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Derecho al medio ambiente. Carlos Alza. PUCP. 22 de febrero de 2012.

23 febrero, 2012

Curso Internacional de Especialización “Jurisdicción, DD.HH. y Democracia. El discurso transnacional de la justicia”

 


Miércoles 22 de febrero

Derecho al medio ambiente

Carlos Alza Barco (Profesor y Coordinador de la Especialidad de Políticas Públicas y Gestión Pública en la Escuela de Gobierno PUCP) 

Existe hoy una enorme demanda de la población por temas ambientales, a diferencia de hace unos años en los cuales este tema se limitaba solo al CONAM (Consejo Nacional del Ambiente) y un reclamo por cuestiones de emisiones tóxicas en Arequipa.

Dos cuestiones importantes: ¿qué es medio ambiente? y ¿a quién supervisamos? Desde 2003 a 2004, se registraban en Perú 13 conflictos por año; subió a 100 en 2006; y en 2011, se ha llegado a 250 conflictos, de los cuales una gran parte de ellos se refiere a medio ambiente. A modo de ejemplo, 86% de la contaminación en Lima es generada por los vehículos.

No es fácil organizar el sistema de protección pues plantea enormes dilemas. Un ejemplo de dilema es, en el caso peruano, la existencia de pobreza y el desarrollo que representa la minería. ¿Se prefiere lo uno o lo otro?

Una conclusión importante: no hay protección directa ante la CIDH o la Corte IDH respecto a temas de medio ambiente. Sí existe el sistema de peticiones individuales mas ellos no llegan a constituir un medio de protección directa en relación a los derechos medio ambientales.  Sin embargo, hay una proyección importante de estos derechos en los Estados.

Tenemos 2 temas centrales en esta ponencia: revisión del sistema nacional y análisis de diversos casos a trabajar en grupos.

Derecho al medio ambiente en el ámbito nacional.

Existe enorme complejidad para definir el medio ambiente pues se debe determinar cuáles conceptos lo integran. Se llega a proponer que se trata de un sujeto de derechos, tema de honda discusión que trasunta la complejidad de la protección. Una posición propone que se debe proteger el medio ambiente en tanto protege a la persona humana. Otro modelo conservacionista asume un nivel de convicción plena de protección y propone que no haya ningún tipo de alteración del medio ambiente, por ejemplo, que no haya minería en ningún lado. El modelo de desarrollo sostenible propone que la minería se puede desarrollar pero bajo ciertas condiciones, es un modelo más intermedio. Otra posición refiere que no importa si se contamina o no pero el ser humano debe estar protegido. Por ejemplo, si se impulsa un proyecto en Alaska y ahí no vive nadie, no importa cierto nivel de contaminación. Hoy esta posición es muy relativa por los niveles de interrelación a nivel del medio ambiente, lo cual exige ciertos niveles de salvaguarda.

La Constitución del medio ambiente asume la protección del derecho al medio ambiente. Constitución 1993: artículo 2, inciso 22[1], artículos 67[2], 68 [3]y 69[4].  No se describe qué es el medio ambiente pero existen principios ambientales, de protección del medio ambiente. El objeto lo constituyen los bienes ambientales. La referencia es a un paisaje, un entorno natural y un entorno urbano.

Límites al derecho al medio ambiente.

El derecho al medio ambiente aparece como un límite al desarrollo urbano. (Vid. STC 1757-2001-AA/TC. Caso Comité de Defensa Ecológica del Parque Ramón Castilla. Municipalidad ordena construcción de obras civiles en parque. FUNDADA).

El aprovechamiento de los recursos naturales no debe generar impactos ambientales en exceso. (Vid. STC 4899-2007-AA/TC. Caso Jockey Club del Perú. Uso de agua subterránea. FUNDADA)

Libertad de empresa, derecho al trabajo (Vid. STC 3610-PA/TC. World Cars Import. Importación de vehículos usados. FUNDADA). Los impactos ambientales negativos deben ser controlados por las leyes. La lógica del trabajo no puede llevar tampoco a una reducción de costos infringiendo los derechos de los demás.

Doble dimensión del derecho al medio ambiente

1)     El derecho a gozar del medio ambiente. Incluye condiciones de dignidad (proviene del término dignitas). Debe existir un disfrute del ambiente y  no se debe alterar la conformación del ambiente

2)     El derecho a que ese medio ambiente se preserve. Se debe cuidar y no afectar. Hay un deber de protección. Es una obligación inherente de los poderes públicos, deber que se extiende a los particulares.

Hoy existe una “Constitución Ecológica” (Vid STC 3610-2008-AA/TC. F.J. 33 y 34.) Dicho tipo de Constitución tiene una triple dimensión: a) principios (mandatos de protección al medio ambiente); b) derecho a un medio ambiente sano; y c) conjunto de obligaciones imponibles al Estado y particulares.

César Landa refiere la existencia de un principio de desarrollo sostenible, como principio del sistema. Además, un principio precautorio y de prevención (noción de incertidumbre en el conocimiento del daño, y resguardo frente a cualquier peligro, respectivamente). En el principio precautorio no hay aún conocimiento del daño es una cautela preventiva frente a indicios de amenaza. Por ejemplo, la OMS viene investigando muchos años las antenas de celulares ¿generan radiaciones no ionizantes? La figura está en estudio y no se tiene certeza del daño que pueda generar. Técnicamente no está probado. La precaución, sin embargo, genera un límite y personal del MTC va controlando dichos límites. Por ejemplo, una antena no puede estar junto a un Colegio.

La obligación de los poderes públicos se expresa en:

–          El Estado tiene la obligación de diseñar la política nacional del ambiente

–           Vela y promueve la preservación de la biodiversidad

–           La Constitución fija una obligación especial para la Amazonía

Existe en general un interés para que los Estados adopten acuerdos internacionales que promueven estas obligaciones.

Derecho al medio ambiente en el ámbito internacional.

La CIDH y la Corte IDH han establecido la vinculación de otros derechos con el derecho al medio ambiente y de esa forma se han reconocido determinados casos para su admisión a trámite. Son derechos que pueden ser peticionables: 4(vida); 5 (integridad personal); 8 (garantías judiciales); 13 (libertad de pensamiento y de expresión); 21 (propiedad privada); 25 (protección judicial); 1 (obligación de respetar); y 2 (deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno).

Medidas cautelares en temas ambientales desde 2000.

La CIDH ha otorgado 41 medidas referidas a casos sobre temas indígenas relacionados a temas ambientales. Distribución de casos: 7 directamente vinculados a temas ambientales, 17 casos dirigidos a proteger la vida y la salud a personas vinculadas a la protección de pueblos indígenas y temas ambientales; 17 casos que abarcan referidos a temas de territorio, consulta previa, religión, delimitación territorial, desplazamiento territorial y cultura indígena.

Acuerdo previo es una negociación entre 2 partes (pueblo indígena y particular); la consulta previa tiene que ver entre el pueblo indígena y el Estado, se regula por el Convenio 169.  Hoy este derecho se encuentra en proceso de reglamentación en el Vice ministerio de Interculturalidad. La consulta busca el consentimiento de la parte. Si no hay acuerdo, el Estado decide pero sea cual fuere el resultado, no se deben afectar los derechos indígenas. Esto es un tema muy complejo pues siempre va a existir un nivel de afectación.

Medidas cautelares. Casos emblemáticos.

–          Caso Comunidades Indígenas Mayas/Belice

–          Caso Oscar Gonzáles Anchurayco y miembros de la Comunidad Indígena de San Mateo. Perú.

Otros casos emblemáticos.

–          Resolución 12/85 caso 7615 (Brasil) 5 de marzo de 1985. Comunidad Indígena Yanomami.

–          Caso 11.713 Comunidades Indígenas Enxet- Lamenxay vs. Paraguay.

–          Informe 75/02 Caso 11.140 Fondo Mary y Carrie Dann. EE.UU. 27 de diciembre de 2002.  Caso determinado por la Declaración Americana pues EE.UU. no ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH.

No han existido soluciones amistosas en materia de medio ambiente.

Casos emblemáticos ante la Corte IDH

–          Awas Tingni vs Nicaragua

–          Moiwana vs. Suriname

–          Yakye Axa vs. Paraguay

–          Sawhoyamaxa vs Paraguay

–          Saramaka vs Suriname

–          Xakmok kasek vs. Paraguay

Políticas públicas.

El Estado tiene la obligación de determinar un conjunto de acciones como parte de su política pública respecto al medio ambiente.  Ese ciclo de políticas públicas comprende las etapas de agendación (fase predecisional); y diseño, implementación y evaluación (fase decisional).


[1] Constitución Política de 1993. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a: (…)

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

[2] Constitución Política de 1993 Artículo 67°.

El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.  

[3] Constitución Política de 1993. Artículo 68°.

El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

[4] Constitución Política de 1993Artículo 69°.

El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.

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