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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. ¿Interpretación restrictiva CAS?

26 diciembre, 2011

 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 85-2011    

DEMANDANTE: ELMER CANCINO VALLEJOS

DEMANDADO: SATCH CHICLAYO

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 20 días del mes de octubre de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza, y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por José Limo Castillo, apoderado del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo SATCH, contra  la sentencia de fecha 01 de julio de 2011, que DECLARA FUNDADA en parte la demanda y ordena la reposición del actor.

 

ANTECEDENTES 

El recurrente Elmer Cancino Vallejos interpone proceso de amparo (p. 38-42), en vista de haber sido despedido incausadamente de su puesto de terminalista de caja, no obstante existir un vínculo laboral.

La emplazada contesta la demanda (p. 70-72) y señala que no ha habido despido alguno pues operó el vencimiento de contrato con fecha 31 de marzo de 2010.  

La sentencia impugnada (p. 76-80) señala que se han suscrito diversos contratos CAS pero que en el último tramo de contratación, se ha suscrito un contrato modal por necesidades de mercado, el cual se ha desnaturalizado. 

La impugnación formulada (p. 83-86) sustenta que no habido una debida valoración de los contratos CAS presentados y que no se ha producido despido injustificado alguno.

 

FUNDAMENTOS

 

§ La validación constitucional del CAS

1. El supremo intérprete dela Constituciónha declarado la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1057 mediante sentencia N° 00002-2010-PI/TC, la cual, entre otras previsiones de relevancia, declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta. De la misma forma, de conformidad con los artículos 81º y 82º del Código Procesal Constitucional,  ha fijado que dicha sentencia y las interpretaciones en ella contenidas son vinculantes para todos los poderes públicos y tienen alcances generales..

 

§ Análisis del caso concreto 

2. Importa para el caso de autos efectuar una importante delimitación entre los contratos CAS, inicialmente suscritos por la empleadora y el actor, y el régimen de contratación modal, el cual en el caso de autos, es la modalidad laboral a evaluar pues la relación laboral concluyó, en términos de temporalidad, bajo el rango de una contratación por necesidades de mercado y no CAS. 

3. En realidad, reviste una lógica material que habiendo cesado el actor en régimen CAS y luego laborado en contrato modal y más aún, que luego de valorada la cláusula segunda del contrato modal suscrito (p. 10), y que podamos llegar a apreciar que no ha existido mayor sustentación respecto a la causal invocada, que la demanda pudiera devenir fundada. 

4. Adicionalmente, es de advertirse que el texto del instrumento, en cuanto a la justificación se circunscribe a señalar un contenido en extremo genérico, sin hacer referencia, conforme destaca el A-quo, a justificar válidamente por qué se produce la causa de contratación por necesidades de mercado y cuáles son las motivaciones justificantes de la misma. Bajo esa pauta podríamos inferir con suficiencia que se ha producido una desnaturalización del contrato de trabajo de actor. 

5. Sin embargo, es nuestro deber atender a la interpretación que realiza el supremo intérprete de la Constitución- aunque no concordemos con ella- respecto al régimen de contratación a aplicar[1]– si convergen un régimen CAS y otro régimen posterior, situación respecto a la cual el Tribunal Constitucional estima que corresponde entender una no estimación del régimen del D.S. 003-97-TR. 

6. En el caso sub judice, de acuerdo a la interpretación del Tribunal correspondería asumamos que respecto al contrato modal suscrito por el actor, en realidad se ha producido una prórroga, desnaturalizada por cierto, del régimen CAS. Aún cuando la interpretación del Tribunal resulta contraria, a juicio nuestro, a los principios de razonabilidad, temporalidad y vigencia de la relación laboral y a que resulte inclusive no tuitiva respecto del derecho al trabajo, como en rigor lo son la tutela de urgencia y los derechos fundamentales, estimamos que corresponde la aplicación del criterio acotado por el Tribunal, ciertamente restrictivo en sumo grado, mas resulta claro, de otro lado, que no podemos asumir cuál interpretación ha de ser prevalente sino cuál corresponde aplicar, de acuerdo a la interpretación jerárquica de la Carta Fundamental.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque REVOCA la sentencia apelada; REFORMÁNDOLA, DECLARA IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notíquese

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 01648-2011-PA/TC caso Nilser Piñas

6. (…) Corresponde determinar las consecuencias jurídicas del actuar arbitrario del Organismo emplazado. Al respecto, este Tribunal debe precisar que si bien los contratos civiles celebrados entre las partes, así como el hecho de laborar sin contrato inmediatamente después de vencidos los contratos civiles, encubrieron una relación laboral, ello no supone que la relación laboral encubierta se encuentre regulada por el régimen laboral del Decreto Supremo N.° 003-97-TR, pues antes de los contratos civiles el demandante venía trabajando mediante contratos administrativos de servicios.  

Esta cuestión resulta relevante para concluir que los contratos civiles encubrieron un contrato de trabajo sujeto al régimen laboral especial regulado por el Decreto Legislativo N.º 1057, pues en el presente caso existe continuidad en la prestación del trabajo por parte  del demandante, que Cofopri pretendió encubrir mediante contratos civiles.

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