Archive for 21 noviembre 2011

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Estado y Derechos Humanos PDF

21 noviembre, 2011

Estimados amigos

Concluida nuestra estancia docente en Medellin, Colombia, en dias pasados, adjuntamos la ponencia presentada para la actividad desarrollada.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

Estado y Derechos Humanos_PDF

Contenidos

Introducción. 1. El Estado neoconstitucional como un nuevo modelo de Estado de los derechos fundamentales. 1.1. Principios del Estado neoconstitucional. 1.1.1 Más principios que reglas. 1.1.2. Más ponderación que subsunción. 1.1.3. Omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas, en lugar de espacios exentos. 1.1.4. Omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario. 1.1.5. Coexistencia de una constelación plural de valores en lugar de homogeneidad ideológica. 2. El reto de la estandarización de los derechos humanos en el plano interamericano. 2.1. La implementación de los derechos humanos en el Derecho interno. 2.2. Ejes de la implementación de los derechos humanos en el Derecho interno. 2.2.1 Incorporación de los tratados en el Derecho interno de los países. 2.2.2 Jerarquía de los tratados en relación al Derecho interno. 2.2.3 Operatividad de los tratados en el Derecho interno. 2.2.4. Interpretación de los tratados. 2.2.5 Ejecución de decisiones. 2.3 Los principios de interpretación en derechos humanos. 2.4 Las estrategias de derechos humanos. A modo de conclusión.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Plazos de prescripción y no de caducidad

15 noviembre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO   : 2039-2011  

DEMANDANTE: GREGORIO VALDIVIEZO HUAMÁN

DEMANDADO: ASOC PADRES DE FAMILIA IE 1015

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA 

 

En Chiclayo, a los 19 días del mes de setiembre de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por José Gregorio Valdivieso Huamán, contra el auto que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda.

 

ANTECEDENTES  

La pretensión de la parte demandante (p. 77-88) tiene por objeto se reponga al actor en su cargo de guardián nocturno de la Institución Educativa Elías Aguirre, en razón de haber sido despedido verbalmente. 

La resolución impugnada (p. 89) refiere que se ha excedido el plazo legal que permite el artículo 44 del Código Procesal Constitucional para la interposición de la demanda.

La impugnación formulada (p. 96-97) señala que al haber existido en trámite una solicitud de conciliación con la demandada, se suspende el plazo de interposición de la demanda.

 

FUNDAMENTOS 

§Plazo de interposición de la demanda en el proceso de amparo 

1. Los plazos de interposición de demanda de un proceso iusfundamental han sido previstos por el artículo 44[1] del Código Procesal Constitucional, en atención a la exigibilidad de determinar términos perentorios para pretensiones relativas a derechos fundamentales. Su característica esencial es la determinación de plazos taxativos para la interposición de un proceso de tutela urgente, el cual precisamente por su condición de sumario, exige acudir a la vía constitucional en forma razonablemente inmediata. 

2. El Tribunal Constitucional ya ha determinado jurisprudencialmente que el plazo de interposición de la demanda es de prescripción y no de caducidad[2], en tanto importa que el derecho pueda ser aún objeto de persecución si se configurare el vencimiento del término de interposición de la acción. A su vez, las causales de inaplicación de la prescripción han sido expresamente preestablecidas[3], configurándose una determinación clausus y no abierta.

 

§ Análisis del caso concreto

3. La causal invocada por la parte actora para justificar la no presentación de su demanda oportunamente, no corresponde al conjunto de causales jurisprudencialmente admitidas a efectos de interrumpir el plazo de prescripción de interposición del proceso constitucional. 

4. En efecto, la decisión de recurrir a la vía administrativa para efectos de la conciliación, no importa la exclusión del cómputo del plazo respecto a la interposición de un proceso constitucional, en la medida que dicha vía es independiente respecto del proceso en sede de derechos fundamentales. En rigor, el trámite conciliatorio no importa un impedimento de rigor que en definitiva no permita el ejercicio de defensa de un derecho fundamental. En ese orden de ideas, corresponde confirmar la decisión apelada.

 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos. 

Publíquese y notifíquese.

 

Ss. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Código Procesal Constitucional. Artículo 44. Plazo de interposición de la demanda 

El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento de la remoción del impedimento. 

Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido.

 

[2] STC 1049-2003-AA/TC. Caso ETESELVA S.R.L. FJ. 7 

7. (…) esta Sala interpreta que el plazo indicado en el artículo 37° de la Ley N.° 23506 no es un plazo de caducidad, sino un plazo de prescripción, pues su transcurso no extingue el derecho constitucional agraviado sino, simplemente, cancela la posibilidad de utilizar la vía procesal urgente del amparo para su protección. Sostener lo contrario equivaldría a señalar que un sujeto de derecho, por cada vía procedimental en la que puede demandar el reconocimiento de una misma situación jurídica, posee un derecho distinto, con lo cual el proceso se convertiría en un fenómeno ab initio de atribución de derechos, no obstante que, en realidad, constituye fundamentalmente el instrumento necesario para la protección de los derechos preconstituidos a él, ante la realización o amenaza de actos contrarios al ordenamiento jurídico. Por ello, en el caso de la acción de amparo, el proceso a que da lugar no constituye un mecanismo constitutivo o extintivo de derechos, sino un remedio contra las vulneraciones y amenazas frente a derechos de orden constitucional. De esta manera, transcurrido el plazo para interponer la demanda de amparo, el sujeto afectado no se ve desprovisto de su derecho constitucional, ni mucho menos del correlativo derecho de solicitar tutela jurisdiccional efectiva al Estado (derecho constitucional de acción), sino que simplemente pierde la posibilidad de acceder a una vía procedimental excepcional y urgente como es la acción de amparo. Por el contrario, si el transcurso del plazo extinguiera el derecho constitucional cuya protección se solicita, entonces este Tribunal necesariamente se debería expresar en términos de caducidad. Dado que no es así, en función de lo expuesto se puede concluir que, independientemente del defecto en el nomen iuris utilizado por el legislador, el artículo 37° de la Ley N.° 23506 regula el plazo de prescripción extintiva para la interposición de la demanda de amparo(…)  

[3] Días de huelga en el Poder Judicial no pueden ser considerados como días hábiles para el cómputo del plazo, según la misma STC 1049-2003-AA/TC. Caso ETESELVA S.R.L. F.J. 4; cómputo del plazo sólo es posible si la persona afectada se encuentra en posibilidad de presentar la demanda de amparo, STC 017-2002-AA/TC,  Caso Carmen Walde.

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“Estado y Derechos Humanos”. Medellín, Colombia, 18-19 de noviembre de 2011.

14 noviembre, 2011

Estimados amigos:

Volvemos a Colombia para dictar nuevamente el curso “Estado y Derechos Humanos” en el Doctorado en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín, procurando reeditar una experiencia que el año 2010 fue muy provechosa en tanto resultó especialmente enriquecedor compartir experiencias profesionales con los colegas colombianos.

Dentro de la propuesta del curso a dictar durante 2 días hemos de destacar las relaciones entre los modelos de Estado y los derechos humanos como derechos prevalentes en los ordenamientos constitucionales nacionales y supranacionales.

Es conocida ya nuestra tesis de que optamos por afirmar la existencia de un Estado neoconstitucional, el cual consideramos existe en atención a diversas expresiones sustantivas como el principio de proporcionalidad, más reglas que principios, ponderación antes que subsunción, zonas no exentas de control constitucional, prevalencia de la justicia constitucional sobre los actos del Poder Legislativo y existencia de una constelación plural de valores antes que rangos de homogeneidad ideológica.

De otro lado, la tesis de los derechos humanos es sustantivamente de progresividad antes que de retrocesos. Hemos argüido en varios trabajos que los derechos humanos son imperativos de los Estados constitucionales y como tales, no pueden ser objeto de retroceso en tanto que otra de sus principales características es la vinculatoriedad.

Creemos que nuestra estancia en Medellín ha de ser una jornada muy fructífera.     

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Competencias constitucionales y nueva Ley Procesal de Trabajo. Reposición y Ley 29497.

11 noviembre, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 1874-2011      

DEMANDANTE: OMAR GUERRERO GARCÍA

DEMANDADO: ELECTRONORTE S.A.

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 14 días del mes de setiembre de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Omar Guerrero García contra el auto de fecha 23 de mayo de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo (p. 1-11) contra ELECTRONORTE S.A. y pide su reincorporación a las labores de supervisor de servicio eléctrico, en vista de haber sido despedido en forma incausada. 

El auto apelado (p. 34-35) señala que en vista de que existe el proceso abreviado laboral de reposición, previsto por la Ley 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, se configura la causal de la existencia de vía igualmente satisfactoria, situación que determina acuda el accionante al juez de trabajo para la dilucidación de su pretensión. 

La impugnación formulada (p. 37-41) precisa que ha fundamentado en forma debida una necesidad de protección urgente y que por lo tanto, es viable acudir al proceso de amparo como medio excepcional de tutela.

 

FUNDAMENTOS 

§ Las competencias constitucionales a propósito de la nueva Ley Procesal de Trabajo.

1. La figura de la reposición contenida en la nueva Ley Procesal de Trabajo[1] presenta, a juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, una aparente contradicción con la competencia de los jueces constitucionales, delimitada desde el precedente vinculante 206-2005-PA/TC[2], para el conocimiento de procesos incausados, fraudulentos y nulos. 

2. Asumimos que se trata de una contradicción aparente en la medida que es importante diferenciar los efectos y alcances de los procesos en estas vías especiales, resultando la vía constitucional una opción sumaria, residual y extraordinaria, a la cual debe recurrirse como opción de última ratio

3. Precisamente la residualidad constituye una habilitación procedimental de relevancia en tanto debemos distinguir 2 precisiones respecto al contexto probatorio, a efectos de determinar si la pretensión habrá de transitar por una u otra vía: si la estimación respecto de la pretensión ha de tener contenido probatorio extensivo, habrá de resultar propia la vía del proceso abreviado laboral, en tanto constituye potestad de la partes aportar los medios de prueba respectivos, invocar la fuerza probatoria de los instrumentos aportados y en propiedad someterlos a un contradictorio propio de los procesos que exigen contraposición de argumentos en estación probatoria.  

4. Distinto resulta el supuesto del amparo, proceso que solo reviste la previsión de un contenido probatorio inmediato, excluyendo la etapa de actuación de pruebas en tanto se trata de evaluar, a partir de las pruebas aportadas, la legitimidad o ilegitimidad de los actos denunciados como vulneratorios de un derecho fundamental. 

5. En consecuencia, resulta de importancia el examen de la pretensión en tanto habrá que determinarse si la demanda considera la actuación de prueba respecto a la postulación de los fundamentos de la acción incoada, exigencia a la que habrá que sumar un examen de razonabilidad por parte del juez constitucional en tanto resulta el mismo director del proceso.  

 

§Análisis del caso concreto

6. A juicio de esta Sala Superior de Derechos Fundamentales, vertidos los fundamentos que anteceden, reviste relevancia para resolver la presente controversia, el examen de la pretensión, pues es en rigor la valoración de la misma, el elemento de juicio que habrá de informarnos si la pretensión persigue transitar por la vía del proceso abreviado laboral, en cuanto estima una actividad probatoria importante a determinar, o si en su caso, la ilegitimidad denunciada respecto del acto de vulneración del derecho al trabajo, es de suyo relevante a efectos de que la pretensión transite por la vía del proceso constitucional de amparo, el cual no contiene estación probatoria.

7. Ahora bien, el examen de la pretensión debe seguir un orden determinado respecto a los cánones de la argumentación jurídica, pues así como en los fundamentos de las decisiones judiciales diferenciamos el argumento principal que conduce el hilo lógico de la decisión, de los argumentos de naturaleza complementaria, de la misma forma es necesario extender este examen a los argumentos determinantes de la pretensión o complementarios que postula la demanda. 

8. Examinados el petitorio de la demanda (p. 1) y la fundamentación jurídica del caso (p. 2-11), consideramos que la pretensión se ciñe a una concreta petición de reincorporación. En consecuencia,  tanto la pretensión como la base legal del pedido se ciñen a plantear un pedido de readmisión, el cual estimamos es la pretensión central de la demanda, y es al juez constitucional a quien le compete conocer la pretensión demandada. 

9. Resulta cierto que existe la vía de la reposición que prevé la Nueva Ley Procesal de Trabajo mas objetivamente no resulta razonable, de otro lado, que impongamos una vía al justiciable recurrente. El examen jurídico de la pretensión debe procurar, en la medida de lo posible, optar por asumir el mensaje que traduce la pretensión y si aquel resulta insuficiente y conduce a duda, es más prudente atenernos a los aspectos fuertes o de argumentación principal de la demanda, debiendo el juzgador aplicar con prudencia el principio iura novit curia, a efectos propios de que no impongamos una vía determinada y distorsionemos el pedido de la pretensión.   

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA el auto apelado; REFORMANDOLO, ORDENA ADMITIR A TRÁMITE la demanda. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Ley 29497. Artículo 2. 

Los jueces especializados de trabajo conocen de los siguientes procesos (…) en proceso abreviado laboral, de la reposición cuando ésta se plantea como pretensión principal única.  

[2] STC 206-2005-PA/TC 

7. (…) los criterios jurisprudenciales establecidos en el caso Eusebio Llanos Huasco, Exp. N.º 976-2004-AA/TC, para los casos de despidos incausados (en los cuales no exista imputación de causa alguna), fraudulentos y nulos, se mantendrán en esencia. En efecto, si tal como hemos señalado, el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según corresponda, a elección del trabajador, entonces, en caso de que en la vía judicial ordinaria no sea posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, el amparo será la vía idónea para obtener la protección adecuada de los trabajadores del régimen laboral privado, incluida la reposición cuando el despido se funde en los supuestos mencionados.

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“V Congreso Iberoamericano de Cooperación Judicial”. Lima, 21 a 23 de noviembre 2011.

9 noviembre, 2011

 

Estimados amigos:

La reunión más importante de jueces – el V Congreso Iberoamericano de Cooperación Judicial– tendrá lugar entre los días 21 1 23 de noviembre en la ciudad de Lima, congregando a magistrados de la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, entidad que comprende 19 países, entre nuestro continente y Europa.

 El Programa del evento es el siguiente:

LUGAR
Sala de Juramentos
Palacio Nacional de Justicia de Perú

P  R  O  G  R  A  M  A

 

lunes 21 de noviembre

16h00

Registro de ingreso y acreditación

18:00

Palabras de apertura
José Eduardo De Resende Chaves Júnior (Brasil)
Presidente de la Red Latinoamericana de Jueces

Palabras de bienvenida
Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo (Perú)
Juez Supremo Titular
Coordinar del V Congreso de la REDLAJ en el Perú

Palabras de inauguración
Cesar San Martín Castro (Perú)
Presidente del Poder Judicial de Perú y de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú

 

I PANEL: EL JUEZ EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Moderadora: Ministra Elvia Barrios Alvarado (Perú)
Ministra de la Suprema Corte

Relator: Luis Alberto Salas Dimenza (Argentina)
Vicepresidente Financiero de REDLAJ

18h30

 

Tema 1: Cesar San Martín Castro (Perú)
                           Presidente del Poder Judicial

Tema 2: Luís Inácio Lucena Adams (Brasil)
                         Abogado General de la Unión

Panelista 1 Gonzalo García Nuñez (Perú)
                    Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura.
                    Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Panelista 2 Luis Ernesto Vargas Silva (Colombia)
                     Ministro de la Corte Constitucional

Panelista 3 José Guilherme Vasi Wener  (Brasil)
                     Magistrado y Vocal del Consejo Nacional de Justicia

 

Rueda de preguntas (20´)

 

Registro de salida

 

 

Martes 22 de noviembre

8h00

Registro de ingreso

 

II PANEL: EL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL EN AMÉRICA LATINA

Moderador: Ministro Duberlí Rodríguez Tineo (Perú)
Juez Supremo del Poder Judicial.

Relator: Roberto Contreras (Chile)
Vicepresidente para América del Sur de REDLAJ

8h30

Tema 1: Juan N. Silva Meza (México)   
Presidente de la Suprema Corte de México

Tema 2:  Aníbal Salas Céspedes (Panamá)
  Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Panelista 1 Fernando Florido Marcondes (Brasil)
Magistrado y Secretario General del Consejo Nacional de Justicia.

Panelista 2 Flavio Galván Rivera (México)
Ministro  de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación

Panelista 3 Gonzalo García Nuñez (Perú)
Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura

 

 

Rueda de preguntas

10h20

Pausa café

 

III PANEL: DESAFIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN TRIBUNAL
PARA EL ESPACIO JUDICAL LATINOAMERICANO

Moderador: Galo Pico Mantilla (Ecuador)
Vicepresidente de Altos Estudios e Investigación de REDLAJ

Relatora: Josefa Izaga Pellegrin (Perú)
Juez Superior del Poder Judicial

11h00

 

Tema 1: Markus González Beilfuss (España)
Titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona

Tema 2: Carla Deveille-Fontinha  (Francia)
Magistrat de liaison Brésil, Bolivie, Vénézuéla
 

Panelista 1 Edgardo Torres López (Perú)
Magistrado y Vicepresidente de Derechos Humanos de REDLAJ

Panelista 2 José Lucio Munhoz (Brasil)
Magistrado y Vocal del Consejo Nacional de Justicia

Panelista 3 Ulises Chavez Velez (México) – Presidente de la Federación
Mexicana de Colegios de Abogados

 

Rueda de preguntas

 

Registro de Salida

 

 

Miércoles 23 de noviembre

 

IV PANEL: LAS REFORMAS PROCESALES EN  IBEROAMÉRICA

Moderador: Gabriela Merialdo Cobelli (Uruguay)
Vicepresidente de la Red Latinoamericana de Jueces

Relator: Salomón Saavedra Dorantes (México)

8h00

Registro de Ingreso

8h30

 

Tema 1: La Reforma del Proceso Penal
Leslie Van Rompaey (Uruguay)
Presidente de la Suprema Corte de Justicia
    
Tema 2: La Reforma del Proceso Laboral
Ministro João Oreste Dalazen (Brasil)
Presidente del Tribunal  Superior do Trabalho

Panelista  José Antonio Neyra Flores (Perú)
Ministro de la Suprema Corte

Panelista  Ney José de Freitas (Brasil)
Magistrado y Vocal del Consejo Nacional de Justicia

Panelista Representante de The Justice Studies Center of the Americas
(JSCA- OEA)

 

 

Rueda de preguntas

10h20

Pausa café

 

V PANEL: CONSTITUCIÓN Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA
Moderador: Ministra Isabel Torres Vega (Perú)
Ministra de la Suprema Corte

Relator: Edwin Figueroa Gutarra (Perú)
Magistrado y Miembro del Consejo Consultivo y Fiscal de REDLAJ

11h00

Tema 1: Jesús Ignacio Martínez García (España)
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cantabria

Tema 2: Angel Pelayo (España)
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cantabria

Panelista 1 Gerardo Eto Cruz (Perú)
Magistrado del Tribunal Constitucional

Panelista 2 Luis Tomas Castro Hidalgo (México)
Rector de la Universidad Juarez del Estado de Durango

 

Rueda de preguntas

13h00

Clausura

 

Registro de salida

         

Esperamos verlos allá.

Mayores informes en:

http://www.trt3.jus.br/redlaj/

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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“El Neoconstitucionalismo y la Interpretación Constitucional de los derechos fundamentales”. Chiclayo, 09-11 de noviembre de 2011

8 noviembre, 2011

Estimads amigos:

Uno de los eventos más importantes del año en temas de derechos fundamentales tendrá lugar en la ciudad de Chiclayo entre los días 09 a 11 de noviembre de 2011, en las instalaciones de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, perteneciente a la red de universidades católicas.

El evento se intitula “El Neoconstitucionalismo y la Interpretación Constitucional de los derechos fundamentales”. y contará con la participación de los doctores Tomás de Domingo Pérez (España), Jorge Portela (Argentina), Gabriel Maino (Argentina), y Gerardo Eto Cruz (Perú), entre otros expositores nacionales.

El suscrito actuará como moderador en la primera sesión.

Más información sobre el programa puede ser visualizada en:

http://www.usat.edu.pe/usat/facultad-derecho/files/2011/09/Afiche-I-Jornada-Internacional-de-Derecho-constitucional2.jpg

Saludos cordiales

Edwin Figueroa Gutarra

 

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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas data. Actuaciones fiscales e información reservada.

7 noviembre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 07540-2008

DEMANDANTE: ERNESTO MENDOZA PADILLA

DEMANDADO: JAIME SILVA ROSALES Y OTRO

MATERIA: HABEAS DATA 

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 13 días del mes de octubre de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de fecha 31 de mayo de 2010, que resuelve DECLARAR LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO sin declaración sobre el fondo, en el proceso de habeas data de autos.

 

ANTECEDENTES  

La demanda del accionante (p. 15-18) plantea habeas data contra Jaime Silva Rosales y Brian Villanueva Reyes, ambos funcionarios públicos dela Fiscalía Superiordela Provinciade San Pablo- Cajamarca, por denegatoria de acceso a la información pública, en vista de no habérsele otorgado copias de un proceso sobre responsabilidad de funcionarios públicos, pese al transcurso de seis meses de iniciada la investigación. 

La contestación de los emplazados (p. 81-82) señala que la demanda debe ser declarada infundada ya que los hechos en los que se fundamenta, carecen de veracidad. Además indican que el proceso tiene carácter reservado puesto que se encuentra en investigación, y por tal motivo, se le denegó información. 

La sentencia apelada (p. 169-171) indica la sustracción de la materia, toda vez que la Fiscalía dela Naciónha amparado el pedido y ha dispuesto que le sean entregadas las copias solicitadas al demandante, advirtiéndole que guarde reserva del caso. 

La impugnación formulada por el actor (177-178) indica que no existe prueba que acredite que los demandados hayan cumplido con entregar las copias solicitadas al recurrente, pues durante todo el proceso se negaron a proporcionar la información requerida alegando  la reserva del mismo. Respecto  de la resolución dela Fiscalíadela Nación  que corre en autos, el demandante señala que se trata de una resolución en calidad de jurisprudencia recaída en otro proceso muy similar al caso en cuestión y que fue incorporada por el demandante. Y sin embargo, dicha resolución no se pronuncia sobre su caso. 

 

FUNDAMENTOS 

§El proceso de habeas data y la jurisprudencia constitucional 

1. Desde sus inicios en el modelo norteamericano con el Freedom of Infomation Act de 1966 y la Privacy Act de 1974, pasando por el modelo europeo y llegando al modelo latinoamericano, el habeas data ha ido buscando su propio espacio y posicionándose con carácter autónomo en muchas legislaciones, entre ellas, la peruana.

2. Jurisprudencialmente, el desarrollo del habeas data ha merecido un reconocimiento sustantivo en relación al derecho de acceso a la información pública y al respecto, la  jurisprudencia constitucional[1] ha tenido un lugar preponderante, no solo en la configuración de sus principios sustantivos[2], sino también a través del reconocimiento de los tipos de habeas data[3], en la premisa de fijar criterios procedimentales que permitan a los intérpretes constitucionales una delimitación más precisa de la tutela del derecho a tutelar.  

3. Es importante anotar que el derecho de acceso a la información puede ser entendido como  aquella facultad que tiene toda persona de conocer la información considerada disponible, dentro del contexto de lo que se entiende por información pública y fuera de las excepciones razonablemente establecidas (intimidad personal, seguridad nacional, materias sometidas a reserva legal). Su trascendencia radica en que toda persona puede tener acceso a información  que se encuentra en cualquier entidad estatal y de este modo, intervenir en los asuntos públicos, formarse una opinión y participación informada en la actividad estatal, fiscalizar la gestión pública e incluso participar en la toma de decisiones, eliminando de alguna forma, los elementos generadores de corrupción a la par que fomentando el conocimiento en el adecuado manejo de los recursos públicos y la transparencia de la gestión pública.[4]

4. El derecho a la autodeterminación informativa se traduce, por otra parte, en otro ámbito de tutela del habeas data, en aquella facultad que tiene toda persona  para poder preservar y disponer de todo dato concerniente a ella, en resguardo de sus demás derechos constitucionales. Su importancia en lo esencial reside  en que a través del mismo no sólo  se garantiza que todo individuo sea capaz de controlar el tipo de datos que sobre él se hayan registrados, sino que se impide que bajo determinadas circunstancias no se vean afectados otros derechos constitucionales. En este sentido, podría hablarse del habeas data informativo, como aquella variante que tendría por objeto proporcionar la información requerida por el demandante  y que en un inicio le fuera denegada, es decir, serviría para la finalidad del inciso 1) del Código Procesal Constitucional.

 

§Análisis del caso concreto

5. Es importante advertir, en el caso sub judice, que efectivamente resulta cierto el argumento de la impugnación en cuanto a que la Fiscalía de la Nación declara fundado un recurso de apelación interpuesto por el ahora demandante, en un proceso en el cual igualmente solicitaba copias de actuados al Dr. Oswaldo Asensio Angulo y otro, en el expediente 119-2008. 

6. Y cierto es a su vez que en el expediente que nos ocupa, el A-quo ha determinado como decisión sustantiva de su fallo, que el recurrente ya ha obtenido las copias que solicitaba. Podemos colegir, en consecuencia, que ha habido un error de apreciación del juez de primera instancia, en tanto en el presente proceso las partes emplazadas resultan ser  los Dres. Jaime Silva Rosales y Brian Villanueva Reyes, de tal manera que la posición del actor debería prosperar en cuanto al problema de justificación interna que representa estimar un hecho como verdadero cuando en propiedad no lo es. 

7. Y sin embargo, es importante advertir, de igual forma, que la decisión estimatoria de la Fiscalía de la Nación hace referencia a un proceso en el cual el denunciante es parte, en su calidad de parte respecto a un proceso funcional contra el Dr. Oswaldo Asensio Angulo. 

8. En el caso de autos, conforme a la propia sustentación de la demanda (p. 15-18), el recurrente no acredita ser parte en el proceso cuyas copias solicita. En ese orden de ideas, resulta cierto y consistente el argumento de la Fiscalía Suprema (p. 161 F.J. 3) respecto a que resulta importante distinguir entre los procedimientos administrativos sancionadores y los procesos penales propiamente dichos. En los primeros, el acceso a la información pública podrá asumir la dimensión constitucional que le otorga el artículo 2 inciso 5[5] de nuestra Ley de Leyes. En los segundos, la regla es la publicidad, conforme al artículo 139 inciso 4[6] de la Carta Fundamental, a excepción de la reserva de investigación propia de un proceso penal señalada por el artículo 73[7] del Código de Procedimientos Penales. 

9. En consecuencia, no es irrestricta la aplicación del artículo 139 inciso 4 de la Constitución, en tanto la justificación de los emplazados, respecto a la no entrega de información, en el momento en que se formuló el respectivo pedido, aún gozaba de la calidad de reservada, en virtud de concernir a un proceso investigatorio penal. 

10. A lo señalado debe sumarse que el recurrente no era parte en el proceso, circunstancia que con mayor razón impedía su acceso a la información solicitada. 

11. Sin perjuicio de ello y siempre que el proceso respecto del cual se solicitaba información ya hubiere concluido en cuanto a la reserva propiamente dicha- situación ajena a este Tribunal- es relevante señalar que si a la fecha actual, la referida reserva del proceso hubiere culminado, es potestad del recurrente, de acuerdo a la calificación propia de la autoridad respectiva, determinar si procede la entrega de información, previo cumplimiento de los requisitos respectivos.  

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, REVOCA la sentencia apelada  que DECLARA LA SUSTRACCIÓN DE LA MATERIA; REFORMÁNDOLA, DECLARA IMPROCEDENTE la demanda. DISPUSO su publicación en el diario oficial “El Peruano”.

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 2945-2003-HD/TC. Caso Julia Arellano 

§3. Derecho de acceso a la información pública 

3.      A través del hábeas data se protege el derecho reconocido en el inciso 5) del artículo 2° de la Constitución. Dichoprecepto constitucional dispone que “Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”. 

[2] Cfr. STC 1797-2002-HD/TC Caso Wilo Rodríguez 

[3] Cfr. STC 06164-2007-HD/TC Caso Jhonny Colmenares. 

[4] PALMA ENCALADA, Leny. El proceso de habeas data en el diseño del Código Procesal Constitucional. Código Procesal Constitucional comentado. Normas Legales Enero 2005. 

[5] Constitución 1993. Artículo 2 inciso 5 

A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.  Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. 

[6] Constitución 1993. Artículo 139 inciso 4. Son principios y derechos  de la función jurisdiccional: 

La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos. 

[7] Código de Procedimientos Penales. Artículo 73. 

La instrucción tiene carácter reservado. El defensor puede enterarse en el despacho del juez de las actuaciones a las que no haya asistido el inculpado, bastando para ello que lo solicite verbalmente en las horas útiles del despacho judicial. Sin embargo, el juez puede ordenar que una actuación se mantenga en reserva por un tiempo determinado cuando juzgue que su conocimiento puede entorpecer o dificultar en alguna forma el éxito de la investigación que lleva a cabo. En todo caso cesa la reserva cuando se ponga la instrucción a disposición del defensor durante tres días en el juzgado para que se informe de toda la instrucción, haya concurrido o no a las diligencias.

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