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STC 032-2010-PI/TC. Caso Ley antitabaco. Derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la salud

9 enero, 2012

Estimados amigos:

Una sentencia que reviste interés por su desarrollo y análisis de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la salud, es la STC 032-2010-AI/TC, caso Ley Antitabaco, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00032-2010-AI.html.

Dicho fallo hace un extenso análisis de conceptos de sumo interés como el paternalismo jurídico y en propiedad, de las implicancias de validar constitucionalmente la Ley 28705 —Ley General para la prevención y control de los riesgos del consumo de tabaco.

Entre los aspectos más relevantes respecto al paternalismo jurídico encontramos lo siguiente:

56.  (…) una medida jurídica paternalista se encuentra justificada, cuando puede determinarse razonable y objetivamente que la persona que va a ser sujeto de ella, por alguna razón, tiene limitada la libre manifestación de su voluntad, y al restringirse su libertad se evita razonablemente un daño objetivo, grave e irreparable a sus derechos fundamentales

Se trata de aquella persona de la que puede objetivamente predicarse que, por alguna circunstancia ajena a la voluntad del Estado y de la persona misma, no es capaz de evaluar de manera suficientemente razonable el grave riesgo que una conducta representa para sus propios derechos e intereses, o que siendo consciente del referido riesgo, en razón de alguna compulsión externa o interna, no es del todo capaz de actuar en consecuencia para evitarlo. Dado que en estos casos se duda razonablemente de que la voluntad propia se encuentre del todo libremente ejercida, algunos consideran que no cabe aquí hablar de medidas paternalistas (cfr. Beauchamp, Tom, “On Coercive Justifications for Coercive Genetic Control”, en J. Humber y R.F. Almeder –editores–, Biomedical Ethics and the Law, PlenumPress, New York, 1979, p. 388).

Así, los niños y, en general, los incapaces absolutos en los términos del artículo 43º del Código Civil, son personas en relación con las cuales pueden adoptarse determinadas medidas paternalistas

57.  Pero, ¿pueden adoptarse medidas paternalistas en relación con personas adultas que no siendo jurídicamente incapaces, presenten determinados caracteres que, por así decirlo, distorsionen sus manifestación de voluntad, sin llegar a ser incapaces? En determinadas circunstancias, la respuesta a esta interrogante es afirmativa. Así, pueden adoptarse medidas paternalistas informativas por el bien de las propias personas adultas a las que va dirigida la información, si se asume razonablemente que obligándolas a informase pueden reorientar el curso de una conducta que puede generarles una grave afectación a sus derechos. Como bien apunta, Miguel Ramiro Avilés, “[l]as campañas de información de los riesgos o beneficios que supone la realización de ciertas actividades deben ser el primer tipo de medidas paternalistas que deben adoptarse ya que siempre es preferible la medida menos aversiva porque la autonomía o la libertad de la persona deben sufrir lo menos posible, a lo que se une que con la información se apela a la razón” (cfr. “A vueltas con el paternalismo jurídico”, en Derechos y Libertades, N.º 15, Junio 2006, p. 234).

Ahora bien ¿cabe preguntarnos: es paternalismo jurídico prohibir el consumo de tabaco? ¿No serían los ciudadanos acaso responsables de sus actos si deciden fumar y con ello autoinflingirse un propio daño? Creemos que hay paternalismo jurídico mas entendido como una intervención razonada y razonable en los derechos de las personas. El derecho a fumar ha de continuar manteniéndose para los ciudadanos, mas no en lugares públicos pues ello afecta el derecho de terceros a la salud e inclusive del propio consumidor. Por lo tanto, hay un paternalismo inclusive basado en los nocivos efectos del tabaco a nivel mundial, los cuales arrojan cifras realmente preocupantes: una de cada 8 muertes están asociadas al consumo de tabaco, a lo que debe sumarse que cerca de 100 millones de personas murieron a causa del tabaquismo durante el siglo XX y se estima que para el año 2030 el tabaco podría ser responsable de 10 millones de muertes al año en el mundo.

Ocupa nuestro interés, adicionalmente, que el Tribunal Constitucional aplica el principio de proporcionalidad para validar la norma cuestionada y en relación al subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto, fija los siguientes argumentos:

§9. Las prohibiciones cuestionadas ¿superan el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto?

120. Queda por analizar si las prohibiciones de crear espacios públicos cerrados solo para fumadores, y de fumar en las áreas abiertas de los establecimientos dedicados a la educación que sean solo para adultos, superan el subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto. De acuerdo con este subprincipio, una medida restrictiva de los derechos fundamentales, solo resultará ponderada, si el grado de incidencia que genera sobre el contenido de los derechos restringidos, es menor que el grado de satisfacción que genera en relación con los derechos y/o bienes constitucionales que busca proteger u optimizar. (…)

122. (…) Con relación al grado de afectación de los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa, debemos señalar que el ejercicio de estos derechos puede[] ser limitado[] por el derecho a la salud. En ese sentido, el Tribunal Constitucional sostiene que el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, como todo derecho, no es absoluto, por lo que debe ejercerse en armonía con los derechos fundamentales de otras personas y los bienes de relevancia constitucional. De otro lado, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, el ejercicio de la libre iniciativa privada no debe atentar contra ‘los intereses generales de la comunidad’, mientras que el ejercicio de la libertad de empresa no debe poner en riesgo la salud de las personas.

Si comparamos los aspectos analizados anteriormente (el grado de realización de la protección del derecho a la salud y el grado de afectación de los derechos al libre desenvolvimiento de la personalidad, a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa) podemos concluir que la medida impugnada resulta proporcional” (cfr. escrito de contestación de la demanda, p. 60; el énfasis es del original).

Es nuestra opinión que el fallo goza de fortaleza argumentativa e incide en una buena justificación externa, al tiempo que llega a la valiosa conclusión de que la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, exige pautas de acción del Estado. En propiedad, éste debe ejercer un rol activo frente a las exigencias que plantean estas relaciones de colisión entre dos derechos relevantes como lo son, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, cuestionando que fumar en lugares públicos pueda implicar una forma de restricción manifiesta, así como la relevancia del derecho a la salud en las políticas públicas del Estado. Frente a esos escenarios de conflicto, corresponde adoptar normas que fundamenten las potestades de intervención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

 

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