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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Cuestión previa. Desafiliación AFP

28 noviembre, 2011

 

     

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NRO : 6922-2009

DEMANDANTE: GERMAN SALCEDO MURO

DEMANDADO: AFP INTEGRA Y OTRO

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo,  a los 26 días del mes de setiembre de 2011, la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Germán Salcedo Muro contra el auto de fecha 11 de julio de 2010, que resuelve declarar FUNDADA la cuestión previa deducida por AFP INTEGRA y DECLARA CONCLUIDO el proceso por sustracción de la materia.

 

ANTECEDENTES 

La pretensión del demandante (p.50-58) tiene por objeto la desafiliación del recurrente del Sistema Privado de Pensiones SPP para su retorno al Sistema Público, en vista de una indebida e insuficiente información que le indujo a error.

AFP INTEGRA contesta la demanda (p. 89-129) y deduce cuestión previa en el sentido de que el demandante no ha cumplido previamente con la Resolución de Banca y Seguros 11718-2008, Reglamento Operativo que dispone el procedimiento administrativo de desafiliación  del SPP por la causal de falta de información, de conformidad con las sentencias  1176-2004-AA/TC y 07281-2006-PA/TC. Igualmente deduce las excepciones de falta de agotamiento de la vía previa e incompetencia. En cuanto al fondo del asunto, pide se declara infundada la demanda.

La Superintendencia de Banca y Seguros cumple con absolver la demanda (p. 158-165) y deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. En cuanto al fondo, señala que la demanda debe ser declarada improcedente  pues el actor no cumple los requisitos legales para su desafiliación. 

El auto impugnado (p. 251-252), luego de haber absuelto un primer grado (p. 234-236), declara fundada la cuestión previa en razón de no haberse cumplido efectivamente por parte del recurrente, con la Resolución de Banca y Seguros 11718-200, en tanto constituye una formalidad el pronunciamiento administrativo por la causal de falta de información. Estima innecesario, igualmente, pronunciarse sobre el resto de excepciones. 

El demandante presenta recurso impugnatorio (p. 256-261) indicando que ha habido falta de motivación en la impugnada así como que sí ha solicitado los formatos para su desafiliación pero se le he negado la entrega. Acota que se ha afectado su derecho a la defensa.

 

FUNDAMENTOS

§ La improcedencia liminar de un proceso constitucional  

1. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción. 

2. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

 

§ Los supuestos de retorno del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Nacional de Pensiones 

3. La libre desafiliación del Sistema Privado de Pensiones ha sido fijado jurisprudencialmente[1] por el Tribunal Constitucional bajo la pauta de fijar estándares determinados hasta cierto grado clausus, en la previsión de otorgar seguridad jurídica a un sistema de pensiones en proceso de construcción y consolidación. 

 

§ Análisis del caso concreto

4. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la impugnación no logra desvirtuar 2 cuestiones puntuales: 1) ¿Por qué no se invocó por parte del actor la exigibilidad de la aplicación de la Resolución de Banca y Seguros 11718-2008, Reglamento Operativo que dispone el procedimiento administrativo de desafiliación  del SPP por la causal de falta de información?; y 2) Que no se ha acredita entre los actuados aportados (p. 1-49 y expediente administrativo acompañado), que hubiera existido petición concreta alguna dirigida a cumplir este trámite administrativo previo. 

5. Es relevante advertir que la petición del actor es de larga data. Sus primeras peticiones datan del año 1993 (p. 6),  y sin embargo, la exigencia de un procedimiento administrativo previo por la causal de falta de información- Resolución de Banca y Seguros 11718-2008- es de fecha 02 de diciembre de 2008, en tanto la demanda presentada es de fecha 11 de diciembre de 2009. Por lo tanto, a la fecha de inicio de la incoada ya era exigible: 1) El cumplimiento de la Resolución de Banca y Seguros 11718-2008; o bien 2) La adecuación de su procedimiento administrativo a la Resolución antes referida. 

6. Cierto es que el juez constitucional tiene potestad para intervenir cuando se produce una afectación sustantiva a un derecho fundamental mas esta actuación, obsérvese, es solo de última ratio. En el caso sub judice, el actor invoca la afectación de sus derechos fundamentales de petición y libre acceso al Sistema Nacional de Pensiones. Y sin embargo, es exigible no solo acreditar la existencia de actos u omisiones como tales sino sustantivamente la ilegitimidad de los mismos, condiciones que no se cumplen en modo suficiente en el presente caso en tanto no advertimos la sujeción al procedimiento administrativo de la Resolución antes referida ni tampoco causal alguna- no se sustenta- respecto a por qué el agotamiento de la vía administrativa convertiría en irreparable la agresión que se invoca.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 1776-2004-PA/TC, Caso Víctor Morales. 

35. (…) Son tres los supuestos en que este Colegiado considera pertinente el retorno del SPP al SNP, tal como se pasa a explicar. En primer lugar, se puede regresar si la persona cumplía con los requisitos exigidos para acceder a una pensión. En segundo lugar, si no existió información para que se realizara la afiliación. En tercer lugar, si se está protegiendo labores que impliquen un riesgo a la vida o a la salud. Sólo en estos tres casos, será fundada la demanda planteada por amparo, pues sólo ellos constituyen el respeto por el contenido esencial constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la pensión.

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