los espacios públicos.  

“Voy a comentar dos sentencias del Tribunal Constitucional TC del Perú: del 07 de marzo de 2011 y la del 18 de marzo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH.

La cuestión es: ¿Pueden estar los símbolos religiosos en los Despachos públicos? ¿Hay una confrontación entre el Estado democrático y las entidades religiosas? Hay diversas brumas conceptuales y la relación es de suyo conflictiva. Estamos frente a un problema viejo que adopta rostros nuevos. Ni siquiera en Francia ni EE.UU., los países mas laicistas, hay una claridad conceptual en el sentido de qué es laicismo.

En el caso peruano, el Estado es uno laico débil. En la práctica la Constitución peruana alberga una garantía institucional a favor de la Iglesia católica, que lo insta a colaborar con ella y no con el resto de las confesiones religiosas. En 2do lugar, el Estado debe prestar apoyo a la Iglesia Católica. Hay una geometría variable. Debemos examinar qué es prestar colaboración. La Constitución plantea un favor religionis. Una procesión por Semana Santa es una actividad que se debe respetar. La colaboración implica diversas formas, mas existe necesidad de cuidado de estas formas pues puede existir distorsión, como por ejemplo, destinar un apoyo económico.

La Constitución peruana en su artículo 50 implica una cláusula de arraigo católico. La sentencia en examen se basa en ese reconocimiento católico. Es preciso observar la formación de la Iglesia en el ámbito cultural del Perú, al igual que la relevancia moral de esa institución. 

Si el Estado presta colaboración, la cuestión es si se debe retirar los símbolos religiosos católicos en los despachos de los jueces. En relación a los antecedentes del otro caso importante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la señora Lautsy llevaba a sus hijos a la escuela y no estaba de acuerdo en que se colocaran crucifijos en el aula, y solicita al Colegio se retiren los crucifijos. Las autoridades italianas desconocen su pretensión.

El 03 de noviembre de 2009, el TEDH da la razón a la Sra. Lautsy y señala una lesión al derecho a la educación en relación con la libertad religiosa. Se entendió que se violaba la separación entre la Iglesia y el Estado, asumiéndose una obligación de neutralidad.

La Gran Sala examina el caso este año y señala que la presencia de los símbolos religiosos no afecta la libertad religiosa. En Europa se considera que el Estado no se excede en este caso. 

En el caso peruano el pedido es el retiro de las Biblias y los crucifijos. El Tribunal Constitucional TC desestima el pedido y enfoca la cláusula del arraigo como un valor cultural y señala que no hay una lesión al derecho invocado. Se argumenta que la separación entre el Estado y la Iglesia no solo es de un carácter natural sino que igualmente no debe haber una relación negativa. El Tribunal dice que en un altar el significado es religioso pero en un Despacho Judicial, el significado es esencialmente cultural. Este concepto se asocia a la idea de símbolo pasivo que utiliza el TEDH.

Comparados los argumentos de las sentencias, el TC de Perú y el TEDH coinciden pero hay diferencias relevantes. El TEDH no dice qué la presencia de los crucifijos no lesiona derechos fundamentales, sino que lo remite a las autoridades nacionales. En segundo lugar, se refiere, por parte del TEDH, que se trata de signos religiosos pero de influencia mínima, es decir, son símbolos pasivos, y no es un signo proselitista. Retirar un símbolo religioso es un acto agresivo y no debe prevalecer el criterio de una minoría. El TC peruano señala que son símbolos culturales. Es apreciable que hay argumentos diferentes entre sí.   

Un Estado no confesional implica que en el respeto por los derechos de libertad, no puede haber discriminación. De otro lado, hay una obligación constitucional de cooperación bajo estándares de razonabilidad. Una de las quiebras argumentativas de las sentencias Lautsy I y II, significa poner en situación de indefensión a los niños, no hay fuerza de argumentos.

En un caso de fiscales de Amazonas de Perú, hay también una decisión estimatoria en donde se confunden funciones religiosas y funciones estatales, que exige el respeto por la libertad religiosa de quienes no profesan la religión católica o en su caso, de quienes lo son pero no desean exhibir sus confesiones en público.  

 

Segunda Conferencia Magistral  

José Julio Fernández. Universidad de Santiago de Compostela, España.  

Lo legal y lo constitucional. Intento de delimitación e implicancias prácticas. Relevancia para la jurisdicción constitucional. 

Deseo presentar un contenido prototípico de la Constitución y de lo legal. ¿Qué es lo constitucional? Las cuestiones básicas de organización política y de la vida en sociedad: la forma de Estado, la forma de gobierno, el sistema de representación, los ejes de poder en sus expresiones esenciales. Debemos introducir el principio democrático. Desde este principio se implementará la separación de poderes desde controles recíprocos para que haya controles democráticos, Se introducen los derechos fundamentales como cuestiones relevantes.

Este entendimiento material de contenido de la Constitución permite a ésta cumplir sus cometidos, sus valores. Mi entendimiento del Derecho Constitucional no es antipositivista. La Constitución no solo es contenido, es también continente. El principio democrático se convierte en el contenido sustancial del Derecho Constitucional.

Lo legal es una materia de índole legal que no es de relevancia constitucional. Hoy es insatisfactoria la visión de la ley. La Ley entra en cualquier tema. El artículo 103 de la Constitución refiere leyes especiales, lo cual va contra la doctrina del contenido de las leyes y ya no se puede entender solo desde el derecho material. La Constitución no agota los temas. El legislador tiene que desarrollar los aspectos básicos de la norma. Hay una conexión dialéctica entre lo legal y lo constitucional. La ley abarca cualquier contenido. Algunos países esquematizan sus formas: señalan qué corresponde a la ley y qué a lo constitucional. Sin embargo, ello no se hace para diferenciar lo legal de los constitucional sino lo legal de lo reglamentario. En España existe, por ejemplo, la reserva de Ley Orgánica en el artículo 81 de la Constitución española.

En aspectos prácticos, el artículo 64 de la Constitución de Perú permite el uso de la moneda extranjera. Eso no es materia constitucional sino legal. Entonces hay una laguna constitucional o de ajustes internos. ¿Podrá haber normas constitucionales inconstitucionales? Esto es un debate de la posguerra.   

En cuanto a competencias del Tribunal Constitucional, éste debería tener competencias constitucionales. La jurisdicción constitucional implica algunos conceptos: control constitucional de la ley, defensa de los derechos fundamentales y la garantía de éstos. El problema surge cuando el Tribunal Constitucional entra a cuestiones de mera legalidad. Adicionalmente, las cuestiones constitucionales deben significar los criterios hermenéuticos del Derecho Constitucional y no afrontar aspectos de fondo legales. Por ejemplo, una controversia constitucional implicará la aplicación del principio de proporcionalidad, el principio favor libertatis.  Los métodos a utilizar han de ser de suyo distintos, que beben de los iuspublicistas alemanes del siglo XIX, que se conectan con el principio democrático.

Las acciones de protección de los derechos fundamentales son propias de los órganos judiciales y el Tribunal Constitucional las conoce solo en forma excepcional. En Europa la competencia de los Tribunales Constitucionales es igualmente extraordinaria. 

En conclusión, es importante la reafirmación del principio democrático por su relevancia de fondo en todo lo constitucional. Los desajustes se presentan en la práctica por la ausencia de rigor. Se debe evitar los vaciamientos de los derechos arraigados en la Constitución.

 

Tarde

 

Presentación de diversas revistas y libros

 

Tercera Conferencia Magistral  

Ricardo Haro, profesor emérito de la Universidad Nacional Blas Pascal de Córdoba, Argentina.  

Bicameralismo, unicameralismo y eficiencia de las decisiones parlamentarias

Deseo agradecer el honor de haber sido invitado a este Congreso. Los estudiantes son la razón de la existencia de los profesores. La felicidad de transmitir justifica el esfuerzo de quienes enseñamos. Y aún cuando con la docencia no se puede subsistir, sin la docencia no se puede subsistir.

Tanto el bicameralismo como el unicameralismo son técnicas propias de la arquitectura constitucional. No tienen un fin exclusivo en sí mismo, son formas organizativas a través de las cuales se va transitando en Derecho Constitucional respecto a la vida política de un país.

Según Hermann Heller, a la pregunta de qué es la Constitución, la respuesta es una forma abierta a través de la cual transcurre la vida.

Bidart Campos decía que no creía que había argumentos previos respecto a las conformaciones de las cámaras. Las razones doctrinarias solo valían de acuerdo a cada caso determinado y  no comprometía valores fundamentales del Estado constitucional. Como decía Fontán Balestra, no solo se trata de la anatomía del órgano sino de la fisiología del órgano.

Las ventajas del unicameralismo las resumo en mi ponencia del Congreso, aludiendo a opiniones que refieren que en esa técnica se identifica la necesidad de una sola cámara pues la opción contraria – el bicameralismo- representaba rezagos de antiguos regímenes.

Lowenstein señalaba que el control inter órganos más efectivo dentro del Poder Legislativo es el bicameralismo. Jefferson se oponía al Senado y Washington, en una anécdota, vierte el contenido de la taza en el plato. ¿Por qué lo haces? Le pregunta Jefferson, y la respuesta fue “Para enfriar” y de ahí explica Washington la necesidad de enfriar las opiniones de una sola cámara.

La existencia de 2 cámaras explica hoy un mecanismo que se opone a una sola cámara, para que no pueda ésta atribuirse el carácter de omnipotente. Jefferson decía que 1 o 173 déspotas, aún elegidos, siempre serán tan déspotas como uno solo. Con 2 cámaras, habrá más debates pero habrá que reconocerse su mayor lentitud, mas las ventajas son mayores que las desventajas.

Una sola cámara representa mejor la voluntad popular y el principio democrático. Una sola cámara tiende a ser más conservadora.

Bicameralista es EE.UU.. Otros países han instalado el unicameralismo. 20% son unicameralistas y 80% bicameralistas en nuestro continente. En Argentina hay  un proceso de inclinación hacia el bicameralismo.  Esto vale para una comparación con los Estados unitarios. Perú, Guatemala y Honduras. Panamá, Ecuador y Nicaragua le llaman congreso unicameral. Costa Rica y el Salvador le llaman unicameral a la asamblea legislativa. Chile y Colombia tienen congreso bicameral. 

En conclusión, no interesa la distinción sino cuán bien funcionan en la realidad, exigiéndose órganos productivos y eficientes. Es importante saber sobre cuál realidad tenemos que legislar. No se debe olvidar que al hombre de gobierno le corresponde el enfoque político.

Los partidos políticos pasan hoy por crisis de credibilidad. Falta el debate en los bloques, es decir, en las comisiones. El hiperpresidencialismo significa, de la misma forma, una distorsión en la cual se percibe una actividad irrazonable del Poder Ejecutivo. Se aprecia, por ejemplo, en las delegaciones legislativas, al igual que en los Decretos de Urgencia. Se ha llegado a producir un abuso impúdico de estas medidas.

 

Cuarta Conferencia Magistral 

Pedro Buck Avelino, catedrático de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil.  

Las súmulas vinculantes en el Brasil como negación de la libertad decisoria en los tribunales ordinarios.  

El profesor Fernando Rey habló del diálogo cultural, el profesor Ricardo Haro de los sistemas de cámara que en buena cuenta expresan una forma de diálogo. Mi tema de ponencia se refiere al dialogo entre el Supremo Tribunal y los jueces en Brasil, donde llamamos a los precedentes vinculantes, súmulas vinculantes.

El control concentrado produce efectos erga omnes, en control difuso inter partes. El precedente vinculante en Perú se refiere a un tema de uniformización del derecho: si igual caso e igual derecho, entonces igual solución. En Brasil, la súmula vinculante pretende la concentración del poder en nuestro Supremo Tribunal. Fue planteada en Brasil en 1995 a efectos de armonizar el derecho. En ese año Brasil pasaba por una fuerte crisis económica. Diversas leyes pretendieron plantear formas de control, las cuales fueron revisadas por el Poder Judicial a través de controles de constitucionalidad.

El Supremo Tribunal Federal se ocupaba al año de alrededor de 40,000 procesos hacia el 2004, lo cual generaba la necesidad de racionalizar las causas, dado el poder de centralización del Supremo. Se aprobó una primera súmula, luego corregida el año 2007. Hoy hay 32. Un fallo del Supremo Tribunal Federal pues tiene un efecto claro de determinación de precedentes.

 

Quinta Conferencia Magistral  

Oscar Pucinelli. Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Magistrado de la Cámara de Apelaciones de Rosario. 

Los delitos de lesa humanidad y su naturaleza.

Le agradezco mucho a Néstor Pedro Sagües por sus enseñanzas y por permitirme ser presentado en Perú, país que visito en forma continua por espacio de 18 años.

Los pueblos que no tienen memoria, están condenados a repetir sus horrores. La frase no es mía pero la adapto a las circunstancias de los delitos de lesa humanidad. La memoria sin verdad lleva a la injusticia y no puede ser parcial. En mi país se cuenta la mitad de la historia.

Esta temática es fundamentalmente del siglo XX aunque ya desde el siglo XIX se buscaba limitar, de alguna forma, los efectos de la guerra, lo cual da inicio al Derecho Internacional Humanitario. Se generaron efectos del jus gentium hacia 1907 para una persecución de ciertos tipos de crímenes. Nadie se ampara hoy en un desconocimiento del Derecho de Gentes.

Después de la Primera Guerra Mundial, se busca castigar los crímenes de guerra. La Segunda Guerra Mundial generó los  crímenes más horrendos. Los crímenes contra la humanidad se especificaron en el artículo 6 del Estatuto de Nüremberg y en el artículo 7mo del Estatuto de Roma. Se comienza a tipificar el delito de genocidio. No se discutió aún en Nüremberg la imprescriptibilidad. En Londres en 1945 el acuerdo Inglaterra- EE.UU. tampoco aludía a la imprescriptibilidad mas no había duda de que esos delitos debían ser sancionados.

Un elemento de interés, en el orden peruano, es la posibilidad de que el acusado pueda renunciar a la prescripción de la acción penal.

Son los principales instrumentos de derechos humanos en relación a la imprescriptibilidad: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención de Imprescriptibilidad contra los crímenes de lesa humanidad (1968). El Tribunal Constitucional peruano ha establecido ya la obligación de investigar.

Otros instrumentos son la Convención Americana contra la desaparición forzada de personas, la cual precisa la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a esta materia. Adicionalmente, el Estatuto de Roma, que corresponde a la Corte Penal Internacional.

Son elementos de la imprescriptibilidad:

  1. El derecho a la verdad. Caso Hermanos Gómez Paquiyauri y caso Villegas Namuche. Se define el derecho a la verdad como bien jurídico inalienable. En Argentina, en el caso Urteaga reconoce la calidad de este derecho.  
  2. El ius cogens hace referencia a normas imperativas que no admiten argumentos en contrario. En el caso Castro Castro vs. Perú se reconoce, de la misma forma, la importancia de este derecho.
  3. Garantía de no repetición. Se propugna que sus autores u otros no vuelvan a cometer estos delitos. Se busca evitar la reiteración
  4. La reparación. Es muy complementario en relación a los 3 anteriores.

La desaparición forzada exige ubicarse conceptualmente en la Segunda Guerra Mundial. Hitler emite el Decreto de Noche de Niebla para la eliminación física de los oponentes al régimen nazi, lo cual generó asesinatos a pesar de la Convención de Ginebra. El tribunal de Nüremberg condenó a los autores de este Decreto.

La doctrina Truman, en la Guerra Fría, daba soporte intervencionista al gobierno en su lucha contra el comunismo. Se buscaba dar apoyo a quienes combatían a favor del comunismo. Se trató de emular el Decreto de la Noche de Niebla. 

En Latinoamérica, la coordinación consistía en el seguimiento y detención de opositores, fundamentalmente de izquierda. En el caso argentino, en mayo de 1974, Perón echaba de la Plaza de Armas a muchas personas en clara alusión a desbordes guerrilleros y se produjeron Decretos de Aniquilamiento de la subversión. Se cobraría la vida de 900 personas mediante fusilamientos, con aquiescencia de la sociedad civil argentina, la cual prestó cierto tipo de apoyo popular. En el gobierno de Alfonsín se dictan Leyes del Punto Final, las cuales no fueron consensuadas.

En los casos Velásquez Rodríguez y 5 pensionistas vs Perú se declara, a nivel del ámbito interamericano, la figura de la imprescriptibilidad. El derecho al olvido solo debe existir respecto a los delitos leves.

 

Mesa Redonda

 

Los retos de reforma constitucional o asamblea constituyente. Marco normativo, doctrinas y perspectiva nacional. 

 

Presidente: Eloy Espinosa- Saldaña Barrera.

La reforma hace referencia a las adaptaciones del constitucionalismo, lo cual conduce a varias preguntas: ¿cuándo reformar? ¿Cuáles materias reformar?

 

Sergio Díaz Ricci. Profesor Titular de Derecho Constitucional por la Universidad de Tucumán, Argentina. 

Nos vamos a centrar en el marco teórico de la reforma constitucional. Hay 2 dimensiones: qué es una reforma constitucional  y cómo se hace una reforma constitucional.

Como institución la reforma es novedosa. Hay entonces una singularidad en la temática constitucional. La Constitución se inicia a sí misma y rompe el  concepto aristotélico de  rupturas políticas a través de reformas duras. La reforma implica ángulos novedosos.

La institución reforma constitucional se la debemos a los norteamericanos: la Constitución de Maryland de 1776 ya la plantea.

La reforma implica varias cuestiones y una central es que ella se produce en un Estado democrático. No hay otra forma de fundar la reforma si no es en un Poder Constituyente. ¿Hay Poder Constituyente reformador? Sobre esto hay mucha discusión. El Poder Constituyente es el pueblo dictando normas constitucionales. No debemos acudir a la concepción schmittiana de que baja un Dios del Olimpo, cambia las cosas y luego se va. Esta es una teoría spinoziana que no se puede admitir.  

¿Para qué sirva una reforma constitucional? Cumplimos un procedimiento preestablecido. La reforma es una doble garantía: para que se modifique lo que se debe modificar y de otro lado, se hace para mantener una continuidad. Ambos efectos son garantías jurídicas. Ya Heller lo planteaba y se trata de una afirmación seria.

La reforma constitucional es también una garantía de predicibilidad política. Admite un valor de continuidad democrática.

También hay un Poder Constituyente cuando interviene el Parlamento. No se puede aludir a conceptos de exclusión pues el Parlamento cumple la función de continuidad democrática.

Este es el marco referencial de una reforma constitucional. El procedimiento está dirigido a una generación futura.

Las reformas sirven, finalmente, para crear continuidad. Es una técnica jurídica que le permite dar estabilidad a una Constitución. Suiza y Bélgica han hecho reformas integrales de sus Constituciones y no se han generado problemas jurídico- constitucionales.

Este tema es apasionante y rindo homenaje a mi maestro Pablo Lucas Verdú, quien falleció hace 2 meses.

Decía Haberle: La vitalidad es el arte de dar continuidad a una Constitución.

 

Víctor García Toma. Ex presidente del Tribunal Constitucional. Ex – Ministro de Justicia.  

La reforma plantea una expresión de la democracia y a la vez, tiene límites.  Los límites estructurales institucionales son un tipo de límites. Hay también topes internacionales que plantean una suerte de valladar a la actividad jurídica, así como límites materiales.

Hay reformas ciertamente inviables: no se puede modificar, por ejemplo, nuestro tipo de Estado.

Existen presupuestos doctrinarios para la reforma como la necesidad. Donde hay dudas es en la capacidad de consensuar.

Las restricciones heterónomas implican un control de convencionalidad. En el caso La Ultima Tentación de Cristo vs. Chile, la censura es aprobada y la Corte Americana de Derechos Humanos precisa una situación contraria a la libertad de expresión.

El Perú tiene 3 casos constitucionales contrarios a la reforma; en el caso de la Ley 20530 se declaró fundada en parte la demanda; un segundo caso es del Colegio de Abogados de Ica contra la Ley 27600; uno tercero el de Miguel Ángel Mufarech sobre el proceso de descentralización.

Las reformas en el Perú han generado 27 enmiendas a la Carta Fundamental.

 

Domingo García Belaunde. Doctor en Derecho. Profesor Principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

El Perú ha tenido 4 Constitucionales alusivas a la reforma: 1920, 1933, 1979 y 1993. La de 1979 tuvo un proceso curioso: es una Constitución ícono. Haya de la Torre constituyó un interlocutor de esta Constitución. Chirinos Soto dice a que la Constitución de 1993 se hizo como copia de la Constitución de 1979. Las diferencias entre ambas Constituciones fueron 2 centrales: el adelgazamiento de los derechos y la modificación del régimen económico.

Paniagua, siendo Presidente, nombró una Comisión de Estudio para la reforma pero finalmente su propuesta no tuvo respaldo en el Congreso.

Toledo nombró la Comisión Pease y sin embargo, a pesar de los avances, los partidos políticos decidieron no proseguir con la discusión. Con García tampoco llegó a caminar la reforma por no considerarla una prioridad.

En rigor, la Constitución de 1979 ya ha envejecido, no hay consenso en enmendarla.

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Entrevista a la Dra Diana Ramirez Carvajal ( Universidad de Medellín, Colombia). El Derecho Sustancial

27 septiembre, 2011

 

EL DERECHO SUSTANCIAL

 

IPSO JURE entrevistó a la Dra. Diana María Ramírez Carvajal, Jefa del Doctorado y Maestría en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín, Colombia, una de las procesalistas más destacadas del continente americano y profesora en universidades latinoamericanas y europeas. Ella accedió gentilmente a responder algunas preguntas nuestras, respecto al Derecho Sustancial.

IPSO JURE: Dra. Ramírez Carvajal, conocemos de la preocupación de Colombia por afianzar una definición del Derecho Sustancial. ¿Qué entendemos por derecho sustancial y cuál es su relación con el debido proceso?

DRA. DIANA RAMÍREZ CARVAJAL: En primer lugar lo que se entiende por derecho sustancial difiere del modelo jurídico que se esté aplicando.

Un ejemplo de lo que digo puede extraerse del siglo XIX, cuando el Estado Liberal de Derecho es adoptado por numerosas sociedades. Como todos sabemos la teoría jurídica preponderante en esta época fue el iuspositivismo jurídico radical o si se quiere una idea diferente  que expresa lo mismo, se puede adoptar una expresión de Juan Antonio García Amado, el “iuspositivismo  ingenuo”,  modelo que sostenía que el derecho era: claro, completo y cerrado.  En esta perspectiva el derecho sustancial no es otra cosa que el conjunto de normas declaradas por el legislador y que contienen los derechos y los deberes de las personas, es decir  las leyes que designan las obligaciones.

Si pensamos en el Estado Social de Derecho, que es un modelo bastante influyente en la época actual, vemos como la estructuración del derecho sustancial es diferente.  Para un Estado social de derecho, la teoría jurídica preponderante puede estudiarse a partir de la constitucionalización del derecho y del derecho constitucional.  Por ello puede entenderse que hoy no se hable de teoría jurídica, sino de teorías jurídicas.  De ahí que se generen discusiones paralelas sobre constitucionalismo, principialística, pluralismo jurídico, sociología jurídica,  filosofía del derecho, etc…

Y es justamente en esta discusión contemporánea, donde debemos esforzarnos por transformar el concepto de derecho sustancial para poder argumentar racionalmente su prevalencia y su relación con la justicia material.

Una discusión jurídica tan nutrida en la diversidad, como la actual, encuentra sin embargo una columna vertebral y es el constitucionalismo que se estudia en dos perspectivas: 1) la constitucionalización del derecho que implica la permeabilidad que han tomado las reglas y normas desde los principios y valores constitucionales y, 2) el derecho constitucional que da cuenta de los derechos fundamentales, los derechos constitucionales y las acciones constitucionales que los efectivizan. En esta dinámica es plausible entender que el derecho sustancial, se refiere a las normas de mayor jerarquía o importancia en las teorías jurídicas que se adoptan,  y estas normas están sin lugar a dudas en la constitución en forma de derechos fundamentales.

Si ello es así, la relación entre el derecho sustancial y el debido proceso es totalmente clara, ya que el debido proceso tiene categoría de derecho fundamental en los ordenamientos jurídicos occidentales y por tanto tendría una importancia superior en el ordenamiento jurídico.

IJ: ¿Cómo entendemos el desdoblamiento del debido proceso en principios e instrumentos?

DRC: Este es un tema muy interesante que vale la pena discutirse.  Lo digo porque conozco tendencias que llevan a vincular el debido proceso por principios con “aplicaciones de justicia”, lo cual no significa nada, esta frase es una fórmula vacía de contenido objetivo. Y para ser consecuentes con este primer planteamiento, el debido proceso como instrumento lo  identifican con los procedimientos, lo cual creo que nos regresa al derecho procesal del siglo XIX.

A mi juicio una forma clara de entender el debido proceso desarrollado en principios e instrumentos, está en visualizar el debido proceso como una estructura jurídica que tiene doble naturaleza, podría graficarse así: 

Debido proceso[1]

Es una estructura constitucional que

supera la discusión legal latente

 

Derecho sustancial de orden legal: entendido como normas de deberes y derechos.  Otorgan a las personas la capacidad de “exigir”

 

 

Derecho procesal de orden legal: entendido como normas de realización de los derechos. Otorgan a las personas acciones concretas

 

 

 

 

 

 

Es así como el debido proceso tiene una arista sustancial, ya que él mismo es un derecho exigible y reclamable por los ciudadanos. Yo diría el máximo derecho que un ciudadano puede exigir. Esta sería la arista de principios, porque en ella se conjunta los principales derechos de las personas: el derecho a un juez natural, el derecho a un debido contradictorio, el derecho a la defensa, etc…

De otro lado el debido proceso tiene una arista procesal, porque es  él en sí mismo un conjunto de estructuras (o instrumentos de superior jerarquía) que sirven para la efectivización o la protección de los derechos sustanciales.  Son parte de esta estructura: La defensa, no como derecho sino como acciones concretas. La contradicción, no como derecho, sino como acciones de refutación y contrargumentación. La legalidad de las formas, como estructuras procesales o procedimientos adecuados para llevar a cabo un correcto ejercicio de contradicción y defensa.

Esto es lo que se  llama derecho procesal formal y derecho procesal en sentido material.

IJ: ¿Cómo se expresa la prevalencia del derecho sustancial como idea de justicia material?

DRC: No soy muy afecta a hablar de justicia. Respeto mucho este término porque considero que es uno de los valores más importantes para el derecho.

Como valor, la justicia es un concepto difuso y plural. Es por ello que en muchas ocasiones cuando se habla de justicia material, se utiliza esta frase como una especie de comodín, bien para decir que se están haciendo las cosas bien en el proceso o para argumentar que una actividad no permitida se debe permitir.

Lo más cercano a la justicia material es el respeto por el derecho sustancial y el derecho procesal en los términos que hemos hablado en las preguntas anteriores, porque la justicia material también puede ser vista desde otras aristas como la correcta distribución de la riqueza, pero esta perspectiva tiene indefectiblemente que apartarse del concepto de justicia en la aplicación del ordenamiento jurídico.

IJ: ¿Qué aporta el concepto de justicia material?

DRC: El concepto de justicia material, en el derecho colombiano se fundamenta desde el artículo 228 de la Constitución política, cuando dice:

“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo” (subraya fuera de texto).

Este sentido la justicia material es un concepto que dinamiza la interpretación y la aplicación del ordenamiento jurídico, además permite un trabajo interdisciplinar en el derecho.

IJ: ¿Cuáles son los nuevos roles del derecho procesal y qué ha aportado Colombia al respecto?

DRC: En Colombia, por lo menos desde los programas de doctorado y maestría en derecho procesal contemporáneo de la Universidad de Medellín, hacemos permanentemente discusiones en clase, foros y congresos donde el eje central es “las nuevas tendencias contemporáneas en la aplicación del derecho”.

El derecho procesal tiene unos nuevos roles, hay unas dinámicas de desarrollo en él que son muy diferentes a aquellas estructuras que tenemos aprendidas desde las aulas de clase, porque afortunadamente o desafortunadamente, eso depende, nuestros profesores y nuestros programas universitarios siguen anclados en las concepciones teóricas del siglo XIX.  Un ejemplo claro de esto es como hoy seguimos enseñando con ahínco el derecho romano, pero no enseñamos derecho del common law;  y, como en algunas facultades se trabaja con desdén el proceso y lo que es peor, el derecho probatorio, todo en ello en detrimento de las tensiones y perspectivas contemporáneas.

Hay ejes y dinámicas nuevas sobre las cuales trabajar en el derecho procesal contemporáneo.  Podemos mencionar algunas:

  1. Qué tanta racionalidad se le imprime hoy a las prácticas judiciales.
  2. Cómo deciden los jueces
  3. Cómo se prueban los hechos
  4. Qué aportes se pueden adoptar desde la epistemología y desde la teoría del conocimiento en el proceso
  5. Cómo se fundamenta el derecho que resuelve el caso en conflicto
  6. Cómo se deben redimensionar los recursos ordinarios y extraordinarios.
  7. Cuál es la función de las cortes superiores y constitucionales
  8. Cómo se entiende la interacción rama judicial y rama legislativa
  9. Qué significa el debido proceso y la tutela judicial efectiva

10. Cómo se deben entender en el proceso, principios como: carga de la prueba, presunción de inocencia, autorresponsabilidad y no autoincriminación

IJ: Muchas gracias, Dra. Ramírez Carvajal. Quedamos muy reconocidos por su colaboración.


[1] Gráfico realizado por Diana Ramírez para la entrevista con la revista IPSO JURE

 

Enlace web IPSO JURE 14:

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2b36b68047d969f49d2bfd1f51d74444/IPSO_JURE_Nro_14.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2b36b68047d969f49d2bfd1f51d74444

 

 

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Revista virtual IPSO JURE No. 14, agosto de 2011

26 septiembre, 2011

 

PALABRAS DEL DIRECTOR edición 14, agosto 2011

 

Estimados amigos:

IPSO JURE celebra en este número 14 el Día del Juez, una fecha de suma trascendencia para la judicatura peruana en tanto abarca la conmemoración del trabajo de los magistrados cuya línea de trabajo representa precisamente resolver conflictos de intereses y definir el derecho desde la perspectiva de una respuesta jurisdiccional que nos lleva a la pregunta relevante de si en los procesos judiciales a cargo nuestro, establecemos una verdad, a partir de las alegaciones procesales de las partes, o si en su defecto, nuestra respuesta más bien se acerca a una fórmula de consenso. Esta reflexión nace a partir de un trabajo de Anna Pintore[1] e identifica una exigible diferenciación entre ambos conceptos respecto a la tarea judicial.

Resulta muy complejo definir si los jueces nos acercamos, con nuestros fallos jurisdiccionales, al establecimiento de la verdad, como una especie de oráculo que define una realidad inatacable, a la cual las partes se deben someter o en su defecto, si no concuerdan con ella, cuestionar bajo los alcances del principio de pluralidad de instancias. En efecto, nuestras decisiones jurisdiccionales representarían, si optáramos por atribuirse la calidad de verdad indiscutible respecto a lo que las partes señalan, un acercamiento conceptual a la tesis de Joseph Raz[2] sobre una única respuesta correcta frente al conflicto suscitado, a modo de una única alternativa.

Y ello sería aún más notorio respecto de los grados funcionales frente a los cuales el problema judicial se presenta: el juez de primera instancia asumiría una posición de verdad frente al problema, la cual si es revocada en decisión del órgano jurisdiccional superior, implicaría que éste establece una nueva verdad respecto a la controversia planteada. De la misma forma, si vía una fórmula casatoria o de recurso de nulidad o agravio constitucional, conociera un órgano judicial supremo, a su vez éste atribuiría verdad a su contenido. Nos acercaríamos en contenido, con certeza, a la fórmula del juez Jackson de la Corte Suprema de EE. UU, quien señalaba: “We are not final because we are infallible, but we are infallible only because we are final”. (Los jueces de la Corte Suprema no somos los últimos por ser infalibles, sólo somos infalibles precisamente porque somos los últimos)[3]

Sin embargo, en posición contraria a lo afirmado, creemos que más que una verdad o infalibilidad a establecer en los procesos judiciales, el juez, por el contrario, señala una aseveración de consenso. Efectivamente el juez construye la decisión y para ello, examina los hechos y las pruebas aportadas por las partes en el proceso, y organiza su fallo en función a lo que conoce respecto de la pretensión, representando así el examen que desarrolla una exigencia de fortaleza argumentativa que en rigor implica a la vez que una labor cognitiva racional, es decir, de real racionalización de las pruebas, igualmente también una tarea de persuasión respecto a los argumentos que habrá de examinar. Y tal tarea persuasiva gira desde 2 ámbitos: uno primero en cuanto las partes pretenden convencer al juez de los argumentos que invocan y un segundo tramo, con el cual el juez en su labor también trabaja estándares de persuasión, pues resulta cierta la premisa de Perelman[4], creador de un discurso de nueva retórica, en cuanto a pretender convencer a un auditorio universal que está representado por toda la comunidad jurídica, así como un eslabón previo en esa tarea de convencimiento, es la de trabajar los márgenes del auditorio particular que es representado por nuestro propio conocimiento del problema jurídico sometido a conocimiento del juez. En otras palabras, si no resulta convencido el juez respecto de su propio discurso racional, difícilmente resultará persuadida la comunidad jurídica respecto del problema representado. 

En ese orden de ideas, las decisiones de los jueces, antes que representar una verdad infalible, apuntan, en nuestra modesta posición, a señalar consensos jurídicos, en su calidad de aproximaciones a la verdad, a modo de convergencias, frente a los cuales es importante determinar que el propio sentido conceptual del consenso apunta a trabajar un efecto persuasivo, no determinante pero sí necesario, para el juicio jurídico final. 

En consecuencia, el consenso apunta a ser una forma de verdad pero no en términos absolutos, sino siempre de aproximación más fidedigna respecto de los hechos ocurridos y a su vez, en cuanto a las pruebas planteadas, dentro de las mejores posibilidades fácticas y jurídicas. El consenso aspira a un resultado de optimización de la controversia. De allí la enorme trascendencia del discurso de consenso del juez, el cual apunta a hacer sólida la tarea argumentativa, como eje fundamental de las decisiones jurisdiccionales.      

Hasta pronto.

El Director


[1] PINTORE, Anna. Consenso y verdad en la jurisprudencia. Ponencia XX Congreso de la Sociedad Italiana de Filosofía Jurídica y Política. Verona, octubre de 1996.

[2] RAZ, Joseph. La autoridad del derecho. Trad de Rolando Tamayo Salmorán p. 149. En GARCIA FIGUEROA. El Derecho como argumentación y el Derecho para la argumentación. p. 637 Doxa 24(2001)

[3] Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Brown v. Allen, 344 U.S. 443, 540 (1953), voto concurrente del juez Jackson.

[4] PERELMAN, Chaim. Tratado de la argumentación. La nueva retórica. Madrid, Gredos, 1989. p. 742.

 

 

INDICE

 

EL DERECHO SUSTANCIAL

ENTREVISTA A DIANA RAMÍREZ CARVAJAL (COLOMBIA)

 

VINCULATORIEDAD DE LAS CATEGORÍAS INTERPRETATIVAS CONSTITUCIONALES. UN ACERCAMIENTO CONCEPTUAL A LAS SENTENCIAS CONTRADICTORIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EDWIN FIGUEROA GUTARRA

SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. A PROPÓSITO DE LA STC 01648-2011-PA/TC NILSER PIÑAS SAURI

CECILIA LUCILA TUTAYA GONZÁLES

 

EL JUICIO DE APELACIÓN: REALIDAD Y PERSPECTIVAS

ERWIN QUISPE DÍAZ

 

LA GARANTÍA DE LAS PRESUNCIONES EN EL PROCESO CIVIL PERUANO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA JURISPRUDENCIA PROCESAL CIVIL ESPAÑOLA

ANTONIO MARÍA LORCA NAVARRETE (ESPAÑA)

 

A VUELTAS CON LA PONDERACIÓN

MANUEL ATIENZA (ESPAÑA)

 

EFICACIA DE LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES

VICENTE GIMENO SENDRA (ESPAÑA)

 

EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y SU CONFIGURACIÓN NORMATIVA

DOMINGO GARCÍA BELAÚNDE

 

LA REINCIDENCIA DENTRO DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

EMILIANO SÁNCHEZ BANCES

 

EL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ELIA JOVANNY VARGAS RUIZ

LOS LÍMITES DEL DERECHO A LA PRUEBA: LA PRUEBA ILÍCITA EN MATERIA PENAL

RIVER ENRIQUE BRAVO HIDALGO

 

LA REGULACIÓN SISTEMÁTICA DE LA REPOSICIÓN DEL TRABAJADOR EN LA NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO. NECESIDAD DE UNA INTERPRETACIÓN DE TUTELA LABORAL

BADY OMAR EFFIO ARROYO

 

EFECTOS DE LA REGULARIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES DE HECHO Y LOS ACTOS ANTERIORES A SU REGULARIZACIÓN

ANA MARÍA HUAMÁN LLAQUE

 

RONDAS CAMPESINAS Y JUSTICIA POPULAR EN LA PROVINCIA DE CUTERVO – DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

WALTER ANÍBAL MONTENEGRO YECKLE

 

El enlace web a esta edición es el siguiente:  

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2b36b68047d969f49d2bfd1f51d74444/IPSO_JURE_Nro_14.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2b36b68047d969f49d2bfd1f51d74444

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“Temas de Derecho Constitucional en la Administración de Justicia”. Ayacucho. 24 de setiembre de 2011

22 septiembre, 2011

 

Estimados amigos: 

Es muy grato comunicarles que asumimos un nuevo reto de la Academia de la Magistratura de Perú y hemos de dictar en la ciudad de Ayacucho el Módulo  “Temas de Derecho Constitucional en la Administración de Justicia”, cuyo primer taller ha de desarrollarse el próximo 24 de setiembre de 2011 en el marco de las actividades del Programa de Actualización y Perfeccionamiento. 

La primera sesión de trabajo abarcará los siguientes items: 

 

El razonamiento lógico y su relación con la argumentación 

1.1. El razonamiento lógico y sus bases conceptuales

1.1.a. El ordenamiento jurídico

1.1.b. Contexto de descubrimiento y contexto de justificación

1.1.c. Justificación interna y justificación externa

1.2. La argumentación jurídica. Importancia de su función

1.2.a. Derecho y argumentación

1.2.b. La construcción de argumentos

1.3. Teorías de la argumentación jurídica  

1.3.a. La tópica de Viehweg

1.3.b. La retórica de Perelman

1.3.c. El discurso racional de Alexy

 

Las bases de la argumentación constitucional  

2.1. La argumentación e interpretación constitucional y los derechos fundamentales

2.1.a. Caracteres de la argumentación constitucional

2.1.b. Derechos fundamentales. Nociones de su argumentación 

2.2. Principios de interpretación constitucional

2.2.a. Unidad de la Constitución

2.2.b. Concordancia práctica

2.2.c. Corrección funcional

2.2.d. Función integradora

2.2.e. Fuerza normativa de la Constitución

2.3. Las falacias argumentativas

2.3.a. Nociones de falacia

2.3.b. Tipos de falacias

2.3.b.1. Ad hominem

2.3.b.2. Petición de principio

2.3.b.3 Non sequitur

2.3.b.4. Ad ignorantium

2.3.b.5. De generalización precipitada

2.4. La legitimidad del juez constitucional

2.4.a. ¿Límites a la justicia constitucional?

2.4.b. El self restraint como control material

 

La segunda sesión se llevará a cabo el 17 de diciembre de 2011. 

Saludos cordiales, 

Edwin Figueroa Gutarra

 

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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus. Improcedencia liminar contra Ejecutoria Suprema

21 septiembre, 2011

  

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 02321-2011

DEMANDANTE: JOSE NUÑEZ ALARCON

DEMANDADO: JORGE LECAROS CORNEJO Y OTROS

MATERIA: HABEAS CORPUS

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, al primer día de agosto de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por José Núñez Alarcón contra el auto de fecha 16 de junio de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE LIMINARMENTE la demanda de hábeas corpus interpuesta contra los integrantes dela Sala Penal Permanente dela Corte Suprema de Justicia.

 

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de habeas corpus (p.1-8) aduciendo la vulneración a su derecho constitucional al debido proceso, en específico los derechos a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales con incidencia en la libertad personal, y por violarse sus derechos humanos de persona con deficiencia mental. Solicita la nulidad de la Ejecutoria Suprema de fecha 19 de julio del 2004 y en consecuencia se expida nueva resolución con arreglo a derecho. 

La sentencia emitida por la Tercera Sala Especializada Penal  dela Corte Superiorde Justicia de Lambayeque (p. 9-13) ordenó 15 años de pena privativa de la libertad para el hoy interno, por el delito de robo agravado con subsiguiente muerte. A su turno, la decisión emitida porla Sala PenalPermanente de la Corte Suprema de Justicia (p.14-16), declara haber nulidad en el extremo de la pena e impone 25 años de pena privativa de libertad al recurrente.

El auto apelado (p.26-29) precisa que los procesos constitucionales de la libertad individual no son la vía idónea para efectuar una valoración de los hechos ni de las pruebas que  son materia del presente proceso, como pretende el actor, al solicitar de modo indirecto un reexamen de la ejecutoria suprema.

La apelación formulada (p. 33-36) alega violación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y considera que sí se ha afectado sus derechos fundamentales así como que se ha procedido incorrectamente al denegar liminarmente su demanda pues la figura de la denegatoria de habeas corpus no existe. 

 

FUNDAMENTOS 

§ Los procesos de habeas corpus contra resolución judicial. Exigencia de un canon de control

1. Una sentencia sin duda relevante para el trabajo judicial en sede constitucional en el rubro de amparo contra resoluciones judiciales (y por extensión, para los habeas corpus contra decisiones jurisdiccionales), es el caso Apolonia Collca[1], la cual presenta, entre otros, 2 lineamientos jurisprudenciales a destacar.

2. En un primer orden, fija un canon para el control constitucional de resoluciones judiciales, a través de los estándares de razonabilidad, coherencia y suficiencia, a efectos de que solo después de estos exámenes, podamos advertir si corresponde dejar sin efecto una decisión jurisdiccional que goza de la calidad de cosa juzgada. Esto es sumamente importante pues advirtamos que una sentencia consentida o ejecutoriada,  en un proceso judicial concluido, denota el carácter de res iudicata, esto es, es definitiva

3. Por tanto, una sentencia estimatoria en un proceso constitucional contra resolución judicial firme, debe satisfacer tales exámenes respecto a la demanda, para que se deje sin efecto una decisión judicial ejecutable en todos sus términos. Por tanto, el juez constitucional debe ponderar si la sentencia materia de examen constitucional, deba quedar sin efecto solo después de merituar la razonabilidad, coherencia y suficiencia de la pretensión.

4. En segundo lugar, el caso Collca amplía el ámbito del amparo contra resoluciones judiciales, circunscribiendo la legitimación de la afectación a cualquier otro derecho fundamental tutelado porla Carta Fundamentaly ya no únicamente, a la protección de los derechos que integran la tutela procesal. La perspectiva anterior resultaba en extremo cerrada, en tanto para que una demanda de amparo contra resolución judicial prosperara, solo tenía lugar si se infringía el principio de proceso “regular”, cerrando así la vía de demanda a otras pretensiones iusfundamentales. Por tanto, el amparo contra decisión judicial procederá, a partir del caso Collca, contra todo otro derecho fundamental que una resolución judicial vulnere. En el caso Collca, la vulneración en examen, por ejemplo, corresponde al derecho de propiedad.

5. En suma, los nuevos estándares fijados resultan útiles para entender la dimensión ex novo del amparo contra resoluciones judiciales,  en cuanto  una vez admitida la pretensión, importa fijar un canon de control vía razonabilidad, suficiencia y coherencia de la pretensión. De la misma forma, la tutela de derechos fundamentales no puede resultar restringida en su ámbito de protección.

 

§Análisis del caso concreto

6. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, no apreciamos una vulneración manifiesta del derecho a la libertad personal en el caso de autos, ni afectaciones al debido proceso ni de otro lado, a cualquier otro derecho fundamental de una persona con deficiencia mental, pues la decisión emitida por la SalaPenalPermanente de la CorteSuprema, verificada con minuciosidad, desarrolla un ejercicio de motivación que a juicio de este Tribunal, resulta cuando menos suficiente, en tanto expone las razones del incremento del quantum de la pena.  

7. En efecto, respecto de las resoluciones tanto de la Corte Suprema así como la de la Sala Superior, las valoraciones que las mismas contienen, resultan ser proporcionales con el daño causado al agraviado, gravosidad que resulta finalmente en el resultado muerte del afectado. Y sobre dichas valoraciones, debemos asumir que la decisión final de los órganos jurisdiccionales ha sido una condena a pena privativa de libertad, la cual no puede ser objeto de examen en esta sede constitucional, sino solo desde la óptica de un derecho fundamental vulnerado, lo cual no constatamos. De otro lado, el accionante aduce deficiencia mental y presenta una constancia que acredita déficit intelectual leve (p. 25). Sin embargo, es importante acotar que el nivel de deficiencia que invoca no genera exclusión de culpabilidad y por tanto este extremo debe ser desestimado. 

8. Finalmente, este Tribunal considera que la aplicación de la causal de improcedencia referida debe ser estimada en tres pasos de evaluación conjunta,  conforme a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 06218-2007.[2] 

9. En primer lugar, los derechos vulnerados según la impugnación son  el debido proceso y la debida motivación de las resoluciones judiciales con incidencia en la libertad personal. Ello no resulta amparable, en tanto la decisión emitida por la CorteSuprema  es emitida en forma regular, bajo fundamentos que no resultan manifiestamente incompatibles. En rigor, hay un ejercicio de motivación que sí existe- incremento del quantum– el cual no podemos soslayar. 

10. En segundo lugar la verdadera pretensión del demandante reside en que se revoque la decisión emitida por la Corte Suprema, objetivo de suyo incompatible con la potestad de examen de los órganos jurisdiccionales pues si éstos sancionan, alegan los fundamentos de su raciocionio, situación que se verifica en estos actuados.   

11. Finalmente, y como tercer segmento de análisis, la pretensión formulada no guarda relación con el contenido constitucionalmente protegido de la tutela del habeas corpus, en tanto no se puede dejar sin efecto una decisión que resuelve imponer una pena proporcional con el daño que se ha causado. 

12. Por último, la improcedencia liminar es plenamente viable en los procesos de habeas corpus y a ello se remite la frondosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los órganos del Poder Judicial, en tanto se trata de una decisión relevante respecto a todo proceso de la libertad e inclusive de control normativo. Si una pretensión no reúne las condiciones mínimas para transitar por la vía del habeas corpus, así debe expresarlo el Tribunal competente, constituyendo ello su obligación y no una opción.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos.

 Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 03179-2004-AA/TC Caso Apolonia Collca 

23. (…) el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias, está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia.

a) Examen de razonabilidad. – Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.

b. Examen de coherencia. – El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio.

c. Examen de suficiencia. – Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.

[2] STC 06218-2007. Caso Víctor Esteban Camarena 

16. Teniendo en cuenta ello este Tribunal considera que la aplicación de la causal de improcedencia referida debe ser examinada en tres pasos de evaluación conjunta:

a. En primer lugar, el juez constitucional debe identificar el derecho o derechos que expresa o implícitamente podrían verse afectados por los actos arbitrarios que son demandados (…)

b. En segundo lugar, el juez constitucional debe identificar la verdadera pretensión del demandante. Para ello debe tenerse presente no solo el petitorio sino también los hechos alegados en la demanda (…)

c. En tercer lugar el Juez constitucional deberá analizar si la verdadera pretensión del demandante forma parte del contenido constitucionalmente protegido de algunos de los derechos fundamentales que son objeto de la tutela del proceso de habeas corpus

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