h1

X Congreso de Derecho Constitucional y III Congreso de Derecho Procesal Constitucional. Huancayo, 30 de setiembre de 2011

30 septiembre, 2011

 

 

 

 

X Congreso de Derecho Constitucional y III Congreso de Derecho Procesal Constitucional. Huancayo, 30 de setiembre de 2011


Local: Facultad de Derecho de la UPLA. Ciudad Universitaria. Urb. Chorrillos s/n. Huancayo.

 

Mesa de Trabajo

Constitucionalismo o neoconstitucionalismo e interculturalidad. Reforma constitucional o Asamblea Constituyente.

 

Presidente de Mesa: Pedro Buck (Brasil)

César Landa Arroyo (Perú). Ex presidente del Tribunal Constitucional

Percy La Torre (Perú). Docente UPLA.

 

Primera ponencia

Jhonny Tupayachi Sotomayor. Docente Universidad Católica Santa María de Arequipa, UPSMP y Tecnológica del Perú

Urgente y necesario. Tentativas académicas de reforma constitucional

Los italianos y franceses usan la palabra “revisión” y no “reforma”, este último propio de los países latinoamericanos.“Enmienda” se da en aspectos cuantitativamente pequeños, se busca perfeccionar algunos aspectos de la Constitución. El término “reforma” alude a un contexto mayor.

Las Constituciones, como dice García Belaunde, son “hijas de su tiempo”. Intervienen factores como la coyuntura y la necesidad, esta última propia de factores que explican un no estatismo de los principios de la Carta Fundamental.

Las reformas deben ser parciales. Una reforma integral lleva a desconocer íntegramente la Constitución. Necesariamente debe contemplarse en el texto constitucional el alcance de la reforma. No puede haber límites irrazonables. Uno de los principales límites es el respeto por el marco internacional. La exigencia es observar las obligaciones internacionales del Estado.

De igual forma, es importante el entorno social y cultural. No se puede modificar aquellos elementos parte tradicionales de la cultura constitucional. Las cláusulas pétreas son propias del orden constitucional y resultan inmodificables.

¿Quiénes pueden hacer la reforma? En primer lugar, según Jorge Carpizo, el propio Poder Constituyente. Los controles originarios de la Constitución los encontramos en el modelo americano. En segundo orden, las Cartas prevén sus propios mecanismos de legitimidad para esta iniciativa.

Ahora bien ¿conviene retornar, en ese espíritu de reforma, a la bicameralidad?  Quienes objetan este esquema, alegan la cuestión económica. Sin embargo, debemos apreciar que en un sistema bicameral existe una ronda de reflexión en el debate. Se va a evitar normas con un trasfondo incompatible con la Constitución, como por ejemplo, en el caso Wolfenson. Parlamentariamente, advirtamos, somos un país insuficientemente representado. El número de congresistas responde al número de habitantes. Perú no cumple con un suficiente estándar de representación. En consecuencia, se impone una modificación.

El amparo electoral se da respecto a la defensa de derechos políticos. En nuestro país aún no se puede aplicar pues no está suficientemente regulado como tema. En nuestro caso, existe un mecanismo de doble instancia y sin embargo, su competencia tiene lugar solo respecto a la justicia electoral.  El amparo electoral, importante es precisarlo, no puede modificar el calendario electoral. Así lo señala el caso Lizana Puelles, emblemático de la jurisprudencia constitucional.

 

Segunda ponencia

Pedro Grández Castro. Docente UNMSM.

Neoconstitucionalismo y tópica jurídica.

Tengo un trabajo de la profesora Susana Pozzolo, quien es autora del término neoconstitucionalismo. Llamó a su estudio:“Neoconstitucionalismo y positivismo jurídico”, y su libro data de 2001, Torino. Otra referencia conocida es de Andrea Mateucci, denominada “Constitucionalismo y positivismo jurídico”. Otro que aborda el tema es: “Constitucionalismo vs. positivismo jurídico” de Prieto Sanchís.

Se acercan todas estas ideas a las labores de los Tribunales Constitucionales, en razón de que no llegan a calzar los alcances del constitucionalismo para una explicación del fenómeno de la justicia constitucional. Luigi Ferrajoli cuestiona este término, según él, por su falta de rigurosidad.

Son manifestaciones del neoconstitucionalismo identificarlo:

-         Como modelo de organización y limitación de todo poder;

-         Como una práctica del Derecho de los sistemas constitucionalizados

-         Como una teoría descriptiva de esa práctica.

En el esquema de Montesquieu, es el juez quien resulta anulado, pues le debe su sujeción a la ley. En “El Federalista” hay importantes referencias a Montesquieu. Se juntan 2 tipos de constitucionalismo: de alguna forma, el parlamentarismo según el cual la ley es la ley. El artículo 16 de la Declaración francesa ya señala que si una sociedad no protege libertades, carece de Constitución. Los franceses creían que el legislador era quien garantizaba los derechos.

Hamilton consideraba que la legislación era obra del pueblo. Pará el, si hay contradicción entre lo que decía el mandante y el mandatario, era lógico que se impusiera lo que dijera la Constitución. En el paper 78 de “El Federalista”, según Hamilton, el trabajo de decisión final le corresponde al juez pues si había contradicciones del legislador, era el juez quien debía establecer lo constitucionalmente viable.

Hörst Dippel recoge varios principios: gobierno controlado, elección popular, supremacía constitucional, rigidez constitucional, derechos inalienables anteriores al gobierno y control judicial de los actos de gobierno. Estos principios resumen la tendencia política del neoconstitucionalismo.

Hay un artículo muy bueno de Cappelletti, el gran comparatista italiano: “Renegar de Montesquieu…”, y refiere que Europa opta, tras la Segunda Guerra mundial, por impulsar los Tribunales Constitucionales. Para Europa tenía sentido este término “neo”, el cual trastoca totalmente la idea de cómo se crean las normas.

De un debate entre Dworkin y Hart,  debe extraerse que el derecho válido es aquel instaurado por la autoridad competente, siguiendo un procedimiento pre establecido. Dworkin refiere que hay derechos a través de otros procedimientos, a través de un procedimiento discursivo racional, no en la forma de la regla del reconocimiento que prevé Hart. Dworkin señala que hay procedimientos que provienen de la razón. “Autorictas non veritas, facit legem”, es decir,  es la autoridad y no la verdad, quien hace el derecho. Hoy el neoconstitucionalismo es una reacción a las prácticas formalistas. El juez se ha vuelto una especie de tamiz que racionaliza los procedimientos normativos. Algunos creen que el neoconstitucionalismo representa una forma de crisis para la racionalidad legislativa.

La pregunta crucial de los opositores hacia el neoconstitucionalismo es por qué los jueces invalidan lo que la mayoría ha decidido, validada por la decisión del legislador.

Hoy el positivismo ya no describe los derechos fundamentales. Hoy el derecho es argumentación y no procedimientos formales normativos. Hoy hay procedimientos dialógicos.

La pluralidad es una ventana de ingreso al Derecho. Hoy planteamos una concepción nueva de qué es el Derecho. Ya Häberle, al plantear una idea de intérpretes abiertos de la Constitución, refiere una idea de pluralidad.

 

Alcides Chamorro Balvín. Docente UPLA

Fundamentos del neoconstitucionalismo

Commanducci considera 3 tipos de neoconstitucionalismo: teórico, el cual explica los alcances de un texto constitucional.; ideológico, el cual recusa  y cuestiona el positivismo ideológico; y metodológico, que sostiene la tesis de la vinculación necesaria entre el Derecho y la Moral.

Sosa Saavedra considera que el neoconstitucionalismo entrega la defensa jurídica al juez. De otro lado, lo identifica como un constitucionalismo contemporáneo. Finalmente, hay un neoconstitucionalismo ideologizado.

El neoconstitucionalismo se caracteriza por la incorporación de los elementos materiales en la Constitución, adquiriendo ésta fuerza normativa. Ya no es solo un documento normativo.

Se habla de un control constitucional de la ley así como que el viejo Estado de Derecho y de racionalidad jurídica, ha dejado de ser un paradigma para dar paso al Estado constitucional.

El eje central del neoconstitucionalismo lo constituyen los derechos fundamentales. Un ejemplo de ello es la Constitución de la Cuarta República Francesa, la cual desarrolla el concepto de estos derechos. Igualmente, hay una internacionalización de los derechos

Otro carácter es la prevalencia de los principios sobre las reglas, al tiempo que el empleo de la técnica de la ponderación en desmedro de la subsunción.

 

Gustavo Gutiérrez Ticse. Docente Universidad San Martín de Porres.

¿Reforma constitucional o Asamblea Constituyente? El paradójico caso de la Constitución de 1993.

Lowenstein nos plantea una tipología de Constituciones que nos trae a un debate muy actual: ¿cuál tipo de Constitución es la que hoy nos regula, la Carta de 1993? La cuestión es propicia pues hoy hay un debate centrado en si se regresa a la Constitución de 1993.

Según Valentín Paniagua es una Constitución semántica. La Carta del 93 trae instituciones importantes. Por ejemplo, regula la reelección presidencial en posición contraria a nuestra tradición constitucional. Adicionalmente, trae instituciones novísimas como el habeas data para una mejor protección del derecho fundamental a la información pública. Se instauró un modelo parlamentario único, lo que identifica un esquema ciertamente autoritario.

Señala el ponente que no concuerda con la idea de que la Carta del 93 sea semántica. En segundo lugar plantea ¿es normativa? Señala que sí pues regula la vida de la Nación. No obstante ello, todas las Constituciones peruanas han sido ilegítimas en su origen.

 

El Presidente de la Mesa de Honor invitó al Dr. César Landa Arroyo a desarrollar algunos comentarios. Señaló el Dr. Landa que estas 3 últimas décadas han sido importantes en transformaciones constitucionales, pues se ha dejado de lado la concepción de un Estado de Derecho tradicional, y hoy existen matices atados a un principio jurídico democrático que ha irradiado a todos los ámbitos del Estado constitucional.

Hoy el Parlamento se ha redimensionado, ya no solo tenemos en cuenta solo lo que dice la ley. Ya no solo hay fuerza política de la Constitución sino hay una fuerza normativa de la Carta Fundamental. Muchas áreas terminan revisándose y en ellas la justicia constitucional asigna otro ámbito de interpretación.  Por ejemplo, la sevicia como causal de divorcio hoy debe ser examinada de acuerdo a valores culturales, con lo cual se modifica la norma.

Se ha generado un proceso de “sobreconstitucionalización” pues todo hay que definirlo desde un ámbito constitucional. Se trata de un proceso de reafirmación de la Constitución. Y es cierto, de igual forma, que hay que mantener la reserva de jurisdicción, de reserva legislativa, a efectos de no generar un constitucionalismo que no otorgue predictibilidad. Se hace exigible la certeza para que la delimitación jurídica se haga con justicia.

Son 2 los procesos que han ayudado para la consolidación de esta reafirmación: el proceso de inconstitucionalidad y el de amparo. De alguna forma, se debe examinar la idea de Hart, de entender como una pesadilla el rol activo de los jueces constitucionales así como un noble sueño de que el juez solo se limite a lo que establece la aplicación de la norma.

En un sistema de fuentes del derecho, reconstitucionalizado, lo que señale un Tribunal ha de implicar una forma de regulación de la norma, pero no en la forma como lo hace el legislador sino a través de la interpretación de la Constitución. Las sentencias constitucionales adquieren una fuerza de punta de lanza pues exigen que las leyes sean conformes con la Constitución. Por ejemplo, el TC aplicó una vacatio sententiae en la STC 010-2002-AI/TC, respecto a la legislación antiterrorista, pues por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se estableció la necesidad de derogar dicha legislación. Prudentemente, no se dejó en libertad a los presos por terrorismo, quienes podían en teoría salir libres si no había ley que los sancionara. El Tribunal fue prudente en cuanto a señalar un plazo durante el cual la sentencia no se podía ejecutar, a fin de salvaguardar los valores del Estado constitucional y permitir que la justicia ordinaria pudiera llevar adelante dichos juzgamientos, esta vez bajo reglas democráticas.

Los órganos constitucionales, entonces, deben adecuar sus actuaciones de acuerdo a la Carta Fundamental, a fin no incurrir en excesos. De esa forma, el Tribunal no se deslegitima.

“Cuando hay demasiados derechos, hay demasiado injusticia” decía Cicerón. Entonces el Tribunal no puede sobredimensionarse en los valores que trata de proteger. “Hágase la justicia y que caiga el mundo” dice otro brocardo que no es propio para el caso del Tribunal. Es importante señalar que un Tribunal se valida por la legitimidad de sus resoluciones. En forma contraria varios habeas corpus en los últimos años han sido contrarios a lo que planteamos. Por ejemplo, el caso El Frontón significó una argumentación en contrario respecto a 2 sentencias importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Son otras sentencias cuestionables, por ejemplo, el no cobro de las tasas por servicios de agua, al igual que el caso de los aranceles del cemento.

“El juez debe ser un caballero y en todo caso, si sabe un poco de Derecho, mejor” decía el Lord justice Lyndhurst. El neoconstitucionalismo plantea entonces el cambio de una Constitución, le imprime una dinámica a sus fundamentos.

 

Felipe Ochoa Díaz. Docente UPLA

El neoconstitucionalismo y su vigencia.

El “global law” hoy impone obligaciones de entidad mayor.  El Derecho Constitucional tiene una eficacia hoy exigible en la protección de los derechos humanos. Nos genera un nuevo elemento esencial para solidarizarnos con estas nuevas connotaciones de los derechos. Por ejemplo, el terremoto en Japón y su amenaza nuclear ya no implica solo un riesgo para Japón sino para la humanidad toda.

La preocupación del mundo hoy se traslada a los nuevos derechos, aunque no se logra estándares de solidaridad  idóneos. Si no hay derechos sin libertad ni libertad sin derechos, entonces las exigencias del “global law” son mayores en tanto las poblaciones viven en situaciones de dicotomías: sus derechos son exigidos pero no siempre respetados.

Si vemos, por ejemplo, a África con tantos problemas, la cuestión es en qué medida el Derecho se aplica con justicia y cuánto aporta el neoconstitucionalismo para una verdadera protección de los derechos fundamentales. Nos plantea qué está pasando en la realidad en que nos movemos.

 

El Presidente de Mesa, Pedro Buck, hizo referencia a que en Brasil se suele distinguir entre conceptólogos y pragmáticos, y que él se incluye en este segundo grupo.  Acota que considera que el neoconstitucionalismo tiene un valor metodológico. La Constitución de EE.UU., de 1776, en su criterio, se podría hasta llamar una Constitución terrorista, pues rompió con el orden constitucional de entonces. Sin embargo, hay que atender a los valores de otros derechos para asumir que no fue así. La Constitución de 1787 tampoco respetó los parámetros constitucionales de entonces. ¿Fue por ello, consecuentemente, producto de un golpe de Estado? Estima que no se puede llegar a esa conclusión.

 

Otras mesas conformadas en forma simultánea:

-         Régimen político. Responsabilidad del Presidente de la República. Unicameralismo o bicameralismo parlamentario.

-         Retos de la enseñanza del Derecho Constitucional y del Derecho Procesal constitucional.

-         Mesa de ponencias estudiantiles.

-         Mesa de egresados.

 

Tarde

 

Enrique Pestana Uribe. Docente Academia de la Magistratura.

Constitucionalidad de las restricciones a las libertades personales en las instituciones y locales abiertos al público.

Hoy el uso de las tecnologías ha facilitado la vida de todos los ciudadanos, lo cual implica una forma de libertad. Sin embargo, esa libertad se restringe cuando, por ejemplo, ingresamos a una entidad bancaria, en donde queda restringida ese tipo de comunicación. Igualmente la restricción se extiende al uso de gorros. En entidades como SUNARP o SUNAD, en la misma línea, tampoco se permite el uso de celular a pesar de que allí no se hace transacciones de dinero.

En consecuencia, hay una protección constitucional de los derechos fundamentales, con una doble dimensión: subjetiva, pues se pueden hacer valer en determinadas circunstancias específicas por parte de los ciudadanos; y objetiva, en razón de que existen principios y valores en juego protegidos por la Constitución.

Entonces, los derechos fundamentales protegen una serie de libertades públicas y entre ellas, tenemos la libertad de expresión, de comunicación y el libre desarrollo de la personalidad. Por ello, tiene interés determinar en qué formas se pueden producir esas restricciones, debiéndose distinguir entre el derecho fundamental per se y el ejercicio de ese derecho fundamental.

La limitación, sin embargo, tiene igualmente límites pues no se pueden restringir determinados derechos como, por ejemplo, la libertad de conciencia. Hay límites directos e indirectos, es decir, se admiten limitaciones pero se remiten a la ley para su determinación.

Los límites explícitos constan en forma indubitable en el texto constitucional, y los implícitos, tienen lugar cuando se tienen que deducir del derecho o la libertad en juego, cuando se tiene que ponderar entre los derechos, pues debe permitirse que otros derechos subsistan. Es muy complejo, por cierto, determinar cuándo se producen los límites a un derecho fundamental.

Los tratados de derechos humanos remiten a otros catálogos de valor pues hoy es imposible leer la Constitución sin el concurso de los instrumentos internacionales.

¿Qué es lo que está en juego al restringirse determinadas libertades? Se exige un concurso de ponderación para esta determinación. Tendríamos, en determinados casos, que recurrir a la jurisprudencia, aplicándose, de ser el caso, el principio de proporcionalidad. Le compete asumir la mayor carga en cuanto a la protección, por ejemplo, ¿a los clientes o a la institución, en una entidad bancaria? En la misma línea de análisis, ¿debe restringirse el derecho a fumar o es una medida restrictiva? Entran en juego, entonces, los exámenes de idoneidad, es decir, la consecución de un fin legítimo; de necesidad, es decir, toda medida debe ser la más benigna en relación con el derecho constitucional en juego; y de ponderación.

 

Fabián Luis Riquert (Argentina) Universidad Nacional de Mar del Plata.

Habeas corpus colectivo y sentencias exhortativas

El tema de  mi trabajo tiene que ver con la realidad argentina, la cual remite a un Estado Federal. Podemos referir 3 fuentes de la superficie del Derecho Procesal Constitucional: restringida (Sagües), intermedia (García  Belaunde, y amplia (Gozaini).

Las decisiones constitucionales antes eran un tanto más sencillas: la solución frente a la controversia constitucional era de orden blanco o negro, por denominarlo de una forma sencilla. Hoy, sin embargo, las sentencias exhortativas constituyen un tipo de sentencias atípicas, que rompen los esquemas anteriores.

En Argentina hay relaciones de orden clásico entre el Estado y las Provincias. Téngase en cuenta que hay un sistema federal que proporciona determinados criterios especiales. Hay una cláusula federal que parte de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, muy criticada, por cierto, por Fix Zamudio.

Tienen lugar, en este examen, igualmente algunas asimetrías, como, por ejemplo, las dificultades que presenta aún el control constitucional difuso así como la violación del derecho a la igualdad. De la misma forma, la legislación procesal que corresponde a las provincias no presenta uniformidad. A su vez, el control de convencionalidad aún está en proceso de implementación pues los criterios de las Cortes no coinciden aún plenamente con las decisiones de la Corte IDH.

El habeas corpus colectivo responde a una situación de evitar que se deba interponer habeas corpus individuales. Se trata de imponer una mayor protección del derecho a la libertad individual. Se procura seguir estándares de mayor celeridad.

 

Mary Elena Vilcapoma Salas. Docente UPLA.

Perspectivas del recurso de agravio constitucional.

En estos últimos años el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecto al recurso de agravio constitucional, ha sido de interés en la medida que se ha habilitado el conocimiento de sentencias estimatorias.

Constitucionalmente, el conocimiento del recurso de agravio constitucional solo tiene lugar respecto de sentencias denegatorias. Infraconstitucionalmente, el Código Procesal Constitucional ha seguido la misma línea interpretativa. Sin embargo, a través de la jurisprudencia constitucional se ha habilitado el conocimiento de sentencias estimatorias. Así lo expresa la STC 04853-2004-AA/TC, caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad, la cual crea el conocimiento del recurso de agravio constitucional por parte del Tribunal respecto a sentencias de segundo grado que desconocieran precedentes vinculantes del supremo intérprete de la Constitución.

A criterio de la ponente, se forzó la interpretación mas ello era necesario a fin de tutelar la supremacía normativa de la Constitución.

En el caso El Frontón, el Tribunal se aparta de este precedente con la salvedad del voto del magistrado Landa Arroyo. Posteriormente, la STC 3908-2007, caso PROVIAS, logra derogar el precedente vinculante 4853-2004-AA/TC. Nuevamente Landa Arroyo expresa una opinión en contrario.

 

Edwin Figueroa Gutarra. Juez Superior Sala Constitucional de Lambayeque y docente UPSMP

Estado y Derechos Humanos.

La relación entre Estado y Derechos Humanos ha generado, a inicios del siglo XXI, una simbiosis indisoluble que a su vez nos lleva a diversos planos de reflexiones. Un primer escenario se refiere a qué tipo de Estado es aquel en el cual los derechos humanos logran un tipo de realización tangible; y un segundo esquema de reflexión, de suyo relevante, se vincula a cuál es el nivel de realización de los derechos humanos en el plano interamericano, qué se ha alcanzado y cuál es su nivel de trascendencia con relación a los derechos fundamentales de las personas, en directa relación con los estándares que deben manejar los Estados por una defensa permanente de los derechos humanos en un contexto en el cual la progresividad de estos derechos significa que no son viables restricciones ni retrocesos respecto a los mismos.

La presente ponencia aspira a desarrollar ítems de vinculación en la perspectiva de que los derechos humanos pueden lograr un desarrollo sustantivo sobre la base de un Estado de Derecho en el cual la observancia por los derechos humanos no solo se constituya en una legítima aspiración de los ciudadanos, sino en el cual, en la perspectiva de los valores axiológicos, morales y éticos que caracterizan a los derechos humanos, podamos formarnos una visión de lo tangible que resulta estandarizar las pautas de defensa de estos derechos.

Una idea previa a establecer es la diferencia de orden no taxativo entre derechos humanos y derechos fundamentales, la misma que para Fabian Novak, no es absoluta y por el contrario, ambos conceptos se acercan a las ideas de “derechos naturales”, “derechos morales”, “derechos innatos”, “derechos individuales”, “derechos del hombre, del ciudadano y del trabajador”, “derechos públicos subjetivos”, libertades fundamentales”, “libertades públicas”, entre otros. No se trata, como observamos, de categorías excluyentes sino por el contrario, de suyo complementarias. El derecho a la vida, por ejemplo, es considerado un derecho fundamental en el escenario de la justicia constitucional de los Estados. Sin embargo, la denominación del derecho a la vida como derecho fundamental, en caso la pretensión de una persona natural trascienda al plano del sistema interamericano de justicia, recibe la categorización de derecho humano, lo cual no es sino una relación de correspondencia con la cláusula de derechos humanos que enuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, sistema ante el cual solo pueden ser llevadas causas que involucren la responsabilidad de los Estados y no así la de las personas naturales. Esta diferencia en términos de legitimidad pasiva para obrar es determinante, pues una controversia entre particulares no podrá ser conocida contenciosamente por el sistema interamericano de justicia, a menos que exista taxativa responsabilidad de un Estado en un conflicto determinado.

En relación al concepto de Estado, creemos conveniente, de igual forma, fijar reflexiones de concepto respecto al tipo de Estado que hoy debería servir de barómetro para una defensa plena de los derechos fundamentales y a efectos de establecer esa medición, conviene fijar qué entendemos por el concepto matriz y sustantivo de Estado de Derecho.

El Estado de Derecho representa una forja indudable en el escenario contemporáneo, sea el nombre que se le hubiere asignado: Rechtstaat para la visión germana del derecho, Etat de Loi para la concepción gala, y Rule of Law para el derecho anglosajón.

El Estado de Derecho representa una visión construida a partir del término de las revoluciones europeas, hacia mediados del siglo XIX, cuando los Estados europeos, tras guerras sucesivas, van inclinando su situación política hacia un statu quode relativa mayor estabilidad fundamentalmente política. El simple Estado de Derecho deviene en un Estado social a partir del mensaje de las revoluciones europeas por los derechos de los ciudadanos. El poder omnímodo del monarca ya había quedado rezagado desde bastante atrás, cuando Juan sin Tierra en 1215 se ve instado, sin retroceso, a aceptar una carta mínima de derechos a favor de los ciudadanos anglosajones frente al poder de los normandos, consagrándose, por primera vez, el derecho al debido proceso. A su vez, Jacobo I retrocede, aunque provisionalmente y nada convencido, cuando Sir Edward Coke, en el conocido caso Bonham vs. Henry Atkins, George Turner, Thomas Mounford y otros, en el año 1610, determina con claridad que los derechos de los ciudadanos deben ser regulados por los valores supremos que representa el Common Law.

De la misma forma, 1802 es un año emblemático para la jurisdicción constitucional cuando el Juez Marshall otorga prevalencia a la cláusula de supremacía de la Constitución, frente a la falta de constitucionalidad de la norma de entrega de títulos judiciales, en el emplazamiento que sufría el secretario de Estado James Madison frente a la exigencia de William Marbury, quien no obstante haber sido nombrado por el saliente Presidente John Adams, no podía ejercer sus funciones de juez, por disposición expresa del entrante mandatario Thomas Jefferson, quien dispuso se detuviera la remisión de las resoluciones de nombramiento pendientes de entrega, mientras el nuevo congreso con mayoría demócrata- republicana disponía la derogación de la ley objeto de cuestión.

Los hechos antes descritos de alguna forma van perfilando el concepto de jurisdicción constitucional,  en tanto inducen ya los primeros rasgos no solo de un conjunto de potestades de los jueces, sino en razón de que estructuran, de igual forma, un plano de postulación de los derechos fundamentales ante el Estado, derechos que inicialmente, si concordamos este haz de facultades con la vinculación histórica de los derechos humanos, representan los derechos de primera generación, esto es, una imposición de prestaciones de no hacer o de actuación negativa del Estado. La razón es puntual: si se trata de derechos a la vida, a elegir a nuestros gobernantes, etc., nos referimos a derechos básicos y de ahí su categorización como derechos en los cuales el Estado, en perspectiva, no debería interferir. Tal posición dista de los derechos humanos de segunda generación, identificados por los derechos económicos, sociales y culturales DESC, en tanto éstos representan, esencialmente, prestaciones de hacer para el Estado, es decir, imponen obligaciones al Estado.

La fisonomía del Estado de Derecho en el siglo XX, luego de la evolución de los conceptos de Estado Social y Estado Social de Derecho, se ve sustantivamente reforzada con los principios de tutela social que refuerzan la Constitución mexicana de Querétaro( 1917), instrumento de grata recordación para los derechos laborales en el ámbito latinoamericano por tratarse de la primera Constitución en incluir derechos sociales, y la Constitución de Weimar(1919), la cual no obstante sus problemas de realización, perfila un sentido social a la existencia del Estado, al establecer los conceptos de Estado de bienestar y de reconocimiento de los derechos de los trabajadores.

Los progresos materiales logrados, sin embargo, sufren un embate de raigambre militar: las guerras mundiales, de las cuales en especial la segunda, con su abominable cifra de muertes, rompe la base de derechos fundamentales hasta entonces cimentada progresivamente por los Estados europeos y las incipientes democracias latinoamericanas. En efecto, transcurridos varios decenios desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, aún no encontramos respuesta satisfactoria a qué sucedió con la humanidad toda para que los derechos de la persona humana, fueran rebajados, mutilados y reducidos a su mínima expresión. La lógica de los combatientes, en ambos bandos, fue la de orientar y privilegiar los medios antes que los resultados, subordinando los fines a los procedimientos contrarios al valor de la vida humana.

Si de alguna manera Kant representó esa conciliación entre el Derecho y la moral para fijar un horizonte a la vida de las personas, las guerras mundiales terminaron por destruir todo vestigio de civilidad y por extinguir en los bombardeos y los asesinatos masivos, más de 20 siglos de historia orientados a cimentar las bases de la civilización. Poblaciones y ciudades enteras fueron arrasadas en nombre de la proposición de una forma de pensar distinta a la de los agredidos y desde la pavorosa cifra de muertes de la Segunda Guerra mundial, cabe preguntarnos: ¿existían acaso vestigios de un Estado de Derecho? ¿Era válido acaso pensar que existieron los derechos de la persona humana en el fragor interminable de las pérdidas diarias de vidas humanas? En definitiva, no podemos sino lamentar que el ser humano pensante, que el hombre que fue conquistando palmo a palmo la civilización, pudiera, en el decurso de los enfrentamientos bélicos, verse reducido a su más mínima expresión y exponer el lado de barbarie que hoy reprobamos enérgicamente.

Concluidos los enfrentamientos bélicos, un signo ostensible de recuperación es exhibido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual adoptada en París en 1948, aprobado, entonces por los 58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, llega a representar un consenso inicial de los Estados para precisamente evitar catástrofes globales como la que acababa de suceder con la guerra mundial que concluía. Pero un detalle debe llamar de igual modo nuestra atención: la Ley Fundamental de Bonn, de 1949, con la cual Alemania se levanta de sus cenizas, precisamente fija la orientación inicial de una nueva concepción de los derechos fundamentales, al fijar en un primer momento, el rasgo de un Estado democrático y social, así como por fijar un contenido esencial respecto de los derechos fundamentales. La trascendencia es de suyo relevante en tanto la propuesta de organización de un nuevo modelo de Estado- aquel que privilegia la democracia como forma de gobierno y además fija un contenido social en el marco de la organización de la nación políticamente organizada- traduce un reposicionamiento de ese tipo de Estado que prácticamente fue reducido a cenizas a raíz de la conflagración mundial.

El valor es igualmente trascendente para los derechos fundamentales pues desde la fijación de un contenido esencial, aquellos ya no representan una expresión semántica en las posteriores Constituciones de los Estados, sino una aspiración por hacer tangible los derechos de las personas en el plano de la justicia constitucional. En efecto, no resulta sino valiosísimo que la propuesta regulatoria de los derechos fundamentales, fije de suyo un contenido esencial, en la vía y premisa de fijar un núcleo duro o un contenido constitucionalmente protegido, totalmente inatacable por parte del legislador, a excepción del contenido no esencial o el contenido adicional del derecho fundamental.

 

Susana Castañeda Otsu. Juez Superior Presidente Sala Penal Apelaciones.

Aplicación del Código Procesal Penal 2004 y decisiones del Tribunal Constitucional.

¿Establece la Constitución un modelo procesal penal? A juicio de la expositora, no.

La STC 5228-2006-PHC/TC, caso Samuel Gleiser, presenta un importante análisis del habeas corpus al cual es importante remitirnos.

La acción de tutela, según la Corte Suprema vía acuerdo Plenario, se ha reducido en su ámbito de protección respecto a los derechos del imputado. Habría que preguntarnos si esto es compatible con la Constitución pues una reducción sustantiva de la protección puede crear una situación de indefensión.

Una discusión de importancia hoy es también oralidad versus escrituralidad. ¿Debe prevalecer irrestrictamente la oralidad? Es una cuestión que debe ser objeto de examen. El Código Procesal Penal apuesta por la oralidad.

Ha aplicado el Tribunal Constitucional, de igual forma, el test de proporcionalidad respecto a instituciones penales, en distintos casos, lo que merece un juicio positivo.

Críticamente, sin embargo, se puede observar que el Tribunal Constitucional no utiliza terminología penal adecuada. Se otorga denominación distinta a los términos propios del área penal.

 

Percy Chipana Loayza. Docente UPLA.

La prueba ilícita en las decisiones del Tribunal Constitucional

Es exigible, en los casos constitucionales, una ponderación de bienes constitucionales en tanto los derechos fundamentales tienen límites. Casos como los de Magaly Medina representan un ejemplo de ponderación de intereses, en el cual tiene lugar el examen de la prueba ilícita.

La prueba ilegal, en países como Colombia, no se puede incorporar al proceso, en tanto se agravian derechos constitucionales.

Carpizo hace referencia a un derecho preferente, omitiendo la ponderación, es decir, tiene lugar la aplicación de una preferencia.

La prueba ilícita implica la prohibición de incorporación de una prueba ilegal.

 

Christian Donayre Montesinos. Docente PUCP, Universidad del Pacífico y UPC.

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

La persecución de la cual es objeto una persona no puede rebasar los límites de la razonabilidad. Hay elementos adicionales que deben ser tenidos en cuenta. Hablamos del concepto de justicia oportuna, que en rigor no es justicia abstracta. Se debe aludir pues a un plazo razonable, que no es propiamente un plazo legal.

El mejor Tratado que aborda este tema es la Convención de San José de Costa Rica. No solo lo establece respecto del ámbito penal sino lo extiende respecto a toda otra área que involucre los derechos humanos.

Nuestra jurisprudencia nacional ha seguido los estándares interamericanos: complejidad del asunto, actividad procesal de los interesados, conducta de las autoridades y consecuencia del daño sufrido por el imputado.

Es importante diferenciar ejercicio regular de un derecho de defensa obstruccionista. Esta última es, por ejemplo, faltar a la verdad, o interponer recursos manifiestamente improcedentes para demorar el proceso.

¿Desde qué momento se puede contar el plazo? En materia penal, hay consenso respecto a que el plazo corre desde la detención del procesado. ¿Y en materia civil o laboral? ¿Cuándo comienza y más aún, cuándo termina?

Adicionalmente, si se pide a un juez constitucional revisar el plazo razonable, ¿cuál es el alcance del examen que debe realizar? ¿Cuáles son sus atribuciones?

El Tribunal Constitucional no ha sido uniforme en sus criterios como, por ejemplo, en el caso Chacón Málaga. En el caso Salazar Monroe, se pretende enmendar las observaciones al caso Chacón. No hay consenso al respecto. Se trata pues de cuestiones que quedan abiertas para el debate.

 

Mesa simultánea:

Los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y su relación con las decisiones de los tribunales ordinarios. Reforma del Código Procesal Constitucional.

 

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

About these ads

Deja un comentario

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 350 seguidores

%d personas les gusta esto: