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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Viabilidad del amparo como proceso excepcional

6 octubre, 2011

   

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 03794-2010

DEMANDANTE: FLOR PEÑA BARRAZUETA    

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 09 días del mes de agosto de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Municipalidad Provincial de Chiclayo, contra la sentencia de fecha 07 de abril de 2011, que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES  

La pretensión de la demandante (p. 64-70) tiene por objeto se deje sin efecto el despido fraudulento  de fecha 07 de octubre de 2010, ordenándose su reincorporación laboral en el mismo cargo, nivel y remuneración que tenía antes de su cese en la plaza de barredora de Limpieza Publica dela Municipalidad Provincialde Chiclayo. 

La contestación de la demanda (p. 91-98) deduce excepción de incompetencia e incide en la improcedencia de la demanda. En relación a la resolución que desestima la excepción- de fecha 17 de marzo de 2011 (p. 129-130)- debemos advertir que existe un error de la demandada pues ésta apela con fecha 27 de enero de 2011 (p. 119-125) respecto de la resolución No. 5 más ésta es solo un decreto. 

La sentencia impugnada (p. 133-136) estima la demanda, al considerar que la demandada procedió a realizar un despido de manera arbitraria sin sustentar razones para su decisión, sin respetar los derechos al debido proceso y al trabajo. Por tanto, ordena la reposición de la demandante a su centro de trabajo.

La impugnación formulada por la demandada (p. 146-148) incide en que la sentencia debe ser revocada, declarándose su nulidad, debido a que el Juzgador no ha valorado las normas sobre el régimen laboral privado que la Ley Orgánica de Municipalidades establece respecto a la demandante. De igual forma, señala que no se ha tenido en cuenta los precedentes vinculantes que instan a la revocatoria de este tipo de pretensiones.

 

FUNDAMENTOS 

§ La viabilidad del amparo como proceso excepcional 

1. La delimitación del amparo como proceso excepcional ha recibido influjo en la jurisprudencia constitucional a través del precedente vinculante 206-2005-PA/TC[1], bajo el supuesto de que aquellos casos que denoten flagrancia de vulneración del derecho fundamental al trabajo, o en desarrollo de esa premisa, aquellos en los cuales se habría producido una afectación manifiesta a un derecho fundamental, puedan ser conocidos por el juez constitucional. En ese segundo caso, el contexto material del principio pro homine faculta al juzgador de la Constitución para que en caso aprecie que existe invasión irrazonable del contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo, resulte habilitada la vía excepcional, sumaria y residual del amparo. 

2. Ese importante examen de delimitación entre el amparo y la vía ordinaria habrá de ser realizado por el juez constitucional en función al aporte de pruebas manifiestas, ostensibles y conducentes que determinen que sí se habría vulnerado el derecho al trabajo, sin perjuicio de interpretar el real contexto de la dimensión de afectación de los derechos fundamentales concernidos. En todos los demás casos, será necesario derivar las controversias constitucionales al juez laboral de la justicia ordinaria, o de ser el caso, al juez contencioso- administrativo.

 

§ Análisis del caso concreto

3. Bajo las pautas antes descritas, este Ad-quem estima que la carga probatoria aportada por la emplazante (p. 2-62), justifica una estimación de fondo de la presente acción. En efecto, si bien es advertido el argumento central de la impugnación en relación a que no ha existido vínculo de trabajo con la demandante, en rigor las instrumentales adjuntas, las cuales no adolecen de vicios de nulidad o adulteración manifiestos[1], evidencian que ha habido una concurrencia cuando menos reiterada por parte de la accionante a su puesto de trabajo  

4. En ese orden de ideas, no cuestionamos en modo alguno las potestades directrices de contratación de la demandada, mas es un requerimiento ineludible del Estado Democrático y Social de Derecho, que las contrataciones laborales de las entidades locales, se ajusten a los estándares de contratación que fijan las leyes y la Constitución.

5. En ese razonamiento, no resulta admisible ni congruente con el derecho fundamental al trabajo que una servidora eventual del Municipio demandado, pueda mantenerse en tal régimen durante varios años (desde enero de 2007), sin gozar de beneficio alguno. Frente a esta contingencia y afectado en forma sustantiva, ostensible y manifiesta su derecho al trabajo, surge el deber de protección –Schutzpflicht para la doctrina alemana- de los jueces constitucionales a efectos de restituir los derechos vulnerados por acciones incongruentes con los principios de un Estado constitucional, el cual exige la observancia real de los derechos fundamentales de las personas y no solo una enunciación de los mismos que bien podrían corresponder al contexto de una Constitución semántica, que no es el caso de nuestra Carta Fundamental pues los principios, valores y directrices que ella inspira tienen efecto erga omnes respecto a los mandatos de respeto al derecho fundamental al trabajo que la misma enuncia.

6. En el caso sub judice, resulta manifiesto que durante varios años el régimen de contratación de la actora ha sido irregular y frente a esas circunstancias, la demandada no ha adoptado las medidas correctivas del caso que el entorno de las contrataciones laborales permite. Cierto es que en forma razonable los costos de contratación se incrementan en un régimen formal y sin embargo, una política de contratación laboral ordenada, respetuosa de la normatividad legal y constitucional, no tiene por qué colisionar con acciones constitucionales de los trabajadores afectados, procesos que a largo plazo resultan siendo mayores en costo y efectos colaterales frente a una contratación equilibrada.

7. De otro lado, es importante puntualizar que no advertimos incumplimiento alguno del precedente vinculante 206-2005-PA/TC,  en tanto precisamente la sentencia restituye un derecho que ha sido vulnerado por la emplazada en forma grave, deviniendo en consecuencia, deber funcional del juez constitucional ordenar la tutela del derecho manifiestamente vulnerado, y restituir a la demandante en su puesto de trabajo, conforme ha señalado el A-quo.

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia apelada en todos sus extremos. DISPUSO su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] En ese contexto, se justifica una valoración constitucional de dichas pruebas a pesar de que las mismas son copias no autenticadas. Esta Sala de Derechos Fundamentales ya ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto a la validación de copias siempre que se acompañe una justificación interna y externa al respecto, conforme ha sido establecido en el exp.  063-2011 caso Oliva Córdova contra la Municipalidad de Olmos.   

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