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Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento. Exigibilidad de no contradicción

19 septiembre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 147-2010

DEMANDANTE: NANCY CAJAN ALCANTARA      

DEMANDADO: SALVADOR DE LA CRUZ TIRADO

MATERIA: CUMPLIMIENTO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo,  a los 21 días del mes de junio de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Pineda Ríos, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recursos de apelación interpuestos por: 

  1. Salvador de la Cruz Tirado contra la sentencia de fecha 19 de julio de 2010, que DECLARA FUNDADA la demanda de cumplimiento de autos.
  2. Enrique Salazar Fernández, en su calidad de Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, contra la misma sentencia.

 

ANTECEDENTES  

La pretensión de la demandante (p. 45-49) tiene por objeto el cumplimiento de la Directiva 001-2010 GR.LMAMB/DR/OA-PER  de fecha 05 de enero de 2010, y del memorando 061-2010-GR.LAMB/DREL/DIE NLT, de fecha 01 de marzo de 2010, con los cuales la recurrente ha venido dictando clases en la institución educativa Nicolás La Torre en Chiclayo. Ha sucedido, sin embargo, que se le ha obligado a dictar en 3ro y 4to de secundaria, afectando el sentido de la Directiva 001-2010. 

El señor de la Cruz Tirado, Director de la institución emplazada, contesta la demanda (p. 193-199) y pide se declare infundada la demanda en vista de que el memorando a que hace mención la emplazante, fue dejado sin efecto debido a que a la demandante, con especialidad en Biología y Química, no se le debió asignar el dictado del área en Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

El Procurador Público igualmente contesta la demanda (p. 298-313) y solicita se declare improcedente la demanda por existir vías procedimentales específicas. 

El juez A-quo expide sentencia (p. 320-324) y señala que el memorando 061-2010 antes citado, cumple los requisitos mínimos del proceso de cumplimiento y procede su exigencia. 

La impugnación de de la Cruz Tirado (p. 331-334) indica que no se ha tenido en cuenta que el memorando 061-2010 tenía el carácter de tentativo y provisional y que al ser dejado sin efecto tácitamente, perdió su condición de mandato vigente. 

La apelación del Procurador Público Regional (p. 336-348) señala, de la misma forma, que no ha habido un estudio detenido de autos y que la presente petición no es discutible en esta vía.  

 

FUNDAMENTOS 

§ El proceso de cumplimiento en la jurisprudencia constitucional 

1. Históricamente, la institución que más se asemeja al proceso de cumplimiento es el Writh of Mandamus, remedio jurídico que se interponía contra el abuso del poder estatal que se negaba a ejecutar o hacer algo de su competencia. En el ámbito continental,  la Corte Suprema de EE.UU. se encuentra facultada para dictar mandatos contra cualquier autoridad o funcionario estatal, siendo el antecedente latinoamericano más cercano de esta instituciónla Constitución Colombiana de 1991, la cual refiere en su artículo 87 que la acción de cumplimiento procede para hacer efectivos una ley o un acto administrativo. 

2. En la práctica jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha fijado los caracteres mínimos para que una pretensión sea exigible en la vía de cumplimiento[1] y ha consolidado, a juicio nuestro, que se considere el proceso de cumplimiento como un proceso en rigor constitucional y no simplemente constitucionalizado, en crítica de su verdadera eficacia en sede constitucional. 

3. Nos explicamos. La crítica sostiene que la finalidad del proceso de cumplimiento no es tutelar bienes constitucionales, sino el acatamiento de obligaciones provenientes de normas legales o actos administrativos[2]. Si es así, no sería un proceso constitucional, sino “constitucionalizado”, pues no obstante estar reconocido en la Carta Magna, no comparte los fines de los procesos constitucionales. Sin embargo y como posición contraria, la doctrina en contrario sostiene que sí es un proceso constitucional[3], pues actúa sobre la base de derechos constitucionales objetivos: primero, en la constitucionalidad de los actos legislativos, y segundo, en la legalidad de los actos administrativos. 

4. En propiedad, el proceso de cumplimiento busca asegurar la eficacia de las normas legales y los actos administrativos, convirtiendo el cumplimiento de normas legales y actos administrativos por parte de la autoridad en un derecho fundamental de los ciudadanos. Protege así un derecho fundamental no enumerado. 

5. Finalmente, el proceso de cumplimiento satisface tanto la finalidad objetiva (supremacía constitucional) como la subjetiva (tutela de derechos fundamentales) de los procesos constitucionales[4].

 

§ Análisis del caso concreto

6. A juicio nuestro, el argumento relevante de la presente litis reside en si efectivamente el memorando 061-2010 (p. 7) cumple los requisitos del proceso de cumplimiento previstos en el precedente vinculante 168-2005-PC/TC, pues en la medida que se satisfagan las exigencias del aludido precedente, el mandato debe ser inexorablemente acatado. De la misma forma, si el mandato allí contenido no resulta acorde con los lineamientos del precedente en mención, corresponde desestimar la pretensión.

7. En nuestro análisis reviste importancia si no existe mandato contrario al memorando 061-2010 y del examen de los mismos recaudos acompañados por la actora, la misma reconoce en su carta de folios 8 que “en la fecha (en que dirige la carta sub judice) se ha dispuesto lo contrario al memorando citado”. En consecuencia, ya no existe la vigencia propia que exige el mandamus en la estructura del proceso de cumplimiento y por consiguiente el mandato propio de este proceso constitucional, ha perdido su valor. 

8. Ahora bien, si de un lado es cierto que todo acto administrativo o mandato legal reviste en sí un hacer o no hacer exigible, es relevante para el proceso de cumplimiento, de otro lado, que el mandato asignado no encuentre contradicción razonable alguna y que como mandamus sea ejecutable en todos sus términos. En el caso sometido a debate, la emplazada ha dispuesto la modificación de los términos del memorando 061-2010 y por tanto, ya no existe la exigibilidad constitucional del mandato propio que el precedente vinculante 168-2005-PC/TC exige. 

9. Ahora bien, lo alegado por la actora tampoco debe quedar en situación de indefensión y corresponderá que la misma haga uso de las vías específicas que la ley prevé en tanto al no cumplirse las condiciones del mandamus del precedente 168-2005-PC/TC, ya no es la vía constitucional el medio adecuado para satisfacer su pretensión, que por cierto ha de resultar exigible para sus propios intereses mas ya no en la vía constitucional. En ese orden de ideas, corresponde desestimar la pretensión.

 

DECISIÓN:  

Por estos fundamentos, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, REVOCA la sentencia de autos, que4 declara fundada la demanda; REFORMÁNDOLA, DECLARA IMPROCEDENTE la demanda; y DISPONE su publicación en el diario oficial EL PERUANO. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

FIGUEROA GUTARRA

PINEDA RÍOS


[1] STC 168-2005-PC/TC caso Villanueva Valverde 

14. Para que el cumplimiento de la norma legal o la ejecución de un acto administrativo sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:

a) ser un mandato vigente;

b) ser un mandato cierto y claro,

c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares,

d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento,

e) ser incondicional,

 f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante.(…) 

[2] GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho, Lima, 2008. p. 11 

[3] LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Palestra, Lima, 2004.  p. 141. 

[4] GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho, Lima, 2008. p. 14

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