Archive for 14 octubre 2011

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“Comunicación y argumentación”. UNT. Trujillo, octubre de 2011.

14 octubre, 2011

Estimados amigos:

La Maestría de la Universidad Nacional de Trujillo UNT nos ha extendido una gentil invitación para dictar el módulo ” Comunicación y Argumentación”, los próximos 4 fines de semana en la cálida ciudad de Trujillo.

Hemos de abarcar, a grandes rasgos, criterios marco sobre la comunicación jurídica en los diversos procesos que la integran así como los ejes más relevantes de la argumentación jurídica en sus 4 facetas de interés: lógica, argumentación, interpretación y motivación.  

Los contenidos iniciales son los siguientes: 

  • Introducción a la teoría de la comunicación
  • 1. La argumentación jurídica. Ideas introductorias 
  • 1.1. ¿Es necesario razonar jurídicamente?
  • 1.2. El ordenamiento jurídico en su contexto esquemático.
  • 1.3. Ejes esenciales del razonamiento jurídico: lógica, argumentación, interpretación y motivación.
  • 1.4. La lógica jurídica: ¿acaso devino insuficiente?
  • 1.5. ¿Inexistencia de motivación?
  • 1.6. Argumentando jurídicamente. Importancia de su función.
  • 1.7. El método de la subsunción
  • 1.8. Diferencias entre reglas y principios
  • 1.9. Teoría absoluta y teoría relativa de los derechos fundamentales.
  • 1.10. Los dilemas trágicos y no trágicos ( casos fáciles y difíciles)
  • 1.11. Las antinomias
  • 1.12. Las lagunas normativas
  • 1.13. Vaguedad y ambigüedad
  • 1.14. Contexto de descubrimiento y contexto de justificación
  • 1.15. Justificación interna y justificación externa
  • 1.16. Teorías de la argumentación jurídica. Importancia de su función.
  • 1.17. Interpretamos más allá de la norma. Los hechos como insumo elemental de la actividad interpretativa
  • 1.18. Criterios interpretativos. ¿Son suficientes?
  • 1.19. Clasificación de los criterios de interpretación
  • 1.20. Algunos apuntes sobre criterios de interpretación constitucional
  • 1.21. Ponderación y proporcionalidad
  • 1.21.1. Técnica de la ponderación
  • 1.21.2. El principio de proporcionalidad

 

  • 2. La motivación de las resoluciones
  • 2.1. Motivación, eje esencial en el razonamiento jurídico
  • 2.2. Parámetros de la motivación en la interpretación constitucional. STC 0728-2008-PHC/TC 
  • 2.3 Escenarios contradictorios a una debida motivación:
  • – a) Inexistencia de motivación o motivación aparente.
  • – b) Falta de motivación interna del razonamiento.
  • – c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas.
  • – d) La motivación insuficiente.
  • – e) La motivación sustancialmente incongruente.
  • 2.4. Contradicciones determinadas por el Tribunal en la sentencia de la Corte Suprema, sometida a examen
  • 2.4.1. Falta de corrección lógica
  • 2.4.2. Falta de coherencia narrativa
  • 2.4.3. Falta de justificación externa
  • 2.5. El examen de la prueba indiciaria

Si bien estaremos en Lima con la Academia de la Magistratura en la mañana, prestamente volamos en la tarde a Trujillo para el inicio de este curso.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

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“Debido proceso”. Academia de la Magistratura. Lima, 15 de octubre de 2011.

13 octubre, 2011

Estimados amigos:

La Academia de la Magistratura nos ha honrado con una invitación para el dictado del Módulo “Debido proceso” en la ciudad de Lima en el marco de las actividades del Programa de Ascenso de Jueces y Fiscales.

El evento tendrá lugar los días 15 de octubre y 03 de diciembre de 2011 próximos.

Los contenidos a tratar en esta primera sesión son:

Sábado 15 de octubre de 2011 

8:00 – 11:00 

Tema 1: Origen  y dimensiones  del derecho a un debido proceso.
1.1.
El origen del concepto “Due Process” y algunas precisiones sobre sus originales alcances. 

Tema 2: Una importante consecuencia de conocer los alcances del DUE PROCESS: La determinación de las dimensiones sustantiva y procesal del debido proceso.

2.1. La dimensión sustantiva del debido proceso o debido proceso sustantivo.

2.2. La dimensión procesal o el debido proceso procesal: contenido y alcances en los Estados Unidos de Norte América. 

LECTURA: “El debido proceso en la actualidad”. Oswaldo Gozaini. 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE: STC 3179-2004-AA/TC. Caso Apolonia Ccollcca. 

11:00 – 11:15  Intermedio 

11:15 – 13.30

Tema 3: El tratamiento del derecho a un debido proceso por los organismos de protección internacional de los Derechos Humanos. 

3.1. La importancia del tema para los jueces y fiscales peruanos.

3.2. Algunas consideraciones generales sobre los alcances otorgados al tema.

3.3. Los derechos exigibles en sede judicial.

3.4. El progresivo reconocimiento de algunos derechos como exigibles también fuera de un proceso judicial. 

LECTURA: “El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana”. Carolina Loayza Tamayo.  

JURISPRUDENCIA RELEVANTE: STC 03173-2008-PHC/TC. Caso Teodorico Bernabé Montoya. El Frontón. 

13.30 – 14.30 Caso práctico: Reconversión de procesos constitucionales.  

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Presentación revista virtual IPSO JURE edición día del juez. 12 de octubre de 2011

12 octubre, 2011

 

Estimados amigos:

Hoy 12 de octubre a las 17.30 horas en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presentamos el primer número en físico de nuestra revista virtual IPSO JURE, la cual con 14 números virtuales en la web, ha efectuado un sencillo aporte a la cultura jurídica nacional e internacional.

Las revistas físicas conllevan un enorme trabajo y esfuerzo. Comprometen muchos recursos de personas, tiempo y presupuesto. Sin embargo, ha sido muy valioso encontrar una respuesta entusiasta de muchos de nuestros colaboradores en esta apuesta académica que se inició el año 2008, en la perspectiva de que era importante que los jueces de Lambayeque, inicialmente, y luego muchos otros rangos de colaboradores, se sumaran a la propuesta inicial. De esa manera iniciamos la primera revista virtual del Poder Judicial y luego de nosotros, diversas iniciativas surgieron en otros Distritos Judiciales.

Por ello nos complace poder presentar esta tarde el primer número en físico, luego de 3 años y un poco más de desvelos por emitir los números de IPSO JURE, en la medida de lo posible, dentro de los plazos trimestrales fijados.

En ese norte de ideas, solo nos queda agradecer a nuestros colaboradores la confianza de siempre por contribuir a hacer más Academia y de suyo, queda comprometido nuestro esfuerzo para que cuando menos anualmente, podamos lanzar un número en físico y los números restantes, en formato virtual, siguiendo la premisa del ideal de seguir nuestra voz interior de efectuar aportes sustantivos a la comunidad jurídica. 

Como decía Steve Jobs en su famoso discurso de Stanford en 2005: “No permitan que el ruido de las opiniones ajenas silencien su propia voz interior. Y más importante todavía, tengan el valor de seguir su corazón e intuición…todo lo demás es secundario”

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra  

       

 

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Y pasamos las 100,000 visitas!!!

12 octubre, 2011

Estimados amigos:

Es una modesta buena noticia que hayamos pasado las 100,000 visitas a  nuestro blog, donde hemos colgado en este año calendario y un poco más de creados, diversa información vinculada al Derecho Constitucional, la Argumentación Jurídica y los Derechos Humanos.

Para las materias referidas, el avance logrado es contextualmente importante pues nos compromete a seguir innovando, en la premisa cierta de que caminante, no hay camino, camino se hace al andar.

Un abrazo,

Edwin Figueroa Gutarra

 

 

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Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento. Improcedencia otorgamiento bono de crecimiento.

11 octubre, 2011

 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 138-2011

DEMANDANTE: IRIS VILLALOBOS SÁNCHEZ

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE FERREÑAFE

MATERIA: CUMPLIMIENTO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 31 días del mes de agosto de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Ferreñafe contra la sentencia de fecha 31 de mayo de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento de autos.

 

ANTECEDENTES  

La pretensión de la demandante (p. 26-29) tiene por objeto se de  cumplimiento al artículo 1 del Decreto de Urgencia 001-2008, el cual fija un Bono por Crecimiento Económico de S/ 300., a favor de los servidores beneficiarios de dicha norma. Acota que representa 53 agremiados incluidos dentro del dispositivo cuyo cumplimiento exige. 

La contestación de demanda por parte del Procurador de la entidad demandada (p. 54-56) señala que el dispositivo legal a que hace referencia la actora, en el caso de los recurrentes, no cuenta con Informe Favorable del Área de Planeamiento y Presupuesto en vista de no haber sido requerido por la anterior gestión municipal.

La sentencia impugnada (p. 87-93) considera que existe controversia compleja pues el mismo dispositivo en su numeral 3.2 remite el cumplimiento de la norma a la Ley de Presupuesto 28411, la cual fija restricciones, sin perjuicio de corroborar que efectivamente la pretensión no cumple los lineamientos de la STC 168-2005-PC/TC, precedente vinculante en materia de cumplimiento.

La impugnación formulada por los recurrentes (p. 99-106) incide en que sí se cumple los requisitos de procedibilidad planteados para este tipo de procesos y que el monto se encuentra debidamente presupuestado en la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2008. Y más aún, que sí se ha cumplido el pago respecto de algunos trabajadores y funcionarios.

 

FUNDAMENTOS 

§El proceso de cumplimiento en la jurisprudencia constitucional 

1. Históricamente, la institución que más se asemeja al proceso de cumplimiento es el Writh of Mandamus, remedio jurídico que se interponía contra el abuso del poder estatal que se negaba a ejecutar o hacer algo de su competencia. En el ámbito continental,  la Corte Suprema de EE.UU. se encuentra facultada para dictar mandatos contra cualquier autoridad o funcionario estatal, siendo el antecedente latinoamericano más cercano de esta institución la Constitución Colombiana de 1991, la cual refiere en su artículo 87 que la acción de cumplimiento procede para hacer efectivos una ley o un acto administrativo. 

2. En la práctica jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha fijado los caracteres mínimos para que una pretensión sea exigible en la vía de cumplimiento[1] y ha consolidado, a juicio nuestro, que se considere el proceso de cumplimiento como un proceso en rigor constitucional y no simplemente constitucionalizado, en crítica de su verdadera eficacia en sede constitucional. 

3. Nos explicamos. La crítica sostiene que la finalidad del proceso de cumplimiento no es tutelar bienes constitucionales, sino el acatamiento de obligaciones provenientes de normas legales o actos administrativos[2]. Si es así, no sería un proceso constitucional, sino “constitucionalizado”, pues no obstante estar reconocido en la Carta Magna, no comparte los fines de los procesos constitucionales. Sin embargo y como posición contraria, la doctrina en contrario sostiene que sí es un proceso constitucional[3], pues actúa sobre la base de derechos constitucionales objetivos: primero, en la constitucionalidad de los actos legislativos, y segundo, en la legalidad de los actos administrativos. 

4. En propiedad, el proceso de cumplimiento busca asegurar la eficacia de las normas legales y los actos administrativos, convirtiendo el cumplimiento de normas legales y actos administrativos por parte de la autoridad en un derecho fundamental de los ciudadanos. Protege así un derecho fundamental no enumerado. 

5. Finalmente, el proceso de cumplimiento satisface tanto la finalidad objetiva (supremacía constitucional) como la subjetiva (tutela de derechos fundamentales) de los procesos constitucionales[4].

 

§Análisis del caso concreto 

6. A juicio nuestro, existen argumentos de razonabilidad relevantes a efectos de confirmar la apelada pues si bien resulta que la norma cuyo cumplimiento se exige, plantea efectivamente un beneficio a favor de los recurrentes,  de otro lado, la propia norma establece en el numeral 3.2 del citado dispositivo, conforme precisa la A-quo, que los Gobiernos Locales deben ceñirse, en el otorgamiento del beneficio sub judice, a la Ley de Presupuesto 28411. Esta precisión normativa conduce a que la cuestión que se debe dilucidar en esta vía, ya no goce de las características de ejecutividad inmediata de la norma respectiva, pues la convierte en una norma heteroaplicativa, es decir, que exige una cuestión de reglamentariedad de la ejecución que debe establecerse en el ámbito de las normas administrativas de ejecución que correspondan. En síntesis, fijada una condición de ejecución, el mandamus pierde fuerza de ejecución. 

7. De otro lado, es importante señalar que esta respuesta de orden formal que emitimos, si bien estima una causal de improcedencia, no resta que debamos señalar que resulta necesario que el Municipio demandado adopte las previsiones del caso pues su argumento de defensa reside en que la anterior gestión municipal no optó por las medidas del caso para la ejecución del beneficio respectivo. 

8. Tal determinación de señalar que fue otra gestión la que debió iniciar la gestión, no satisface ningún estándar de justificación interna  ni externa de una decisión administrativa, pues implica la justificación de un no hacer como causal propia de incumplimiento de una obligación que le es inherente y que demuestra una grave omisión de los funcionarios responsables. 

9. En ese orden de ideas, corresponde exhortar a la demandada para que cumpla con las obligaciones administrativas que le son inherentes y realice las gestiones necesarias para que los servidores puedan acceder al beneficio solicitado, pues conforme a los alcances de la fórmula Radbruch[5] establecida por el Tribunal Federal alemán, el derecho extremadamente injusto no es justo.   

10. Por último, la cuestión del pago del beneficio del caso a diversos servidores de la Municipalidad corroboraría una cuestión en la cual este órgano jurisdiccional no pude entrar a dilucidar cuestión alguna de las causales de la desigualdad acotada. Nuestra misión solo es determinar si hay mandamus exigible o no lo hay, mas de ser cierto que existen desigualdades manifiestas, dirimir ese desnivel corresponde a otras instancias funcionales y no a un órgano jurisdiccional constitucional.    

 

DECISIÓN:  

Por estos fundamentos, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA la sentencia de autos; DISPUSO su publicación en el diario oficial EL Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 168-2005-PC/TC caso Villanueva Valverde 

14. Para que el cumplimiento de la norma legal o la ejecución de un acto administrativo sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:

a) ser un mandato vigente;

b) ser un mandato cierto y claro,

c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares,

d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento,

e) ser incondicional,

 f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante.(…) 

[2] GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho, Lima, 2008. p. 11 

[3] LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Palestra, Lima, 2004.  p. 141.

 [4] GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho, Lima, 2008. p. 14

[5] Cfr. ZAGREBELSKY, Gustavo.  El juez constitucional  en el siglo XXI. En Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, número 10, julio- diciembre 2008,  p- 260

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Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento. Trabajadores cesados irregularmente. Variación de posición

10 octubre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 1376-2010

DEMANDANTE: WILLY SECLEN FLORES  

DEMANDADO: ELECTRONORTE S.A.

MATERIA: CUMPLIMIENTO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 23 días del mes de agosto de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra y Terán Arrunátegui, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recursos de apelación interpuestos por ELECTRONORTE S.A. contra: 

  1. El auto de fecha 16 de agosto de 2010, que DECLARA INFUNDADAS las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado y de falta de agotamiento de la vía administrativa, deducidas por la demandada.
  2. La sentencia de fecha 23 de diciembre de 2010, que DECLARA FUNDADA la demanda de cumplimiento interpuesta por Willy Seclén Flores.

 

ANTECEDENTES 

La demanda interpuesta (p. 40-49) formula el pedido del demandante para su reincorporación laboral a ELECTRONORTE S.A., en el marco de la Ley 27803. 

La contestación formulada por la emplazada (p. 133-175) deduce inicialmente las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado y de falta de agotamiento de la vía administrativa. En cuanto al fondo (p. 149), pide que la demanda sea declarada infundada o improcedente. 

Desestimadas las excepciones por el A-quo (p. 276-278), interpone recurso de apelación la emplazada señalando que no se ha tenido en cuenta que debió presentarse la demanda contra el Ministerio de Trabajo, así como que no se ha cumplido con agotar la vía administrativa. 

La sentencia impugnada (p. 301-302) considera como fundamentos centrales que la emplazada no ha cumplido con ejecutar y concluir con el proceso del Programa Extraordinario de Acceso a los beneficios de la Ley 27803 y ordena se reincorpore al demandante en el puesto que venía desempeñando. 

La impugnación formulada (p. 442-469) señala que la actora no ha presentado contrato alguno de trabajo así como tampoco un registro de asistencia, de donde no se puede inferir subordinación.

 

FUNDAMENTOS 

§El proceso de cumplimiento en la jurisprudencia constitucional 

1. Históricamente, la institución que más se asemeja al proceso de cumplimiento es el Writh of Mandamus, remedio jurídico que se interponía contra el abuso del poder estatal que se negaba a ejecutar o hacer algo de su competencia. En el ámbito continental, la Corte Suprema de EE.UU. se encuentra facultada para dictar mandatos contra cualquier autoridad o funcionario estatal, siendo el antecedente latinoamericano más cercano de esta institución la Constitución Colombiana de 1991, la cual refiere en su artículo 87 que la acción de cumplimiento procede para hacer efectivos una ley o un acto administrativo. 

2. En la práctica jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha fijado los caracteres mínimos para que una pretensión sea exigible en la vía de cumplimiento[1] y ha consolidado, a juicio nuestro, que se considere el proceso de cumplimiento como un proceso en rigor constitucional y no simplemente constitucionalizado, en crítica de su verdadera eficacia en sede constitucional. 

3. Nos explicamos. La crítica sostiene que la finalidad del proceso de cumplimiento no es tutelar bienes constitucionales, sino el acatamiento de obligaciones provenientes de normas legales o actos administrativos[2]. Si es así, no sería un proceso constitucional, sino “constitucionalizado”, pues no obstante estar reconocido en la Carta Magna, no comparte los fines de los procesos constitucionales. Sin embargo y como posición contraria, la doctrina en contrario sostiene que sí es un proceso constitucional[3], pues actúa sobre la base de derechos constitucionales objetivos: primero, en la constitucionalidad de los actos legislativos, y segundo, en la legalidad de los actos administrativos. 

4. En propiedad, el proceso de cumplimiento busca asegurar la eficacia de las normas legales y los actos administrativos, convirtiendo el cumplimiento de normas legales y actos administrativos por parte de la autoridad en un derecho fundamental de los ciudadanos. Protege así un derecho fundamental no enumerado.

5. Finalmente, el proceso de cumplimiento satisface tanto la finalidad objetiva (supremacía constitucional) como la subjetiva (tutela de derechos fundamentales) de los procesos constitucionales[4].

 

§ Sobre las reincorporaciones ordenadas por la Ley 27803

6. Según el artículo 11 de la Ley 27803 se ordena la reincorporación de aquellos trabajadores que fueron cesados irregularmente a sus puestos de trabajo o su reubicación en cualquier otra entidad del Sector Público y de los Gobiernos Locales estableciendo como únicas condiciones para tal efecto:

(a) se trate de ex-trabajadores de las entidades del Estado comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada ley, cesados irregularmente u obligados a renunciar compulsivamente, según lo determinado por la Comisión Ejecutiva creada en virtud de su  artículo 5; y,

(b) la existencia de plazas presupuestadas vacantes de carácter permanente generadas a partir del dos mil dos hasta la conclusión efectiva del programa extraordinario de acceso a beneficios.

7. Asimismo, el  artículo 9 del Decreto Supremo N° 014-2002-TR,  señala que una vez registrados los ex – trabajadores en el Registro Nacional de  Trabajadores Cesados Irregularmente, las entidades con recursos propios podrán ejecutar el Programa (de beneficios entre los cuales se encuentra la reincorporación) de manera inmediata con cargo al reembolso que hará el Ministerio de Trabajo y  Promoción del Empleo con los fondos transferidos del FEDADOI. Añade el citado dispositivo que para el efecto acotado, el representante de la entidad involucrada deberá solicitar al Registro la relación de los Ex – trabajadores afectados de su respectiva entidad, precisando que ejecutarán la medida directamente y que una vez  remitida la relación por dicha dependencia, los ex – trabajadores involucrados quedarán automáticamente excluidos del Programa a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; en tanto que,  de acuerdo con su artículo once es requisito  fundamental para la ejecución del Programa de acceso a los beneficios, entre otros, de reincorporación, la inscripción de los  ex – trabajadores cesados irregularmente inmersos en el  ámbito de la ley  en el Registro Nacional de Cesados Irregularmente.

8. Sin perjuicio de lo expresado y en variación de la posición jurisprudencial[5] de esta misma Sala, consideramos necesario señalar que la exigencia de plazas vacantes debidamente presupuestadas, conforme al artículo 3. º de la Ley N.º 27803 y el inciso 1) del artículo 20.º del Decreto Supremo N.º 014-2002-TR, es una exigencia que no puede ser soslayada en todo proceso de reincorporación de trabajadores cesados. .

10. Fundamentamos este cambio de posición en razón de que la jurisprudencia constitucional tanto del supremo intérprete de la  Carta Fundamental así como de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, han venido poniendo énfasis en la exigencia de acreditación de plazas presupuestadas y vacantes, a efectos de estimar tutela en los procesos constitucionales de cumplimiento relativos a la aplicación de la Ley 27803 y las reincorporaciones generadas como consecuencia de los beneficios de readmisión que dicha norma concede.     

 

§Análisis del caso concreto 

11. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado y de falta de agotamiento de la vía administrativa son sustancialmente inconducentes, en tanto la primera pretende atribuir a otro órgano administrativo- Ministerio de Trabajo- la capacidad de respuesta frente a esta acción y objetivamente, la Comisión constituida al efecto para determinar los alcances de los beneficios de la Ley 27803, ya ha sido desactivada. 

12. De otro lado, la falta de agotamiento de la vía administrativa es un argumento inoficioso, pues exige una vía previa y sin embargo, existe una imputación de vulneración de un derecho fundamental. En consecuencia, el juez constitucional no puede desestimar, prima facie, una petición que objetivamente señala una aparente vulneración manifiesta a un derecho fundamental.  

13. En el caso sub judice, no obstante los mandatos a que hace referencia el A-quo en referencia a la viabilidad de reincorporación del actor como consecuencia de la Ley 27803[6], esta Sala considera necesario señalar que verificados en estos actuados si existe plaza presupuestada y  vacante respecto al demandante, no constatamos que se hubiera cumplido dicha exigencia en modo razonable, conducente y óptimo a fin de justificar una decisión estimatoria. 

14. De la misma forma, es importante tener presente el contenido de las diversas ejecutorias (p. 386-441) aportadas por la demandada, de las cuales se puede verificar una posición desestimatoria respecto a este tipo de demandas, tanto del propio Tribunal Constitucional (p. 386-390), así como de órganos del Poder Judicial (p. 391-441), coincidiendo dichas decisiones en la pérdida de exigencia del mandamus respecto a reincorporaciones, si no se acredita plaza presupuestada y vacante. 

15. En efecto, la fuerza del mandato de cumplimiento reside, sustantivamente, en que no haya objeción alguna respecto a la eficacia de la norma o resolución administrativa cuyo cumplimiento se exige. Corroborado que el mandato sea cierto y claro, incondicional y no sujeto a interpretación dispar, corresponde pronunciamiento estimatorio. 

16. Dicha situación varía si se opone una condición de realización previa o predeterminada pues ya no podrá ocurrir, como en el caso de autos, que la reincorporación del actor se pueda aplicar por el solo mérito de la Ley 27803, sino será necesario que en ese proceso de reincorporación ya ganado, pueda acreditarse que existe una plaza presupuestada y vacante que justifique la consecución de la reincorporación. No acreditada esta exigencia previa, el mandamus se desliga de su condición de eficacia para pasar a depender de la verificación de la plaza presupuestada y vacante, situación esta última que ocurre en el caso que nos ocupa.

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú:

1.      CONFIRMA el auto de fecha 16 de agosto de 2010, que DECLARA INFUNDADAS las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado y de falta de agotamiento de la vía administrativa, deducidas por la demandada.

2.      REVOCA la sentencia apelada, que DECLARA FUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA, DECLARA IMPROCEDENTE la demanda.

3.      DISPONE la publicación de  esta decisión en el Diario Oficial El Peruano.

Publíquese y notifíquese

 

SS. 

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

TERÁN ARRUNÁTEGUI


[1] STC 168-2005-PC/TC caso Villanueva Valverde

14. Para que el cumplimiento de la norma legal o la ejecución de un acto administrativo sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:

a) ser un mandato vigente;

b) ser un mandato cierto y claro,

c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares,

d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento,

e) ser incondicional,

 f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante.(…) 

[2] GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho, Lima, 2008. p. 11 

[3] LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Palestra, Lima, 2004.  p. 141.

[4] GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho, Lima, 2008. p. 14

[5] Cfr. Exp 2006-6768, Cumplimiento, Maritza Ugaz Ponce- Essalud. Pronunciamiento estimatorio de esta Sala 

[6] Vid F.J. 4 de la sentencia apelada.

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Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento. Problemas de prueba y de calificación.

7 octubre, 2011

   

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 6673-2009

DEMANDANTE: FLORENCIA GARCIA GARCIA

DEMANDADO: RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE ESSALUD

MATERIA: CUMPLIMIENTO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 18 días del mes de agosto de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Rigoberto Alvitez lazo, abogado de Florencia García García, contra la sentencia de fecha 14 de enero de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento.

 

ANTECEDENTES 

La pretensión de la demandante (p. 14-16) tiene por objeto que, vía cumplimiento, se le  restituya su pensión de viudez así como se le abone las pensiones devengadas e intereses legales. 

La contestación de demanda por parte de ESSALUD (p. 120-126) señala que no corresponde la discusión de la pretensión en esta vía de cumplimiento y por tanto, corresponde declarar la improcedencia de la demanda.

La sentencia impugnada (p. 155-158) considera que la pretensión está sujeta a una serie de interpretaciones y evaluaciones respecto al cumplimiento de requisitos para acceder a la pensión de la actora, lo cual genera no se pueda estimar una decisión de conformidad con los supuestos del precedente vinculante 168-2005-PC/TC. 

La impugnación formulada por la demandante (p. 161-162) incide en que se debió estimar la pretensión pues se cumplía con los requisitos de la pensión de viudez.

 

FUNDAMENTOS

§ La reconversión de procesos constitucionales

1. La declaración de improcedencia en sede constitucional constituye una decisión inhibitoria que alude directamente a la inviabilidad de determinar una decisión de fondo en vista de haberse omitido requisitos procedimentales necesarios. En tal sentido, una pretensión incorrectamente planteada y que a su vez es declarada improcedente, deberá ser reencausada en otra vía.

2. Sin embargo, no obstante esta regla general, a tenor de la sentencia, N.° 07873-2006-PC/TC[1], Lima, caso Juan Félix Tueros del Risco contra la Oficina de Normalización Previsional, el Tribunal Constitucional, ponderando el principio iura novit curia, previsto en el artículo VIII del Código Procesal Constitucional, dispone que una demanda que fue planteada como proceso de cumplimiento merezca, en atención a los factores contributivos de edad avanzada del amparista y la búsqueda real de la protección de derechos como fundamento básico del proceso constitucional, un pronunciamiento de fondo estimatorio en vía de amparo, exigiéndose para tal concesión de tutela los siguientes requisitos:

3. Precisa el supremo intérprete de la Constitución que sólo cuando concurran copulativamente tales requisitos, el Colegiado se encontrará autorizado para reconducir a una vía procedimental más acorde con la petición del recurrente y dejar de lado el proceso inicial. En el caso en comento, como señalamos, se reconvirtió un proceso de cumplimiento a uno de amparo, al cumplirse a cabalidad las condiciones antes señaladas, declarándose fundada la demanda.

4. La reflexión de fondo que este caso de doctrina jurisprudencial nos merece es que en sede constitucional el derecho puede ser objeto de innovación en mayor grado, lo cual nos trae a colación el viejo dilema de Eugenio Bulygin: ¿Los jueces crean derecho? Creemos que las reglas interpretativas en Derecho Constitucional, las cuales se regulan por los principios pro homine y de interpretación dinámica de la Constitución, permiten un margen más amplio de lectura interpretativa, a diferencia de otras ramas del derecho, en las cuales el principio de legalidad impone sus márgenes decisorios más acentuadamente.      

5. En conclusión, la reconversión de procesos constitucionales – en especial en los casos pensionarios de cumplimiento a amparo- son una opción procesal de suyo viable, en tanto la regla ha sido ya fijada por el Tribunal Constitucional y sustantivamente evita que los justiciables deban transitar nuevamente por un nuevo proceso. Si bien el esquema procesal puede ser discutible en cuanto afecta el derecho de defensa de la parte emplazada y omite la opción del breve, sumario y puntual contradictorio que implica la contestación de la demanda, de por medio se encuentra una exigencia de tutela de los derechos fundamentales, lo cual justifica en rigor se supere la forma procesal a efectos de atender la tutela urgente de un derecho fundamental.

6. Sin perjuicio de las premisas expuestas, si a efectos de la valoración de la pretensión, el juez estima que no se cumplen suficientemente los requisitos exigidos, desestimará la pretensión propuesta.

 

§ Análisis del caso concreto

7. Si bien el A-quo pudo eventualmente aplicar la reconversión del proceso constitucional sub judice, verificada la fortaleza probatoria de la pretensión, encontramos problemas de prueba propiamente dichos y cuestiones de calificación, conforme a los estándares modernos de la argumentación jurídica[2].  

8. Existen problemas de prueba en cuanto no verificamos una narración coherente en tanto la demandante se apersona a este proceso como casada con su cónyuge fallecido y sin embargo, en la partida de función del causante (p. 5), éste figura como soltero y es recién en la respectiva partida que una anotación marginal hace referencia a una Escritura Pública que da cuenta de su condición de cónyuge del fallecido. Si ella señala ser casada con el causante, ¿por qué extender una Escritura Pública para la anotación de estado civil? 

9. De otro lado, si ella invoca ser la beneficiaria, no hay una explicación congruente de por qué los hermanos del causante figuran como beneficiarios del subsidio por fallecimiento del causante (p. 100). Sería obvio asumir que si la demandante fuese beneficiaria del causante, no tendrían los hermanos que figurar como beneficiarios.

10.  Concurre un problema de calificación, a su turno, pues no podemos señalar en estricto a la recurrente como la viuda del causante, en tanto no se ha cumplido con acreditar taxativamente su condición de tal, a lo que debemos sumar que no existe en la demanda explicación satisfactoria respecto a cuál fue la respuesta de la Administración respecto a las peticiones de revisión del expediente administrativo del caso (p. 7) y la carta notarial de emplazamiento (p. 8-11). Estando a esas omisiones, no nos formamos convicción sobre la posibilidad de reconvertir la demanda en forma suficiente.

 

DECISIÓN: 

Por estos fundamentos, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA la sentencia de autos; DISPUSO su publicación en el diario oficial EL Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA
 


[1] STC 07873-2006-PC/TC, caso Félix Tueros. 

9. (…) cuando una demanda ha sido mal planteada, pese a que este Colegiado está autorizado a disponer la nulidad de los actuados y el reencausamiento de la demanda, también puede aceptarse la reconversión de un proceso constitucional en otro, si es que las circunstancias así lo ameritan. 

Éste se puede dar, tal como lo ha ido reconociendo nuestra jurisprudencia (cfr. fundamentos 5 de la sentencia resuelta en el Expediente N.º 0249-2005-PC-TC, 4 de la sentencia recaída en el Expediente N.º 1052-2006-PHD/TC, 8 de la sentencia expedida en el Expediente N.º 4080-2004-AC/TC y 5 de la sentencia emitida en el Expediente N.º 2763-2003-AC/TC), bajo ciertas premisas, como pueden ser las siguientes: 

–  Que el juez de ambos procesos tenga las mismas competencias funcionales (…)–         

Que se mantenga la pretensión originaria de la parte demandante (sólo se podrá admitir la conversión si la pretensión planteada en la demanda es respondida por el juzgador a través de la sentencia que va a emitir).

–  Que existan elementos suficientes para determinar la legitimidad para obrar activa y para poder resolverse sobre el fondo del asunto (que, siguiendo el contenido del artículo 9º del Código Procesal Constitucional, no deban actuarse pruebas adicionales en el proceso, el mismo que debe ser resuelto con las herramientas que el mismo expediente brinda).

– Que se estén cumpliendo los fines del proceso constitucional (si bien se estaría yendo en contra del cauce normal de un proceso, la autonomía procesal y el principio de informalidad que rige este tipo de proceso, además de los principios de dirección judicial del proceso, pro actione y economía procesal, previstos en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, autoriza canalizar la búsqueda de justicia, como valor supremo de la Constitución, a través de la judicatura constitucional).

– Que sea de extrema urgencia la necesidad de pronunciarse sobre el mismo (es cierto que la búsqueda natural de protección a quienes reclaman el resguardo de un derecho a través de un proceso constitucional, hace que éste se convierta en un proceso de tutela urgente, toda vez que se consideran improcedentes las demandas cuando existan vías procedimentales específicas, tal como lo expresa el artículo 5º, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, pero en los casos de reconversión se hace necesario que el caso no sea sólo apremiante, sino además que sea considerablemente perentorio e inminente, elemento que ha quedado claramente establecido en el fundamento 5 de la sentencia del Expediente N.º 2763-2003-AC/TC).

– Que exista predictibilidad en el fallo a pronunciarse (se considera que si el Juzgador es consciente del tipo de fallo a emitirse, y pese a que existe un error en la tramitación de la demanda, debe ordenar su conversión, tal como se ha dejado sustentado en la sentencia del Expediente N.º 0249-2005-PC/TC).

[2] ATIENZA, Manuel. Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica. Palestra. Lima, 2004. p. 178.

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