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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus. Habeas corpus correctivo

5 diciembre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 1079-2010

BENEFICIARIO: DAVID SIESQUEN NIMA

DEMANDADO: ELMER HERNÁNDEZ SILVA

MATERIA: HABEAS CORPUS

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA 

 

En Chiclayo, a los 04 días del mes de octubre de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Alberto Salazar Castro, abogado del beneficiario, contra la sentencia de fecha 19 de agosto de 2011, que declara infundada la demanda.  

 

ANTECEDENTES  

El abogado recurrente interpone proceso de habeas corpus (p. 1-7), contra el General (r) Wilson Hernández Silva, Presidente del Consejo Nacional Penitenciario, en razón de haberse dispuesto el traslado de su defendido al Penal de Yanamayo, Puno. Refiere que la distancia de dicho Penal con relación a Lambayeque, donde reside su familia, hacen imposible que ésta lo pueda ver.

La sentencia impugnada (p. 121-130) declara infundada la demanda  y señala que el motivo invocado por la autoridad penitenciaria ha sido hacinamiento o sobrepoblación penitenciaria, y que según la STC 726-2002-HC/TC, el traslado de internos de un penal a otro, no es un acto en sí mismo inconstitucional. Acota que el propio artículo 2 del Código de Ejecución Penal, así como el artículo 15 del Reglamento de dicha norma, facultan el traslado de internos. 

La apelación formulada por el defensor (p. 1321-136) indica como agravios que la impugnada no ha sido exhaustiva así como que los exámenes de justificación interna y externa trasgreden el debido proceso. Enfatiza un marcado acento formalístico de la impugnada y que el fallo colisiona con la doctrina de los derechos humanos así como no tiene en cuenta la dignidad del ser humano. Acota que no se ha ponderado correctamente respecto al acto lesivo del traslado de su patrocinado.

 

FUNDAMENTOS 

§ La ponderación en sede penal 

1. Resulta de interés cuestionarnos si una de las técnicas de interpretación constitucional más utilizadas hoy en día por las Cortes y los Tribunales Constitucionales, puede aplicarse en sede penal, si partimos de la premisa de que la ponderación asume la dimensión procedimental del principio de proporcionalidad a efectos de determinar la validez constitucional de las normas jurídicas, esto es, si ellas como expresiones del poder formal- el Parlamento, en su ámbito, y la Administración, en el nivel de sus decisiones administrativas- se han sujetado a los estándares prefijados materialmente por la Carta Fundamental. 

2. La interrogante anterior debe ser respondida en forma positiva pues nada obsta que la ponderación, como principio sustantivo de interpretación, y la proporcionalidad, como expresión procedimental respecto a los derechos fundamentales, puedan ser debidamente aplicados como instrumentos de control constitucional de las acciones acaecidas en los rangos de realización de la eficacia horizontal y vertical de los derechos fundamentales, esto es relaciones ciudadanos- ciudadanos[1] y relaciones Estado- ciudadanos, respectivamente. En ese orden de ideas, ya el Tribunal Constitucional ha desarrollado el test de ponderación en sede penal, con relación a la colisión de principios entre el derecho a la información y la vida privada[2].  

3. Lo valioso del caso enunciado reside, entonces, en que las acciones vinculadas a posibles afectaciones a derechos fundamentales en el iter de los procesos penales, pueden ser efectivamente sometidas a control constitucional y determinarse si son válidos los exámenes de idoneidad o adecuación, necesidad o indispensabilidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación[3].

 

§ El habeas corpus correctivo  

4. El habeas corpus correctivo ha sido estructurado en la jurisprudencia constitucional[4] a efectos de que no se produzcan agravamientos inconstitucionales en el cumplimiento de las condiciones carcelarias de un interno o situaciones incompatibles con los derechos humanos. Por excepción, sin embargo, existen condiciones de cumplimiento de la pena que no necesariamente trasuntan un efecto vulneratorio y que en propiedad, exigen un marco administrativo- legal en tanto exista una justificación válida por parte de la Administración.

 

§ Análisis del caso concreto 

5. En virtud de lo afirmado y dentro del concepto extensivo de la ponderación en sede penal, estimamos que una sentencia constituye también un tipo de acción, propiamente un hacer del juzgador respecto a un conflicto que exige solución y en ese parámetro ha de trabajar la presente decisión. 

6. Resulta un concepto taxativo para este Tribunal que el favorecido ha sufrido el efecto nocivo de un proceso penal y más aún, ha sufrido los efectos de una sentencia que constituye un modo de vulneración a su libertad personal en la medida que se hace valedera la disgresión de Carnelutti[5] sobre el proceso penal: “El simple inicio y tanto más el desarrollo del proceso penal causa sufrimiento: el sufrimiento del inocente es, desgraciadamente, el costo insuprimible del proceso penal”. En esa reflexión, si el sufrimiento del inocente es agraviante, no puede obviarse, tampoco, el muchas veces complejo desarrollo de los procesos respecto de quienes se declara una responsabilidad penal, esto es, inocentes y culpables sufren los efectos de la acción persecutoria del Estado y se ven obligados a desarrollar una defensa que en ciertos casos, es inclusive onerosa. 

7. En el caso de autos, resulta plenamente comprensible la afectación que sufre el beneficiario en tanto ha sido objeto de una sentencia penal y más aún, se ha dispuesto su traslado a un Penal distante de su lugar de origen. Y sin embargo, la interrogante clave a formular es: ¿resulta suficiente la acción de habeas corpus para dejar sin efecto un traslado para el cumplimiento de la pena en otro recinto carcelario? O con más rigor aún: producidas algunas vulneraciones respecto a su derecho a cumplir la pena en la forma más razonable posible ¿es ello suficiente para dejar sin efecto un traslado administrativo de cumplimiento de pena? A juicio nuestro, no, por cuanto las vulneraciones deben ser lo suficientemente manifiestas, ostensibles y elevadas, a efectos de que precisamente sea reformada decisión administrativa. 

8. Pues bien, valoradas las sustentaciones y juicios de valor expresados, no estimamos que las vulneraciones denunciadas sean suficientes para que esta Sala de Derechos Fundamentales proceda a dejar sin efecto la decisión impugnada por supuesta afectación al debido proceso y otros derechos fundamentales, entendidos como derechos conexos a la libertad personal y para ello, corresponde desarrollar el test de ponderación en sede penal. 

9. Examen de idoneidad, el cual implica si el fin es legítimo y en el cual analizamos la relación medio- fin. Debemos cuestionarnos: ¿cumple la decisión impugnada el rol de expresar la potestad reguladora del Estado respecto al cumplimiento de la pena? En nuestra posición, sí, en tanto con la decisión objeto de examen se justifica una decisión onerosa pero necesaria en el marco del cumplimiento de pena, producida una justificación de hacinamiento. 

10. Examen de necesidad, que exige un control medio- medio. ¿Era el traslado dispuesto la única forma de solucionar el problema de sobre población penitenciaria o había algún medio menos gravoso? Si bien aquí puede surgir un margen de discusión dogmática, debemos asumir que no verificamos otra medida menos gravosa que la dispuesta.

 11. Examen de ponderación. Estimamos que existe una afectación media al derecho del favorecido a cumplir su pena en condiciones óptimas y dignas, y sin embargo, tanto mayor es la satisfacción de la potestad del Estado de adoptar decisiones difíciles pero necesarias dados los contexto de que las penas no pueden ser cumplidas a cabalidad en un lugar determinado, lo cual justifica el traslado del caso. Al respecto, inclusive, es ya posición del supremo intérprete[6] de la Carta Fundamental que un traslado de interno no es en rigor un acto inconstitucional. 

12. En efecto, no puede negarse un margen de afectación por las imputaciones que denuncia el habeas corpus interpuesto, pero en ese necesario ejercicio de la ponderación por colisión entre derechos fundamentales, la decisión que emitimos se ve plenamente fortalecida en tanto la vulneración sufrida por el actor es mediana en comparación al grado de satisfacción mayor que implica una potestad administrativa que habiéndose sujetado a la normativa legal respectiva, no es per se vulneratoria. 

13. Ahora bien, los argumentos del apelante resultan en parte atendibles pues efectivamente un traslado como el de autos lesiona diversos derechos, entre ellos los antes invocados, y sin embargo, debemos establecer que ese grado de vulneración que reconocemos no alcanza a ser lo suficientemente grave como para desestimar la medida dispuesta, en tanto valoramos que hay un grado de satisfacción mayor de otro derecho fundamental, esta vez reconocido al Estado, cual es, a través de su órganos penitenciarios, disponer medidas que sean necesarias y justificadas por la autoridad, lo que ocurren en el caso de autos, en tanto existe una sustentación formal del demandado respecto al cumplimiento de los requisitos administrativos[7] para el cumplimiento del traslado.   

14. De la misma forma, la justificación interna de la A-quo ha sido bien aplicada en tanto existe una sindéresis lógica en los planteamientos formulados, debiéndose descartar un exceso de formalismo, pues las normas invocadas denotan una facultad para las autoridades penitenciarias y no son en rigor, incompatibles con la Carta Fundamental. De la misma forma, el examen de justificación externa puede considerarse igualmente válido en tanto las premisas de la decisión aparecen suficientemente explicadas en base a la norma aplicable y los precedentes jurisprudenciales señalados. 

15. En ese orden de ideas, la sentencia objeto de examen, aprueba el test de ponderación y por tanto, la decisión de la Administración debe ser validada en tanto el proceso de habeas corpus no puede ser usado como un instrumento deux et machina[8], y constituye deber de los juzgadores desestimar las pretensiones notoriamente insuficientes.

DECISIÓN:  

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia que declara infundada la demanda. DISPONE su publicación en el Diario El Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Drittwirkung para la doctrina alemana en el sentido de pretensiones constitucionales entre particulares y no únicamente respecto a las vulneraciones cometidas por el Estado.  

[2] STC 6712-2005-PHC/TC Caso Magaly Medina 

4.a. La razonabilidad de la medida

 41. La razonabilidad es un estándar de control de una acción (…) Incluye, dentro de sí, tres juicios claramente establecidos: la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad, en cada uno de los cuales se debe dejar sentado si los argumentos de los recurrentes tienen, o no, sentido.

4.a.i. El juicio de adecuación

42.  A través de la adecuación, la conclusión a la cual se arribe debe ser lo más ajustada posible a la finalidad de la Constitución, explícita o implícitamente reconocida. En tal sentido, la acción que realice la persona debe ser conveniente, jurídicamente hablando (la norma habrá de ser accesible y previsible) y contar con un fin legítimo.(…) 

4.a.ii. El juicio de necesidad

44.  El criterio de necesidad importa la ausencia de una solución más efectiva y adecuada de la que se esté tomando. Lo que se busca realizar a través de este juicio es elegir, entre las medidas posibles, la mejor que exista. (…)

4.a.iii. El juicio de proporcionalidad

50.  A través de la proporcionalidad se procura que cada solución a la cual se arribe responda a una conveniencia constitucional o finalidad de la determinación de contenidos de cada uno de los derechos que están en juego. Es decir, busca que el resultado del acto interpretativo responda al objeto perseguido por la ponderación realizada.(…)  

[3] Cfr. ALEXY, Robert. Los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad. p. 2-8. Del original en inglés “Constitutional rights and  proportionality”, ponencia presentada en el seminario internacional “Derechos fundamentales y argumentación  jurídica”, organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú,  2010.

 [4] STC 2663-2003-HC/TC. Caso Mabel Aponte. 

6. (…) en la Opinión Consultiva OC-9/87 N.° 29, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se justificó y convalidó la ampliación de los contornos del hábeas corpus al manifestarse que “es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.               

En función a este ensanchamiento del carácter y contenido del hábeas corpus, la doctrina ha elaborado una tipología, de la cual resumidamente damos cuenta: (…)  

c)   El hábeas corpus correctivo 

Dicha modalidad, a su vez, es usada cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas de la libertad. Por ende, su fin es resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena. 

[5]  CARNELUTTI, Francesco. Principi del proceso penale. Napoli, 1960. p. 55

[6] STC 0726-2002-HC/TC Caso Alejandro Rodríguez Medrano

15. (…) se ha alegado que existiría arbitrariedad en el traslado al Establecimiento Penal Castro Castro, pues aduciéndose la necesidad de dispensarle mayor seguridad, sin embargo, no se le consultó de la medida a emplearse, para, de esa manera, prestar o no su consentimiento.

16. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional debe señalar que el traslado de los internos de un establecimiento penal a otro, no es en sí mismo un acto inconstitucional. En efecto, tratándose de personas privadas legalmente de su libertad locomotor, una obligación de la que no pueden rehuir las autoridades penitenciarias es la de prestar las debidas garantías para que no se afecte o lesione la vida, la integridad física y los demás derechos constitucionales que no hayan sido restringidos. Ello supone que, dentro de márgenes sujetos al principio de razonabilidad, las autoridades penitenciarias no sólo puedan, sino que deban adoptar aquellas medidas estrictamente necesarias para preservar los derechos constitucionales de los internos, cada vez que existan elementos razonables que adviertan sobre el eventual peligro en el que éstas se puedan encontrar.  

[7] Vid Declaración explicativa del demandado p. 73-74.

[8] «Dios surgido de la máquina», traducción de la expresión griega «απó μηχανῆς θεóς» (apó mekhanés theós). Se origina en el teatro griego y romano, cuando una grúa (machina)  introduce una deidad (deus) proveniente de fuera del escenario para resolver una situación. Aforismo expresado en la STC 00728-2007-PHC/TC Fundamento Jurídico 40.

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