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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus. Improcedencia liminar contra Ejecutoria Suprema

21 septiembre, 2011

  

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 02321-2011

DEMANDANTE: JOSE NUÑEZ ALARCON

DEMANDADO: JORGE LECAROS CORNEJO Y OTROS

MATERIA: HABEAS CORPUS

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, al primer día de agosto de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por José Núñez Alarcón contra el auto de fecha 16 de junio de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE LIMINARMENTE la demanda de hábeas corpus interpuesta contra los integrantes dela Sala Penal Permanente dela Corte Suprema de Justicia.

 

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de habeas corpus (p.1-8) aduciendo la vulneración a su derecho constitucional al debido proceso, en específico los derechos a la defensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales con incidencia en la libertad personal, y por violarse sus derechos humanos de persona con deficiencia mental. Solicita la nulidad de la Ejecutoria Suprema de fecha 19 de julio del 2004 y en consecuencia se expida nueva resolución con arreglo a derecho. 

La sentencia emitida por la Tercera Sala Especializada Penal  dela Corte Superiorde Justicia de Lambayeque (p. 9-13) ordenó 15 años de pena privativa de la libertad para el hoy interno, por el delito de robo agravado con subsiguiente muerte. A su turno, la decisión emitida porla Sala PenalPermanente de la Corte Suprema de Justicia (p.14-16), declara haber nulidad en el extremo de la pena e impone 25 años de pena privativa de libertad al recurrente.

El auto apelado (p.26-29) precisa que los procesos constitucionales de la libertad individual no son la vía idónea para efectuar una valoración de los hechos ni de las pruebas que  son materia del presente proceso, como pretende el actor, al solicitar de modo indirecto un reexamen de la ejecutoria suprema.

La apelación formulada (p. 33-36) alega violación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y considera que sí se ha afectado sus derechos fundamentales así como que se ha procedido incorrectamente al denegar liminarmente su demanda pues la figura de la denegatoria de habeas corpus no existe. 

 

FUNDAMENTOS 

§ Los procesos de habeas corpus contra resolución judicial. Exigencia de un canon de control

1. Una sentencia sin duda relevante para el trabajo judicial en sede constitucional en el rubro de amparo contra resoluciones judiciales (y por extensión, para los habeas corpus contra decisiones jurisdiccionales), es el caso Apolonia Collca[1], la cual presenta, entre otros, 2 lineamientos jurisprudenciales a destacar.

2. En un primer orden, fija un canon para el control constitucional de resoluciones judiciales, a través de los estándares de razonabilidad, coherencia y suficiencia, a efectos de que solo después de estos exámenes, podamos advertir si corresponde dejar sin efecto una decisión jurisdiccional que goza de la calidad de cosa juzgada. Esto es sumamente importante pues advirtamos que una sentencia consentida o ejecutoriada,  en un proceso judicial concluido, denota el carácter de res iudicata, esto es, es definitiva

3. Por tanto, una sentencia estimatoria en un proceso constitucional contra resolución judicial firme, debe satisfacer tales exámenes respecto a la demanda, para que se deje sin efecto una decisión judicial ejecutable en todos sus términos. Por tanto, el juez constitucional debe ponderar si la sentencia materia de examen constitucional, deba quedar sin efecto solo después de merituar la razonabilidad, coherencia y suficiencia de la pretensión.

4. En segundo lugar, el caso Collca amplía el ámbito del amparo contra resoluciones judiciales, circunscribiendo la legitimación de la afectación a cualquier otro derecho fundamental tutelado porla Carta Fundamentaly ya no únicamente, a la protección de los derechos que integran la tutela procesal. La perspectiva anterior resultaba en extremo cerrada, en tanto para que una demanda de amparo contra resolución judicial prosperara, solo tenía lugar si se infringía el principio de proceso “regular”, cerrando así la vía de demanda a otras pretensiones iusfundamentales. Por tanto, el amparo contra decisión judicial procederá, a partir del caso Collca, contra todo otro derecho fundamental que una resolución judicial vulnere. En el caso Collca, la vulneración en examen, por ejemplo, corresponde al derecho de propiedad.

5. En suma, los nuevos estándares fijados resultan útiles para entender la dimensión ex novo del amparo contra resoluciones judiciales,  en cuanto  una vez admitida la pretensión, importa fijar un canon de control vía razonabilidad, suficiencia y coherencia de la pretensión. De la misma forma, la tutela de derechos fundamentales no puede resultar restringida en su ámbito de protección.

 

§Análisis del caso concreto

6. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, no apreciamos una vulneración manifiesta del derecho a la libertad personal en el caso de autos, ni afectaciones al debido proceso ni de otro lado, a cualquier otro derecho fundamental de una persona con deficiencia mental, pues la decisión emitida por la SalaPenalPermanente de la CorteSuprema, verificada con minuciosidad, desarrolla un ejercicio de motivación que a juicio de este Tribunal, resulta cuando menos suficiente, en tanto expone las razones del incremento del quantum de la pena.  

7. En efecto, respecto de las resoluciones tanto de la Corte Suprema así como la de la Sala Superior, las valoraciones que las mismas contienen, resultan ser proporcionales con el daño causado al agraviado, gravosidad que resulta finalmente en el resultado muerte del afectado. Y sobre dichas valoraciones, debemos asumir que la decisión final de los órganos jurisdiccionales ha sido una condena a pena privativa de libertad, la cual no puede ser objeto de examen en esta sede constitucional, sino solo desde la óptica de un derecho fundamental vulnerado, lo cual no constatamos. De otro lado, el accionante aduce deficiencia mental y presenta una constancia que acredita déficit intelectual leve (p. 25). Sin embargo, es importante acotar que el nivel de deficiencia que invoca no genera exclusión de culpabilidad y por tanto este extremo debe ser desestimado. 

8. Finalmente, este Tribunal considera que la aplicación de la causal de improcedencia referida debe ser estimada en tres pasos de evaluación conjunta,  conforme a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 06218-2007.[2] 

9. En primer lugar, los derechos vulnerados según la impugnación son  el debido proceso y la debida motivación de las resoluciones judiciales con incidencia en la libertad personal. Ello no resulta amparable, en tanto la decisión emitida por la CorteSuprema  es emitida en forma regular, bajo fundamentos que no resultan manifiestamente incompatibles. En rigor, hay un ejercicio de motivación que sí existe- incremento del quantum– el cual no podemos soslayar. 

10. En segundo lugar la verdadera pretensión del demandante reside en que se revoque la decisión emitida por la Corte Suprema, objetivo de suyo incompatible con la potestad de examen de los órganos jurisdiccionales pues si éstos sancionan, alegan los fundamentos de su raciocionio, situación que se verifica en estos actuados.   

11. Finalmente, y como tercer segmento de análisis, la pretensión formulada no guarda relación con el contenido constitucionalmente protegido de la tutela del habeas corpus, en tanto no se puede dejar sin efecto una decisión que resuelve imponer una pena proporcional con el daño que se ha causado. 

12. Por último, la improcedencia liminar es plenamente viable en los procesos de habeas corpus y a ello se remite la frondosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los órganos del Poder Judicial, en tanto se trata de una decisión relevante respecto a todo proceso de la libertad e inclusive de control normativo. Si una pretensión no reúne las condiciones mínimas para transitar por la vía del habeas corpus, así debe expresarlo el Tribunal competente, constituyendo ello su obligación y no una opción.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos.

 Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 03179-2004-AA/TC Caso Apolonia Collca 

23. (…) el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias, está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia.

a) Examen de razonabilidad. – Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.

b. Examen de coherencia. – El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio.

c. Examen de suficiencia. – Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.

[2] STC 06218-2007. Caso Víctor Esteban Camarena 

16. Teniendo en cuenta ello este Tribunal considera que la aplicación de la causal de improcedencia referida debe ser examinada en tres pasos de evaluación conjunta:

a. En primer lugar, el juez constitucional debe identificar el derecho o derechos que expresa o implícitamente podrían verse afectados por los actos arbitrarios que son demandados (…)

b. En segundo lugar, el juez constitucional debe identificar la verdadera pretensión del demandante. Para ello debe tenerse presente no solo el petitorio sino también los hechos alegados en la demanda (…)

c. En tercer lugar el Juez constitucional deberá analizar si la verdadera pretensión del demandante forma parte del contenido constitucionalmente protegido de algunos de los derechos fundamentales que son objeto de la tutela del proceso de habeas corpus

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