Archive for 28 octubre 2011

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El Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. Artículo

28 octubre, 2011

EL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

 

El Título Preliminar del Código Procesal Constitucional contempla 9 artículos y genera 2 interrogantes inmediatas: ¿Cuánto de ellos sirven como estándares de los procesos constitucionales? ¿Cómo la doctrina ha desarrollado el enfoque de los mismos de cara a los procesos sobre derechos fundamentales? Son interrogantes cuyas respuestas habremos de esbozar a nivel de aproximación fundamentalmente pragmática, en la medida que el Derecho Procesal Constitucional constituye una realización de la Constitución. 

De la misma forma, los principios contenidos en el Título Preliminar citado definen el marco de los caracteres de acción, jurisdicción y proceso, que identifican las controversias en sede constitucional, y constituyen el punctum dolens, esto es, el punto sensible de referencia obligada para los intérpretes, jurisdiccionales o no, de la Constitución. Cuanto queremos significar con esta afirmación sencillamente reside en que la interpretación de los conflictos sobre derechos fundamentales no se puede desvincular de las ideas base y reflexiones marco que identifican las litis iusfundamentales, y de ahí la acusada importancia de destacar algunas líneas de pensamiento sobre dichos principios.

 

Procesos regulados en sede constitucional

Resulta necesario definir cuándo aludimos a procesos constitucionales de la libertad y cuándo a procesos de control normativo. El sistema peruano ha considerado 2 grupos, previstos por el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional[1]: dentro del grupo de procesos de la libertad, figuran los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, en tanto que son procesos de control normativo los procesos de inconstitucionalidad y competencial. Nota aparte merece el proceso de acción popular, el cual siendo de control normativo reglamentario, sin embargo es potestativo solo del Poder Judicial. En consecuencia, solo estos procesos tienen naturaleza cognoscible en sede constitucional y para su conocimiento, son competentes los jueces constitucionales.

Una inquietud a menudo planteada en los foros académicos es la atingencia respecto a que si todos los jueces son constitucionales, ¿por qué se habría de diferenciar a éstos de los demás jueces? ¿Por qué se habría de optar por designar a jueces exclusivamente constitucionales para el conocimiento de procesos constitucionales? En principio, la objeción reseñada tendría visos de validez en tanto si un juez penal conoce un proceso de habeas corpus, el mismo es primigeniamente juez constitucional. Igualmente, si un juez civil conoce un proceso de amparo, nada obsta para que se le estime previamente juez constitucional.   

Sin embargo, la tesis de la competencia de los jueces constitucionales ha ganado arraigo en ciertos ordenamientos jurídicos. En el caso del Perú, la Sala Constitucional de Lambayeque[2] así como el Juzgado Constitucional de Ayacucho[3], representan las primeras experiencias pioneras en materia de competencia constitucional definida[4], y representan el primer intento afianzado de delegar materias constitucionales en jueces constitucionales. Esta iniciativa denota pues la construcción firme y acentuada de una verdadera especialización constitucional y justifica, de suyo, que exista no solo una jurisdicción constitucional en su sentido abstracto, sino una competencia en asuntos constitucionales prevista por una norma procesal, delegando la responsabilidad de resolver controversias constitucionales en órganos constitucionales especializados. 

A esto debe sumarse la existencia de 12 juzgados constitucionales en Lima para el conocimiento de procesos de amparo, habeas data y cumplimiento, así como la existencia de una Sala Constitucional y Social en el Distrito Judicial del Cusco, con competencia para asuntos constitucionales y laborales, elementos que marcan una especialización en el ámbito constitucional, premisa que asume el Título Preliminar desde la referencia implícita a la labor de los jueces constitucionales.  

Una rápida revisión del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional trasunta la idea de que los derechos fundamentales se encuentran en permanente proceso de construcción jurisprudencial, en la medida que las decisiones jurisdiccionales constitucionales van afianzando una tutela de urgencia determinada de los derechos fundamentales, en propiedad, cuándo corresponde estimar pretensiones, así como a su vez, se va trazando aquella necesaria línea definitoria de exclusión de las pretensiones que no revisten afectación a los derechos protegidos por la Carta Fundamental, esto es, el establecimiento de los marcos de las proscripciones interpretativas en cuanto lecturas contrarias a la esencia, naturaleza y vigencia de los derechos fundamentales.  

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho 

Publicado en JURIDICA 378, El Peruano, 25 de octubre de 2011


[1] Artículo I.- Alcances

El presente Código regula los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia, previstos en los artículos 200 y 202 inciso 3) de la Constitución.

[2] Año de creación: 2006. Su competencia se circunscribe a conocer en segunda instancia los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento. Conoce en primera instancia procesos de acción popular.

[3] Conoce procesos de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento.

[4] La proyección apunta a continuar la creación de órganos constitucionales. El Distrito Judicial de Lima prevé la creación próxima de 2 Salas Constitucionales.

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Precedentes vinculantes: ¿consolidación normativa o restricciones a las facultades interpretativas de los jueces?.Ensayo

26 octubre, 2011

 

Estimados amigos:

En la fecha hemos insertado un ensayo intitulado: “  PRECEDENTES VINCULANTES: ¿CONSOLIDACIÓN NORMATIVA O RESTRICCIONES A LAS FACULTADES INTERPRETATIVAS DE LOS JUECES?”, un estudio que pretende abordar una valoración crítica de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, desde la concepción de los mismos hasta los “choques de trenes” que los mismos producen en la interpretación que hacen los jueces del Poder Judicial sobre los mismos.

El ensayo en mención se encuentra disponible en este blog en la Sección Páginas. Su enlace es https://edwinfigueroag.wordpress.com/q-precedentes-vinculantes/

Dicho análisis acaba de ser publicado en Gaceta Constitucional No. 45 setiembre 2011 pp. 281-307.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 
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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Prevalencia de interpretaciones constitucionales.

24 octubre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 0158-2011

DEMANDANTE: JOSE LLONTOP SIESQUEN

DEMANDADO: DRE LAMBAYEQUE

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

En Chiclayo,  a los 07 días del mes de setiembre de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza, y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra el auto de fecha 13 de mayo de 2011, que resuelve declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por José Llontop Siesquén contrala Dirección Regional de Educación de Lambayeque.

ANTECEDENTES  

La pretensión del demandante (p.10-19) exige el cumplimiento dela Resolución Suprema-CasaciónNº 6426-2009 y se ordene el pago de la bonificación especial del Decreto de Urgencia Nº 037-94, asu favor, desde el 01 de julio de 1994 hasta la actualidad, con la debida deducción de los montos que se hayan otorgado en virtud del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM. Señala que la Corte Suprema ha determinado que las sentencias del Tribunal Constitucional no constituyen doctrina jurisprudencial.  

El auto impugnado (p. 20) indica que de la demanda y los medios probatorios aportados se advierte que la pretensión en controversia requiere de una estación probatoria amplia, en donde con mejores fundamentos, pruebas y criterios, se pueda establecer el reconocimiento del derecho demandado, siendo la vía adecuada la del contencioso administrativo. 

El demandante impugna la improcedencia liminar (p. 22-24) y señala que su demanda cumple con los requisitos de procedencia previstas en el articulo 42 dela LeyNº 28237, y que el Juzgador no ha tenido en cuenta que la demanda de amparo se ha interpuesto para dar cumplimiento a lo ordenado enla ResoluciónSuprema-CasaciónNº 6426-2009.

FUNDAMENTOS

§La improcedencia liminar de un proceso constitucional 

1. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción. 

2. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

§Prevalencia de interpretaciones constitucionales 

3. Según el artículo 1[1] de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es propiamente el Tribunal el supremo intérprete de la Constitución, situación frente a la cual, en rigor el Poder Judicial asume que igualmente asume la defensa de los derechos fundamentales en los procesos constitucionales de la libertad, mas sobre la propia interpretación de los jueces, es el Tribunal quien resuelve en última y definitiva instancia[2], es decir, finalmente es el Tribunal Constitucional quien ejerce el control de constitucionalidad de las decisiones de los jueces constitucionales del Poder Judicial. Se trata de una norma- regla con la cual los jueces podemos discrepar mas no confrontar, en tanto las atribuciones de los jueces implican competencias a asumir solo en el ámbito de sus funciones.

 4. Los jueces podremos aplicar control difuso, podremos ponderar o aplicar el principio de proporcionalidad y a su vez, hacer prevalecer los principios de interpretación constitucional favorables a los derechos fundamentales, mas no podemos cuestionar ni desvincularnos de una decisión del Tribunal Constitucional, a excepción de que las partes afectadas acudan a la jurisdicción supranacional[3].    

 5. Refuerza este argumento el carácter prevalente de las sentencias constitucionales sobre las de la justicia ordinaria[4] en tanto las decisiones de los jueces constitucionales, sean del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, precisamente por defender derechos fundamentales, gozan de un status que otorga preferencia a estos fallos sobre otro tipo de resoluciones jurisdiccionales. En consecuencia, resulta una exigencia del principio democrático[5] reconocer este tipo de decisiones y fundamentalmente, respetar las competencias que la Carta Fundamental nos asigna.  

 

§Regulaciones respecto al otorgamiento del Decreto de Urgencia 037-94  

6. Los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en la STC 2616-2004-AC/TC, caso Amado Santillán Tuesta contra la Dirección Regionalde Educación del Consejo Transitorio de Administración Regional de Amazonas, se orientan a un análisis del Decreto Supremo 019-PCM y Decreto de Urgencia 037-94, elaborándose finalmente una tabla comparativa de las escalas remunerativas de los servidores de la Administración Pública propiamente beneficiarios del Decreto de Urgencia 037-94.

§Análisis del caso concreto

7. En el presente caso y conforme es de verse del “nomen iuris” de la pretensión, el recurrente solicita que la demandada – Dirección Regional de Educación de Lambayeque así como el Gobierno Regional de Lambayeque- den estricto cumplimiento a lo dispuesto a la resolución de la Corte Suprema que se adjunta y se ordene a dichos organismos cumplan con otorgarle la bonificación especial dispuesta en dicha norma, en tanto las sentencias del Tribunal, no necesariamente constituyen doctrina jurisprudencial para la Corte Suprema.  

8. Del estudio y análisis de la incoada y anexos que se acompañan, específicamente de la boleta de pago de folios 2, se advierte que el recurrente cesó en el cargo de Director. Por tanto, dicho justiciable pertenece al V nivel magisterial, con jornada laboral de 40 horas, tal como lo demuestra la acotada instrumental, es decir, taxativamente no se encuentra dentro del grupo de beneficiarios del D.U. 037-94.

9. A lo señalado debe sumarse, la propia posición ya jurisprudencialmente uniforme asumida por esta Sala Constitucional, de denegar la tutela del derecho exigido en el caso de Directores, precisamente por cuanto existe una normativa de regulación de sus propias bonificaciones en el régimen del Profesorado así como por cuanto, dada la condición de docente cesante respecto al actor, asume por cierto este Ad-quem que la condición de Director de Centro Educativo que alega el solicitante, no involucra, para el régimen establecido por el Decreto de Urgencia 037-94, la ejecución de labores en los regímenes favorecidos por la norma acotada, subsumiéndose sus labores dentro de la función especial de servicios en el régimen del Profesorado, lo que involucra la deniega de tutela del derecho reclamado.

10. Ahora bien, lo señalado corresponde a la cuestión relativa al Decreto de Urgencia 037-94 y sin embargo, la pretensión va mucho más allá pues sostiene que se debe acoger la interpretación de la Corte Suprema y no la del Tribunal Constitucional, argumento respecto al cual es razonable puntualizar que pretender la discusión de cuál interpretación es prevalente vía amparo,  resulta de suyo inconducente y más aún ajeno a este órgano jurisdiccional[6].

 11. En efecto, no resulta admisible en sede de amparo cuestionar las decisiones del Tribunal Constitucional pues no resulta una competencia de los jueces constitucionales del Poder Judicial, y en consecuencia, la demanda adolece de un requisito de admisibilidad  que no permite su tránsito por la vía constitucional.

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos. 

Publíquese y notifíquese.

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] LEY N° 28301. Artículo 1°.- Definición

El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás constitucionales. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica. El Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad de Arequipa. Puede, por acuerdo mayoritario de sus miembros, tener sesiones descentralizadas en cualquier otro lugar de la República.

[2] Constitución 1993. Artículo 202°. Corresponde al Tribunal Constitucional: 

(…) 2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento. 

[3] Constitución 1993. Artículo 205° 

Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. 

[4] Código Procesal Constitucional. Artículo 22.- Actuación de Sentencias 

La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. 

[5] ARAGON, Manuel. La eficacia jurídica del principio democrático. Revista Española de Derecho Constitucional. Año 8. Núm. 24. Septiembre-Diciembre 1988

[6] Vid Fundamentos 3-5.

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Los derechos de los niños. Algunas pautas sobre los estándares jurisprudenciales en el sistema interamericano. PDF

23 octubre, 2011

 

Los derechos de los niños. Estándares jurisprudenciales. PDF

 

 

Contenidos

Introducción. I. Generalidades. II. El concepto “niño” en los instrumentos internacionales. III. Tendencias jurisprudenciales anteriores a la Convención de los Derechos del Niño. IV. Evolución tuitiva de la jurisprudencia sobre derechos del niño a partir de la Convención de los Derechos del Niño. IV.I. Casos contenciosos. IV.I.I. Caso Villagrán Morales y otros (Niños de la Calle) contra Guatemala. IV.I.II. Caso Walter Bulacio contra Argentina. Ideas finales

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Contratos Administrativos de Servicios CAS y autonomía judicial

21 octubre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 02688-2010

DEMANDANTE: SEGUNDO ALTAMIRANO DE LOS SANTOS     

DEMANDADO: COFOPRI

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 02 días del mes de setiembre de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por el demandante Segundo Altamirano de los Santos contra el auto de fecha 28 de enero de 2011, que DECLARA FUNDADA la oposición a la medida cautelar.

 

ANTECEDENTES 

La emplazada formula oposición (p. 0275-287) contra la medida cautelar concedida en autos (p. 234) y sustenta que no se ha advertido por parte del A-quo la regularidad de la contratación del actor en el régimen de Contrato Administrativo de Servicios CAS, situación que le resta virtualidad a la pretensión. 

El juez declara fundada la oposición a la medida cautelar (p. 231-232) y refiere que de conformidad con la STC 002-2010-PI/TC se ha producido respecto del demandante, una contratación CAS en el ámbito del Decreto Legislativo 1057, lo que no amerita un discernimiento en sede constitucional.

La impugnación del actor (p. 336-340) aduce que no ha advertido el A-quo que los contratos sub judice se han desnaturalizado y que el régimen CAS no puede desconocer efectos jurídico- laborales originados con anterioridad a la vigencia de éste. Acota que el CAS vulnera el derecho de igualdad.

 

FUNDAMENTOS

§La validación constitucional del CAS 

1. El supremo intérprete dela Constituciónha declarado la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1057 mediante sentencia N° 00002-2010-PI/TC, la cual, entre otras previsiones de relevancia, declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta. De la misma forma, de conformidad con los artículos 81º y 82º del Código procesal Constitucional,  ha fijado que dicha sentencia y las interpretaciones en ella contenidas son vinculantes para todos los poderes públicos y tienen alcances generales. 

2. La afirmación que antecede, emitida en el marco de una sentencia interpretativa de proceso de inconstitucionalidad, si bien puede ser de objeto de cuestionamiento vía los argumentos obiter dicta de los jueces, no puede dejar de ser acatada en la motivación ratio decidendi del juzgador en tanto el supremo intérprete de la Carta Fundamental vincula con efectos erga omnes a través de su interpretación, situación frente a la cual el principio de independencia y autonomía judicial no puede verse soslayado[1], sino únicamente restringido en tanto existe una interpretación vinculante.   

 

§ Análisis del caso concreto

3. Entrando al análisis de la pretensión, corresponde dilucidar los alcances de la oposición a la medida cautelar en cuanto a la justificación determinada para estimarla. A juicio nuestro, argumentado el contexto de las contrataciones CAS respecto al actor, la respuesta jurisdiccional a emitir en el caso concreto es negativa por existir un régimen CAS con el demandante.   

4. En efecto, aún cuando pudiéramos advertir un criterio o posición contraria a sus derechos según los hechos expuestos por el emplazante, el Tribunal Constitucional, vía doctrina jurisprudencial, ha determinado la constitucionalidad del CAS y por lo tanto, las pretensiones vinculadas a esta materia, deben necesariamente seguir los fundamentos esbozados por el guardián de la Carta Fundamental, el cual concluye, en sentencia interpretativa, por validar el CAS como un régimen especial de servicios, que no da lugar a una relación de trabajo propiamente dicha sino implica un status especial, frente al cual cualquier reclamación, se debe regular por el propio D.L. 1057 y sus modificatorias.  

5. Lo argumentado puede afectar, conforme la parte actora enuncia, su derecho fundamental al trabajo, posición que prima facie compartimos, mas no podemos soslayar que la interpretación del Tribunal Constitucional resulta prevalente sobre las de los demás intérpretes de la Carta Fundamental y dentro de la posible objeción que se pudiera generar respecto a los argumentos del Tribunal para validar el CAS, los jueces del Poder Judicial no estamos facultados a oponer una argumentación contraria, a excepción de los fundamentos no determinantes de esta decisión.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1]STC 006-2006-CC/TC Caso Casinos Tragamonedas 

43. (…) Los tribunales y jueces ordinarios no pueden contradecir ni desvincularse de las sentencias del Tribunal Constitucional, bajo riesgo de vulnerar no sólo los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, sino también el principio de unidad, inherente a todo ordenamiento jurídico. Aún más, si así fuera se habría producido un efecto funesto: la subversión del ordenamiento constitucional en su totalidad, por la introducción de elementos de anarquía en las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.    

44.  Es importante enfatizar que, frente a la fuerza vinculante de las sentencias dictadas dentro del control abstracto de las normas, los jueces ordinarios no pueden recurrir a la autonomía (artículo 138° de la Constitución) y a la independencia (artículo 139°, inciso 2) que la Constitución les reconoce para desenlazarse de ella. (…)

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Valoración de actos administrativos en sede constitucional

19 octubre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro. : 150-2011

DEMANDANTE: JOSE ALARCÓN SILVA

DEMANDADO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, al primero de setiembre de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recursos de apelación interpuestos por: 

  1. Luis Arroyo Flores contra la sentencia de fecha 09 de diciembre de 2010, que DECLARA FUNDADA la demanda interpuesta por José Alarcón Silva y ordena cese el impedimento a sus labores de profesor en la Institución Educativa San Martín;
  2. El Procurador Público del Gobierno Regional contra la misma sentencia.

 

ANTECEDENTES  

La demanda interpuesta (p. 107-113) alega la vulneración de los derechos constitucionales al trabajo, presunción de inocencia y al debido proceso, solicitando se le restituya el dictado de 24 horas de clases semanales- mensuales en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de su institución, debiendo permitírsele el ingreso y registro, así como se le restituya los haberes dejados de percibir, además de la destitución de los responsables. Refiere que aún cuando no se había agotado la vía administrativa, se le sanciona con 5 meses de suspensión y sin goce de remuneraciones.  

La contestación formulada por la emplazada (p.143-150) sustenta la improcedencia de la demanda y alega que esta controversia debió definirse en la vía del proceso contencioso- administrativo.

El Procurador Público contesta igualmente la demanda (p. 158-162) y refiere que  el acto administrativo cuestionado ha sido emitido con todas las formalidades de ley. 

La sentencia impugnada (p. 166-170) declara fundada la demanda y considera como fundamentos centrales que la emplazada ha materializado la medida de suspensión del recurrente, no obstante que éste había interpuesto recurso de apelación. 

La apelación formulada por la demandada (p. 185-188) señala que el derecho que el demandante invoca no está protegido por la Constitución. A su turno, el Procurador Público indica que la demanda es improcedente pues existen vías igualmente específicas para satisfacer el derecho reclamado.

 

FUNDAMENTOS 

§Valoración de los actos administrativos en sede constitucional  

1. La doctrina constitucional ha estimado conveniente delimitar las características de ejecución del acto administrativo[1], precisándose los conceptos de ejecutividad y ejecutoriedad. Esta distinción resulta de importancia en la medida que un acto administrativo que cumpla los requerimientos de ejecutividad ha de expresar la eficacia de su realización. 

2.  De otro lado, resulta relevante, de la misma forma, distinguir los actos administrativos que cumplen la condición de ejecutividad de aquellos que no lo son: los actos administrativos ejecutivos, propios del procedimiento administrativo sancionador,  exigirán el agotamiento de una impugnación para su eficacia, en tanto que los no ejecutivos, podrán revestir eficacia inmediata, en tanto no representen un efecto sancionador. 

3. La distinción acotada reviste relevancia en cuanto los actos administrativos sancionadores exigen razonablemente del agotamiento de la vía administrativa para su ejecución. Proceder en forma contraria involucraría solo ceñirnos a la eficacia en sentido lato del acto administrativo, materia que desde la legitimidad de los actos constitucionales asume una observación que debe ser compatibilizada con los derechos fundamentales.  

 

§Análisis del caso concreto

4. Valorados los medios probatorios aportados en esta litis, estimamos que la sentencia de vista desarrolla la tesis de la agresión constitucional que implica la ejecución inmediata de un acto administrativo sancionador, en cuanto el mismo, en el caso sub judice, resulta vulneratorio en la medida que efectiviza la sanción de suspensión del horario de clases del demandante y consecuentemente, le impide el ejercicio normal de sus labores conforme sustenta la demanda (p. 107-108). 

5. En efecto, la potestad sancionadora de la Administración es reconocida por las leyes del Estado, mas esa atribución debe ser ejercida dentro de los límites que informa el principio de razonabilidad en cuanto la resolución de sanción cuestionada ( p. 15-17), es ejecutada inmediatamente después de ser adoptada, deviniendo el derecho a contradecir, por ende, en simplemente formal, cuando el derecho al contradictorio, en el caso específico de sanciones administrativas, exige asumir una dimensión material que precisamente es la característica que identifica su contenido esencial con la Carta Fundamental. 

6. Por tanto, advertimos un exceso en la proporcionalidad de la ejecución de la medida, el cual debe ser corregido en esta vía de derechos fundamentales y debe, principalmente, implicar que la Administración, en el caso que nos ocupa, prevea un trato digno a los profesores que son objeto de sanción y que las medidas de efectividad de sanciones tengan lugar en cuanto la vía administrativa hubiere quedado agotada. Lo contrario, es no observar el principio de interdicción de la arbitrariedad.

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia que DECLARA FUNDADA la demanda, y DISPONE su publicación en el diario oficial El Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 0015-2005-PI/TC. caso contra la Ley N.º 28165, que modifica el Procedimiento de Ejecución Coactiva.

La ejecutividad y la ejecutoriedad de los actos administrativos  

44.   La ejecutividad del acto administrativo está referida al atributo de eficacia, obligatoriedad, exigibilidad, así como al deber de cumplimiento que todo acto regularmente emitido conlleva a partir de su notificación; está vinculada a la validez del acto administrativo. 

La ejecutoriedad del acto administrativo, en cambio, es una facultad inherente al ejercicio de la función de la Administración Pública y tiene relación directa con la eficacia de dicho acto; en tal sentido, habilita a la Administración a hacer cumplir por sí misma un acto administrativo dictado por ella, sin la intervención del órgano judicial, respetando los límites impuestos por mandato legal, así como a utilizar medios de coerción para hacer cumplir un acto administrativo y a contar con el apoyo de la fuerza pública para la ejecución de sus actos cuando el administrado no cumpla con su obligación y oponga resistencia de hecho. 

45.   La ejecutoriedad es, pues, una consecuencia del acto administrativo y su sustento constitucional tiene origen en el numeral 1 del artículo 118. º de nuestra Carta Magna, que ordena al Presidente de la República –y, por ende, al Poder Ejecutivo y a toda la Administración Pública– a “cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.

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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus. Revisabilidad de aspectos procesales impugnatorios en sede constitucional

17 octubre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 2594-2011

DEMANDANTE: OSCAR MAEDA ASCENSIO

DEMANDADO: BETTY RODRIGUEZ LLONTOP

MATERIA: HABEAS CORPUS

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA 

 

En Chiclayo, al primer día del mes de setiembre de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Naldo Reupo Musayón, por su patrocinado Oscar Maeda Acensio, contra la sentencia de fecha 20 de julio de 2011, que declara infundada la demanda de habeas corpus.  

 

ANTECEDENTES  

El recurrente Naldo Reupo Musayón interpone proceso de habeas corpus (p. 1-8), por el favorecido Oscar Maeda Ascensio, contra la señora Jueza Unipersonal del Primer Juzgado de Chiclayo, Dra. Betty Rodríguez Llontop, por afectaciones a su derecho a la libertad personal, al haber ésta denegado una recusación y haber declarado la contumacia del afectado, en su calidad de imputado, en el proceso penal  02093-2010 sobre difamación agravada, causa seguida por el señor Alberto Ortiz Prieto. Señala que se debe declarar nulo el auto que lo declara contumaz pues ello constituye una amenaza a su libertad personal. 

La sentencia impugnada (p. 160-165) declara infundada la demanda  y señala que la jueza emplazada ha procedido legítima y legalmente pues el artículo 52 del Código procesal penal prescribe que mientras estuvieren pendientes de resolverse cuestiones de competencia , los jueces penales resolver cierto tipo de cuestiones. Acota que en realidad pretende el demandante se vuelva a revisar la recusación planteada. 

La apelación formulada por el defensor del favorecido (p. 167-170) indica como agravio que no se ha producid una debida aplicación del artículo 52 del Código Procesal Penal  pues su declaración como contumaz proviene de un proceso irregular.

 

FUNDAMENTOS

§ La revisabilidad de aspectos procesales impugnatorios en sede constitucional  

1. Resulta de sumo interés en los procesos vinculados a la afectación a la libertad individual, determinar la vinculación del hecho denunciado como ilegítimo, al contenido constitucionalmente protegido del derecho cuya afectación se denuncia, sea la libertad personal u otro derecho conexo. 

2. Esta precisión es relevante pues solo en la medida que la trasgresión se vincule al núcleo duro de un derecho relacionado con la libertad individual, procederá la estimación de la demanda. En consecuencia, afectaciones no vinculadas a ese contenido constitucionalmente protegido exigible, deben ser desestimadas. 

3. El Tribunal Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial vinculada a los aspectos procesales de los recursos impugnatorios en sede penal desde la perspectiva de una inexistencia de afectación respecto a derechos fundamentales[1] y el estándar fijado es preciso: no forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad individual las cuestiones de orden procesal vinculadas los efectos con los que se debe conceder los recursos en los procesos, siendo ella una cuestión de orden infraconstitucional. 

 

§ Análisis del caso concreto 

4. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la pretensión de la demanda se vincula directamente con la línea restrictiva fijada por el Tribunal Constitucional en la STC 09729-2005-PHC/TC, pues cuestiona la forma en que resuelve la A-quo respecto a la recusación planteada. 

5. A su turno, revisados los estándares de justificación interna y externa de la apelada, esto es, si existe sindéresis lógica en el razonamiento de la juzgadora y si de otro lado, existe una adecuada justificación material de la las premisas que conforman el fallo, el criterio de este Ad-quem es positivo en cuanto al cumplimento de las indicadas exigencias. 

6. En efecto, apreciada la resolución cuestionada, constituye una conclusión lógica de la denegatoria de la recusación (p. 19), que se hubiere planteado la misma recusación anteriormente y por el mismo motivo. En tal sentido, se cumplen los supuestos de los artículos 52 y 59 del Código Procesal Penal en cuanto a la viabilidad de realización de diligencias que la misma normativa penal faculta. 

7. De otro lado, constituye una premisa normativa de relevancia que la recusación solo proceda en los casos preestablecidos por ley y siempre que exista una justificación válida y no sea planteado tal medio de defensa solo como un medio que impida la prosecución del proceso. 

8. La parte actora cuestiona que se hubiera declarado reo contumaz al procesado y que a su vez, se debió elevar el incidente a la Sala Superior antes de pronunciarse el juzgado por la declaración de contumacia. Tales argumentos carecen de fortaleza argumentativa en cuanto pretenden condicionar una actuación procesal sujetándola a lo que la Sala eventualmente pudiera decidir, implicando ello la paralización del proceso. Dicha exigencia resulta de plano inviable pues el principio de previsión de consecuencias- criterio rector de los efectos de las actuaciones constitucionales- no puede generar un resultado de suyo gravoso- paralización del proceso- frente a la potestad de acción que confiere la normativa procesal penal respecto a los jueces cuyas actuaciones son objeto de cuestionamiento. 

9.- En el orden de ideas expresado, es pertinente ratificar que el proceso de habeas corpus no puede imponer condiciones de actuación procesal en la forma que estime conveniente, sino será necesario que los procesos de la justicia ordinaria, dentro de su ámbito de regularidad, no sean paralizados en forma indebida y sin un real sustento fáctico- normativo. 

10. En el caso sub judice, resulta un detalle de particular relevancia, adicionalmente, que el argumento base de la recusación, tanto la primera como la segunda, sea en propiedad que ciertas personas conocen a la juez demandada a efectos de que pueda fallar en contra del ahora demandante y emplazado en el proceso de difamación agravada. A ello hay que sumar que respecto de la segunda recusación, lo cual la hace de plano ineficaz, es que ni siquiera se encuentra debidamente identificada- por exclusión de su apellido materno- la persona que se dice conocería a la jueza a efectos de una sentencia condenatoria. Tales circunstancias hacen pues de plano inviable una recusación que en rigor debe agotarse al interior del propio proceso penal y respecto a la cual no es competente la justicia constitucional.

DECISIÓN:  

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia que declara infundada la demanda. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 09729-2005-PHC TC caso Edgar Ramírez y otros

8. (…) este Tribunal Constitucional debe precisar que el contenido de la garantía consagrada en el artículo 139.4. de la Constitución, referida a la pluralidad de la instancia, permite que una instancia superior revise lo actuado por la instancia inferior, siempre que ello sea posible, conforme al diseño del proceso que corresponda; por ello, el contenido de las normas procesales que establecen los efectos con los que se deben conceder los recursos en los procesos ordinarios, no solamente es infraconstitucional, sino que, además, no forma parte del contenido constitucionalmente protegido o garantizado por la norma precitada.

9. Lo contrario significaría aceptar que cualquier afectación de una norma procedimental ordinaria, en tanto que pudiera estar “ligada” o “vinculada” a la garantía constitucional del debido proceso o a la tutela judicial efectiva, podría dar lugar a la interposición de una demanda de amparo o hábeas corpus, según corresponda, lo cual no sólo es contrario a lo expuesto en el artículo 200º de la Constitución, sino que, además, impondría al Tribunal Constitucional la obligación de revisar la regularidad con que se han tramitado todos los procesos ordinarios, lo que en modo alguno está permitido por la Constitución Política del Estado.

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