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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Derecho de defensa y debido proceso

7 diciembre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 2092-2004

DEMANDANTE: JOSE RODRIGUEZ PUYEN

DEMANDADO: RED ASISTENCIAL LAMBAYEQUE

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 04 días del mes de octubre de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y  Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por el Seguro Social de Salud contra el auto de fecha 24 de junio de 2011, que DECLARA FUNDADA la observación formulada por la parte demandante.

 

ANTECEDENTES 

El A-quo se pronuncia en la resolución impugnada (p. 107-108) por declarar fundada la observación de la parte demandante (p. 62-64) contra el Informe 895-2008-DRL/PJ (p. 58) y dispone se remita el proceso al Departamento de Liquidaciones para que se proceda a determinar correctamente los importes respectivos en la petición de nivelación de cesantía del recurrente. 

La impugnación formulada por la parte demandada (p. 111-113) señala que el juzgado ha obviado resolver la observación de la emplazada, quien también procedió en su momento a observar la respectiva liquidación.

 

FUNDAMENTOS

§ El derecho a la defensa como componente del debido proceso 

1. Asumiendo la naturaleza del derecho al debido proceso como un derecho continente, el derecho de defensa[1] representa uno de sus componentes esenciales, en tanto representa un criterio base para la proscripción de la arbitrariedad. En efecto, sin defensa se consuma una actitud de irrazonabilidad que precisamente representa una figura contraria a las premisas del debido proceso sustantivo, en tanto éste, conforme a la concepción anglosajona[2], denota 2 caracteres sustantivos: de un lado evitar la materialización de actitudes arbitrarias y de otro lado, que la razonabilidad se constituya en un elemento base de la esencia del debido proceso.

 

§ Análisis del caso concreto

2. A juicio de esta Sala de la Constitución, no procede ejercicio alguno de convalidación respecto al acotado argumento de la emplazada de ausencia de pronunciamiento respecto a su observación (p. 60-61), en tanto la institución propia de la convalidación se orienta a subsanar aspectos procedimentales de menor entidad, sin poder orientarse a conceptos de orden sustantivo, sobre los cuales existe una obligada referencia al debido proceso adjetivo. 

3. En efecto, revisada la apelada, no advertimos que se haya resuelto respecto a la observación formulada por la emplazada, pues tan solo se evalúan los argumentos de la parte actora. Bajo esa condición, hay omisión al debido proceso adjetivo como sustantivo y corresponde declarar la nulidad de actuados para el pronunciamiento de rigor del caso. Corresponde pues desestimar una convalidación en tanto un ejercicio no razonable de esta institución, conlleva a una situación de indefensión.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque DECLARA  NULO el auto apelado en todos sus extremos y DISPONE la devolución de los actuados a efectos de que el A-quo se pronuncie sobre la observación de la demandada.

 Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] 2659-2003-AA/TC. Caso Lázaro Mendoza. El derecho de defensa y la interdicción de la indefensión 

4.    Entre los derechos fundamentales de naturaleza procesal, destaca el derecho de defensa, el mismo que se proyecta como un principio de interdicción de ocasionarse indefensión y como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés. Al respecto, este Colegiado  ha sostenido que “(…) el derecho de defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra” [Exp. Nº 0649-2002-AA/TC FJ 4]   

[2] ESPINOSA- SALDAÑA BARRERA, Eloy. Debido proceso. Materiales de estudio. Academia de la Magistratura. Curso de Ascenso IV nivel. Junio de 2010. Pp. 8-9

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