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Derecho a la vida. Juana María Ibáñez. PUCP. 06 de febrero de 2012

7 febrero, 2012

 

Curso Internacional de Especialización “Jurisdicción, DD.HH. y Democracia. El discurso transnacional de la justicia”

 

Lunes 06 de febrero

Derecho a la vida 

Juana María Ibáñez

 

Las obligaciones de respeto y garantía

De acuerdo con el artículo 1.1. de  la Convención, los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella. La responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana”. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. (1988).

Son obligaciones particulares de un Estado parte de la Convención respetar y garantizar los derechos humanos.

 

El derecho a la vida:

–          Es presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos;

–          No son admisibles enfoques restrictivos del mismo. Caso “Niños de la Calle” vs Guatemala (1999);

–          No es absoluto ( aborto, aplicación de la pena de muerte, legítima defensa, uso de la fuerza en los contextos en que resulte aplicable);

–          Con relación a las obligaciones de respeto y garantía, presupone: i) Que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa) y; ii) que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva);

–          Se considera violado por el solo hecho de haber puesto en riesgo/peligro la vida (mera amenaza clara e inminente).


Obligaciones que comprende el derecho a la vida

Obligación de respetar. En la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (1988

Obligación de garantizar

–          Puede ser cumplida de diversas maneras, en función del derecho específico que el Estado debe garantizar y de las particulares necesidades de protección.

–          Implica el deber de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los dd.hh.

–          Prevenir razonablemente las violaciones de los dd.hh.; investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido; y reparar (Caso Campo Algodonero vs. México, 2009, desarrollo de los artículos 1.1. y 2 de la Convención. El Estado se demoró 72 horas en comenzar a investigar).


Prevenir

La prevención respecto al derecho a la vida se manifiesta en:

–          El establecimiento de disuasivos de la conducta de particulares en relación con la vida, que generalmente consistirán en la tipificación penal de las varias formas de homicidio y la legítima defensa.

–          La regulación de la actuación de los agentes estatales, por ejemplo, en el uso de la fuerza en determinados contextos. Caso Neira Alegría y otros vs. Perú (1995)

–          Capacitación de sus agentes y funcionarios. Bámaca Velásquez vs. Guatemala (2000).

Investigar

–          La investigación debe darse conforme a las garantías judiciales (art. 8 de la Convención) y a la protección  judicial (art. 25 de la Convención).

–          Exige remover los obstáculos, de facto y de iure, que mantenga la impunidad.

–          Son inadmisibles “las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los dd..hh. tales como (…) las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas”. Caso Barrios Altos vs. Perú (2001).

–          En casos de desaparición forzada “el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación (…), y en algunos casos, la imposibilidad, para obtener las pruebas y/o testimonios dificultando (…) la práctica de diligencias probatorias”. Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá (2008).

Reparar

–          Obligación de investigar los hechos, determinar los responsables y, en su caso, sancionarlos[1].

–          Restitución

–          Rehabilitación

–          Satisfacción

–          Garantías de no repetición

–          Indemnización

 

 Supuestos de análisis en la jurisprudencia de la Corte

–          La pena de muerte (Hay una clara tendencia abolicionista en el SIDH). Ver caso Sadogan vs. Barbados, sobre aplicación automática de la pena de muerte.

–          La desaparición forzada de personas.  Hay una afectación implícita de la integridad personal. En el caso Anzualdo Castro vs. Perú se señala que este caso supone una afectación múltiple a la persona. Caso Contreras vs. Salvador, se dio una práctica de robo y sustracción de niños.

–          Las ejecuciones extrajudiciales.  En cuanto a la investigación, es importante seguir los lineamientos básicos del Protocolo de Naciones Unidas para la Investigación Legal de las Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias (Protocolo de Minnesota), que incluyen, inter alia, la identificación de la víctima, recolección y preservación de pruebas y la determinación de la causa, manera, lugar y tiempo de la muerte. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras (2003). Ver casos de evaluación de eventuales contextos. Caso Valle Jaramillo Vs. Colombia (2009) y Caso Familia Barrios Vs. Venezuela (2011)

–          La protección desde la concepción. En los trabajos preparatorios, la  CIDH sugirió agregar  la expresión “en general”, explicando que esta adición obedeció a la necesidad de conciliar los puntos de vista divergentes sobre el tema. Ver caso Baby Boy Vs. Estados Unidos de América y su relación con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Convención Americana sobre Derechos Humanos. El inciso 1 no impide la facultad de los Estados de permitir el aborto en las circunstancias que ellos determinen. En adición a ello, el feto no tiene derechos como persona en sí misma, sino a través de la madre pues no es titular de los derechos reconocidos en la Convención. El Estado tiene una obligación de protección respecto del feto.

–          Derecho a una vida digna. Comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Caso “Niños de la Calle” Vs. Guatemala (1999). Fomentar el proyecto de vida implica un deber de cuidado por los poderes públicos. Supone, además, la adopción de las medidas necesarias que, juzgadas razonablemente, son de esperarse para prevenir o evitar un riesgo especial, real e inmediato para un grupo determinado de personas. Ver caso Comunidad Indígena Xamók Kasek Vs. Paraguay (2010). Es un índice de acceso y calidad de la persona respecto al agua: 7.5 litros por día para alimentación e higiene. La alimentación debe comprender: accesibilidad, disponibilidad y sostenibilidad; la salud debe ser permanente y accesible; la educación debe caracterizarse por su accesibilidad a la educación básica gratuita y la sostenibilidad de la misma.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra


[1] No se trata necesariamente de buscar y señalar responsables sino que el Estado proceda a investigar en forma diligente y responsable.

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