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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas data. Actuaciones fiscales e información reservada.

7 noviembre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 07540-2008

DEMANDANTE: ERNESTO MENDOZA PADILLA

DEMANDADO: JAIME SILVA ROSALES Y OTRO

MATERIA: HABEAS DATA 

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 13 días del mes de octubre de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de fecha 31 de mayo de 2010, que resuelve DECLARAR LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO sin declaración sobre el fondo, en el proceso de habeas data de autos.

 

ANTECEDENTES  

La demanda del accionante (p. 15-18) plantea habeas data contra Jaime Silva Rosales y Brian Villanueva Reyes, ambos funcionarios públicos dela Fiscalía Superiordela Provinciade San Pablo- Cajamarca, por denegatoria de acceso a la información pública, en vista de no habérsele otorgado copias de un proceso sobre responsabilidad de funcionarios públicos, pese al transcurso de seis meses de iniciada la investigación. 

La contestación de los emplazados (p. 81-82) señala que la demanda debe ser declarada infundada ya que los hechos en los que se fundamenta, carecen de veracidad. Además indican que el proceso tiene carácter reservado puesto que se encuentra en investigación, y por tal motivo, se le denegó información. 

La sentencia apelada (p. 169-171) indica la sustracción de la materia, toda vez que la Fiscalía dela Naciónha amparado el pedido y ha dispuesto que le sean entregadas las copias solicitadas al demandante, advirtiéndole que guarde reserva del caso. 

La impugnación formulada por el actor (177-178) indica que no existe prueba que acredite que los demandados hayan cumplido con entregar las copias solicitadas al recurrente, pues durante todo el proceso se negaron a proporcionar la información requerida alegando  la reserva del mismo. Respecto  de la resolución dela Fiscalíadela Nación  que corre en autos, el demandante señala que se trata de una resolución en calidad de jurisprudencia recaída en otro proceso muy similar al caso en cuestión y que fue incorporada por el demandante. Y sin embargo, dicha resolución no se pronuncia sobre su caso. 

 

FUNDAMENTOS 

§El proceso de habeas data y la jurisprudencia constitucional 

1. Desde sus inicios en el modelo norteamericano con el Freedom of Infomation Act de 1966 y la Privacy Act de 1974, pasando por el modelo europeo y llegando al modelo latinoamericano, el habeas data ha ido buscando su propio espacio y posicionándose con carácter autónomo en muchas legislaciones, entre ellas, la peruana.

2. Jurisprudencialmente, el desarrollo del habeas data ha merecido un reconocimiento sustantivo en relación al derecho de acceso a la información pública y al respecto, la  jurisprudencia constitucional[1] ha tenido un lugar preponderante, no solo en la configuración de sus principios sustantivos[2], sino también a través del reconocimiento de los tipos de habeas data[3], en la premisa de fijar criterios procedimentales que permitan a los intérpretes constitucionales una delimitación más precisa de la tutela del derecho a tutelar.  

3. Es importante anotar que el derecho de acceso a la información puede ser entendido como  aquella facultad que tiene toda persona de conocer la información considerada disponible, dentro del contexto de lo que se entiende por información pública y fuera de las excepciones razonablemente establecidas (intimidad personal, seguridad nacional, materias sometidas a reserva legal). Su trascendencia radica en que toda persona puede tener acceso a información  que se encuentra en cualquier entidad estatal y de este modo, intervenir en los asuntos públicos, formarse una opinión y participación informada en la actividad estatal, fiscalizar la gestión pública e incluso participar en la toma de decisiones, eliminando de alguna forma, los elementos generadores de corrupción a la par que fomentando el conocimiento en el adecuado manejo de los recursos públicos y la transparencia de la gestión pública.[4]

4. El derecho a la autodeterminación informativa se traduce, por otra parte, en otro ámbito de tutela del habeas data, en aquella facultad que tiene toda persona  para poder preservar y disponer de todo dato concerniente a ella, en resguardo de sus demás derechos constitucionales. Su importancia en lo esencial reside  en que a través del mismo no sólo  se garantiza que todo individuo sea capaz de controlar el tipo de datos que sobre él se hayan registrados, sino que se impide que bajo determinadas circunstancias no se vean afectados otros derechos constitucionales. En este sentido, podría hablarse del habeas data informativo, como aquella variante que tendría por objeto proporcionar la información requerida por el demandante  y que en un inicio le fuera denegada, es decir, serviría para la finalidad del inciso 1) del Código Procesal Constitucional.

 

§Análisis del caso concreto

5. Es importante advertir, en el caso sub judice, que efectivamente resulta cierto el argumento de la impugnación en cuanto a que la Fiscalía de la Nación declara fundado un recurso de apelación interpuesto por el ahora demandante, en un proceso en el cual igualmente solicitaba copias de actuados al Dr. Oswaldo Asensio Angulo y otro, en el expediente 119-2008. 

6. Y cierto es a su vez que en el expediente que nos ocupa, el A-quo ha determinado como decisión sustantiva de su fallo, que el recurrente ya ha obtenido las copias que solicitaba. Podemos colegir, en consecuencia, que ha habido un error de apreciación del juez de primera instancia, en tanto en el presente proceso las partes emplazadas resultan ser  los Dres. Jaime Silva Rosales y Brian Villanueva Reyes, de tal manera que la posición del actor debería prosperar en cuanto al problema de justificación interna que representa estimar un hecho como verdadero cuando en propiedad no lo es. 

7. Y sin embargo, es importante advertir, de igual forma, que la decisión estimatoria de la Fiscalía de la Nación hace referencia a un proceso en el cual el denunciante es parte, en su calidad de parte respecto a un proceso funcional contra el Dr. Oswaldo Asensio Angulo. 

8. En el caso de autos, conforme a la propia sustentación de la demanda (p. 15-18), el recurrente no acredita ser parte en el proceso cuyas copias solicita. En ese orden de ideas, resulta cierto y consistente el argumento de la Fiscalía Suprema (p. 161 F.J. 3) respecto a que resulta importante distinguir entre los procedimientos administrativos sancionadores y los procesos penales propiamente dichos. En los primeros, el acceso a la información pública podrá asumir la dimensión constitucional que le otorga el artículo 2 inciso 5[5] de nuestra Ley de Leyes. En los segundos, la regla es la publicidad, conforme al artículo 139 inciso 4[6] de la Carta Fundamental, a excepción de la reserva de investigación propia de un proceso penal señalada por el artículo 73[7] del Código de Procedimientos Penales. 

9. En consecuencia, no es irrestricta la aplicación del artículo 139 inciso 4 de la Constitución, en tanto la justificación de los emplazados, respecto a la no entrega de información, en el momento en que se formuló el respectivo pedido, aún gozaba de la calidad de reservada, en virtud de concernir a un proceso investigatorio penal. 

10. A lo señalado debe sumarse que el recurrente no era parte en el proceso, circunstancia que con mayor razón impedía su acceso a la información solicitada. 

11. Sin perjuicio de ello y siempre que el proceso respecto del cual se solicitaba información ya hubiere concluido en cuanto a la reserva propiamente dicha- situación ajena a este Tribunal- es relevante señalar que si a la fecha actual, la referida reserva del proceso hubiere culminado, es potestad del recurrente, de acuerdo a la calificación propia de la autoridad respectiva, determinar si procede la entrega de información, previo cumplimiento de los requisitos respectivos.  

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, REVOCA la sentencia apelada  que DECLARA LA SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA; REFORMÁNDOLA, DECLARA IMPROCEDENTE la demanda. DISPUSO su publicación en el diario oficial “El Peruano”.

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 2945-2003-HD/TC. Caso Julia Arellano 

§3. Derecho de acceso a la información pública 

3.      A través del hábeas data se protege el derecho reconocido en el inciso 5) del artículo 2° de la Constitución. Dichoprecepto constitucional dispone que “Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”. 

[2] Cfr. STC 1797-2002-HD/TC Caso Wilo Rodríguez 

[3] Cfr. STC 06164-2007-HD/TC Caso Jhonny Colmenares. 

[4] PALMA ENCALADA, Leny. El proceso de habeas data en el diseño del Código Procesal Constitucional. Código Procesal Constitucional comentado. Normas Legales Enero 2005. 

[5] Constitución 1993. Artículo 2 inciso 5 

A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.  Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. 

[6] Constitución 1993. Artículo 139 inciso 4. Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: 

La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos. 

[7] Código de Procedimientos Penales. Artículo 73. 

La instrucción tiene carácter reservado. El defensor puede enterarse en el despacho del juez de las actuaciones a las que no haya asistido el inculpado, bastando para ello que lo solicite verbalmente en las horas útiles del despacho judicial. Sin embargo, el juez puede ordenar que una actuación se mantenga en reserva por un tiempo determinado cuando juzgue que su conocimiento puede entorpecer o dificultar en alguna forma el éxito de la investigación que lleva a cabo. En todo caso cesa la reserva cuando se ponga la instrucción a disposición del defensor durante tres días en el juzgado para que se informe de toda la instrucción, haya concurrido o no a las diligencias.

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