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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus. Revisabilidad de aspectos procesales impugnatorios en sede constitucional

17 octubre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 2594-2011

DEMANDANTE: OSCAR MAEDA ASCENSIO

DEMANDADO: BETTY RODRIGUEZ LLONTOP

MATERIA: HABEAS CORPUS

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA 

 

En Chiclayo, al primer día del mes de setiembre de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Naldo Reupo Musayón, por su patrocinado Oscar Maeda Acensio, contra la sentencia de fecha 20 de julio de 2011, que declara infundada la demanda de habeas corpus.  

 

ANTECEDENTES  

El recurrente Naldo Reupo Musayón interpone proceso de habeas corpus (p. 1-8), por el favorecido Oscar Maeda Ascensio, contra la señora Jueza Unipersonal del Primer Juzgado de Chiclayo, Dra. Betty Rodríguez Llontop, por afectaciones a su derecho a la libertad personal, al haber ésta denegado una recusación y haber declarado la contumacia del afectado, en su calidad de imputado, en el proceso penal  02093-2010 sobre difamación agravada, causa seguida por el señor Alberto Ortiz Prieto. Señala que se debe declarar nulo el auto que lo declara contumaz pues ello constituye una amenaza a su libertad personal. 

La sentencia impugnada (p. 160-165) declara infundada la demanda  y señala que la jueza emplazada ha procedido legítima y legalmente pues el artículo 52 del Código procesal penal prescribe que mientras estuvieren pendientes de resolverse cuestiones de competencia , los jueces penales resolver cierto tipo de cuestiones. Acota que en realidad pretende el demandante se vuelva a revisar la recusación planteada. 

La apelación formulada por el defensor del favorecido (p. 167-170) indica como agravio que no se ha producid una debida aplicación del artículo 52 del Código Procesal Penal  pues su declaración como contumaz proviene de un proceso irregular.

 

FUNDAMENTOS

§ La revisabilidad de aspectos procesales impugnatorios en sede constitucional  

1. Resulta de sumo interés en los procesos vinculados a la afectación a la libertad individual, determinar la vinculación del hecho denunciado como ilegítimo, al contenido constitucionalmente protegido del derecho cuya afectación se denuncia, sea la libertad personal u otro derecho conexo. 

2. Esta precisión es relevante pues solo en la medida que la trasgresión se vincule al núcleo duro de un derecho relacionado con la libertad individual, procederá la estimación de la demanda. En consecuencia, afectaciones no vinculadas a ese contenido constitucionalmente protegido exigible, deben ser desestimadas. 

3. El Tribunal Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial vinculada a los aspectos procesales de los recursos impugnatorios en sede penal desde la perspectiva de una inexistencia de afectación respecto a derechos fundamentales[1] y el estándar fijado es preciso: no forman parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad individual las cuestiones de orden procesal vinculadas los efectos con los que se debe conceder los recursos en los procesos, siendo ella una cuestión de orden infraconstitucional. 

 

§ Análisis del caso concreto 

4. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la pretensión de la demanda se vincula directamente con la línea restrictiva fijada por el Tribunal Constitucional en la STC 09729-2005-PHC/TC, pues cuestiona la forma en que resuelve la A-quo respecto a la recusación planteada. 

5. A su turno, revisados los estándares de justificación interna y externa de la apelada, esto es, si existe sindéresis lógica en el razonamiento de la juzgadora y si de otro lado, existe una adecuada justificación material de la las premisas que conforman el fallo, el criterio de este Ad-quem es positivo en cuanto al cumplimento de las indicadas exigencias. 

6. En efecto, apreciada la resolución cuestionada, constituye una conclusión lógica de la denegatoria de la recusación (p. 19), que se hubiere planteado la misma recusación anteriormente y por el mismo motivo. En tal sentido, se cumplen los supuestos de los artículos 52 y 59 del Código Procesal Penal en cuanto a la viabilidad de realización de diligencias que la misma normativa penal faculta. 

7. De otro lado, constituye una premisa normativa de relevancia que la recusación solo proceda en los casos preestablecidos por ley y siempre que exista una justificación válida y no sea planteado tal medio de defensa solo como un medio que impida la prosecución del proceso. 

8. La parte actora cuestiona que se hubiera declarado reo contumaz al procesado y que a su vez, se debió elevar el incidente a la Sala Superior antes de pronunciarse el juzgado por la declaración de contumacia. Tales argumentos carecen de fortaleza argumentativa en cuanto pretenden condicionar una actuación procesal sujetándola a lo que la Sala eventualmente pudiera decidir, implicando ello la paralización del proceso. Dicha exigencia resulta de plano inviable pues el principio de previsión de consecuencias- criterio rector de los efectos de las actuaciones constitucionales- no puede generar un resultado de suyo gravoso- paralización del proceso- frente a la potestad de acción que confiere la normativa procesal penal respecto a los jueces cuyas actuaciones son objeto de cuestionamiento. 

9.- En el orden de ideas expresado, es pertinente ratificar que el proceso de habeas corpus no puede imponer condiciones de actuación procesal en la forma que estime conveniente, sino será necesario que los procesos de la justicia ordinaria, dentro de su ámbito de regularidad, no sean paralizados en forma indebida y sin un real sustento fáctico- normativo. 

10. En el caso sub judice, resulta un detalle de particular relevancia, adicionalmente, que el argumento base de la recusación, tanto la primera como la segunda, sea en propiedad que ciertas personas conocen a la juez demandada a efectos de que pueda fallar en contra del ahora demandante y emplazado en el proceso de difamación agravada. A ello hay que sumar que respecto de la segunda recusación, lo cual la hace de plano ineficaz, es que ni siquiera se encuentra debidamente identificada- por exclusión de su apellido materno- la persona que se dice conocería a la jueza a efectos de una sentencia condenatoria. Tales circunstancias hacen pues de plano inviable una recusación que en rigor debe agotarse al interior del propio proceso penal y respecto a la cual no es competente la justicia constitucional.

DECISIÓN:  

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia que declara infundada la demanda. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 09729-2005-PHC TC caso Edgar Ramírez y otros

8. (…) este Tribunal Constitucional debe precisar que el contenido de la garantía consagrada en el artículo 139.4. de la Constitución, referida a la pluralidad de la instancia, permite que una instancia superior revise lo actuado por la instancia inferior, siempre que ello sea posible, conforme al diseño del proceso que corresponda; por ello, el contenido de las normas procesales que establecen los efectos con los que se deben conceder los recursos en los procesos ordinarios, no solamente es infraconstitucional, sino que, además, no forma parte del contenido constitucionalmente protegido o garantizado por la norma precitada.

9. Lo contrario significaría aceptar que cualquier afectación de una norma procedimental ordinaria, en tanto que pudiera estar “ligada” o “vinculada” a la garantía constitucional del debido proceso o a la tutela judicial efectiva, podría dar lugar a la interposición de una demanda de amparo o hábeas corpus, según corresponda, lo cual no sólo es contrario a lo expuesto en el artículo 200º de la Constitución, sino que, además, impondría al Tribunal Constitucional la obligación de revisar la regularidad con que se han tramitado todos los procesos ordinarios, lo que en modo alguno está permitido por la Constitución Política del Estado.

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