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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Valoración de actos administrativos en sede constitucional

19 octubre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro. : 150-2011

DEMANDANTE: JOSE ALARCÓN SILVA

DEMANDADO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, al primero de setiembre de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recursos de apelación interpuestos por: 

  1. Luis Arroyo Flores contra la sentencia de fecha 09 de diciembre de 2010, que DECLARA FUNDADA la demanda interpuesta por José Alarcón Silva y ordena cese el impedimento a sus labores de profesor en la Institución Educativa San Martín;
  2. El Procurador Público del Gobierno Regional contra la misma sentencia.

 

ANTECEDENTES  

La demanda interpuesta (p. 107-113) alega la vulneración de los derechos constitucionales al trabajo, presunción de inocencia y al debido proceso, solicitando se le restituya el dictado de 24 horas de clases semanales- mensuales en el Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de su institución, debiendo permitírsele el ingreso y registro, así como se le restituya los haberes dejados de percibir, además de la destitución de los responsables. Refiere que aún cuando no se había agotado la vía administrativa, se le sanciona con 5 meses de suspensión y sin goce de remuneraciones.  

La contestación formulada por la emplazada (p.143-150) sustenta la improcedencia de la demanda y alega que esta controversia debió definirse en la vía del proceso contencioso- administrativo.

El Procurador Público contesta igualmente la demanda (p. 158-162) y refiere que  el acto administrativo cuestionado ha sido emitido con todas las formalidades de ley. 

La sentencia impugnada (p. 166-170) declara fundada la demanda y considera como fundamentos centrales que la emplazada ha materializado la medida de suspensión del recurrente, no obstante que éste había interpuesto recurso de apelación. 

La apelación formulada por la demandada (p. 185-188) señala que el derecho que el demandante invoca no está protegido por la Constitución. A su turno, el Procurador Público indica que la demanda es improcedente pues existen vías igualmente específicas para satisfacer el derecho reclamado.

 

FUNDAMENTOS 

§Valoración de los actos administrativos en sede constitucional  

1. La doctrina constitucional ha estimado conveniente delimitar las características de ejecución del acto administrativo[1], precisándose los conceptos de ejecutividad y ejecutoriedad. Esta distinción resulta de importancia en la medida que un acto administrativo que cumpla los requerimientos de ejecutividad ha de expresar la eficacia de su realización. 

2.  De otro lado, resulta relevante, de la misma forma, distinguir los actos administrativos que cumplen la condición de ejecutividad de aquellos que no lo son: los actos administrativos ejecutivos, propios del procedimiento administrativo sancionador,  exigirán el agotamiento de una impugnación para su eficacia, en tanto que los no ejecutivos, podrán revestir eficacia inmediata, en tanto no representen un efecto sancionador. 

3. La distinción acotada reviste relevancia en cuanto los actos administrativos sancionadores exigen razonablemente del agotamiento de la vía administrativa para su ejecución. Proceder en forma contraria involucraría solo ceñirnos a la eficacia en sentido lato del acto administrativo, materia que desde la legitimidad de los actos constitucionales asume una observación que debe ser compatibilizada con los derechos fundamentales.  

 

§Análisis del caso concreto

4. Valorados los medios probatorios aportados en esta litis, estimamos que la sentencia de vista desarrolla la tesis de la agresión constitucional que implica la ejecución inmediata de un acto administrativo sancionador, en cuanto el mismo, en el caso sub judice, resulta vulneratorio en la medida que efectiviza la sanción de suspensión del horario de clases del demandante y consecuentemente, le impide el ejercicio normal de sus labores conforme sustenta la demanda (p. 107-108). 

5. En efecto, la potestad sancionadora de la Administración es reconocida por las leyes del Estado, mas esa atribución debe ser ejercida dentro de los límites que informa el principio de razonabilidad en cuanto la resolución de sanción cuestionada ( p. 15-17), es ejecutada inmediatamente después de ser adoptada, deviniendo el derecho a contradecir, por ende, en simplemente formal, cuando el derecho al contradictorio, en el caso específico de sanciones administrativas, exige asumir una dimensión material que precisamente es la característica que identifica su contenido esencial con la Carta Fundamental. 

6. Por tanto, advertimos un exceso en la proporcionalidad de la ejecución de la medida, el cual debe ser corregido en esta vía de derechos fundamentales y debe, principalmente, implicar que la Administración, en el caso que nos ocupa, prevea un trato digno a los profesores que son objeto de sanción y que las medidas de efectividad de sanciones tengan lugar en cuanto la vía administrativa hubiere quedado agotada. Lo contrario, es no observar el principio de interdicción de la arbitrariedad.

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia que DECLARA FUNDADA la demanda, y DISPONE su publicación en el diario oficial El Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 0015-2005-PI/TC. caso contra la Ley N.º 28165, que modifica el Procedimiento de Ejecución Coactiva.

La ejecutividad y la ejecutoriedad de los actos administrativos  

44.   La ejecutividad del acto administrativo está referida al atributo de eficacia, obligatoriedad, exigibilidad, así como al deber de cumplimiento que todo acto regularmente emitido conlleva a partir de su notificación; está vinculada a la validez del acto administrativo. 

La ejecutoriedad del acto administrativo, en cambio, es una facultad inherente al ejercicio de la función de la Administración Pública y tiene relación directa con la eficacia de dicho acto; en tal sentido, habilita a la Administración a hacer cumplir por sí misma un acto administrativo dictado por ella, sin la intervención del órgano judicial, respetando los límites impuestos por mandato legal, así como a utilizar medios de coerción para hacer cumplir un acto administrativo y a contar con el apoyo de la fuerza pública para la ejecución de sus actos cuando el administrado no cumpla con su obligación y oponga resistencia de hecho. 

45.   La ejecutoriedad es, pues, una consecuencia del acto administrativo y su sustento constitucional tiene origen en el numeral 1 del artículo 118. º de nuestra Carta Magna, que ordena al Presidente de la República –y, por ende, al Poder Ejecutivo y a toda la Administración Pública– a “cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales.

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