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V Congreso REDLAJ. DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS PARA EL ESPACIO JUDICIAL LATINOAMERICANO. Lima, 22 de noviembre de 2011.

22 noviembre, 2011

V Congreso REDLAJ. DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS PARA EL ESPACIO JUDICIAL LATINOAMERICANO. Lima, 22 de noviembre de 2011.

 

II PANEL: EL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL EN AMÉRICA LATINA

 

En forma previa, el Dr. José Eduardo de Resende Chaves Junior, Presidente de REDLAJ, señaló que México había ofrecido todo su apoyo para que el VI Congreso de REDLAJ pueda llevarse a cabo en ese país, noticia de sumo interés que es puesta en conocimiento de todos los asociados de esta institución.

 

Moderador: Antonio Rulli Junior (Brasil) Presidente de la Unión Interamericana de Jueces de Lengua Portuguesa

 

Relator: Roberto Contreras (Chile) Vicepresidente para América del Sur de REDLAJ

 

Tema 1: Aníbal Salas Céspedes (Panamá) Presidente de la Corte Suprema de Justicia

La frase gobierno requiere un examen especial. El control difuso se caracteriza por no estar sometido sino al imperio de la Constitución sobre la ley y es una forma de ejercer control sobre el gobierno. En un sentido estricto, las instituciones de gobierno del Poder Judicial en sentido estricto no son Poder judicial.

El concepto de gobierno, importante es precisarlo, se encuentra apartado de la función jurisdiccional y no incide en las materias de procedimiento. Se entiende limitada la idea a otras vertientes.

Sin embargo, hay aspectos que no pueden pasarse por alto. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva requiere de una determinada organización que materialice la efectivización del servicio público, lo cual implica una organización estable que brinde un adecuado servicio.

Temas tales como remuneraciones del personal judicial, su regulación, la integridad de los servicios, entre otros temas, se convierten en temas vitales en el gobierno del Poder Judicial,

El verdadero reto, de otro lado, es asumir la conciencia de gobierno, un tema que se ha mantenido en permanente atención pues implica que el propio Poder Judicial deba hacer su mismo gobierno.

Las funciones de los órganos judiciales, según la teoría de separación de poderes, debe implicar la fortaleza de su propio gobierno. El Poder Judicial debe ejercer su función con independencia de criterio. Surge inevitablemente la pregunta: ¿como hacer que los jueces tengan una respuesta hacia el ideal democrático? Diversidad de fórmulas permiten inferir dos vertientes: 1) que los jueces sean nombrados por órganos políticos, aunque en este caso hay un grado de intervención. Hay dependencia orgánica del Poder Ejecutivo; 2) que el poder político quede excluido, en tanto los nombramientos son propios al interior de la judicatura.

Los Consejos de la Judicatura son órganos creados para cristalizar el gobierno del Poder Judicial. En Panamá desde 1888 existía un solo distrito judicial. El Decreto 19 de 1903, una vez independizada Panamá de Colombia, proyectó una organización mejor afianzada hasta que la Constitución de 1904 estableció, con carácter vinculante,  una forma de regulación autónoma del Poder Judicial.

Hoy la Sala Cuarta desarrolla la importante función de control constitucional.

Es importante evitar la politización de los jueces así como hacer a un lado los peligros que representan las presiones. Solo así se puede cimentar una verdadera democracia.

 

 

Panelista: Flavio Galván Rivera (México) Ministro de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación

México ha luchado por hacer verdad lo que es verdad. La primera Constitución social del mundo, la de Querétaro de 1917, se preocupó por introducir cambios sociales.

La carrera judicial en México implica la existencia de 31 entidades aunque existe un régimen común que es el federal.

La parte estructural de todo gobierno hoy exige la división propia de la separación de poderes. Se refiere que el Poder Judicial es una forma de poder nulo. El  juez al resolver las controversias- se propugna- solo manifiesta la voluntad del Estado. El juez de esta naturaleza solo aplica los hechos al caso concreto, los subsume.

Sin embargo, hoy hemos trascendido ese nivel. Propugnamos que el Poder Judicial en México es un verdadero y auténtico poder.

A partir de 1994 se instituyeron dos figuras importantes: las acciones de inconstitucionalidad de las leyes, para efectos de impugnar la validez de la norma; y por otro lado, desde 2010, una Comisión de Derechos Humanos estableció la posibilidad, reguladamente y bajo ciertos criterios de legitimidad, para controvertir una norma que vulnere derechos fundamentales.

En materia electoral, los partidos políticos pueden impugnar la constitucionalidad de una ley. Este Tribunal asume también facultades de control concreto. Los magistrados federales son designados por las cámaras legislativas. Los requisitos son inclusive mayores que para la designación de ministros.

Tema 2: Francisco Darío Lobo Lara (Nicaragua) Presidente de la Corte Centroamericana de Justicia

Manifestó que el Tribunal que representa, cristaliza un esfuerzo permanente de integración de los países centroamericanos, no solo en el ámbito económico sino también en otras material como lo comercial y conexas.

Su Corte conoce controversias constitucionales interestatales de relevancia, representado los tratados marco una fuente de derecho aplicable a estos conflictos.

El caso Zelaya, de Honduras, ha sido un caso emblemático en Centroamérica. Una Corte de ese país ha decidido que no hubo responsabilidad penal de la Junta que desaforó a ese mandatario y sin embargo, dicho conflicto ya se encuentra en la Corte Penal Internacional. Aún cuando la Corte Centroamericana no se pudo pronunciar porque Zelaya no acudió a este organismo, es importante recalcar que la Corte también representa un bastión de defensa de los derechos fundamentales de las personas y de las instituciones en las cuales se involucran los ciudadanos de los Estados centroamericanos.

 

Relator: Roberto Contreras (Chile) Vicepresidente para América del Sur de REDLAJ

Agradeció a los colegas peruanos por el cálido recibimiento a las delegaciones de fuera, destacando lo relevante de nuestras historias con un destino común.

Remarcó los aspectos más relevantes de las ponencias que antecedieron, rescatando las funciones de legitimidad de los Poderes Judiciales. Hizo referencias a los grandes desafíos en las proyecciones de gobierno de los Poderes Judiciales y cuánto de ello ha de enfrentarse en la sociedad del conocimiento en la que hoy nos encontramos insertos.

Es de destacar el norte que representa la tutela jurisdiccional efectiva en las funciones judiciales, como exigencia para los jueces y sus formas de gobierno.

Como reflexión final, es importante la construcción de paradigmas respecto a la función judicial. Puso especial énfasis en evitar la politización de los órganos de gobierno judiciales. De igual forma, es necesario separar las funciones de gobierno del Poder Judicial de las tareas de dirección de la Corte Suprema. En determinados casos, hay cruce de responsabilidades y conflictos que estas funciones involucran. Un desafío final es pensar en la existencia de un real gobierno judicial, cual es la verdadera legitimidad que le corresponde. Es exigible mirar hacia afuera bajo un principio de servicialidad, que en Chile está recogido en el artículo 1 de la Constitución  chilena, en tanto hay un imperativo en velar por el bienestar común.

 

 

III PANEL: DESAFIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRIBUNAL PARA EL ESPACIO JUDICIAL LATINOAMERICANO

 

Moderador: Galo Pico Mantilla (Ecuador) Vicepresidente de Altos Estudios e Investigación de REDLAJ

 

Relatora: Josefa Izaga Pellegrin (Perú) Juez Superior del Poder Judicial y miembro titular del Consejo Directivo y Fiscal de la REDLAJ

 

 

Tema 1: Markus Gonzáles Deilfuss (España) Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona

Señaló que centraría su exposición en qué puede aportar Europa para afrontar los retos de los espacios judiciales y una visión amplia de los mismos. En Europa hay mucho de experiencia en los gobiernos comunitarios y para coordinar su interpretación, se creó el Tribunal de Luxemburgo. La experiencia de este Tribunal frente a los tribunales ordinarios ha sido de dilatada actividad, propiciando un espacio que se articula sobre determinados principios consolidados que apuntan a un esfuerzo de integración, cuya esencia se mantiene.

Se busca congruencia entre el tipo de integración y el tipo de Tribunal que ha de determinar la controversia.  Ello de lugar a un ordenamiento jurídico que es el comunitario.  De un lado, es un ordenamiento autónomo: tiene sus propias instituciones y sus propios principios. Un segundo aspecto es que las normas de la Unión Europea que se dictan en los Estados miembros se dictan  sin necesidad de ningún tipo de exigencia previa en su aplicación.

Los Estados tienen la obligación de aplicar esas normas de Derecho Comunitario, las cuales tienen primacía sobre los derechos nacionales. Los jueces ordinarios nacionales son los aplicadores naturales de ese derecho comunitario, y es un Tribunal supranacional el que debe dirimir y resolver los posibles conflictos sobre las dudas en la interpretación de las normas comunitarias.

Se trata de principios de interpretación que son recogidos, entonces, por los tribunales de justicia nacionales y cabe cierta flexibilidad en esa tarea interpretativa, pero sin dejar de lado un principio relevante que es la aplicación de la norma supranacional.

Un tercer aspecto es que ese espacio que trasciende el Estado, es de mayor amplitud en relación al de las normas nacionales. Por las cuestiones prejudiciales se debe esperar una respuesta para resolver un caso concreto. Sin embargo, en algunos casos se presentan situaciones complejas en la medida que se debe esperar demasiado tiempo para definir las controversias y ello es un riesgo que se debe superar.

Otra cuestión de la experiencia europea es la discusión sobre el acceso al tribunal, lo cual plantea retos democráticos en tanto es materia de definición en cuánto ha de permitirse estos márgenes por constituir derechos de especial significado.

Podemos entonces apreciar que hay exigencias para organizar adecuadamente estos espacios que exige hoy el mundo judicial contemporáneo.

 

Tema 2: Carla Deveille- Fontinha (Francia) Magistrat de lieson Brésil , Bolivie, Vénézuela

La justicia criminal, al cual habrá de referirse la exposición, no es una experiencia integral en Europa y sin embargo, se vienen dando pasos en su afianzamiento. El Tratado de Lisboa mismo representa un esfuerzo parcial de integración.

La no existencia de fronteras en Europa ha planteado otros retos: la criminalidad ha podido trascender de un Estado a otro, lo que ha exigido de éstos al mismo tiempo nuevas formas de complementación.

Europus es un proyecto que data de 1959 para la lucha contra la criminalidad. Hay un referente para la cooperación judicial entre los Estados en esta materia, inclusive para poderes de investigación propios.

Otro instrumento de cooperación es la ayuda mutua judicial en materia penal, en vigencia desde 2002. Se trata de países que vienen trabajando un mismo caso desde el lado de cada uno de los países. En este caso la trascendencia va más allá de la cooperación policial.

Por último, los magistrados de enlace forman parte de la red judicial. Se trata de magistrados que son enviados para una efectiva cooperación judicial. Su papel principal es intervenir en la cooperación judicial. Francia tiene 16 magistrados de enlace, los cuales se ubican en las embajadas o en los Ministerios de Justicia de los países visitantes y ayudan en forma efectiva a los jueces de Francia en la cooperación para casos criminales.

 

Panelista: Edgardo Torres López (Perú) Magistrado y Vicepresidente de Derechos Humanos de REDLAJ

Pidió un voto de aplauso para 4 magistrados que identifican la REDLAJ: José Chaves, Joao Fagundes, Darío Lobo y Ricardo Vigil.

Las decisiones de la Comunidad Andina se sobreponen a los derechos propios internos de los Estados. El MERCOSUR es un organismo de cooperación y se han producido  ya 3 eventos sobre la naturaleza de integración de este organismo. El Tratado de UNASUL contempla la posibilidad de una real integración. Se pretende hoy con fuerza la creación de un Tribunal para UNASUL, es decir, se apunta a la efectiva configuración de un mecanismo para la defensa de los derechos de los países.

Qué importante es que nos pongamos a pensar en que ya no se compren más armas, que desde México hasta Tierra de Fuego existan estos mecanismos de integración reales.  

 

Panelista: Ulises Chávez Vélez (México) Presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados

En la mayoría de países en América Latina se observan graves problemas de seguridad pública y uno de ellos es la criminalidad organizada, tema que viene afectando a México.

De cara a Latinoamérica los retos por la integración aún vienen siendo muchos. No se puede concebir una institucionalidad fuerte si existen problemas de consolidación. Temas como la efectiva ayuda tecnológica, la independencia de los jueces y las tareas de integración, representan una consolidación de los derechos humanos.

Debemos dar seguridad a las instituciones frente a los vaivenes políticos y que un espacio judicial puro sea un reto y gran desafío para nuestros sistemas judiciales. Nuestros Poderes Judiciales deben ser capaces de dar respuestas justas, eficaces y capaces de cumplir con sus funciones. 

 

Relatora: Josefa Izaga Pellegrin (Perú) Juez Superior del Poder Judicial y miembro titular del Consejo Directivo y Fiscal de la REDLAJ

Señaló las características más relevantes de las ponencias desarrolladas. Remarcó la importancia de los jueces de enlace, figura antes referida, que inclusive representa una forma de trabajo de REDLAJ pues precisamente en nuestra institución, en sus inicios, se adoptó un mecanismo similar y veamos que la Dra. Jackeline Yalán cumplió una importante función de enlace pues esa fructífera labor y la de muchos otros magistrados se traduce hoy en un resultado tangible: 19 países integran la Red.

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