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Derecho a la integridad personal. Romina Sijniensky. PUCP. 08 de febrero de 21012.

9 febrero, 2012

Curso Internacional de Especialización “Jurisdicción, DD.HH. y Democracia. El discurso transnacional de la justicia”


Miércoles 08 de febrero

Derecho a la integridad personal  

Romina Sijniensky (Argentina) Abogada de la Corte IDH

 

Marco normativo básico para la protección del derecho a la integridad personal y prohibición de tortura

–          Convención Americana de DD.HH.

–          Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Otros 3 elementos específicos:

–          Convención contra la Tortura

–          Protocolo Facultativo CAT (Subcomité MNP). Implica establecer al año un mecanismo de monitoreo contra la tortura

–          Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura

 

Introducción al artículo 5 CADH: diferentes ámbitos de protección

–          Integridad física, psíquica y moral

–          Prohibición de torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

–          Personas privadas de libertad serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

–          La pena no puede trascender la persona del delincuente.

–          Los procesados deben estar separados de los condenados

–          Procesados serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de persona son condenadas

–          Menores de edad deben estar separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados

–          Finalidad esencial de la pena privativa de libertad

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura CIPST

–          Complementa el art. 5 de la CADH

–          Los Estados parte se obligan a prevenir y sancionar la tortura (arts. 1 y 6)

–           Primer caso en que la Corte IDH aplicó la CIPST : Paniagua Morales y otros (1998)

 

Soft law

–          Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos.

–          Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

–          Principios sobre la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental,

–          Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos,

–          Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión

–          Principios básicos para el tratamiento de los reclusos

–          Reglas de las NN.UU. para la protección de los menores privados de libertad

–          Resolución 1/08 de la CIDH “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las personas privadas de Libertad en las Américas. “

Todo lo referido son resoluciones de NN.UU. salvo la última que es una resolución de la CIDH. Las normas de soft law en principio no son vinculantes pero sí constituyen un medio de orientación y guía.

 

Definición de tortura/ comparación con el sistema universal

CAT (Convención contra la tortura, Convention against torture)

El agente: funcionario público que la causa o instiga, funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas que la tolere o la consienta.

CIPST

El agente: funcionario público que la instiga, induzca a su comisión

 

CAT

El efecto que la conducta produce en la víctima: dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales

Finalidad: obtener de la víctima o de un tercero, información o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido

CIPST

No especifica un requisito de severidad y se agrega como posible objetivo “anular la personalidad de una víctima o disminuir su capacidad física o mental”

Finalidad: investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin

 

Definición de tratos crueles, inhumanos o degradantes

La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos.

 

Prohibición absoluta de tortura

La Corte IDH toma en cuenta el corpus iuris que parte del art 2 de la CIPST, así  como las diversas definiciones contenidas en los instrumentos de alcance universal y regional.

La Corte IDH entiende que los elementos constitutivos de la tortura son los siguientes: a) un acto intencional, b) que causa severos sufrimientos físicos o mentales, y c) que se cometa con determinado fin o propósito

El caso Bueno Alves vs. Argentina es un referente para examinar estos temas.

La tortura no es siempre física. La prohibición es absoluta y esto tiene el rango de ius cogens.

El artículo 27.2 CADH constituye el núcleo inderogable de los derechos humanos, entre los cuales figura la prohibición de la tortura.

 

Medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura

–          Tipificación a nivel interno del delito de tortura. Se trata de tipificar como delito autónomo.  El Derecho Internacional establece un estándar mínimo acerca de una correcta tipificación de esta clase de conductas y los elementos mínimos que la misma debe observar, en el entendido de que la persecución penal es una vía fundamental para prevenir futuras violaciones de derechos humanos. En el caso de Perú, la tortura ha sido tipificada en el artículo 321[1] del Código Penal.

–          Investigación ex officio/ Protocolo de Estambul. La investigación debe ser imparcial y no debe constituir una simple formalidad sino debe conducirse diligentemente la investigación, pues constituye una obligación imperativa. La investigación debe ser seria, imparcial y efectiva. Las autoridades deben tener acceso a los lugares donde supuestamente se realizó la tortura. El Protocolo de Estambul[2] ha sido establecido para los casos de seguimiento de casos sobre tortura. Constituye una norma de soft law.

–          No puede invocarse en ningún caso la orden de un superior para justificar la tortura. Costa Rica tiene una norma procesal respecto a que la tortura pudiera aplicarse si es en beneficio del procesado, la cual fue inclusive validada por la Corte Constitucional. Efectivamente el artículo 181 del Código Procesal Penal de Costa Rica, relativo a la legalidad de la prueba, señala: ” Los elementos de prueba sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al procedimiento conforme a las disposiciones de este Código. A menos que favorezca al imputado, no podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni información obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas.”  Nos parece una norma ilógica.

–          Prohibición de obtener declaraciones bajo tortura. Art. 10 CIPST.

–          Capacitación de agentes de policía y otros funcionarios públicos.

–          Principio de no devolución (non refoulement). Art. 13 CIPST. No se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la persona requerida cuando haya presunción fundada de que corre peligro su vida, de que será sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada por tribunales de excepción o ad hoc en el Estado requirente. Art. 22.8 CADH. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o libertad personal está en riesgo de violación a causa de la raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.

 

Condiciones de privación de libertad de la jurisprudencia interamericana. Responsabilidad internacional del Estado por violaciones al artículo 5 CADH

El concepto de “privación de libertad” debe ser asumido en un sentido amplio pues la expresión “cualquier lugar” puede entenderse, entre otras acepciones,  como un centro de detención. Esta definición amplia es asumida, también, por los instrumentos internacionales.

El Estado tiene responsabilidad de garante de las personas privadas de libertad, se trata de una posición especial de garante. En sentido lato, el Estado está obligado a garantizar el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal.

El Estado no solo es responsable por actuaciones de funcionarios públicos sino también por actuaciones de terceros. Ej: en un motín en un penal, si terceros causan lesiones graves a una persona, el Estado será responsable si no ha adoptado medidas de previsión.

El Estado está obligado a cumplir estándares internacionales en materia de privación de libertad y derecho a la integridad personal de las personas privadas de libertad. Ver caso Montero Aranguren vs. Venezuela (problemas de acceso a la salud).

Debemos tomar en cuenta la transversalidad/ interseccionalidad de la situación de vulnerabilidad.

¿Qué debe hacer el Estado? Adoptar medidas que garanticen el acceso al goce y ejercicio de ciertos derechos cuya restricción no es consecuencia ineludible de la situación de privación de libertad; no abusar de la prisión preventiva; usar lugares de detención oficialmente reconocidos; brindar el derecho a que se impugne la legalidad de la detención, etc.

Caso Vera Vera vs. Ecuador. Sentencia de 19 de mayo de 2011.  Es atendido con deficiencias por médicos luego de ser herido en una intervención policial por un delito. Es llevado luego a un Centro de Detención Provisional donde su salud se deteriora, llegando a fallecer. Se condenó al Estado por no observar el deber de garantía.

Albán Cornejo vs. Ecuador es otro caso referido a mala praxis. (Ver igualmente Ximenes Lopes vs. Brasil).

Cualquiera que sea el nivel de desarrollo del Estado, debe observarse ciertas reglas mínimas:

–          Todo recluso debe disponer de una superficie y un volumen de aire mínimos;

–          De instalaciones sanitarias adecuadas

  Jurisprudencia relevante

–          Terrorismo: Loayza Tamayo, Cantoral Benavides, de la Cruz Flores vs. Perú

–          Pena de muerte: Hillaire vs. Trinidad y Tobago; Boyce vs. Barbados, Fermín Ramírez vs. Guatemala

–          Sede Policía: Bulacio vs. Argentina

–          Niñez: Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay

–          Mujeres: Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, campo Algodonero vs. México

–          Discapacidad mental. Ximenes Lopes vs Brasil

–          Grupo étnico: López Álvarez vs Honduras

–          Cárceles: Montero Aranguren vs. Condiciones carcelarias y derecho a la salud.

–          Tortura: Bueno Alves vs. Argentina.

–          Migrantes: Vélez Loor vs. Panamá

 

Violencia contra la mujer (Convención Belém do Pará)

Se exige políticas a los Estados para evitar situaciones de violencia contra la mujer.

El caso Loayza Tamayo considera cuestiones de género en su planteamiento, situación que finalmente no es establecida por la Corte IDH. En el caso Castro Castro se aplica, por primera vez,  la Convención Belém do Pará.

Casos Perozo y Ríos contra Venezuela. Refiere actos de agresión contra mujeres periodistas.

En el caso Campo Algodonero contra México hay cuestiones de violencia sexual. El Estado fue responsable por la falta de prevención general, lo cual si bien per se no conlleva responsabilidad del Estado, sí implicó falta de prevención en el caso concreto. No hubo la debida diligencia frente a la desaparición de mujeres. En este caso Cecilia Medina Quiroga emite un voto disidente con el cual afirma que las mujeres,  a su juicio, habían sufrido tortura, idea que no es compartida por la mayoría.

Otros dos casos contra México: caso Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, los cuales consideran que la violación sexual constituyen tortura, aún cuando consista en un solo hecho u ocurra fuera de instalaciones estatales.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra


[1] Código Penal del Perú. Delitos contra la humanidad. Artículo 321

El funcionario o servidor público o cualquier persona, con el consentimiento o aquiescencia de aquél, que inflija a otro dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, o lo someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o aflicción psíquica, con el fin de obtener de la víctima o de un tercero una confesión o información, o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidarla o de coaccionarla, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

Si la tortura causa la muerte del agraviado o le produce lesión grave y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será respectivamente no menor de ocho ni mayor de veinte años, ni menor de seis ni mayor de doce años.

[2] Protocolo de Estambul. Artículo 1.

El derecho a no ser sometido a tortura está firmemente establecido en el derecho  internacional.  La Declaración Universal de  Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíben expresamente la tortura.  Del mismo modo, varios instrumentos regionales establecen el derecho  a no ser sometido a tortura.  La Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Convenio para la Protección de los Derechos  Humanos y de las Libertades Fundamentales contienen prohibiciones expresas de la tortura.

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