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Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento. Problemas de prueba y de calificación.

7 octubre, 2011

   

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 6673-2009

DEMANDANTE: FLORENCIA GARCIA GARCIA

DEMANDADO: RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE ESSALUD

MATERIA: CUMPLIMIENTO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 18 días del mes de agosto de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Rigoberto Alvitez lazo, abogado de Florencia García García, contra la sentencia de fecha 14 de enero de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento.

 

ANTECEDENTES 

La pretensión de la demandante (p. 14-16) tiene por objeto que, vía cumplimiento, se le  restituya su pensión de viudez así como se le abone las pensiones devengadas e intereses legales. 

La contestación de demanda por parte de ESSALUD (p. 120-126) señala que no corresponde la discusión de la pretensión en esta vía de cumplimiento y por tanto, corresponde declarar la improcedencia de la demanda.

La sentencia impugnada (p. 155-158) considera que la pretensión está sujeta a una serie de interpretaciones y evaluaciones respecto al cumplimiento de requisitos para acceder a la pensión de la actora, lo cual genera no se pueda estimar una decisión de conformidad con los supuestos del precedente vinculante 168-2005-PC/TC. 

La impugnación formulada por la demandante (p. 161-162) incide en que se debió estimar la pretensión pues se cumplía con los requisitos de la pensión de viudez.

 

FUNDAMENTOS

§ La reconversión de procesos constitucionales

1. La declaración de improcedencia en sede constitucional constituye una decisión inhibitoria que alude directamente a la inviabilidad de determinar una decisión de fondo en vista de haberse omitido requisitos procedimentales necesarios. En tal sentido, una pretensión incorrectamente planteada y que a su vez es declarada improcedente, deberá ser reencausada en otra vía.

2. Sin embargo, no obstante esta regla general, a tenor de la sentencia, N.° 07873-2006-PC/TC[1], Lima, caso Juan Félix Tueros del Risco contra la Oficina de Normalización Previsional, el Tribunal Constitucional, ponderando el principio iura novit curia, previsto en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional, dispone que una demanda que fue planteada como proceso de cumplimiento merezca, en atención a los factores contributivos de edad avanzada del amparista y la búsqueda real de la protección de derechos como fundamento básico del proceso constitucional, un pronunciamiento de fondo estimatorio en vía de amparo, exigiéndose para tal concesión de tutela los siguientes requisitos:

3. Precisa el supremo intérprete de la Constitución que sólo cuando concurran copulativamente tales requisitos, el Colegiado se encontrará autorizado para reconducir a una vía procedimental más acorde con la petición del recurrente y dejar de lado el proceso inicial. En el caso en comento, como señalamos, se reconvirtió un proceso de cumplimiento a uno de amparo, al cumplirse a cabalidad las condiciones antes señaladas, declarándose fundada la demanda.

4. La reflexión de fondo que este caso de doctrina jurisprudencial nos merece es que en sede constitucional el derecho puede ser objeto de innovación en mayor grado, lo cual nos trae a colación el viejo dilema de Eugenio Bulygin: ¿Los jueces crean derecho? Creemos que las reglas interpretativas en Derecho Constitucional, las cuales se regulan por los principios pro homine y de interpretación dinámica de la Constitución, permiten un margen más amplio de lectura interpretativa, a diferencia de otras ramas del derecho, en las cuales el principio de legalidad impone sus márgenes decisorios más acentuadamente.      

5. En conclusión, la reconversión de procesos constitucionales – en especial en los casos pensionarios de cumplimiento a amparo- son una opción procesal de suyo viable, en tanto la regla ha sido ya fijada por el Tribunal Constitucional y sustantivamente evita que los justiciables deban transitar nuevamente por un nuevo proceso. Si bien el esquema procesal puede ser discutible en cuanto afecta el derecho de defensa de la parte emplazada y omite la opción del breve, sumario y puntual contradictorio que implica la contestación de la demanda, de por medio se encuentra una exigencia de tutela de los derechos fundamentales, lo cual justifica en rigor se supere la forma procesal a efectos de atender la tutela urgente de un derecho fundamental.

6. Sin perjuicio de las premisas expuestas, si a efectos de la valoración de la pretensión, el juez estima que no se cumplen suficientemente los requisitos exigidos, desestimará la pretensión propuesta.

 

§ Análisis del caso concreto

7. Si bien el A-quo pudo eventualmente aplicar la reconversión del proceso constitucional sub judice, verificada la fortaleza probatoria de la pretensión, encontramos problemas de prueba propiamente dichos y cuestiones de calificación, conforme a los estándares modernos de la argumentación jurídica[2].  

8. Existen problemas de prueba en cuanto no verificamos una narración coherente en tanto la demandante se apersona a este proceso como casada con su cónyuge fallecido y sin embargo, en la partida de función del causante (p. 5), éste figura como soltero y es recién en la respectiva partida que una anotación marginal hace referencia a una Escritura Pública que da cuenta de su condición de cónyuge del fallecido. Si ella señala ser casada con el causante, ¿por qué extender una Escritura Pública para la anotación de estado civil? 

9. De otro lado, si ella invoca ser la beneficiaria, no hay una explicación congruente de por qué los hermanos del causante figuran como beneficiarios del subsidio por fallecimiento del causante (p. 100). Sería obvio asumir que si la demandante fuese beneficiaria del causante, no tendrían los hermanos que figurar como beneficiarios.

10.  Concurre un problema de calificación, a su turno, pues no podemos señalar en estricto a la recurrente como la viuda del causante, en tanto no se ha cumplido con acreditar taxativamente su condición de tal, a lo que debemos sumar que no existe en la demanda explicación satisfactoria respecto a cuál fue la respuesta de la Administración respecto a las peticiones de revisión del expediente administrativo del caso (p. 7) y la carta notarial de emplazamiento (p. 8-11). Estando a esas omisiones, no nos formamos convicción sobre la posibilidad de reconvertir la demanda en forma suficiente.

 

DECISIÓN: 

Por estos fundamentos, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA la sentencia de autos; DISPUSO su publicación en el diario oficial EL Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA
 


[1] STC 07873-2006-PC/TC, caso Félix Tueros. 

9. (…) cuando una demanda ha sido mal planteada, pese a que este Colegiado está autorizado a disponer la nulidad de los actuados y el reencausamiento de la demanda, también puede aceptarse la reconversión de un proceso constitucional en otro, si es que las circunstancias así lo ameritan. 

Éste se puede dar, tal como lo ha ido reconociendo nuestra jurisprudencia (cfr. fundamentos 5 de la sentencia resuelta en el Expediente N.º 0249-2005-PC-TC, 4 de la sentencia recaída en el Expediente N.º 1052-2006-PHD/TC, 8 de la sentencia expedida en el Expediente N.º 4080-2004-AC/TC y 5 de la sentencia emitida en el Expediente N.º 2763-2003-AC/TC), bajo ciertas premisas, como pueden ser las siguientes: 

–  Que el juez de ambos procesos tenga las mismas competencias funcionales (…)–         

Que se mantenga la pretensión originaria de la parte demandante (sólo se podrá admitir la conversión si la pretensión planteada en la demanda es respondida por el juzgador a través de la sentencia que va a emitir).

–  Que existan elementos suficientes para determinar la legitimidad para obrar activa y para poder resolverse sobre el fondo del asunto (que, siguiendo el contenido del artículo 9º del Código Procesal Constitucional, no deban actuarse pruebas adicionales en el proceso, el mismo que debe ser resuelto con las herramientas que el mismo expediente brinda).

– Que se estén cumpliendo los fines del proceso constitucional (si bien se estaría yendo en contra del cauce normal de un proceso, la autonomía procesal y el principio de informalidad que rige este tipo de proceso, además de los principios de dirección judicial del proceso, pro actione y economía procesal, previstos en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, autoriza canalizar la búsqueda de justicia, como valor supremo de la Constitución, a través de la judicatura constitucional).

– Que sea de extrema urgencia la necesidad de pronunciarse sobre el mismo (es cierto que la búsqueda natural de protección a quienes reclaman el resguardo de un derecho a través de un proceso constitucional, hace que éste se convierta en un proceso de tutela urgente, toda vez que se consideran improcedentes las demandas cuando existan vías procedimentales específicas, tal como lo expresa el artículo 5º, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, pero en los casos de reconversión se hace necesario que el caso no sea sólo apremiante, sino además que sea considerablemente perentorio e inminente, elemento que ha quedado claramente establecido en el fundamento 5 de la sentencia del Expediente N.º 2763-2003-AC/TC).

– Que exista predictibilidad en el fallo a pronunciarse (se considera que si el Juzgador es consciente del tipo de fallo a emitirse, y pese a que existe un error en la tramitación de la demanda, debe ordenar su conversión, tal como se ha dejado sustentado en la sentencia del Expediente N.º 0249-2005-PC/TC).

[2] ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica. Palestra. Lima, 2004. p. 178.

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