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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Prevalencia de interpretaciones constitucionales.

24 octubre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 0158-2011

DEMANDANTE: JOSE LLONTOP SIESQUEN

DEMANDADO: DRE LAMBAYEQUE

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

En Chiclayo,  a los 07 días del mes de setiembre de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza, y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra el auto de fecha 13 de mayo de 2011, que resuelve declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por José Llontop Siesquén contrala Dirección Regional de Educación de Lambayeque.

ANTECEDENTES  

La pretensión del demandante (p.10-19) exige el cumplimiento dela Resolución Suprema-CasaciónNº 6426-2009 y se ordene el pago de la bonificación especial del Decreto de Urgencia Nº 037-94, asu favor, desde el 01 de julio de 1994 hasta la actualidad, con la debida deducción de los montos que se hayan otorgado en virtud del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM. Señala que la Corte Suprema ha determinado que las sentencias del Tribunal Constitucional no constituyen doctrina jurisprudencial.  

El auto impugnado (p. 20) indica que de la demanda y los medios probatorios aportados se advierte que la pretensión en controversia requiere de una estación probatoria amplia, en donde con mejores fundamentos, pruebas y criterios, se pueda establecer el reconocimiento del derecho demandado, siendo la vía adecuada la del contencioso administrativo. 

El demandante impugna la improcedencia liminar (p. 22-24) y señala que su demanda cumple con los requisitos de procedencia previstas en el articulo 42 dela LeyNº 28237, y que el Juzgador no ha tenido en cuenta que la demanda de amparo se ha interpuesto para dar cumplimiento a lo ordenado enla ResoluciónSuprema-CasaciónNº 6426-2009.

FUNDAMENTOS

§La improcedencia liminar de un proceso constitucional 

1. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción. 

2. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

§Prevalencia de interpretaciones constitucionales 

3. Según el artículo 1[1] de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es propiamente el Tribunal el supremo intérprete de la Constitución, situación frente a la cual, en rigor el Poder Judicial asume que igualmente asume la defensa de los derechos fundamentales en los procesos constitucionales de la libertad, mas sobre la propia interpretación de los jueces, es el Tribunal quien resuelve en última y definitiva instancia[2], es decir, finalmente es el Tribunal Constitucional quien ejerce el control de constitucionalidad de las decisiones de los jueces constitucionales del Poder Judicial. Se trata de una norma- regla con la cual los jueces podemos discrepar mas no confrontar, en tanto las atribuciones de los jueces implican competencias a asumir solo en el ámbito de sus funciones.

 4. Los jueces podremos aplicar control difuso, podremos ponderar o aplicar el principio de proporcionalidad y a su vez, hacer prevalecer los principios de interpretación constitucional favorables a los derechos fundamentales, mas no podemos cuestionar ni desvincularnos de una decisión del Tribunal Constitucional, a excepción de que las partes afectadas acudan a la jurisdicción supranacional[3].    

 5. Refuerza este argumento el carácter prevalente de las sentencias constitucionales sobre las de la justicia ordinaria[4] en tanto las decisiones de los jueces constitucionales, sean del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, precisamente por defender derechos fundamentales, gozan de un status que otorga preferencia a estos fallos sobre otro tipo de resoluciones jurisdiccionales. En consecuencia, resulta una exigencia del principio democrático[5] reconocer este tipo de decisiones y fundamentalmente, respetar las competencias que la Carta Fundamental nos asigna.  

 

§Regulaciones respecto al otorgamiento del Decreto de Urgencia 037-94  

6. Los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en la STC 2616-2004-AC/TC, caso Amado Santillán Tuesta contra la Dirección Regionalde Educación del Consejo Transitorio de Administración Regional de Amazonas, se orientan a un análisis del Decreto Supremo 019-PCM y Decreto de Urgencia 037-94, elaborándose finalmente una tabla comparativa de las escalas remunerativas de los servidores de la Administración Pública propiamente beneficiarios del Decreto de Urgencia 037-94.

§Análisis del caso concreto

7. En el presente caso y conforme es de verse del “nomen iuris” de la pretensión, el recurrente solicita que la demandada – Dirección Regional de Educación de Lambayeque así como el Gobierno Regional de Lambayeque- den estricto cumplimiento a lo dispuesto a la resolución de la Corte Suprema que se adjunta y se ordene a dichos organismos cumplan con otorgarle la bonificación especial dispuesta en dicha norma, en tanto las sentencias del Tribunal, no necesariamente constituyen doctrina jurisprudencial para la Corte Suprema.  

8. Del estudio y análisis de la incoada y anexos que se acompañan, específicamente de la boleta de pago de folios 2, se advierte que el recurrente cesó en el cargo de Director. Por tanto, dicho justiciable pertenece al V nivel magisterial, con jornada laboral de 40 horas, tal como lo demuestra la acotada instrumental, es decir, taxativamente no se encuentra dentro del grupo de beneficiarios del D.U. 037-94.

9. A lo señalado debe sumarse, la propia posición ya jurisprudencialmente uniforme asumida por esta Sala Constitucional, de denegar la tutela del derecho exigido en el caso de Directores, precisamente por cuanto existe una normativa de regulación de sus propias bonificaciones en el régimen del Profesorado así como por cuanto, dada la condición de docente cesante respecto al actor, asume por cierto este Ad-quem que la condición de Director de Centro Educativo que alega el solicitante, no involucra, para el régimen establecido por el Decreto de Urgencia 037-94, la ejecución de labores en los regímenes favorecidos por la norma acotada, subsumiéndose sus labores dentro de la función especial de servicios en el régimen del Profesorado, lo que involucra la deniega de tutela del derecho reclamado.

10. Ahora bien, lo señalado corresponde a la cuestión relativa al Decreto de Urgencia 037-94 y sin embargo, la pretensión va mucho más allá pues sostiene que se debe acoger la interpretación de la Corte Suprema y no la del Tribunal Constitucional, argumento respecto al cual es razonable puntualizar que pretender la discusión de cuál interpretación es prevalente vía amparo,  resulta de suyo inconducente y más aún ajeno a este órgano jurisdiccional[6].

 11. En efecto, no resulta admisible en sede de amparo cuestionar las decisiones del Tribunal Constitucional pues no resulta una competencia de los jueces constitucionales del Poder Judicial, y en consecuencia, la demanda adolece de un requisito de admisibilidad  que no permite su tránsito por la vía constitucional.

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos. 

Publíquese y notifíquese.

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] LEY N° 28301. Artículo 1°.- Definición

El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás constitucionales. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica. El Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad de Arequipa. Puede, por acuerdo mayoritario de sus miembros, tener sesiones descentralizadas en cualquier otro lugar de la República.

[2] Constitución 1993. Artículo 202°. Corresponde al Tribunal Constitucional: 

(…) 2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento. 

[3] Constitución 1993. Artículo 205° 

Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. 

[4] Código Procesal Constitucional. Artículo 22.- Actuación de Sentencias 

La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. 

[5] ARAGON, Manuel. La eficacia jurídica del principio democrático. Revista Española de Derecho Constitucional. Año 8. Núm. 24. Septiembre-Diciembre 1988

[6] Vid Fundamentos 3-5.

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