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X Congreso de Derecho Constitucional “Néstor Pedro Sagües”. Huancayo, 01 de octubre de 2011

2 octubre, 2011

 

X Congreso de Derecho Constitucional “Néstor Pedro Sagües”. Huancayo, 01 de octubre de 2011

 

Centro Cultural de la Universidad Peruana Los Andes UPLA

 

Primera Conferencia Magistral

Participación democrática a través de nuevas tecnologías. Fortaleza  y debilidades.

José Julio Fernández Rodríguez. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Santiago de Compostela, España.

La información hoy en día tiene un alto grado de sistematización y se vende, se compra, etc. Internet tiene hoy ventajas indudables pero a la vez genera problemas de contextos de adaptación.

La digitalización hoy permite la conversión a ámbitos de simplificación de cantidades ingentes de información. De otro lado se produce la participación de la sociedad política. Se procura controlar el poder a través de la participación de los ciudadanos. Ese es el concepto de democracia, entendida como la participación permanente de los ciudadanos. O de otro lado, para que se produzca aún más participación.

La participación permite 2 cosas esenciales: que todos los individuos tenga contacto con temas de políticas del Estado, y que ella permita se desarrolle un conjunto de experiencias comunes.

La participación es el elemento clave de la democracia. En internet, la participación está sometida a tensiones, si bien presenta fortalezas como el uso de las nuevas tecnologías, o como el hecho de que se puede ser habilidoso digitalmente, fomentando el intercambio de opinión y eliminando diferencias.

Una siguiente ventaja es hacer más transmisible la cultura de la libertad. La democracia necesita legitimación y a la vez, evita desajustes. Los grupos sociales buscan legitimación a través de las nuevas tecnologías. Internet logra igualdad. Un ciudadano que hace un blog y es hábil, llega a conducir tendencias de opinión, fomentando cultura democrática.

También hay desventajas. Hay mucho mercantilismo en la red. Se genera despersonalización, esto es, disminuyen las relaciones personales. Es igualmente elitista pues la gente que no tiene cultura digital, vive de espaldas al mundo.

De la misma forma, hay problemas cuantitativos pues hay mucha información pero no sabemos de la calidad de la misma. La sociedad está superficialmente hiperinformada. No hay certeza permanente y es difícil el control de contenidos nocivos o ilícitos.

Se produce un “clicktivism” en atención a que hay votaciones en la web sin mayor sentido ni profundidad de análisis, se vota irracionalmente. Se refuerzan los sesgos cognitivos y las campañas políticas se dificultan.

La mera fascinación tecnológica conduce a una superficialidad de las imágenes. Ya no existe un análisis en profundidad.  

Dos problemas adicionales: se generan distorsiones respecto a quién es mayoría y quién minoría. Se genera influencia, a veces en sentido negativo, en las políticas públicas. Un gran efecto negativo es también que se genera fragmentación pues en determinados casos, solo se tiene una visión determinada y se pierde amplitud de análisis, como sucede, por ejemplo, cuando un usuario de internet recibe solo la información de un diario específico, con una tendencia política definida y no recibe otra fuente, lo que sesga su opinión. 

En relación a la participación, los instrumentos digitales intervienen en la vida política. Los ciudadanos son sujetos activos de su propia historia, se vuelven multidireccionales. Hoy hay información interactiva pues el ciudadano va construyendo su visión de un determinado problema, su participación se vuelve multidireccional. Las categorías de participación se vuelven múltiples.

Los Parlamentos, como el español, ya no usan papel. Las campañas electorales hoy usan mucha tecnología. De esa forma, la democracia directa ha cambiado, generando efectos algunas veces engañosos.

Al mismo tiempo, hay nuevas vías de participación: blogs, redes sociales, etc. Se pueden usar y se usan en forma intensa. Las nuevas formas de participación han evolucionado. Una primera fase, denominada “web 1.0”, era de comunicación vertical: solo se recibía información. Esta fase es hasta 1998. De este año al 2006, en la “web 1.5”, aparece un uso intensivo del correo electrónico. Hoy, en una tercera fase, la irrupción de las redes sociales significa un fenómeno intenso que ha venido a denominarse “web 2.0”, desarrollando inclusive fenómenos de fidelización.

En conclusión, el uso correcto de internet puede mejorar los liderazgos, la conducción adecuada de las políticas públicas, entre otros posibles efectos positivos. Internet es un elemento imprescindible en las políticas occidentales. Es imprescindible pero no suficiente en tanto importa el contenido del mensaje.

Internet ha sido un éxito de comunicación personal. Está pendiente que sea un éxito de participación política.   

 

Segunda Conferencia Magistral

El Poder Constituyente como intérprete directo  e indirecto de la Constitución

Néstor Pedro Sagües. Profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Pontificia Universidad Católica de Argentina

Me ocuparé del rol del Tribunal Constitucional y de los jueces como agentes de cambios sociales. Se dan dos roles: a) Cuando el Tribunal Constitucional revisa un cambio social ya establecido por el Poder Legislativo o Ejecutivo. En este caso, hay una revisión de otros entes del Estado; b) Cuando el Tribunal conduce un cambio social, hay una posición más activista. Por ejemplo, en el caso Brown vs. Board of Education se expide una sentencia histórica respecto a personas de color. La Corte Suprema de EE.UU. impulsó un cambio social.

Coincidimos con el planteamiento de una tesis de la educación completa, según la cual los constitucionalistas deben trabajar para que toda persona tenga acceso libre a la educación. 

Propondré algunos aspectos a favor y en contra.

La doctrina de las “political questions” sostiene que hay materias  que se encuentran sustraídas de los Tribunales Constitucionales, pues se trata de problemas políticos y no jurídicos. Se pretende incluir aquí el diseño de políticas estatales. Se arguye la necesidad de que se abstenga el poder jurídico de intervenir en estas cuestiones.

El segundo problema es el de “mediación de la ley”, teoría que sostiene que todos los derechos constitucionales rigen según las leyes que argumentan su ejercicio. La ley, se propone, es una especie de telón entre la Constitución y el pueblo. Esto es una forma de mediatización de la Constitución a favor de la ley. La doctrina de la “mediación de la ley” ha propiciado pues restricciones.

La mayor parte de las normas de la Constitución necesita del concurso de leyes para su efectivización. La Constitución, en ese caso, se transformaría en “poesía constitucional”, y respondería solo a la decisión del legislador.

En cuanto a las áreas sobre las que no puede pronunciarse el Tribunal Constitucional, aquellas cada vez son menores. El ámbito de exención se va reduciendo ostensiblemente,

La teoría de la “motorización de la Constitución” impulsa que los jueces resuelvan conflictos haya o no haya reglamentación. Los jueces no pueden negar la tutela de un derecho por causales de no reglamentación. 

Hay 2 maneras de afectar la Constitución: no sancionar normas y expidiendo normas que contravienen la Constitución.

Una célebre sentencia de 1969 ha animado el dictado de reglas constitucionales sobre estas materias.  

Hoy podemos habla de un cambio de paradigmas constitucionales. La capacidad de análisis de un Tribunal Constitucional es la de agente evaluador de cambios sociales.

Podemos hablar de varios escenarios respecto a lo señalado.

En uno primero, si la Constitución diseña una política social y los poderes no lo instrumentan, se debe atacar esas inconstitucionalides por omisión.

En un segundo escenario, no hay una norma constitucional clara pero sí existe una fuerte demanda de cambio social. ¿Puede el Tribunal pronunciarse al respecto? La tesis preservacionista pretende una posición de mucha cautela. Si somos partidarios de la “Living constitution” y planteamos una Constitución viva, habrá necesidad de un pronunciamiento del Tribunal.

La cláusula de los derechos enumerados es una forma de posición intermedia respecto a las 2 cuestiones anteriores, pues es una idea equilibrada respecto a que las cuestiones deban ser dilucidadas con el concurso de nuevos planteamientos, creando derecho.

Un escenario difícil fue el que debió atender la Corte Suprema de EE.UU. en los años 50, a partir del cual se debió cambiar los parámetros del problema racial.

El rol de los Tribunales Constitucionales, como agentes de cambio, responde a una necesidad. Si el Derecho Internacional de los derechos humanos otorga más beneficios que un sistema nacional, es porque aplica mayor tutela. Se cumplen los principios del pacta sunt servanda, del effet util, entre otros.

El control de convencionalidad obliga a los jueces a no aplicar, en contrario, los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, los Estados no podrán aplicar políticas de restricción respecto a los pueblos aborígenes y deberán sujetarse a lo que enuncia el sistema interamericano.

La doctrina del análisis de factibilidad conlleva que en el diseño de las políticas sociales se tenga en cuenta el impacto del reconocimiento de un derecho o del cambio social, no solo en la vida económica del Estado, sino que exista un reconocimiento de costos. Advierte que el reconocimiento de un derecho deberá ser un  reconocimiento razonable, prudente, no utópico, a fin de que no se trate de un fraude constitucional. Es exigible un cálculo de factibilidad. El Supremo Tribunal de Brasil ha planteado una doctrina del “mínimo existencial” que implica per se un análisis de factibilidad.  

 

Tercera Conferencia Magistral

Los límites de la justicia penal internacional

Carlos Ruiz Miguel. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Santiago de Compostela, España.

El noble afán de la justicia aspira a un reconocimiento de la justicia en forma universal, a tal punto que se habla de un constitucionalismo global. Sin embargo, hay riesgos que enfrentar. Una muestra de ello es el caso de la Corte Penal internacional.

Sobre los presupuestos necesarios para una justicia penal internacional, debemos señalar que, respecto a los derechos fundamentales, ha habido oscilaciones, entre impulsos y retrocesos. Según la Declaración de Virginia de 1776, todos los hombres son iguales. La Carta de 1789 reconoce esa igualdad pero solo respecto a los franceses.

En el siglo XX emerge la idea internacional de los derechos humanos. Luego de la Primera Guerra mundial, aparece un reconocimiento tímido de los derechos humanos. De esa forma una serie de tratados internacionales impulsa la protección de diversos derechos, entre ellos, los culturales y lingüísticos.

Es después de la Segunda Guerra mundial que se producen la Declaración Americana de los Derechos del Hombre así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si bien los derechos se han caracterizado por su progresividad, los instrumentos internacionales han propiciado un marco para su reconocimiento.

Aparecen, en ese escenario, Tribunales internacionales propiciando mecanismos de garantía, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos TEDH, 1950. Los federalistas aspiraban a un Tribunal Federal, así como otros proponían un sistema solo para los países europeos. 

En un primer momento los individuos no podían entablar demandas ante el TEDH. Es solo a partir de 1998 que se permiten pretensiones de particulares.

Se crea el Tribunal de Nüremberg, en 1945, y el Tribunal Militar para el Medio Oriente, en 1946. El Tribunal de Nüremberg, criticado severamente en un inicio, fue creado por los vencedores.

En 1993 se crea el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y en 1994, para las matanzas en Ruanda. Son creados por el Consejo de Seguridad de las NN.UU. y trataban de juzgar delitos que ya estaban tipificados internacionalmente. El caso más singular es el Tribunal Especial para Líbano, en 2007, para juzgar el asesinato de un político libanés.

Se crea posteriormente el Tribunal para Sierra Leona tras las matanzas por los diamantes. Respecto a Camboya también se planeó un Tribunal para juzgar los crímenes de los Khmer Rouge. El último caso es el de Timor Oriental, invadido por Indonesia desde 1995 hasta 1999.

Todos estos casos examinan un caso nacional y son evaluados  por jueces de varios Estados.

La Corte Penal Internacional se crea en 2002 con un efecto sobre todos los países. Se presentan dificultades desde un inicio respecto:

a) Al órgano judicial, en cuanto a su nombramiento y su responsabilidad, aunque resulta criticable el mecanismo de elección secreta. El voto debería ser público. Respecto a la responsabilidad, se excluye- artículo 48- las categorías de responsabilidades penales y civiles, lo cual no contribuye a darle credibilidad al órgano;

b) Al procedimiento, en tanto el monopolio de la acción queda reservado al Fiscal, quien es el único que puede presentar un caso ante la Corte Penal Internacional. Las víctimas no pueden presentar una demanda, tampoco organismos vinculados a los derechos humanos. Se trata de una carencia especialmente grave;

c) A la eficacia del organismo. Si un asunto ha sido examinado por la Corte Penal Internacional, no se puede acudir a ningún otro tipo de órgano. Estamos ante un caso de monopolio y se producen disfunciones, en tanto indefiniciones.

La Corte Penal Internacional, en conclusión, se caracteriza, en aspectos críticos, porque:

a)     Es un sistema multilateral, internacional, cuyo Estatuto permite quede vaciado su sistema de protección. Cualquier Estado puede solicitar queden excluidas, en el plazo de 7 años, las personas involucradas en determinados crímenes ante la Corte.

b)     EE.UU. no ha firmado el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Se ha amparado en el artículo 98 del Estatuto. Ha firmado ese país cerca de 70 acuerdos para no extraditar ciudadanos norteamericanos acusados de determinados crímenes.

c)      Finalmente, el artículo 87 permite que cuando un Estado no entregue a un ciudadano, la Corte puede hacer una constatación. Lo lógico sería que se deba hacer la constatación.

El sistema de justicia penal internacional se ha establecido con la idea de dar la más fuerte garantía a los derechos humanos más importantes, precisamente frente a las violaciones más graves que los ciudadanos pueden sufrir. Se exige aún mayores resultados.

 

Enrique Carpizo

El control difuso y de constitucionalidad en México.

Hablar de control difuso implica hablar del control de constitucionalidad. En México el control difuso no se aplica en la forma en que fue concebido.

Hace más de 2300 años, ya Aristóteles proponía que las leyes deben ser conforme a las Constituciones y no las Constituciones a las leyes.

A través de su Constitución de 1824, México adopta la teoría del control difuso y se suspende en 1836 para retomarse luego sin mayor amplitud. En 1999 la Suprema Corte de Justicia señaló, a través de una interpretación restrictiva, que no era aplicable el control difuso. 

 

Ceremonia de clausura

 

– Palabras de Miguel Vilcapoma Ignacio, Presidente de la Comisión Organizadora del Congreso

Agradeció a los ponentes extranjeros y a los nacionales, así como a las delegaciones de distintas partes del país, su presencia en este Congreso.

– Palabras del Vicerrector Académico Dr. Jesús Cavero Carrasco sobre la significación académica del Congreso.

Manifestó la importancia de congregar estos Congresos científicos, y en especial el presente, el cual ha recibido el apoyo integral de la Universidad Privada de los Andes. El contacto profesional con académicos de otros países beneficia en forma directa a la comunidad universitaria. Se invierte en el capital humano de la institución y se integra el factor aprendizaje.

– Clausura del Congreso a cargo de Néstor Pedro Sagües

Me siento deudor respecto a esta jornada y al mismo tiempo, deseo subrayar el esfuerzo desplegado por la UPLA al desarrollar exitosamente este doble Congreso, en especial de Miguel Vilcapoma por su calidad de organizador.

Adicionalmente, reconozco lo valioso que resulta que la Asociación Peruana de Derecho Constitucional APDC haya promovido estos eventos en distintas regiones del país, lo que contribuye enormemente a su difusión.

También ha sido valioso haber abarcado temas muy diversos, lo que implica un provechoso abordaje para que la Constitución se ponga en marcha y “se motorice”.

Igualmente es importante destacar la continuidad de estos eventos en el Perú, a pesar de las dificultades en el camino. Se trata de momentos de auge y crecimiento para la disciplina del Derecho Constitucional.

Por último, es positivo destacar la participación estudiantil, lo que ha permitido aplicar una dosis de calor a esta doble reunión.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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