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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas data. Improcedencia entrega boletas de pago

19 diciembre, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 1603-2010

DEMANDANTE: JORGE MONCADA MINO

DEMANDADO: RICARDO PONTE DURANGO

MATERIA: HABEAS DATA 

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 17 días del mes de octubre de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Jorge Moncada Mino contra la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda de habeas data interpuesta contra el Magistrado Ricardo Ponte Durango.

 

ANTECEDENTES  

La demanda del accionante (p. 4-12) formula habeas data contra la resolución del Ex Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. Ricardo Ponte Durango, y en consecuencia solicita la entrega de copias fotostáticas fedateadas de las planillas de pago de los magistrados de esta Corte Superior de Justicia, años 2007, 2008 y 2009. 

La parte demandada deduce excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado (p.17-18), toda vez que en la formulación de demanda no se ha emplazado al Procurador Público del Poder Judicial, teniendo en cuenta su condición de funcionario público. Dicha excepción es desestimada. 

La contestación de la demanda (p. 28-31), a cargo de la Procuraduría Pública del Poder Judicial solicita la improcedencia de la misma, conforme al artículo  5° inciso 1 del Código Procesal Constitucional. Considera que la información solicitada se encuentra en el Portal Web del Poder Judicial, al cual el actor puede tener acceso. 

La resolución apelada (p. 52-54) estima improcedente la demanda por considerar que la demanda no explica de manera concreta qué es lo que pretende, e indica que el peticionante no ha tenido en cuenta la información contenida en el Decreto de Urgencia N° 114-2001, que informa de una manera general los montos de remuneración, bono y gastos operativos de todos los Magistrados de la República. 

La impugnación formulada por la parte demandante (p. 60-63) denuncia la falta de congruencia de la resolución por problemas de motivación. Sostiene que no es necesaria una justificación de requerimiento de la información solicitada pues ésta asume carácter público.

 

FUNDAMENTOS 

§ El proceso de habeas data y la jurisprudencia constitucional 

1. Desde sus inicios en el modelo norteamericano con el Freedom of Infomation Act de 1966 y la Privacy Act de 1974, pasando por el modelo europeo y llegando al modelo latinoamericano, el habeas data ha ido buscando su propio espacio y posicionándose con carácter autónomo en muchas legislaciones, entre ellas, la peruana. 

2. Jurisprudencialmente, el desarrollo del habeas data ha merecido un reconocimiento sustantivo en relación al derecho de acceso a la información pública y al respecto, la  jurisprudencia constitucional[1] ha tenido un lugar preponderante, no solo en la configuración de sus principios sustantivos[2], sino también a través del reconocimiento de los tipos de habeas data[3], en la premisa de fijar criterios procedimentales que permitan a los intérpretes constitucionales una delimitación más precisa de la tutela del derecho a tutelar.  

3. Es importante anotar que el derecho de acceso a la información puede ser entendido como  aquella facultad que tiene toda persona de conocer la información considerada disponible, dentro del contexto de lo que se entiende por información pública y fuera de las excepciones razonablemente establecidas (intimidad personal, seguridad nacional, materias sometidas a reserva legal). Su trascendencia radica en que toda persona puede tener acceso a información  que se encuentra en cualquier entidad estatal y de este modo, intervenir en los asuntos públicos, formarse una opinión y participación informada en la actividad estatal, fiscalizar la gestión pública e incluso participar en la toma de decisiones, eliminando de alguna forma, los elementos generadores de corrupción a la par que fomentando el conocimiento en el adecuado manejo de los recursos públicos y la transparencia de la gestión pública.[4]

4. El derecho a la autodeterminación informativa se traduce, por otra parte, en otro ámbito de tutela del habeas data, en aquella facultad que tiene toda persona  para poder preservar y disponer de todo dato concerniente a ella, en resguardo de sus demás derechos constitucionales. Su importancia en lo esencial reside  en que a través del mismo no sólo  se garantiza que todo individuo sea capaz de controlar el tipo de datos que sobre él se hayan registrados, sino que se impide que bajo determinadas circunstancias no se vean afectados otros derechos constitucionales. En este sentido, podría hablarse del habeas data informativo, como aquella variante que tendría por objeto proporcionar la información requerida por el demandante  y que en un inicio le fuera denegada, es decir, serviría para la finalidad del inciso 1) del Código Procesal Constitucional.

 

§ La información contenida en las boletas de pago 

5. Reviste importancia la determinación de si la información contenida en una boleta de pago es de carácter público o privado[5], criterio sobre el cual la jurisprudencia constitucional ya se ha manifestado, inclusive asignándole el carácter de rubro vinculado a la autodeterminación informativa[6], derecho que también es protegido por el habeas data en tanto es una forma de acceso a la información pública pero respecto de la cual es importante determinar una potestad regulatoria procedimental, en cuanto es el ciudadano quien determina los niveles de información que considera importante brindar, en relación a la potestad general que confiere el derecho de acceso a la información pública. En rigor, brindar información y un nivel determinado de la misma, es el contrapeso propio del acceso a la información pública. 

6. Resulta necesario, en ese orden de ideas, contrastar un pedido de información pública respecto de si la misma no constituye una forma de invasión a la privacidad personal y para ello resulta necesario remitirnos al contexto de restricciones que fija la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública[7] así como al desarrollo constitucional de la normativa referida.

 

§ Análisis del caso concreto 

7. El caso de autos no resulta atendible por los fundamentos conceptuales antes glosados en tanto obra ya en nuestra jurisprudencia constitucional un reconocimiento respecto a que la información contenida en las boletas de pago, es información que corresponde al espacio de privacidad personal, en tanto se asumen dos vertientes de examen: 1) No son en rigor objeto de acceso a la información pública los datos contenidos en las boletas de pago; y 2) Los titulares de las boletas de pago pueden determinar el nivel de información a entregar y si no existe consentimiento de aquellos, debemos asumir que corresponde a una decisión autónoma de un ciudadano en el nivel de ejercicio del derecho a la autodeterminación informativa.

8. Sin perjuicio de ello, debe atenderse a que efectivamente el diario oficial “El Peruano” publica anualmente los ingresos referenciales de los funcionarios del Poder Judicial, revistiendo dicho ejercicio informativo una aproximación a que la ciudadanía tenga conocimiento de las políticas de transparencia de los ingresos de las magistrados. Tal derecho es ejercido, a criterio nuestro, dentro de un marco genérico de información. 

9. El caso sub judice revela un pedido particular, ya no genérico, de la información de todos los magistrados de esta Corte en cuanto a la información de sus boletas de pago. Por tanto, nos encontramos frente a 2 supuestos distintos y por tanto, corresponde ratificar la improcedencia de la demanda.          

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú,  CONFIRMA la sentencia  apelada en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 2945-2003-HD/TC. Caso Julia Arellano 

§3. Derecho de acceso a la información pública 

3.      A través del hábeas data se protege el derecho reconocido en el inciso 5) del artículo 2° de la Constitución. Dicho precepto constitucional dispone que “Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”. 

[2] Cfr. STC 1797-2002-HD/TC Caso Wilo Rodríguez 

[3] Cfr. STC 06164-2007-HD/TC Caso Jhonny Colmenares. 

[4] PALMA ENCALADA, Leny. El proceso de habeas data en el diseño del Código Procesal Constitucional. Código Procesal Constitucional comentado. Normas Legales Enero 2005. 

[5] STC 00330-2009-PHD/TC. Caso Demetrio Ochoa 

7. (…) en lo que respecta a la información sobre las boletas de pago solicitada por el demandante, cabe precisar que dicha información se encuentra enmarcada dentro de la excepción establecida en el artículo 15-B de la Ley N.º  27806, en tanto los detalles contenidos en las boletas de pago atañen, prima facie, a la esfera privada del funcionario público.   

[6] STC 03808-2010-PHD/TC. Caso Jesús Barboza 

14. (…) a juicio de este Colegiado la información relativa a las aportaciones a EsSalud correspondientes a don Hernán Gonzalo Barboza González durante su tiempo de servicios ante la Policía Nacional del Perú, es información referida a su intimidad, pues se trata de información vinculada a su remuneración, contenida en sus boletas de pago, (…) Se trata, pues, de información de carácter personal de don Hernán Gonzalo Barboza González, sobre la que  tiene derecho a controlar su uso y revelación, en virtud del derecho a la autodeterminación informativa (Cfr. Expediente N° 4739-2007-PHD/TC, fundamento 3), por lo que no se encuentra dentro del campo del derecho de acceso a la información pública, conforme a la excepción señalada por el citado inciso 5 del artículo 17º del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

[7] D.S. Nº 043-2003-PCM. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 17º.- Excepciones al ejercicio del derecho: Información confidencial 

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo siguiente:

(…) 5. La información referida a los datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad personal y familiar. La información referida a la salud personal, se considera comprendida dentro de la intimidad personal. En este caso, sólo el juez puede ordenar la publicación sin perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo 2º de la Constitución Política del Estado.

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