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STC 03569-2010-PA/TC. Caso Agrícola Cerro Prieto. ¿Amparo contra sentencias del Tribunal Constitucional?

25 enero, 2012

 

Estimados amigos:

Una posición que se consideró sólida desde la dación de la STC 4853-2004-AA/TC, caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad, a su vez precedente vinculante, fue la precisión de que los procesos de amparo procedían contra resoluciones del Poder Judicial, en forma lata y siempre que se afectare un derecho fundamental, así como se reguló el amparo contra el amparo, circunscribiéndolo a cuestiones igualmente excepcionales siempre en términos de vulneración grave, ostensible y manifiesta de un derecho reconocido por la Carta Fundamental. Sin embargo, una prohibición fue expresa: no procedían amparos contra decisiones del Tribunal Constitucional.    

La STC 03569-2010-PA/TC, caso Agrícola Cerro Prieto, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/03569-2010-AA.html, precisamente desarrolla una tesis contraria y de excepcionalidad al precedente 4853-2004-AA/TC, pues invoca una situación de ausencia de participación de una parte con interés, contrariando así la tesis de afirmación del precedente vinculante.

Los argumentos invocados pueden ser comprensibles, en tanto se afirma que la titularidad de la propiedad de unos terrenos no fue conocida por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se abre una vertiente que para efectos futuros no ha de ser sencilla de controlar, pues la vocación de predictibilidad del precedente, y aún sus cambios, ha de generar, en nuestra modesta opinión, que muchos casos futuros, similares al que ahora se resuelve, invoquen el mismo derecho, con lo cual el precedente pierde arraigo y se abren caminos de excepción para contrarias las tesis de los precedentes.

Las partes relevantes de la decisión señalan lo siguiente:

1.        Dado los términos en los que viene planteada la demanda podría concluirse que la Sociedad demandante pretende cuestionar la sentencia recaída en el Exp. N.° 05614-2007-PA/TC, por lo que tendría que aplicarse la causal de improcedencia prevista en el precedente vinculante de la sentencia recaída en el Exp. N.° 04853-2004-PA/TC, consistente en que en “ningún caso puede ser objeto de una demanda de amparo contra amparo las resoluciones del Tribunal Constitucional”; sin embargo este Tribunal estima que en el presente caso existen circunstancias objetivas que justifican que, por excepción, dicha causal de improcedencia no sea aplicada, por las razones que a continuación se detallan: 

a.    Las partes del proceso de amparo recaído en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC, fueron como demandante Aspillaga Anderson Hermanos S.A. (en adelante, Aspillaga Hermanos) y como demandados el Instituto Nacional de Desarrollo y el Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña, es decir, que Agrícola Cerro Prieto S.A.C. (en adelante, Cerro Prieto) no participó como parte o tercero en el proceso de amparo mencionado, debido a que no fue emplazada con la demanda ni denunciada civilmente por las partes demandadas. 

La no participación de Cerro Prieto era transcendente en el resultado del proceso, pues los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe que le habían sido confiscados a Aspillaga Hermanos ya no eran propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo, ni del Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña, sino de Cerro Prieto, por lo que resulta manifiesto su interés en el resultado del mencionado proceso de amparo. 

b.    En el proceso de amparo iniciado por Aspillaga Hermanos no se contó con la participación de Cerro Prieto, debido a que en la demanda de aquel proceso, obrante de fojas 236 a 247, sólo se alegó que los terrenos eriazos referidos habían sido inscritos a favor del Instituto Nacional de Desarrollo, lo cual era un dato incompleto sobre la titularidad de la propiedad de los terrenos eriazos, pues antes de que se interpusiera la demanda los terrenos eriazos mencionados habían sido adquiridos por Cerro Prieto en una subasta pública internacional, es decir, que adquirió los terrenos eriazos de buena fe y a título oneroso.  

Este dato sobre la titularidad de la propiedad de los terrenos eriazos mencionados no fue conocido por este Tribunal al momento de emitir la sentencia recaída en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC, toda vez que en virtud del principio de la buena fe procesal, confió en los alegatos de las partes del proceso de amparo referido, que en ningún escrito manifestaron que el propietario de los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe era Cerro Prieto. Además cabe destacar que la partida registral que adjuntó a su demanda Aspillaga Hermanos no se encontraba completa, pues en ella no se consignaba la transferencia de la propiedad de los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe del Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña a favor de Cerro Prieto. 

c.    En la audiencia del presente proceso Aspillaga Hermanos ha sostenido que en el proceso de amparo recaído en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC no tenía porqué demandar a Cerro Prieto ni solicitar su participación, debido a que no había emitido el acto de confiscación de los terrenos eriazos mencionados, razón por la cual no la emplazó con la demanda. 

Dicho argumento denota que Aspillaga Hermanos tenía pleno conocimiento de que Cerro Prieto era propietaria de los terrenos eriazos mencionados, es decir, que en el proceso de amparo recaído en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC no actuó conforme al principio de la buena fe procesal, toda vez que resulta irrazonable sostener que no era necesario el emplazamiento de Cerro Prieto, si resulta evidente que los efectos de la sentencia estimativa del proceso de amparo referido iban a afectar su derecho a la propiedad privada sobre los terrenos eriazos mencionados. 

2.        Por las razones descritas, no corresponde aplicar la causal de improcedencia prevista en el precedente vinculante mencionado. Además tiene que tenerse presente que Cerro Prieto, en su escrito de fecha 24 de noviembre de 2010, ha señalado que la demanda de autos “no tiene por finalidad que se declare la nulidad de la sentencia” recaída en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC, sino que este Tribunal precise los alcances de la sentencia de amparo mencionada, a fin de que se determine cómo queda su derecho a la propiedad privada sobre los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe. 

Como ha quedado precisado, al momento en que se emitió la sentencia recaída en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC este Tribunal no tuvo conocimiento de que la propietaria de los terrenos eriazos mencionados era Cerro Prieto, por lo que corresponde precisar los efectos de la sentencia mencionada teniendo presente este hecho y que en dicha sentencia se estimó la demanda de amparo porque se comprobó que se había vulnerado el derecho a la propiedad privada de Aspillaga Hermanos al haberse confiscado los terrenos eriazos mencionados, pues de no hacerlo la sentencia mencionada estaría privando a Cerro Prieto de su derecho legítimo al uso y goce de aquéllos. 

De otra parte debe destacarse que si bien la demanda fue rechazada liminarmente, el derecho de defensa de las partes emplazadas se encuentra plenamente garantizado, por cuanto fueron notificadas con los actos del proceso, y contra ellos presentaron los alegatos que consideraron pertinentes y legítimos a sus intereses, así como participaron en la audiencia del presente proceso, por lo que corresponde emitir un pronunciamiento de fondo.

En nuestra opinión, se sacrifica el bien seguridad jurídica en favor de una tesis de excepción. Y si bien la realidad suele superar el marco de las normas, pues al fin y al cabo los precedentes son también normas con fisonomía jurisprudencial, habrá de ser relevante que a futuro se evalúe en qué medida es viable establecer tesis de excepción y  si ello se puede generalizar respecto de todos los demás precedentes existente en el ordenamiento constitucional.   

De otro lado, la tesis de modificación del precedente sería atribución solo del Tribunal Constitucional pues el Poder Judicial se le he relegado, en nuestra opinión, sin un argumento realmente razonable, en tanto no está investido de potestades para la inaplicación de un precedente vinculante, bajo responsabilidad, y con previsión de procesos disciplinarios por parte de la Oficina de Control de la Magistratura.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

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