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Una lectura interpretativa del Código Procesal Constitucional. Artículo

16 septiembre, 2011

UNA LECTURA INTERPRETATIVA DEL CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL

 

Discernir sobre derechos fundamentales puede resultar una tarea compleja y particularmente misteriosa en la definición de Tribe[1] y más allá de estas premisas, resulta en especial relevante cómo no se deben interpretar los derechos fundamentales, es decir, cuáles deben ser los argumentos a evitar para una interpretación integral de los derechos fundamentales.

Tribe, al señalar con énfasis cómo no se debe interpretar el Derecho Constitucional, reflexiona sobre la exigencia interpretativa, a partir de la cual precisa con interés la necesaria exclusión de 2 tipos de interpretación o falacias interpretativas: la desintegración y la hiperintegración. En cuanto a la desintegración, la idea subyacente es excluir aquel razonamiento que no interprete la Constitución como un todo y a su vez, la hiperintegración, implica que el concepto de unidad no puede resultar absoluto. En esencia, se trata de excluir, en ambos casos, situaciones extremas, las cuales desvirtúan la tarea de los intérpretes constitucionales.

Los lineamientos de Tribe exigen ser llevados al plano de las controversias constitucionales, en tanto que desde la óptica del Derecho Procesal Constitucional, interpretar la Constitución conlleva a definir la naturaleza procesal de los derechos fundamentales, es decir, éstos son Derecho Constitucional concretizado y en conocida expresión de Hesse[2], ello permite “que la Constitución se realice”.

La tarea interpretativa de resolución de conflictos constitucionales encuentra su soporte primigenio natural a partir de los principios, valores y directrices establecidos en la Carta Fundamental. Así, la definición de una controversia sobre derechos fundamentales no podrá obviar cuáles son los enunciados materiales sustantivos, tanto normativos como jurisprudenciales, sustentados como base de bases del pensamiento vinculado a derechos constitucionales: normativos, a partir de las normas- regla y normas- principio contenidos en la Carta Magna, y jurisprudenciales, en cuanto se refiere a las decisiones del supremo intérprete de la Constitución, de los órganos supranacionales en el rubro de derechos humanos, así como a las resoluciones del Poder Judicial en materia de tutela de urgencia que vayan sentando los horizontes más relevantes en materia de los derechos personalísimos que identifican los derechos fundamentales.

Entre esas fuentes destaca el Código Procesal Constitucional del Perú[3] y en especial, su Título Preliminar, a partir del concepto matriz de que las líneas directrices contenidas en él, revisten una enorme importancia en cuanto a servir de sustento para la adopción de decisiones, en cuanto abarca los contenidos directos, valorativos y axiológicos a partir de los cuales se construye el pensamiento constitucional del intérprete, sea cual fuere su naturaleza en el concepto abierto de intérpretes de Häberle[4], y por lo tanto, la lectura interpretativa de las reglas procesales del Código Procesal Constitucional, no puede desvincularse de las ideas base que representa el Título Preliminar. En ese orden de ideas, éste sirve de fuente de orientación, guía y hoja de ruta, para quien advierta la necesidad de definir una controversia constitucional. 

De otro lado, resulta necesario enfatizar que la naturaleza procesal de los derechos fundamentales exige cánones de interpretación particulares, los cuales difieren de aquellos derechos de configuración legal, en la medida que aquellos revisten una connotación trascendente, dada su condición de derechos personalísimos, sujetos a una condición especial de tutela.

¿Se trata entonces de derechos prevalentes o es que son más importantes que los derechos de naturaleza legal? No nos atreveríamos en estricto a definir que la jurisdicción constitucional sea de mayor rango e importancia que la de sede ordinaria. Sin embargo, el barómetro de la tutela de urgencia asume un matiz definido a mérito del artículo 22 del Código Procesal Constitucional, en consideración a dos factores: la tutela de urgencia que se desprende propiamente de un proceso constitucional en cuanto vela por derechos fundamentales, y la exigencia de sumariedad, esto es, de un proceso relativamente corto que a su vez consagra La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 25, a través del nomen iuris de la protección judicial. Ambos conceptos justifican una característica de urgencia que en el plano procesal, ha de determinar, a modo de ejemplo, la prevalencia de una sentencia constitucional frente a una sentencia penal, y en modo alguno se trata de advertir que el trabajo del juez constitucional haya de imponerse al del juez penal, y sin embargo, si aquel tutela derechos fundamentales, su vinculación manifiesta a los derechos personalísimos del eventual solicitante, justifica plenamente su prevalencia aplicativa. 

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho 

Publicado en JURIDICA 372, El Peruano, 13 de setiembre de 2011

 


[1] TRIBE, Laurence y DORF, Michael. Cómo no interpretar la Constitución en Interpretando la Constitución. Palestra Editores. Lima, 2010. p. 33.

[2] Vid ARAGON REYES, Manuel. El control como elemento inseparable del concepto de Constitución. Revista Española de Derecho Constitucional. Año 7. Número 19. Enero- abril 1987.

[3] Ley 28237, vigente desde el 01 de diciembre de 2004.

[4] Vid. FERRER MC GREGOR, Eduardo. (Coord.) Derecho Procesal Constitucional. Tomo IV. Porrúa. 4ta edición. México.  p. 3455

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