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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Potestades nombramientos Consejo Nacional de la Magistratura

2 enero, 2012

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

EXPEDIENTE Nro.: 3600-2009    

DEMANDANTE: KARLA ROJAS ALVITEZ

DEMANDADO: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 03 días del mes de noviembre de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y  Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

ASUNTO

Recursos de apelación interpuestos por: 

  1. El Consejo Nacional de la Magistratura contra el auto de fecha 30 de diciembre de 2010 que DECLRA INFUNDADA la excepción de incompetencia, deducida por la demandada.
  2. Karla Rojas Alvitez contra la sentencia de fecha 01 de julio de 2011, que DECLARA INFUNDADA la demanda.

ANTECEDENTES 

La accionante formula demanda contra el Consejo Nacional de la Magistratura CNM (p. 84-104), por afectación de sus derechos de acceso a la función pública y al debido proceso, pues no obstante habérsele nombrado Fiscal Adjunto Superior en Lima, luego se deja sin efecto su nombramiento, pues se corrobora que la accionante no había rendido la prueba de aptitud psicológica, razón por la cual se deja sin efecto su nombramiento.

La contestación de demanda (p. 129-141) pide se desestime la pretensión y deduce excepción de incompetencia, siendo esta última desestimada (p. 212-213) y apelada (p. 221-224). 

La sentencia expedida (p. 368-377) declara infundada la demanda por cuanto las resoluciones administrativas de la emplazada han sido expedidas en forma regular y no hay evidencias objetivas de haberse afectado los derechos que invoca la demandante. 

La impugnación formulada (p. 381-385) señala que existe suficiente motivación en la recurrida y que las pruebas aportadas no logran probar los extremos de la pretensión. Considera que la información brindada por el CNM  ha sido previa, tardía y extemporánea, y que no se le advirtió en la forma debida que debía rendir la prueba de aptitud psicológica, que es la razón por la cual se deja sin efecto su nombramiento.

 

FUNDAMENTOS

§ Alcances de la excepción de incompetencia  

1. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la excepción de incompetencia ataca directamente la habilitación procedimental del juez constitucional y solo en caso de prueba manifiestamente insuficiente o notoriamente inconducente, corresponde estimar la excepción. Además, si bien dicho tipo de excepción exige del juez de los derechos fundamentales renunciar a su competencia, ello solo debe materializarse en tanto exista manifiestas evidencias de que no es el juez de la Constitución el llamado a dilucidar la decisión sino la justicia ordinaria.

 

§ Las potestades de nombramiento del Consejo Nacional de la Magistratura  

2. Las funciones constitucionales que son asignadas al Consejo Nacional de la Magistratura CNM[1] pueden ser objeto de control constitucional solo desde la perspectiva de la vulneración grave, ostensible y manifiesta de un derecho fundamental respecto a los proceso de nombramiento o ratificación de magistrados. Vale decir, solo en la medida que se afecte el contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental determinado, será procedente la estimación de una pretensión en tanto las funciones de las que goza el CNM, no solo son las de un órgano constitucional autónomo, sino que la Carta Fundamental consagra un reconocimiento de sus competencias en tanto ellas sean ejercidas válidamente en el ámbito de las decisiones ajustadas a la Constitución.

§ Análisis del caso concreto 

3. En relación a la excepción de incompetencia desestimada, este Tribunal considera pertinente validar la decisión del A-quo en la medida que aparentemente ha sido denunciada una afectación constitucional, supuesto que debe  considerarse como elemento habilitante para la dilucidación de la causa en sede constitucional. De otro lado, ante la apariencia de un derecho fundamental afectado, importa que no renunciemos al rol que nos asignan la Carta Fundamental y las normas infraconstitucionales para restituir, de ser el caso, el derecho conculcado. En ese orden de ideas, creemos habilitado el pronunciamiento de fondo.   

4. En relación a la decisión que pone fina la instancia y que es objeto de apelación, igualmente estimamos que no han sido vulnerados en forma manifiesta los derechos constitucionales de acceso a la función pública y al debido proceso, en tanto prima una regla principal: la participación en los concursos de nombramientos de jueces y fiscales, importan la sujeción a las reglas procedimentales establecidas para tal efecto y solo en los casos de afectaciones ostensiblemente evidentes respecto de un derecho fundamental, quedará habilitado el juez constitucional para restituir la vigencia del derecho afectado. 

5. Cierto es que el proceder del CNM en lo administrativo no denota haber sido lo necesariamente diligente pues si no existía prueba de aptitud psicológica rendida, era propiamente inconducente disponer el nombramiento de la actora y sin embargo, lo hizo, con lo cual se afectó su derecho a la imagen profesional. Y sin embargo, en esa misma ruta de análisis, no podemos dejar de soslayar que los actos administrativos pueden ser reformulados y revocados, a condición de que se observen requisitos formales y materiales, los cuales respecto de la emplazada han sido cumplidos en tanto la decisión de dejar sin efecto el nombramiento de la actora, ha respetado los plazos de revocatoria del acto administrativo. En es lógica de pensamiento, es potestad de la actora determinar si ha existido daño moral o de otra naturaleza, en otra vía, a sus expectativas profesionales, personales e institucionales. 

6. De otro lado, es pertinente reafirmar la regla de sujeción a las reglas procedimentales de los concursos de acceso a la función de la magistratura, pues el postulante, sin excepción, debe advertir las secuencias de evaluación, calificación y aprobación respecto a las pruebas que rinde, no resultando viable trasladar toda esa exigencia de información solo a la entidad evaluadora, pues en caso así fuere, siguiendo las reglas del razonamiento contrafáctico, toda la carga de información sería trasladada a la institución evaluadora, deviniendo el rol del postulante en de orden pasivo frente a los requerimientos de evaluación. En ese orden de ideas, la actora no ha contribuido a desarrollar una labor diligente de participación en el concurso, en tanto pretende trasladar la ausencia de información respecto a la forma de rendición de exámenes, a la demandada. 

7. Inicialmente sí podemos referir que se configura un deber de información en tanto la institución evaluadora está obligada a determinar las reglas del concurso que somete a un grupo de postulantes, mas igualmente hay una exigencia material respecto al candidato en cuanto le corresponde asumir no solo una sujeción a las reglas procedimentales sino denotar una conducta activa frente a las etapas de evaluación, lo que no sucede en el caso de autos. 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto y la sentencia apelados en todos sus extremos. DISPUSO su publicación el “El Peruano”.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Constitución 1993. Artículo 150°. 

El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular.

El Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su Ley Orgánica.

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