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Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento. Trabajadores cesados irregularmente. Variación de posición

10 octubre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 1376-2010

DEMANDANTE: WILLY SECLEN FLORES  

DEMANDADO: ELECTRONORTE S.A.

MATERIA: CUMPLIMIENTO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 23 días del mes de agosto de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra y Terán Arrunátegui, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recursos de apelación interpuestos por ELECTRONORTE S.A. contra: 

  1. El auto de fecha 16 de agosto de 2010, que DECLARA INFUNDADAS las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado y de falta de agotamiento de la vía administrativa, deducidas por la demandada.
  2. La sentencia de fecha 23 de diciembre de 2010, que DECLARA FUNDADA la demanda de cumplimiento interpuesta por Willy Seclén Flores.

 

ANTECEDENTES 

La demanda interpuesta (p. 40-49) formula el pedido del demandante para su reincorporación laboral a ELECTRONORTE S.A., en el marco de la Ley 27803. 

La contestación formulada por la emplazada (p. 133-175) deduce inicialmente las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado y de falta de agotamiento de la vía administrativa. En cuanto al fondo (p. 149), pide que la demanda sea declarada infundada o improcedente. 

Desestimadas las excepciones por el A-quo (p. 276-278), interpone recurso de apelación la emplazada señalando que no se ha tenido en cuenta que debió presentarse la demanda contra el Ministerio de Trabajo, así como que no se ha cumplido con agotar la vía administrativa. 

La sentencia impugnada (p. 301-302) considera como fundamentos centrales que la emplazada no ha cumplido con ejecutar y concluir con el proceso del Programa Extraordinario de Acceso a los beneficios de la Ley 27803 y ordena se reincorpore al demandante en el puesto que venía desempeñando. 

La impugnación formulada (p. 442-469) señala que la actora no ha presentado contrato alguno de trabajo así como tampoco un registro de asistencia, de donde no se puede inferir subordinación.

 

FUNDAMENTOS 

§El proceso de cumplimiento en la jurisprudencia constitucional 

1. Históricamente, la institución que más se asemeja al proceso de cumplimiento es el Writh of Mandamus, remedio jurídico que se interponía contra el abuso del poder estatal que se negaba a ejecutar o hacer algo de su competencia. En el ámbito continental, la Corte Suprema de EE.UU. se encuentra facultada para dictar mandatos contra cualquier autoridad o funcionario estatal, siendo el antecedente latinoamericano más cercano de esta institución la Constitución Colombiana de 1991, la cual refiere en su artículo 87 que la acción de cumplimiento procede para hacer efectivos una ley o un acto administrativo. 

2. En la práctica jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha fijado los caracteres mínimos para que una pretensión sea exigible en la vía de cumplimiento[1] y ha consolidado, a juicio nuestro, que se considere el proceso de cumplimiento como un proceso en rigor constitucional y no simplemente constitucionalizado, en crítica de su verdadera eficacia en sede constitucional. 

3. Nos explicamos. La crítica sostiene que la finalidad del proceso de cumplimiento no es tutelar bienes constitucionales, sino el acatamiento de obligaciones provenientes de normas legales o actos administrativos[2]. Si es así, no sería un proceso constitucional, sino “constitucionalizado”, pues no obstante estar reconocido en la Carta Magna, no comparte los fines de los procesos constitucionales. Sin embargo y como posición contraria, la doctrina en contrario sostiene que sí es un proceso constitucional[3], pues actúa sobre la base de derechos constitucionales objetivos: primero, en la constitucionalidad de los actos legislativos, y segundo, en la legalidad de los actos administrativos. 

4. En propiedad, el proceso de cumplimiento busca asegurar la eficacia de las normas legales y los actos administrativos, convirtiendo el cumplimiento de normas legales y actos administrativos por parte de la autoridad en un derecho fundamental de los ciudadanos. Protege así un derecho fundamental no enumerado.

5. Finalmente, el proceso de cumplimiento satisface tanto la finalidad objetiva (supremacía constitucional) como la subjetiva (tutela de derechos fundamentales) de los procesos constitucionales[4].

 

§ Sobre las reincorporaciones ordenadas por la Ley 27803

6. Según el artículo 11 de la Ley 27803 se ordena la reincorporación de aquellos trabajadores que fueron cesados irregularmente a sus puestos de trabajo o su reubicación en cualquier otra entidad del Sector Público y de los Gobiernos Locales estableciendo como únicas condiciones para tal efecto:

(a) se trate de ex-trabajadores de las entidades del Estado comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada ley, cesados irregularmente u obligados a renunciar compulsivamente, según lo determinado por la Comisión Ejecutiva creada en virtud de su  artículo 5; y,

(b) la existencia de plazas presupuestadas vacantes de carácter permanente generadas a partir del dos mil dos hasta la conclusión efectiva del programa extraordinario de acceso a beneficios.

7. Asimismo, el  artículo 9 del Decreto Supremo N° 014-2002-TR,  señala que una vez registrados los ex – trabajadores en el Registro Nacional de  Trabajadores Cesados Irregularmente, las entidades con recursos propios podrán ejecutar el Programa (de beneficios entre los cuales se encuentra la reincorporación) de manera inmediata con cargo al reembolso que hará el Ministerio de Trabajo y  Promoción del Empleo con los fondos transferidos del FEDADOI. Añade el citado dispositivo que para el efecto acotado, el representante de la entidad involucrada deberá solicitar al Registro la relación de los Ex – trabajadores afectados de su respectiva entidad, precisando que ejecutarán la medida directamente y que una vez  remitida la relación por dicha dependencia, los ex – trabajadores involucrados quedarán automáticamente excluidos del Programa a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; en tanto que,  de acuerdo con su artículo once es requisito  fundamental para la ejecución del Programa de acceso a los beneficios, entre otros, de reincorporación, la inscripción de los  ex – trabajadores cesados irregularmente inmersos en el  ámbito de la ley  en el Registro Nacional de Cesados Irregularmente.

8. Sin perjuicio de lo expresado y en variación de la posición jurisprudencial[5] de esta misma Sala, consideramos necesario señalar que la exigencia de plazas vacantes debidamente presupuestadas, conforme al artículo 3. º de la Ley N.º 27803 y el inciso 1) del artículo 20.º del Decreto Supremo N.º 014-2002-TR, es una exigencia que no puede ser soslayada en todo proceso de reincorporación de trabajadores cesados. .

10. Fundamentamos este cambio de posición en razón de que la jurisprudencia constitucional tanto del supremo intérprete de la  Carta Fundamental así como de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, han venido poniendo énfasis en la exigencia de acreditación de plazas presupuestadas y vacantes, a efectos de estimar tutela en los procesos constitucionales de cumplimiento relativos a la aplicación de la Ley 27803 y las reincorporaciones generadas como consecuencia de los beneficios de readmisión que dicha norma concede.     

 

§Análisis del caso concreto 

11. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado y de falta de agotamiento de la vía administrativa son sustancialmente inconducentes, en tanto la primera pretende atribuir a otro órgano administrativo- Ministerio de Trabajo- la capacidad de respuesta frente a esta acción y objetivamente, la Comisión constituida al efecto para determinar los alcances de los beneficios de la Ley 27803, ya ha sido desactivada. 

12. De otro lado, la falta de agotamiento de la vía administrativa es un argumento inoficioso, pues exige una vía previa y sin embargo, existe una imputación de vulneración de un derecho fundamental. En consecuencia, el juez constitucional no puede desestimar, prima facie, una petición que objetivamente señala una aparente vulneración manifiesta a un derecho fundamental.  

13. En el caso sub judice, no obstante los mandatos a que hace referencia el A-quo en referencia a la viabilidad de reincorporación del actor como consecuencia de la Ley 27803[6], esta Sala considera necesario señalar que verificados en estos actuados si existe plaza presupuestada y  vacante respecto al demandante, no constatamos que se hubiera cumplido dicha exigencia en modo razonable, conducente y óptimo a fin de justificar una decisión estimatoria. 

14. De la misma forma, es importante tener presente el contenido de las diversas ejecutorias (p. 386-441) aportadas por la demandada, de las cuales se puede verificar una posición desestimatoria respecto a este tipo de demandas, tanto del propio Tribunal Constitucional (p. 386-390), así como de órganos del Poder Judicial (p. 391-441), coincidiendo dichas decisiones en la pérdida de exigencia del mandamus respecto a reincorporaciones, si no se acredita plaza presupuestada y vacante. 

15. En efecto, la fuerza del mandato de cumplimiento reside, sustantivamente, en que no haya objeción alguna respecto a la eficacia de la norma o resolución administrativa cuyo cumplimiento se exige. Corroborado que el mandato sea cierto y claro, incondicional y no sujeto a interpretación dispar, corresponde pronunciamiento estimatorio. 

16. Dicha situación varía si se opone una condición de realización previa o predeterminada pues ya no podrá ocurrir, como en el caso de autos, que la reincorporación del actor se pueda aplicar por el solo mérito de la Ley 27803, sino será necesario que en ese proceso de reincorporación ya ganado, pueda acreditarse que existe una plaza presupuestada y vacante que justifique la consecución de la reincorporación. No acreditada esta exigencia previa, el mandamus se desliga de su condición de eficacia para pasar a depender de la verificación de la plaza presupuestada y vacante, situación esta última que ocurre en el caso que nos ocupa.

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú:

1.      CONFIRMA el auto de fecha 16 de agosto de 2010, que DECLARA INFUNDADAS las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado y de falta de agotamiento de la vía administrativa, deducidas por la demandada.

2.      REVOCA la sentencia apelada, que DECLARA FUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA, DECLARA IMPROCEDENTE la demanda.

3.      DISPONE la publicación de  esta decisión en el Diario Oficial El Peruano.

Publíquese y notifíquese

 

SS. 

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

TERÁN ARRUNÁTEGUI


[1] STC 168-2005-PC/TC caso Villanueva Valverde

14. Para que el cumplimiento de la norma legal o la ejecución de un acto administrativo sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:

a) ser un mandato vigente;

b) ser un mandato cierto y claro,

c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares,

d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento,

e) ser incondicional,

 f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante.(…) 

[2] GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho, Lima, 2008. p. 11 

[3] LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Palestra, Lima, 2004.  p. 141.

[4] GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho, Lima, 2008. p. 14

[5] Cfr. Exp 2006-6768, Cumplimiento, Maritza Ugaz Ponce- Essalud. Pronunciamiento estimatorio de esta Sala 

[6] Vid F.J. 4 de la sentencia apelada.

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