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Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento. Improcedencia otorgamiento bono de crecimiento.

11 octubre, 2011

 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 138-2011

DEMANDANTE: IRIS VILLALOBOS SÁNCHEZ

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE FERREÑAFE

MATERIA: CUMPLIMIENTO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 31 días del mes de agosto de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Ferreñafe contra la sentencia de fecha 31 de mayo de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento de autos.

 

ANTECEDENTES  

La pretensión de la demandante (p. 26-29) tiene por objeto se de  cumplimiento al artículo 1 del Decreto de Urgencia 001-2008, el cual fija un Bono por Crecimiento Económico de S/ 300., a favor de los servidores beneficiarios de dicha norma. Acota que representa 53 agremiados incluidos dentro del dispositivo cuyo cumplimiento exige. 

La contestación de demanda por parte del Procurador de la entidad demandada (p. 54-56) señala que el dispositivo legal a que hace referencia la actora, en el caso de los recurrentes, no cuenta con Informe Favorable del Área de Planeamiento y Presupuesto en vista de no haber sido requerido por la anterior gestión municipal.

La sentencia impugnada (p. 87-93) considera que existe controversia compleja pues el mismo dispositivo en su numeral 3.2 remite el cumplimiento de la norma a la Ley de Presupuesto 28411, la cual fija restricciones, sin perjuicio de corroborar que efectivamente la pretensión no cumple los lineamientos de la STC 168-2005-PC/TC, precedente vinculante en materia de cumplimiento.

La impugnación formulada por los recurrentes (p. 99-106) incide en que sí se cumple los requisitos de procedibilidad planteados para este tipo de procesos y que el monto se encuentra debidamente presupuestado en la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2008. Y más aún, que sí se ha cumplido el pago respecto de algunos trabajadores y funcionarios.

 

FUNDAMENTOS 

§El proceso de cumplimiento en la jurisprudencia constitucional 

1. Históricamente, la institución que más se asemeja al proceso de cumplimiento es el Writh of Mandamus, remedio jurídico que se interponía contra el abuso del poder estatal que se negaba a ejecutar o hacer algo de su competencia. En el ámbito continental,  la Corte Suprema de EE.UU. se encuentra facultada para dictar mandatos contra cualquier autoridad o funcionario estatal, siendo el antecedente latinoamericano más cercano de esta institución la Constitución Colombiana de 1991, la cual refiere en su artículo 87 que la acción de cumplimiento procede para hacer efectivos una ley o un acto administrativo. 

2. En la práctica jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha fijado los caracteres mínimos para que una pretensión sea exigible en la vía de cumplimiento[1] y ha consolidado, a juicio nuestro, que se considere el proceso de cumplimiento como un proceso en rigor constitucional y no simplemente constitucionalizado, en crítica de su verdadera eficacia en sede constitucional. 

3. Nos explicamos. La crítica sostiene que la finalidad del proceso de cumplimiento no es tutelar bienes constitucionales, sino el acatamiento de obligaciones provenientes de normas legales o actos administrativos[2]. Si es así, no sería un proceso constitucional, sino “constitucionalizado”, pues no obstante estar reconocido en la Carta Magna, no comparte los fines de los procesos constitucionales. Sin embargo y como posición contraria, la doctrina en contrario sostiene que sí es un proceso constitucional[3], pues actúa sobre la base de derechos constitucionales objetivos: primero, en la constitucionalidad de los actos legislativos, y segundo, en la legalidad de los actos administrativos. 

4. En propiedad, el proceso de cumplimiento busca asegurar la eficacia de las normas legales y los actos administrativos, convirtiendo el cumplimiento de normas legales y actos administrativos por parte de la autoridad en un derecho fundamental de los ciudadanos. Protege así un derecho fundamental no enumerado. 

5. Finalmente, el proceso de cumplimiento satisface tanto la finalidad objetiva (supremacía constitucional) como la subjetiva (tutela de derechos fundamentales) de los procesos constitucionales[4].

 

§Análisis del caso concreto 

6. A juicio nuestro, existen argumentos de razonabilidad relevantes a efectos de confirmar la apelada pues si bien resulta que la norma cuyo cumplimiento se exige, plantea efectivamente un beneficio a favor de los recurrentes,  de otro lado, la propia norma establece en el numeral 3.2 del citado dispositivo, conforme precisa la A-quo, que los Gobiernos Locales deben ceñirse, en el otorgamiento del beneficio sub judice, a la Ley de Presupuesto 28411. Esta precisión normativa conduce a que la cuestión que se debe dilucidar en esta vía, ya no goce de las características de ejecutividad inmediata de la norma respectiva, pues la convierte en una norma heteroaplicativa, es decir, que exige una cuestión de reglamentariedad de la ejecución que debe establecerse en el ámbito de las normas administrativas de ejecución que correspondan. En síntesis, fijada una condición de ejecución, el mandamus pierde fuerza de ejecución. 

7. De otro lado, es importante señalar que esta respuesta de orden formal que emitimos, si bien estima una causal de improcedencia, no resta que debamos señalar que resulta necesario que el Municipio demandado adopte las previsiones del caso pues su argumento de defensa reside en que la anterior gestión municipal no optó por las medidas del caso para la ejecución del beneficio respectivo. 

8. Tal determinación de señalar que fue otra gestión la que debió iniciar la gestión, no satisface ningún estándar de justificación interna  ni externa de una decisión administrativa, pues implica la justificación de un no hacer como causal propia de incumplimiento de una obligación que le es inherente y que demuestra una grave omisión de los funcionarios responsables. 

9. En ese orden de ideas, corresponde exhortar a la demandada para que cumpla con las obligaciones administrativas que le son inherentes y realice las gestiones necesarias para que los servidores puedan acceder al beneficio solicitado, pues conforme a los alcances de la fórmula Radbruch[5] establecida por el Tribunal Federal alemán, el derecho extremadamente injusto no es justo.   

10. Por último, la cuestión del pago del beneficio del caso a diversos servidores de la Municipalidad corroboraría una cuestión en la cual este órgano jurisdiccional no pude entrar a dilucidar cuestión alguna de las causales de la desigualdad acotada. Nuestra misión solo es determinar si hay mandamus exigible o no lo hay, mas de ser cierto que existen desigualdades manifiestas, dirimir ese desnivel corresponde a otras instancias funcionales y no a un órgano jurisdiccional constitucional.    

 

DECISIÓN:  

Por estos fundamentos, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA la sentencia de autos; DISPUSO su publicación en el diario oficial EL Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 168-2005-PC/TC caso Villanueva Valverde 

14. Para que el cumplimiento de la norma legal o la ejecución de un acto administrativo sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:

a) ser un mandato vigente;

b) ser un mandato cierto y claro,

c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares,

d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento,

e) ser incondicional,

 f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante.(…) 

[2] GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho, Lima, 2008. p. 11 

[3] LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Palestra, Lima, 2004.  p. 141.

 [4] GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho, Lima, 2008. p. 14

[5] Cfr. ZAGREBELSKY, Gustavo.  El juez constitucional  en el siglo XXI. En Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, número 10, julio- diciembre 2008,  p- 260

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