h1

Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus. Plazo razonable.

4 enero, 2012

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 4375-2011

BENEFICIARIO: LUIS RUGEL TORRES

DEMANDADA: CLARA ODAR PUSE

MATERIA: HABEAS CORPUS

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, al primer día de diciembre de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Calara Odar Puse contra la sentencia (auto que pone fin al proceso) de fecha 21 de setiembre de 2011, que DECLARA FUNDADA y ordena la libertad inmediata del beneficiario.   

 

ANTECEDENTES 

La abogada Odalis Vega Guerrero, defensora del recurrente, interpone proceso de habeas corpus traslativo (p. 1-2), contra la Dra. Clara Odar Puse, Jueza del Juzgado Mixto de Lambayeque, en razón de que su patrocinado lleva más de 50 días detenido por la presunta infracción penal de robo agravado. Señala que se ha vulnerado el artículo 221 del Código de los Niños y Adolescentes que fija un plazo máximo de 50 días para adolescentes internos. Acota que no obstante haberse solicitado la libertad, ésta no ha sido atendida.

Producida la constatación respectiva (p. 17-18), la emplazada refiere que no existe infracción alguna, pues el artículo 221 del Código de los Niños y Adolescentes hace referencia a un plazo mínimo para investigar y a su vez, se han producido sendos incidentes en el proceso, como el pedido de libertad procesal, el cual en su momento fue denegado con fundamento. 

La sentencia impugnada (p. 27-30) declara fundada la demanda  y señala que efectuado el cómputo desde el 28 de julio de 2011 hasta el 16 de setiembre de este mismo año, se ha producido el exceso del plazo de internamiento y se ha vulnerado el plazo razonable. 

La apelación formulada por la demandada (p. 41-43) indica como agravios que la impugnada ha vulnerado sus derechos y que en realidad, ha existido una actitud dilatoria de la defensa del propio menor infractor, en tanto el mandato de internamiento ni siquiera fue apelado, habiéndose, en su lugar, solicitado la variación. De otro lado, señala que no se ha emplazado al Procurador Público, lo cual resta su derecho de defensa, a lo cual suma vicios procesales en la decisión así como una indebida aplicación de la norma.

 

FUNDAMENTOS 

§ El plazo razonable en el ámbito interamericano 

1. A nivel de instrumentos internacionales, la justicia supranacional ha delineado el concepto de plazo razonable[1] a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el caso Suárez Rosero[2], en claro intento de delimitación de los estándares del plazo razonable. 

2. Un detalle de suma relevancia para los ordenamientos jurídicos nacionales es la vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH, esto es, el valor vinculante que alcanzan las decisiones de la Corte IDH resulta taxativo para todos los Estados conformantes del sistema interamericano de derechos humanos. Reviste así importancia que esa jurisprudencia fortalece los sistemas de decisiones de los Estados parte. Dicha jurisprudencia de la Corte va a conceptuar que los derechos de las víctimas no han sido elaborados en las normas sino que es el propio desarrollo jurisprudencial, y el criterio dinámico de interpretación, los factores que definen se aplique un nivel de progresividad en la defensa de los derechos de las personas. 

3. El nivel de progresividad al que aludimos ha venido siendo construido por los estándares fijados por las decisiones de la Corte IDH y el caso Suárez Rosero v. Ecuador representa uno de los estándares iniciales respecto a la exigencia de argumentar 3 componentes valorativos del plazo razonable, a efectos de establecer si un Estado parte violó el derecho de sus ciudadanos y si a mérito de ello, corresponde emitir decisión condenatoria.    

4. En el caso Suárez Rosero se produjo una afectación del plazo razonable al haberse producido una incomunicación por espacio de 36 días, supuesto que produjo la afectación del artículo 7.2 de la Convención Americana[3] de Derechos Humanos, en clara infracción del carácter excepcional de la medida de incomunicación. Ese estado de incomunicación ni siquiera le permitió a Suárez Rosero el patrocinio de un defensor público, de donde podemos inferir una grave afectación al derecho de defensa. 

5. De otro lado, el afectado estuvo privado de su libertad por 3 años y 10 meses cuando la ley ecuatoriana establece un máximo de 2 años como pena para el delito de encubrimiento. Dicha situación resulta igualmente violatoria de la necesaria proporcionalidad entre delito y sanción, en la medida que ésta no puede sobrepasar el margen punitivo que contempla la ley para una conducta contraria a los bienes jurídicos que protege el Derecho Penal.

 

§ El plazo razonable en la jurisprudencia constitucional  

6. Para efectos de una comprensión constitucional del plazo razonable como un derecho fundamental, es pertinente señalar que el debido proceso, en su calidad de derecho continente, comprende el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, bajo un esquema de inclusión implícita, esto es, el goce del derecho al plazo razonable solo puede entenderse y gozarse si se materializa el ejercicio sustantivo del derecho al debido proceso. 

7. En consecuencia, no podemos fijar una perspectiva de plazo razonable si no entendemos su aplicación desde la conjunción de los 3 requisitos procedimentales ya referidos supra: actividad procesal del interesado; conducta de las autoridades judiciales, y la complejidad del asunto, elementos a los cuales el caso Salazar Monroe añade un 4to barómetro[4]. El examen exige ser integral pues la valoración del plazo razonable solo desde el transcurso del plazo, denota una insuficiencia manifiesta de valoración, y por cierto, de ser así, la decisión del intérprete resultaría incompleta en su plano argumentativo.

 

§ Análisis del caso concreto 

8. A Juicio de esta Sala de la Constitución, la A-quo desarrolla un examen insuficiente de la pretensión pues considera como único item de su decisión el transcurso del plazo, sin atender a los demás requisitos ya configurados por el sistema interamericano de derechos humanos y por nuestra jurisprudencia constitucional. 

9. En efecto, en cuanto a la complejidad del asunto, sí podemos advertir que existiendo un único procesado, no se trata el caso sub judice de un asunto realmente complejo pues corresponde el juzgamiento de un solo menor infractor en tanto existe una imputación de robo agravado. 

10. En cuanto a la actividad procesal del interesado, consideramos es propio atender a lo referido por la A-quo demandada, en cuanto no obra en autos apelación del mandato de internamiento sino solo un pedido de variación, razón que no nos permite establecer que se hubieren agotado los medios de defensa necesarios específicos para una revisión de la decisión de la juez emplazada por parte del Ad quem como órgano funcional revisor.

11. De otro lado, en lo referido a la conducta de la autoridad judicial, consideramos válido el argumento de la A-quo emplazada, en cuanto efectúa una interpretación extensiva del artículo 221 del Código de los Niños y Adolescentes[5], pues se trata de un enunciado normativo que ofrece un problema de interpretación, es decir, admite hasta 2 significados: un plazo determinado para investigar y a su vez, un plazo mínimo e improrrogable. En consecuencia, la norma no es taxativa en cuanto a fijar un plazo máximo de internamiento, el cual no puede ser establecido sin la concurrencia del estándar del plazo razonable, a su vez correlacionado con los propios requisitos de los casos Suárez Rosero vs. Ecuador y Kawas Fernández vs. Honduras, de efectos vinculantes para la jurisprudencia constitucional peruana. 

12. Finalmente, en cuanto a la afectación generada en la situación jurídica del menor involucrado en el proceso, estimamos que no concurre este requisito, en tanto los padres del menor (p. 19-20), concurren  al proceso para señalar su intención de desistirse del proceso, pedido que se bien es declarado improcedente en la sentencia, debe ser valorado a la luz de que los propios progenitores del menor, al manifestar su voluntad de no proseguir con la acción, no expresan un daño real que la familia hubiere sufrido como consecuencia del internamiento del menor beneficiario.

13. Valorados en conjunto los requisitos que anteceden, no podemos estimar que se haya infringido la libertad personal del menor infractor, en tanto no se evidencia una vulneración  grave, ostensible y manifiesta de este derecho fundamental. 

14. En ese orden de ideas, la sentencia objeto de examen, no aprueba el test del plazo razonable, en la medida que el proceso de habeas corpus no puede ser usado como un instrumento deux et machina[6], y constituye deber de los juzgadores desestimar las pretensiones notoriamente insuficientes.

  

DECISIÓN:  

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia que DECLARA FUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA, DECLARA INFUNDADA la demanda. DISPONE su publicación en el Diario El Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


 

[1] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 3, inciso c: 

Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas… c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas”.

Convención Americana de Derechos Humanos Artículo 8°, inciso 1: 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. 

[2] Jurisprudencia Corte IDH caso Suárez Rosero v. Ecuador F.J. 72. 12 de noviembre de 1997 

Esta Corte comparte el criterio de la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha analizado en varios fallos el concepto de plazo razonable y ha dicho que se debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales (cf. Caso Genie Lacayo, 23 Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr 77; y Eur. Court H.R., Motta judgment of 19 February 1991, Series A No. 195-A, párr. 30; Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain Judgment of 23 June 1993, Series A No. 262, párr. 30).  

[3] Convención Americana de Derechos Humanos.  Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal (…) 

 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas

[4]  STC 05350-2009-HC/TC Caso Salazar Monroe. Plazo razonable

§4.2. Criterios o parámetros para determinar la razonabilidad del plazo del proceso penal

19. En la sentencia del Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, la Corte IDH, siguiendo la jurisprudencia del TEDH, precisó los criterios a utilizar para determinar la razonabilidad del plazo del proceso penal. En efecto, señaló que: 

“77. (…) De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales (…)”. (Negritas agregadas)

20. Estos tres elementos utilizados por la Corte IDH para analizar la razonabilidad del plazo del proceso penal fueron ampliados en la sentencia del Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, que a su vez fueron reiterados en la sentencia del Caso Kawas Fernández vs. Honduras, de fecha 3 de abril de 2009.

En dichas sentencias, la Corte IDH amplió de tres a cuatro los elementos que deben analizarse para determinar la razonabilidad del plazo del proceso penal, que son: a) la complejidad del asunto; b) la actividad o comportamiento del procesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) la afectación que genera la demora en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

21.  Así, en la sentencia del Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, la Corte IDH reconoció que:

“155. (…) ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales. El Tribunal considera pertinente precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve”.

22.    En la sentencia del Caso Kawas Fernández vs. Honduras, la Corte IDH reafirmó que:

“112. (…) ha establecido que es preciso tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso”. (Negritas agregadas).

23. A la luz de estos cuatros elementos, que en algunos casos han sido analizados en su integridad por la Corte IDH y en otros casos no. 

[5] Código de los Niños y Adolescentes. Artículo 221. 

El plazo mínimo e improrrogable para la conclusión del procedimiento, estando el adolescente interno, será de cincuenta días, y en calidad de citado, de setenta días. 

[6] «Dios surgido de la máquina», traducción de la expresión griega «απó μηχανῆς θεóς» (apó mekhanés theós). Se origina en el teatro griego y romano, cuando una grúa (machina)  introduce una deidad (deus) proveniente de fuera del escenario para resolver una situación. Aforismo expresado en la STC 00728-2007-PHC/TC Fundamento Jurídico 40.

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Blog of the IACL, AIDC

a network of constitutionalists from countries throughout the world

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

A %d blogueros les gusta esto: